En el nicho trescientos veintiséis del cementerio de San Diego de la ciudad de Quito, “no había vestigios de los huesos del cráneo, ni de la cara, excepto el maxilar indicado y placa;… Piel de tronco… los huesos estaban con huellas evidentes de haber sido quemados, especialmente un omoplato que se hallaba carbonizado…”. En una sala con olor a madera añeja del Archivo Nacional del Ecuador en Quito, leía estupefacto este texto olvidado por la historiografía oficial, era el Acta de Reconocimiento de la autenticidad y localización de los restos del señor General Eloy Alfaro Delgado, suscrito el 1 de abril de 1916 por el Teniente Coronel Belisario Sánchez Velasco en cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Directiva de la Sociedad Funeraria Nacional. Los pocos huesos acurrucados en un “paño blanco” estuvieron en el Cementerio de San Diego desde las cinco y media de la tarde del día después al 28 de enero de 1912, en que a las 12h15 se produjo el asesinato de Eloy Alfaro, en palabras de José Peralta en su libro “Eloy Alfaro y sus Victimarios”: “… felonía más repugnante, traición más nauseabunda, emboscada más criminal”.
El acto de traición y deslealtad contra quien fuera presidente de la república de Ecuador y líder de la Revolución Liberal, tuvo como victimario ejecutor a un opaco personaje de seguridad y jefe de cocheros de la presidencia de la república, que estaba a órdenes del Ministro del Interior y Policía, doctor Octavio Díaz. Varios testigos identificaron al victimario José Cevallos; cabellos engominados con peinado de raya lateral como se acostumbraba en la época, pómulos salientes, tez típica mestiza, de estatura relativamente baja, bigote ralo y mirada casquivana. El testigo Adolfo Sandoval describe el magnicidio: “… dirigiéndose al General Alfaro le dijo (Cevallos): “donde están, viejo sinvergüenza, los millones que has robado” y sin esperar respuesta, le dio un barretazo que lo hizo rodar por el suelo y lo mató luego con un disparo de fusil en el ojo derecho”. Las manos de muerte continuaron matando la muerte en el cuerpo inerte de Alfaro; lo arrastraron por las calles de Quito, lo decuartizaron, y hasta los perros se llevaron uno de sus huesos, y luego hicieron una pira bárbara, azuzados por medios de comunicación de libre desinformación, jefes militares y autoridades traidoras, curas apóstatas, delincuentes comunes y también delincuentes pelucones, todos ellos en perruna sumisión a los plutócratas encubiertos que gobernarían la Patria todo el siglo XX.
Fue un instante de historia, hace 107 años, el mentado victimario ejecutor se autoproclamó en los segundos de su acción criminal, en contralor, fiscal y juez; los instrumentos de la ignominia fueron el insulto, la sentencia, la barreta, el fusil y la bala. Fue el inicio de la impunidad desvergonzada de la politización de la justicia de un poder con olor a azufre, del Estado usurpado por un liberal desleal encargado del poder ejecutivo Carlos Freire Zaldumbide, convertido en títere del General en Jefe del Ejército del Ecuador, Leónidas Plaza Gutiérrez; liberal de origen, conservador encubierto, traidor a la revolución; nativo del pueblo de Charapotó en la provincia de Manabí, alto, de buen porte, blanco; que desposó en 1905 a Avelina Lasso de la Vega y Ascázubi de la familia más opulenta de los terratenientes de la región de la sierra ecuatoriana; relación que simbolizaría -por encima de los olores del cuerpo chamuscado de Alfaro- el puente de la unidad nacional plutocrática y santa alianza con la oligarquía emergente agroexportadora-bancaria de la región costera de la cuenca del río Guayas.
Y el cuerpo regodeado de humanidad del eterno luchador, fue profanado, arrastrado, descuartizado e incinerado; quedaron los vestigios óseos envueltos en paño blanco: “un fémur, dos tibias, dos húmeros, dos peroné, dos medios, dos iliacos, un sacro, dos omóplatos, un esternón, diecisiete costillas, dos vértebras, dos cartílagos, una rótula, dos metatarsianos” y al final de la lista de huesos presentado en el informe del 1 de abril de 1916, constaba “un pequeño fragmento de la mandíbula inferior izquierda con la última muela”. Este informe fue incluido como pericia en la etapa de investigación y sumario fiscal iniciado el mismo año para el juicio contra los victimarios de Eloy Alfaro y los que estuvieron con él encarcelados en el Panóptico de Quito, que vivieron el mismo martirio, los generales Medardo y Flavio Alfaro, Ulpiano Páez, Manuel Serrano y el periodista Luciano Coral.
Pero la felonía contra la democracia, del poder político-militar para ejecutar el magnicidio, fue a la par del impúdico ejercicio de fiscales, jueces y parlamentarios; en maridaje con el poder del ejecutivo en manos del nuevo presidente de la república, General Leónidas Plaza Gutiérrez, con indultos, indulgencias, prescripciones, declaraciones adulteradas, ocultamiento de pruebas irrefutables, resoluciones parlamentarias obstruccionistas y protección a los victimarios complotados del poder plutocrático.
Pero los miles de fojas y documentos incriminatorios del juicio cuyos magistrados ocultaron la verdad y la traición, entronizaron la impunidad por décadas, han sido recuperados a nivel nacional de las “polillas, pulgas, roedores y murciélagos” junto a 1´209.480 expedientes, distribuidos en 96´852.000 fojas en materia Penal, Civil, Laboral y Transito que datan desde 1700. Fue un proyecto realizado desde el 2013 y hoy constituye el moderno Archivo General de la Función Judicial, que si se extendieran las 400 millones de hojas que contiene, cubrirían según sus funcionarios, tres veces el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito.
Ante la evidencias de la historia, organizaciones sociales del Ecuador, organismos de Derechos Humanos y el Foro Social por los Derechos del Pueblo, hemos invocado la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto al “derecho a conocer la memoria histórica” en el artículo 21 y de “mantener, recuperar, proteger desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico” enunciado en el artículo 57 y todos aquellos vinculados al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En el marco de exigibilidad de transparencia histórica, el pasado 28 de enero de 2019, a los 107 años del magnicidio de Eloy Alfaro, se presentó la carta a la Defensora del Pueblo del Ecuador para que “proceda a obtener y comunicar la información respectiva” que se solicite al Consejo de la Judicatura, de “las fojas y documentación del Juicio por el crimen del 28 de enero de 1912… cuyo sumario se inició en el mismo año y a partir de enero de 1913 intervino el Juez Letrado señor doctor Carlos Gómez”. Una de mis primeras lecturas políticas fue del libro “Eloy Alfaro y sus Victimarios” y en su interior mi madre entre ilusión e imaginación había escrito: “Recuerdo de mi querido tío José Peralta”, autor e ideólogo de la revolución liberal; hoy aspiramos que el recuerdo de la historia sea una tentación y que el presente acceda a los documentos que sustentan toda la verdad, sobre quienes fueron los victimarios y traidores a Alfaro; y que el futuro no tenga cabida para traidores.