Por Consuelo Ahumada
Mientras el expresidente Uribe aparenta una actitud respetuosa y conciliadora con el gobierno, los dirigentes de su partido no escatiman esfuerzo para sabotearlo.
En solo dos meses, Petro y Francia han dejado en claro lo que se proponen para el cuatrienio. Sin duda, es el plan de gobierno más ambicioso que jamás se haya planteado en el país.
Es el inicio de transformaciones de fondo, aunque paulatinas, en todos los campos. Paz total, justicia social y justicia ambiental, son los ejes centrales. La reivindicación de los derechos de las mujeres y minorías étnicas aparece de manera explícita.
El programa requiere amplio respaldo político e inversión pública. Aunque faltan precisiones, prácticamente todas las medidas planteadas van en contravía de rumbo que llevaba el país y de los criterios que imperan en el orden mundial.
De ahí las enormes dificultades que tiene el gobierno. Se trata de anteponer los intereses de las mayorías excluidas a los de las elites excluyentes. Reforma agraria y reindustrialización, enfrentar la crisis climática y priorizar las energías limpias, como puntos clave del desarrollo.
Se entiende, entonces, el rechazo abierto o soterrado de la oposición. La gente tiene muchas expectativas y eso lo aprovechan los grandes medios para tratar de tergiversar, desprestigiar y deslegitimar cada reforma propuesta.
La extrema derecha se empeña en impedir o minimizar el cambio. Para hacerlo, recurre a todo, tanto vías legales como ilegales. Mientras el expresidente Uribe aparenta una actitud respetuosa y conciliadora con el gobierno, los dirigentes de su partido no escatiman esfuerzo para sabotearlo.
No puede dejarse de lado que Colombia ha sido el principal socio militar de EEUU en la región, la sede de ocho bases militares y su punta de lanza para confrontar los gobiernos alternativos.
Las organizaciones militares en retiro han expresado su disgusto por las reformas, en especial frente a las FFMM. El nombramiento del ministro Iván Velásquez, conocido por su lucha frontal contra la corrupción y las mafias, sigue causándoles escozor.
El remezón ha sido fuerte. El gobierno ordenó el retiro de cerca de un centenar de coroneles y generales. En su reemplazo, designó a personas que apoyaron el proceso de paz con las Farc y que no tuvieran acusaciones de delitos y falsos positivos. Al mismo tiempo, promovió a varias mujeres en la cúpula.
En cuanto a la Policía Nacional, Petro ha planteado su traslado a un ministerio nuevo, de Paz y Seguridad, para afianzar su carácter civilista y sacarla de la lógica del conflicto armado en que viene sumida por décadas.
Se propone también reformar el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, responsable de múltiples abusos y excesos contra la población, y cambiar su nombre por el de Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública.
Al mismo tiempo, se avanza en la reglamentación del derecho a la protesta social, contemplado en la Constitución y en el Acuerdo de paz. El gobierno ha defendido a 108 jóvenes, hombres y mujeres, procesados por terrorismo por su participación en el estallido social.
Otro asunto controversial ha sido el replanteamiento de los bombardeos militares, para evitar que mueran civiles en los ataques a presuntos campamentos guerrilleros, específicamente a niños y niñas, quienes suelen ser reclutados a la fuerza por estos grupos.
De acuerdo con un informe reciente de Medicina Legal, durante el pasado gobierno, en uno de cada tres bombardeos del ejército murieron menores, para un total de 29 víctimas).
Por supuesto, la decisión del nuevo gobierno representa un giro frente a la concepción de los niños y niñas asesinados en los bombardeos como “máquinas de guerra”. Los bombardeos no terminarán pero sí se ajustarán a nuevos protocolos, sujetos a los derechos humanos.
Un punto central de controversia que emerge, no solo frente a la concepción tradicional de las FFMM sino con Estados Unidos, es la estrategia antinarcóticos. En varios escenarios, Petro ha insistido en su fracaso. Consecuentemente, anunció la suspensión de la erradicación forzada de cultivos de coca y de su fumigación con glifosato.
La estrategia de paz total y el concepto de seguridad humana han sido también cuestionados por la derecha recalcitrante
Por supuesto que la estrategia de paz total y el concepto de seguridad humana han sido también cuestionados por la derecha recalcitrante. La primera se centra en pactar acuerdos de paz con los grupos insurgentes y el sometimiento a la justicia de las bandas criminales. Hay 30 organizaciones armadas vigentes.
El segundo busca brindar la seguridad en los territorios, fundamentalmente mediante oportunidades, acceso a servicios básicos y desarrollo de infraestructura.
En este respecto, la situación es delicada. En las redes han circulado videos en los que se defiende la conformación de grupos paramilitares. El presidente de Fedegán, una figura del uribismo, llamó a la creación de grupos ·de reacción inmediata para enfrentar las tomas de tierra que se han incrementado en varias regiones.
Representantes del gobierno y el presidente mismo se reunieron con él y le dejaron un mensaje muy claro: no se aceptará ninguna forma de justicia por mano propia. Petro planteó la compra de 3 millones de hectáreas de tierra productiva para asignarlas a los campesino/as.
Por último, las movilizaciones del pasado 26 de septiembre en contra del gobierno y el anuncio de repetirlas no se pueden minimizar. El pueblo tendrá que marchar también en respaldo de su gobierno.
Tomado de las 2 orillas