Por Jose Antonio Figueroa
El uribismo está metiendo las manos en la campaña electoral del Ecuador mediante montajes que buscan afectar a Andrés Arauz, el candidato del progresismo que sacó el primer lugar en los comicios del pasado 7 de febrero. El uribismo está intentando posicionar la idea de un supuesto financiamiento de las guerrillas colombianas a la campaña del movimiento Unión por la Esperanza de Andrés Arauz, a lo cual se hace eco el gobierno ecuatoriano. El triunfo de Arauz con más de un 32 por ciento de preferencia electoral indica una posibilidad real del regreso del progresismo al poder en una segunda vuelta que tendrá lugar el próximo abril y la extrema derecha ha utilizado un sinnúmero de recursos para evitar que esto ocurra.
La intromisión del uribismo a través de las fiscalías de ambos países muestra cómo la ultra derecha colombiana intenta capitalizar a nivel regional los réditos provenientes del saboteo de la paz en Colombia. Álvaro Uribe mantuvo la hegemonía durante dos períodos presidenciales utilizando la lucha contra la guerrilla como un instrumento que le permitió implementar una agenda represiva contra los movimientos populares, mientras impulsaba unas radicales reformas neoliberales que desmontaron lo público y otorgaron gran poder a las trasnacionales. El uribismo ha lanzado una campaña radical contra la paz en Colombia, porque necesita la existencia de las guerrillas y de grupos paramilitares para seguir imponiendo una agenda basada en la violencia. La intromisión en los comicios del Ecuador tiene además el precedente de la participación del uribismo en favor de Donald Trump en las pasadas elecciones norteamericanas, mediante la activación del fantasma del supuesto castro chavismo contra el propio partido demócrata y el entonces candidato Joseph Biden.
Hace una semana un ornitólogo demostró que un video atribuido al ELN apoyando la candidatura de Arauz no era más que un burdo montaje: el canto de las aves revelaba que provenían del Mirlo Ecuatoriano, una especie endémica del bosque seco de este país. La chapuza del video se develaba también en una producción que parecía más la lectura pública de una declaración notarizada por parte del ELN de la supuesta entrega de 80.000 dólares a la candidatura de UNES. Una vez desmontada la farsa, la Fiscal del Ecuador, Diana Salazar, conocida como la 10/20 por la puntuación que recibió en el polémico concurso con el que accedió al cargo, en vez de abrir una investigación sobre los responsables del montaje, recibió la visita del fiscal uribista Francisco Barbosa con otras supuestas pruebas de financiamiento a la campaña de Arauz por parte del ELN. Las supuestas pruebas habrían sido encontradas en los computadores de Uriel, uno de los mandos de esa guerrilla que fuera abatido en octubre del 2020.
La fiscalía colombiana tiene unos oscuros antecedentes que develan cómo el uribismo está dispuesto a eliminar la posibilidad de la paz y como utiliza la guerra para enlodar a los movimientos progresistas de la región. También llama la atención el hecho de que a pesar de que los burdos entramados han sido develados, ni los medios de comunicación ni los organismos de control han puesto freno alguno a los graves atentados que la fiscalía ha hecho contra la paz en Colombia.
En abril del 2018 se dio la detención de Jesús Santrich, uno de los principales negociadores de la paz en la Habana y quien tenía asegurado un puesto como representante a la cámara por el partido de las FARC, acusado de participar en una conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. En mayo del 2019 Santrich sería liberado por una decisión de la Justicia especial para la Paz, quien mostró que la detención se había dado sin pruebas. En el ínterin, Santrich hizo una huelga de hambre, mientras el gobierno jugaba mediáticamente en una serie de decisiones contradictorias que buscaban debilitar sicológicamente y desprestigiar políticamente tanto a Santrich como a su partido. En este contexto el fiscal Nestor Humberto Martínez quien había protagonizado el complot contra Santrich renunció como protesta contra la decisión de la Justicia Especial para la Paz, mientras Santich con fundamentados temores por su vida abandonaría el proceso de paz e ingresaría a las disidencias junto a Iván Márquez.
Unos meses después, la difusión de 24.000 audios por parte del periódico El Espectador, reveló como la fiscalía de Colombia había montado una trampa a Jesús Santrich para hacerle perder su curul como representante a la cámara y para bombardear los acuerdos de paz de la Habana: una serie de interceptaciones telefónicas mostraban que la fiscalía y la DEA habían utilizado a Marlon Marín, sobrino de Iván Marquez, para hacer aparecer a Santrich comprometido en el envío de un cargamento cocaína, en un operativo en el que participaron agentes encubiertos de la DEA, Marlon Marín y agentes de la propia fiscalía. A pesar de haberse revelado el operativo, en Colombia ninguno de los poderes se ha pronunciado para reconocer la profunda implicación de la fiscalía en el deterioro de la paz y las graves consecuencias que produjo.
Otro antecedente igual de sombrío le llevó a Humberto Martínez a ganarse el apodo de Doctor Cianuro. Martínez había sido abogado de uno de los hombres más poderosos de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y de su grupo Aval. El grupo de Sarmiento Angulo estaba a cargo de la construcción de un proyecto multimillonario llamado la Ruta del Sol, que terminó empapado en el escándalo de Odebrecht. En el contexto de las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht, en el año 2015 Martínez había recibido información que comprometía al grupo Aval en la trama de sobornos de la Odebrecht, por parte de uno de sus hombres cercanos, Jorge Enrique Pizano. Las revelaciones que hizo a Martinez mostraban que Pizano conocía al detalle todo el entramado de sobornos que la Odebrecht había entregado al grupo aval para adquirir la concesionaria de la construcción de la Ruta del Sol, lo que lo convertía en testigo clave contra la Odebrecht y contra el grupo para el que trabajaba Martínez. El 8 de noviembre del 2018 murió de manera sospechosa Jorge Enrique Pizano y dos días después murió su hijo Alejandro luego de tomar de un frasco con cianuro que se encontraba en el despacho de su padre.
Las acciones recientes de la fiscalía colombiana bajo la dirección de Fernando Barbosa, muestran que el uribismo sigue comprometido en implementar una política de terror y miedo para detener el avance de los movimientos progresistas y sostener un modelo neoliberal fundamentado en la especulación y la desposesión de los recursos primarios. También evidencian que la extrema derecha de Colombia está dispuesta a exportar su modelo a nivel continental. ¿Está el Ecuador dispuesto a asumir el modelo uribista en su gestión política y económica? Al mirar el terrible costo que ha significado el uribismo en la vida política de Colombia, se torna indispensable que las fuerzas democráticas de adentro y afuera del Ecuador se comprometan a denunciar el uribismo, a desarticular su exportación a otros países y a denunciar la irresponsable complicidad que ofrece el gobierno ecuatoriano.