Por Eduardo Tamayo G.
Ocho personas relacionadas de alguna manera con el movimiento Revolución Ciudadana (RC) han sido asesinadas por sicarios en los últimos dos años y medio, siendo el denominador común la impunidad, la indiferencia y la inacción de las autoridades estatales. En este artículo, también nos referimos a la violencia ejercida contra líderes y luchadores sociales.
En esta crónica recogemos los nombres y apellidos de las víctimas de la violencia política de la tendencia progresista que corren el peligro de ser olvidadas entre las estadísticas de miles de muertos que ha dejado el reguero de sangre en que han convertido al Ecuador los últimos tres gobiernos neoliberales. Ellos y ellas son: Gerardo Delgado, Omar Menéndez, Pedro Briones, Briggitte García, Cristhian Nieto, Marcelo Molina, Klever Pérez y Kelvin Jarama. Agréguese a ello, que la candidata presidencial por la RC Luisa González ha sufrido dos intentos de asesinato, (1) el exvicepresidente Jorge Glas se encuentra preso en la cárcel de máxima seguridad La Roca y varios funcionarios del gobierno de Rafael Correa enfrentan juicios penales y algunos se encuentran exiliados.
La Revolución Ciudadana fue uno de los partidos más afectados por la violencia política durante los años 2022 y 2023. Un informe del Observatorio Ciudadano de Violencia Política (OCVP) señala que en este período se produjeron 92 agresiones a la integridad y a la vida de personas políticamente expuestas. Durante las elecciones anticipadas de 2023 (el más violento de la historia nacional) se produjeron 31 agresiones a la integridad y a la vida, incluyendo 13 asesinatos, destacándose la del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Un 15 % de las agresiones se dirigieron contra la RC, seguidos por CREO y el PSC con un 7% y el Movimiento Construye con un 4% y Pachakutik con un 3%. (2)
Los sicarios actuaron de manera despiadada disparando a mansalva no solo a sus víctimas sino a las personas que los acompañaban (mujeres, adultos mayores y niños), algunos de los cuales resultaron muertos o heridos. Los objetivos son los de atemorizar a los militantes y simpatizantes del correísmo, provocar pánico y miedo, advertirles que participar en la actividad política es algo peligroso y puede costarles la vida.
La violencia estuvo dirigida contra un candidato a los gobiernos seccionales (Omar Menéndez), una alcaldesa en funciones (Brigitte García), un dirigente de la Revolución Ciudadana de base (Pedro Briones), un familiar de una asambleísta (Marcelo Molina) y un asambleísta alterno e influencer (Cristhian Nieto).
Llama la atención que entre las víctimas se encuentren un periodista (Gerardo Delgado) y dos influencers (Klever Pérez, Kelvin Jarama) que tenían muchos seguidores en sus redes sociales, que se dedicaban a producir contenido que nada tenía que ver con la política, pero que en algún momento manifestaron sus simpatías con la Revolución Ciudadana y su candidata presidencial Luisa González.
Gerardo Delgado era un periodista muy popular en Manta que laboraba en el medio digital Ola Manta TV y era precandidato a la concejalía por la Revolución Ciudadana. Su crimen conmocionó a la ciudad. En este caso, se detuvo y se juzgó a los autores materiales (ver “Las Víctimas” en este artículo) pero poco trascendió el de Klever Pérez y Kelvin Jarama. Pérez era un agente de tránsito de Naranjito, provincia del Guayas, dedicado a producir videos cómicos, y Kelvin Jarama difundía videos sobre educación vial en las redes sociales. Los dos no ocultaban su simpatía por la Revolución Ciudadana.
Estos crímenes son un indicativo de cuán peligroso se ha vuelto en el Ecuador ejercer el periodismo pero también expresar ideas que molestan al poder en las redes digitales. Entre 2023 y 2025, fueron asesinados los periodistas Gerardo Delgado , Mike Cabrera, Henry Vivanco y Patricio Aguilar, y alrededor de 19 comunicadores tuvieron que huir del Ecuador o relocalizarse en otras ciudades del país tras recibir amenazas por realizar su trabajo, según un reporte de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. (3)
Los grupos de delincuencia organizada son los principales enemigos de los periodistas e influencers pero también las presiones provienen del Estado: valga mencionar el caso de la Radio Pichincha (perseguida por los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa) el cierre del programa Los Irreverentes y la cancelación de la visa de la periodista cubana Alondra Santiago, quien tuvo que exiliarse en México desde donde continúa su trabajo por medios digitales. También se debe añadir el caso de los periodistas Andersson Boscán y Mónica Velásquez , del medio digital La Posta, que debieron abandonar el Ecuador en septiembre de 2004 con rumbo a Canadá luego de recibir amenazas de muerte. En julio de 2023, estos dos comunicadores ya se fueron del país por estos mismos motivos, tras la difusión de una investigación denominada el Gran Padrino en la que se vincula a Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso, y a otros altos funcionarios de su gobierno con la mafia albanesa. Boscán acusó a la dirección de Inteligencia de la Policía Nacional de montar seguimientos contra su familia.
Enemigo interno
Reviviendo la doctrina de la seguridad nacional de los tiempos de la Guerra Fría, el correísmo ha sido declarado como el enemigo interno a ser identificado, vilipendiado y eliminado. Recordemos que esta doctrina se aplicó en Ecuador y otros países durante este periodo histórico que enfrentó a Estados Unidos con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) y que se supone terminó con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución del campo socialista de Europa oriental en los años posteriores.
Esta doctrina partía del supuesto de que al interior de la sociedad había un “enemigo” interno (el comunismo) al que había que neutralizar, proscribir o eliminar. Toda organización o persona que luchaba por reivindicaciones sociales, salarios justos, reforma agraria, vivienda, educación, tierra, era catalogada automáticamente como comunista o subversiva. En esta categoría entraban sindicatos, movimientos estudiantiles, comunidades cristianas, organizaciones campesinas y de pobladores. Las formas de lucha que estos impulsaban tales como huelgas, paros, reuniones, manifestaciones, eran consideradas como acciones que “perturbaban el orden y la paz del Estado” y debían ser reprimidas por el “poder militar”.
En estos últimos años, la doctrina del enemigo interno se ha actualizado y reorientado ubicando a los movimientos sociales (principalmente a los indígenas), a los activistas ambientales, a las feministas, a los dirigentes y gobiernos progresistas como los “enemigos” a ser combatidos por todos los medios. Los métodos también han cambiado, ya no se emplea la violencia bestial, los asesinatos, la tortura y las desapariciones forzadas de las dictaduras militares sino instrumentos más sutiles como el lawfare (o guerra jurídica) que puede ser definido “como el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política; la aplicación de la ley como una arma para destruir al adversario político por la vía judicial” (4) En el lawfare intervienen jueces y fiscales, medios de información, periodistas, policías, embajadas y agencias de espionaje nacionales y extranjeras y se caracteriza por el abuso de las prisiones preventivas, las delaciones premiadas, el montaje de pruebas falsas, por la transformación de los medios corporativos en actores políticos que dictan sentencias anticipadas que son acatadas por jueces atemorizados, corruptos u oportunistas.
En esta línea se ha recurrido al asesinato reputacional (expresión de la violencia simbólica) de los dirigentes y del movimiento Revolución Ciudadana, comenzando por su cabeza Rafael Correa, construyendo una narrativa -basada en la mentira y el odio- de que el correísmo es sinónimo de corrupción, delincuencia y narcotráfico, narrativa difundida y repetida durante los últimos ocho años por periodistas, políticos y medios de información mercantiles. A Correa, que ya no es presidente desde el 24 de mayo de 2017, se le culpa de todos los males que azotan a este país: desde el auge del narcotráfico, hasta de la violencia carcelaria, desde el endeudamiento externo hasta la crisis eléctrica.
“Es absolutamente falso que el anticorreismo sea una reacción a las ideas de los correistas”, escribe el abogado y periodista Abraham Verduga en su libro “Lawfare para todos”. Y agrega: “En realidad , es una reacción visceral a la voluntad de poder de las clases históricamente excluidas. El correísmo siempre fue una amenaza porque representa un proyecto serio de disputa del poder real. Por eso lo persiguen con saña, buscado su desaparición” (5)
Pese a la implacable persecución y la represión a sus militantes y simpatizantes, el correísmo no ha podido ser eliminado y sigue vigente. Para bien o para mal , Correa ha marcado la vida política del país en los últimos 18 años. Su movimiento es la primera fuerza política del país, tiene organización en todas las provincias y entre los migrantes del exterior. Cuenta con una importante representación parlamentaria, en las últimas tres elecciones sus candidatos han llegado a la segunda vuelta, disputando con la derecha la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Pero además, la Revolución Ciudadana tiene un gran peso entre los gobiernos seccionales, controlando las alcaldías de las ciudades más pobladas del país como Quito y Guayaquil y las prefecturas de importantes provincias como Guayas, Pichincha y Azuay, entre otros.
Los muertos de Moreno
La persecución contra la Revolución Ciudadana se inició pocas semanas después de que Lenin Moreno asumiera el poder el 24 de mayo de 2017. Moreno minó desde adentro a la Revolución Ciudadana, tras desempeñarse como vicepresidente de la República por dos períodos. Echó al tacho de la basura el plan de gobierno con el cual fue electo, asumió el programa neoliberal de sus adversarios, se arrodilló ante los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, y emprendió un cobarde acoso contra sus antiguos compañeros, pero también contra luchadores populares e indígenas que se opusieron a sus nefastas políticas.
A cambio del respaldo de las elites empresariales, políticas y mediáticas y de la Embajada de Estados Unidos, Moreno puso en marcha “el desmonte de la matriz estatal construida tras 10 años de política neodesarrollista y la anulación del correísmo como sujeto político”. (6) Luego de la consulta popular del 4 de febrero de 2018 convocada por Moreno, se conformó un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, que, presidido por Julio César Trujillo, asumió poderes dictatoriales, descabezó a los representantes de las principales instituciones del Estado (Función Judicial, Función Electoral, Contraloría e incluso la Corte Constitucional) y las sustituyó por elementos cuyo mayor mérito era declararse como anti-correistas.
Una de las nominaciones claves fue el de Diana Salazar, quien, pese a sus escasos méritos académicos y profesionales, se convirtió en la punta de lanza de la “descorreización” contando para el efecto con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos, de las plataformas digitales y periodistas financiadas por la USAID y la NED, de jueces y fiscales, del contralor subrogante corrupto Pablo Celi, que hoy guarda prisión tras ser condenado en el caso Las Torres, entre otros.
Todo esto allanó el camino para desatar la persecución contra Rafael Correa, varios de sus funcionarios y el movimiento Revolución Ciudadana bajo el paraguas de la lucha contra la corrupción. En el de Correa, como en todos los gobiernos, se han producido varios casos de corrupción así como abusos de poder, errores y omisiones en la designación de algunas autoridades encargadas del control y buen uso de los recursos públicos (como la del excontralor Carlos Polit). Es indudable que todos los actos de corrupción deben ser sancionados y los culpables llevados a la justicia, con las debidas pruebas y respetando el debido proceso, pero la fiscal Diana Salazar nunca ha estado interesada en llevar adelante una auténtica lucha anti-corrupción sino en instrumentalizar este tema para perseguir judicialmente a una tienda política y tratar de expulsarla del escenario democrático. Esto queda demostrado cuando implementa una justicia a la carta acelerando los casos relacionados con el correísmo y archivando o retrasando aquellos que involucran a los gobiernos de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa.
Pero la persecución y la violencia no solo afectaron al correísmo sino a todos quienes se oponían a las políticas económicas neoliberales implementadas por Moreno. Durante el levantamiento indígena y popular desarrollado entre el 3 y el 13 de octubre de 2019 como respuesta al decreto 883 que incrementaba el precio de los combustibles, la represión estatal, encabezada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, dejó 8 fallecidos (Raúl Chilpe, Marco Otto, José Daniel Chaluisa Cusco, Inocencio Tucumbi, José Rodrigo Chaluisa, Abelardo Vega Caizaguano, Silvia Marlene Mera Navarrete y Edison Eduardo Mosquera Amagua), 1340 heridos (de los cuales, 20 fueron impactados con armas en los ojos) y 1192 detenidos, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Todos estos casos han quedado en la impunidad, ya que Moreno, Romo, Jarrín y otros no han respondido ante la Justicia, pero, el mundo al revés, fue encarcelado por 3 años el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien los acusó de cometer crímenes de lesa humanidad durante el paro indígena.
En vez de reconocer los verdaderos motivos de la protesta y sentarse a dialogar de manera sincera y oportuna, Moreno se inventó un supuesto complot internacional fraguado por Rafael Correa y Nicolás Maduro para desestabilizar al Ecuador.
Y tras las declaraciones de Moreno, Diana Salazar profundizó la persecución judicial al correísmo: La Fiscalía y la Policía efectuaron 20 allanamientos, incluyendo las sedes del movimiento Revolución Ciudadana y la Prefectura de Pichincha , y las casas de la Prefecta Pabón, Virgilio Hernández, Christian González, Pablo del Hierro, a quienes se acusaba, sin ninguna prueba, de rebelión armada, delito para el que el código penal establece penas que van de 5 a 13 años de cárcel. (7)
La activista Magdalena Robles y la exalcaldesa de Durán Alexandra Arce “fueron detenidas en Guayaquil para fines investigativos y fueron procesadas por asociación ilícita e incitación”. En Lago Agrio, fue detenido el asambleísta por la provincia de Sucumbíos Jofre Poma (y luego condenado a 18 meses de cárcel), en tanto que las asambleístas Gabriela Ribadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri Gualinga, Luis Molina (asambleísta alterno), el procurador de la provincia de Pichincha Leonidas Moreno, y otros, ingresaron a la Embajada de México en Quito solicitando asilo político.
Virgilio Hernández estuvo preso 52 días y llevó un grillete electrónico durante tres años. Así mismo, la prefecta Paola Pabón estuvo encarcelada 72 días y recuperó su libertad el 24 de diciembre de 2019 luego de que la jueza Patlova Guerra le dictara medidas sustitutivas, como el uso de grillete, para que pudiera defenderse en libertad. Esta medida impidió que perdiera el cargo de Prefecta, como era el propósito de Moreno y Salazar. Paola Pabón fue amnistiada por la Asamblea Nacional el 9 de marzo de 2022, junto con Virgilio Hernández y Christian González y otros 268 activistas sociales. Posteriormente se presentó para la reelección en los comicios del 5 de febrero del 2023 obteniendo un contundente triunfo, lo que puede ser interpretado como un rechazo ciudadano a la persecución y un reconocimiento a su buena gestión al frente del gobierno provincial.
Los muertos de Lasso
Moreno despejó el camino para que el banquero Guillermo Lasso llegara a la Presidencia de la República (24 de mayo de 2021 al 23 de noviembre de 2023) y continuara las políticas neoliberales y la persecución no solo contra el correísmo sino contra el movimiento indígena, al que se acercó y alabó cuando era candidato. “Me he planteado la meta de que no vuelvan los correistas”, manifestó el 6 de junio de 2022 al diario El Expreso. Durante su gobierno, fueron asesinados, como ya señalamos, el periodista Gerardo Delgado de Manta, el candidato a la alcaldía de Puerto López Omar Menéndez y el dirigente de la Revolución Ciudadana de San Mateo Pedro Briones.
Pero además, fue reprimido a sangre y fuego el levantamiento popular de junio de 2022 organizado por la CONAIE y otras organizaciones sociales contra sus políticas económicas hambreadoras. Leonidas Iza, presidente de la organización indígena, fue “aprehendido de manera ilegal, ilegítima y arbitraria” aduciendo que “había cometido en flagrancia un acto de paralización de servicio público”, todo ello luego de que desde el gobierno de Guillermo Lasso se le endilgaba los calificativos de “terrorista y conspirador” y que, por ello, debía ser enviado a la cárcel (8).
La Alianza por los Derechos Humanos reportó que hubo 9 muertos, 318 heridos y 199 detenciones arbitrarias, mientras la policía y las Fuerzas Armadas informaron que 307 de sus miembros resultaron heridos y 32 fueron retenidos momentáneamente y luego liberados. (9) Entre las personas asesinadas están: Jhonny Félix Muenala, Byron Guatatoca, Marcelo Villa, Henry Quezada Espinoza, Eduardo Iñiguez, Francisco Guashco Poago, Juan Manuel Sislema Minta y José Chimarro (sargento de las FFAA).
Además de una economía en soletas, Lasso dejó un país desangrado, con altísimo índices de violencia que nos convirtieron en uno de los países más inseguros de la región; el sistema democrático, la institucionalidad y la convivencia ciudadana quedaron gravemente heridos con el asesinato de alcaldes y candidatos a puestos de elección popular, guías penitenciarios y policías, con los feminicidios y masacres carcelarias, mientras el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado penetraron en la economía y en muchos estamentos estatales, incluido el entorno presidencial.
El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio perjudicó a la Revolución Ciudadana y abrió el camino para el triunfo de Daniel Noboa, pues inmediatamente después del magnicidio se culpó, sin ninguna prueba, a Correa de ser autor el autor intelectual, perjudicando a la candidata presidencial Luisa González que, según varias encuestas, se presentaba como la favorita para ganar la Presidencia en el 2023. Tras el asesinato de Villavicencio, los sicarios fueron eliminados en la cárcel, con lo que se perdió la oportunidad de contar con sus valiosos testimonios que hubieran permitido esclarecer el caso y conocer quiénes fueron los autores intelectuales y cuáles eran sus motivaciones.
El autoritarismo de Noboa
Tras la “muerte cruzada” decretada por Lasso, se impuso en las presidenciales del 20 de agosto de 2023 el joven Daniel Noboa Azín, hijo del multimillonario bananero Álvaro Noboa. En un escenario marcado por la violencia y el miedo se presentó como un candidato conciliador y como representante del “nuevo Ecuador”, para ello se abstuvo de echar dardos envenenados contra el correísmo como lo hacían los demás candidatos.
Una vez instalado en el poder, logró el apoyo del correísmo y de otras bancadas en la Asamblea Nacional para aprobar algunas leyes de carácter económico urgente y otras que, según Noboa, le permitirían combatir la alarmante inseguridad y violencia, herencia que dejó el banquero Guillermo Lasso. Pero la luna de miel duró poco. Noboa no solo demostraba tener enormes limitaciones para impulsar políticas que permitieron afrontar los graves problemas del país sino que carecía de un equipo medianamente capacitado para acompañarlo. Y en estas circunstancias, lo que quedaba en claro es que no tenía una plan para resolver los problemas nacionales sino un plan de negocios (para favorecer a su familia) y un plan de reelección, utilizando para ello los recursos y las instituciones del Estado, como los ministerios, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, entre otros.
Escandalosos casos de presunta corrupción han sido denunciados como la compra irregular de chalecos para las fuerzas armadas, la comercialización de diésel subsidiado que implica al hermano del presidente Noboa, la frustrada entrega del campo petrolero Sacha (el mayor del país) a un consorcio chino-canadiense, el traspaso del negocio del desayuno escolar a una empresa en la que figuraba como accionista Isabel Noboa, tía de Daniel, entre otros.
En su afán de polarizar la votación y conseguir la reelección presidencial, Noboa se puso al frente del anticorreismo más duro y visceral, factor que le permitió a Guillermo Lasso vencer a Andrés Arauz en las elecciones de 2021 y alcanzar la Presidencia. Y en esta línea, no dudó en ordenar el asalto a la Embajada de México en Quito para sacar por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glas que se había refugiado para escapar de la persecución de Diana Salazar y llevarlo a La Roca de Guayaquil, la cárcel de máxima seguridad. También ha emprendido, junto con la Fiscal, la persecución contra el Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, afín al correísmo, en su afán de controlar esta importante plaza electoral.
En este contexto, el gobierno de Noboa se presenta como el más violento para la Revolución Ciudadana pues cinco de los ocho asesinatos, que recogemos en este artículo, se han producido en los meses de su mandato que comenzó el 23 de noviembre de 2023 y se extenderá hasta el 24 de mayo de 2025.
Luego del asalto de un grupo armado a un canal de televisión de Guayaquil, llevado a cabo el 9 de enero de 2024, Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno, movilizando a las Fuerzas Armadas para combatir a los 22 grupos de delincuencia organizada con conexiones con las mafias internacionales. Las constantes declaratorias de los estados de emergencia en el contexto de un inexistente Plan Fénix han sido insuficientes para detener la violencia criminal ligada al narcotráfico y otros delitos.
De país de tránsito, el Ecuador se ha convertido en un centro en el que se almacena, se procesa y se distribuye la droga que va hacia Europa y Estados Unidos. El crimen organizado ha penetrado casi todos los estamentos del Estado, controlando algunos territorios (incluidas las cárceles) pero también contaminando segmentos de la economía legal (sistema financiero, exportaciones de banano) e interviniendo en la economía criminal: lavado de dinero, minería ilegal, tráfico de armas, secuestros, extorsiones, sicariato, entre otros.
En pocos años, el Ecuador pasó de ser uno de los más seguros de la región a uno de los más violentos e inseguros. En efecto, en 2017, cuando terminó el gobierno de Rafael Correa, el país tuvo 5,8 homicidios por cada cien mil habitantes, pero 6 años después, en el 2023 (gobierno de Guillermo Lasso), llegó a 47.2 (10). En el gobierno de Daniel Noboa, tras sacar a los militares a las calles, esa tasa disminuyó a 38.8 en el 2024, sin embargo algunos delitos como las extorsiones y los secuestros se incrementaron de manera alarmante. Y un dato adicional: en los primeros 68 días de 2025 se registraron 1755 homicidios, proyectándose que, si continúa esta tendencia, este año sería el más violento, superando incluso al fatídico año 2023 y convirtiendo al Ecuador en el más peligroso de la región.
Estos asesinatos forman parte de las violencias (en plural) que azotan al Ecuador: violencia estatal contra la oposición política, luchadores populares, pobres y afros; violencia entre los grupos delincuenciales que se disputan territorios y el control de los negocios criminales; violencia de los grupos de delincuencia organizada contra funcionarios del Estado (policías, militares, fiscales, jueces, directivos de cárceles, guías penitenciarios) y autoridades electas (alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, asambleístas), violencia delincuencial común, violencia carcelaria, violencia contra las mujeres (feminicidios) y niños.
Organismos de la sociedad civil han advertido que durante los operativos de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia se han cometido graves violaciones a los derechos humanos. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Guayaquil, denunció que 27 personas han sido víctimas de desaparición forzada, 9 de ellas menores de edad. (11)
Este número es alarmante, pues supera a las 9 registradas en el gobierno conservador de León Febres Cordero (1984-1988), considerado como uno de las más letales desde que el país retornó al régimen democrático en 1979. (12)
A esto se debe sumar las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, que, según Human Rights Watch (HRW), ascienden a 15 hasta noviembre de 2024, los 104 presuntos delincuentes abatidos por la policía, los 80 casos de presuntas torturas y más de 200 casos de extralimitación en el uso de la fuerza. (13)
Un caso que alarmó al Ecuador es la detención, el 8 de diciembre de 2024, de cuatro menores de edad en el sector de las Malvinas, sur de Guayaquil, por parte de una patrulla militar que se los llevó a la base área de Taura. Dieciséis días después, los cadáveres de Josue Didier Arroyo Bustos (14 años) , Ismael Arroyo Bustos (15 años), Steven Gerald Medina Lajones (11 años) y Nehemias Saul Arboleda Portocarrero (15 años) fueron encontrados desmembrados y quemados a varios kilómetros de la base de Taura. Por este caso, 16 militares se encuentran presos y deberán responder por la detención arbitraria, la tortura, desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de estos menores de edad. (14)
Con estos antecedentes, es indispensable conocer quiénes eran los muertos de la Revolución Ciudadana, a qué se dedicaban y en qué circunstancias los asesinaron.
Las víctimas
Carlos Delgado, periodista y precandidato a concejal de Manta. El hecho ocurrió en la tarde del 10 de agosto de 2022 en la vía Manta-Montecristi, en el sector La Paola. Los sicarios dispararon 9 balas al vehículo en el que viajaba el periodista junto a su hija de 19 años y su amigo Ignacio Anchundia quienes sobrevivieron al ataque criminal. De 39 años, fundó el medio digital Ola Manta TV, era un periodista de territorio, hacia sus reportajes en la calle sobre temas de violencia, salud y en general sobre la realidad social de Manta, anteriormente había trabajado en Televisión Manabita y colaborado con Teleamazonas y Oromar. Con una gran sensibilidad social, conectaba con la gente, era un personaje muy popular, por lo que fue considerado por el movimiento Revolución Ciudadana como precandidato a una concejalía de Manta. El crimen ocurrió dos semanas después del homicidio del periodista Kelvin Mike Cabrera en la madrugada del 24 de julio en Portoviejo, quien trabajaba en el canal Nexo Digital.(15)
Carlos Delgado
Los dos presuntos responsables del asesinato de Delgado, Germy Villegas y Juan Carlos Espinoza, fueron detenidos por la policía. Villegas declaró a la policía que no lo conocía pero que le dieron una foto para identificarlo, agregando que le habían pagado 2000 dólares por atentar contra el periodista. El 24 de abril de 2023 , el Tribunal de Garantías Penales de Manta les impuso una pena de 34 años y 6 meses, sin embargo la sentencia dejó un sabor amargo pues no se investigó ni se juzgó a los autores intelectuales, así como los motivos del crimen. Tras la revelación de la Fiscalía General del Estado, en diciembre de 2023, de unos chats de una conversación de Leandro Norero, narcolavador asesinado el 3 octubre de 2022 en la cárcel de Latacunga, se conoció que a Delgado lo habrían matado por equivocación pues el círculo cercano a Norero habría planificado que lo vigilen y secuestren pero que no lo asesinen. De acuerdo a un versión de la revista Vistazo, el crimen estaba dirigido contra otro periodista que tenía en su poder videos comprometedores de las organizaciones delictivas. (16)
Omar Menéndez, candidato a la Alcaldía de Puerto López. Lo asesinaron el sábado 4 de febrero de 2023, un días antes de las elecciones seccionales. Los sicarios también mataron a Carlos Rodríguez, de 16 años, quien se encontraba junto a él y se aprestaba a ser veedor del proceso electoral. Empresario de 41 años, Menéndez se dedicaba a la rama de las telecomunicaciones y la informática, dejó dos niños en la orfandad. Ya fallecido, en las elecciones del 5 de febrero obtuvo el 46,22 % de la votación, seguido por el alcalde en funciones Javier Pincay quien obtuvo el 21,41% de los votos. El movimiento Revolución Ciudadana logró inscribir, a última hora, a la ingeniera Verónica Lucas como reemplazo de Menéndez, siendo electa sin que su nombre conste en la papeleta. (17)
Omar Menéndez
Tras condenar el asesinato, la Revolución Ciudadana señaló: “Señor Guillermo Lasso hágase cargo de su desgobierno de su incapacidad. No aguantamos más esta ola de violencia que día a día cobra vidas de ecuatorianos y ecuatorianas. Exigimos al Gobierno Nacional, a la Policía, a la Fiscalía la debida investigación y sanción para los responsables de tan execrable crimen”. Dedicados a perseguir a todo lo que huela a correísmo, por supuesto, no ha habido resultado alguno.
Apenas 16 años tenía Carlos Rodríguez. Foto: El Diario
Pedro Briones, dirigente de la RC de Esmeraldas. Cinco días después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, fue asesinado el dirigente de la Revolución Ciudadana en la parroquia San Mateo, Esmeraldas, al mediodía del 23 de agosto de 2023. Sicarios llegaron en una moto a su casa en la parroquia San Mateo y lo liquidaron con dos disparos en el cabeza y uno en el pecho. Fue llevado al hospital Delfina Torres de Concha, donde los médicos confirmaron que no tenía signos vitales (18). Luisa González, candidata presidencial y dirigente de la RC, posteó en su cuenta de la red X: “Ecuador vive su época más sangrienta. Esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un Estado tomado por las mafias. Mi abrazo solidario a la familia del compañero Pedro Briones, caído en manos de la violencia. ¡El cambio es urgente!”.
Pedro Briones, dirigente de la RC de la parroquia San Mateo de Esmeraldas, con la asambleísta Paola Cabezas (derecha)
Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, con 27 años, era considerada la alcaldesa más joven del Ecuador. Fue asesinada el 24 marzo de 2024, junto con Jairo Loor, director de comunicación del Municipio. Los cadáveres de García y Loor fueron encontrados al interior de un vehículo en la playa Punto Napo. García recibió tres impactos de bala y Loor dos. Nacida en Canoa el 27 de enero de 1997, era uno de los cuadros prometedores de la Revolución Ciudadana, se encontraba trabajando en un proyecto para dotar de agua potable para los 17000 habitantes de San Vicente. Tras el crimen, que se efectuó durante la vigencia del estado de excepción, no hubo detenidos. El gobierno y la Fiscalía prometieron investigar y dar con los responsables del crimen, pero en nada se ha avanzado. El caso de se mantiene en la impunidad. (19)
Brigitte García en una sesión de trabajo. Foto de su cuenta de Instagram
Cristhian Nieto, asambleísta alterno. Asesinado en el centro de Manta la noche del 2 de junio de 2024 por dos sicarios encapuchados a la entrada de un circo. Las balas también alcanzaron a su esposa Nicole Burgos y a Steven Mendoza, de 24 años, quien hacia fila para comprar entradas para el circo, quienes murieron tras ser trasladados a un hospital. También resultó herido de bala el comunicador Josué Suárez que transmitía el evento. Dos hijos de Cristhian y Nicole quedaron en la orfandad. Burgos, de 34 años, era un influencer oriundo de Babahoyo, provincia de Los Ríos; con muchos seguidores en las redes sociales y bajo el seudónimo de Cristhian Rescata se dedicaba a ayudar a las personas con adicciones y a la organización de eventos sociales. Según la policía, el de Nieto sería un asesinato direccionado, aunque no tenía antecedentes penales, tenía abiertos 4 procesos judiciales, agregando que se investiga se tenía relaciones con grupos de delincuencia organizada. No se ha avanzado en el esclarecimiento de los hechos. (20)
Nicole Burgos y Cristhian Nieto
Marcelo Molina, esposo de la asambleísta Alexandra Arce. Asesinado el domingo 29 de diciembre de 2024 por sicarios cerca de su casa en la ciudadela Abel Gilbert, Durán, una de las ciudades más violentas del Ecuador. De 56 años, recibió tres impactos en el cabeza, tres en el brazo, uno en el abdomen y otro en el tórax. Acompañaba frecuente y activamente a los mitines y las manifestaciones políticas impulsadas por su esposa Alexandra Arce, quien es asambleísta por la Revolución Ciudadana y fue concejala y alcaldesa de Durán. La Policía detuvo a dos menores de edad, quienes serían los autores del asesinato de Marcelo Molina, encontrándose como pruebas las prendas que vestían en los videos captados por cámaras de seguridad y un vehículo reportado como robado, según la policía. El coronel Pablo Ramos, comandante de la Zona 8, dijo al diario El Expreso que “los menores de edad están siendo utilizados para este tipo de eventos” reclamando una reforma legal para que estos menores sean judicializados. La policía considera que detrás de este asesinato estarían los Latin Kings, una de las bandas que disputa el control de los corredores por el que transita la droga en Durán camino a los mercados de Europa y Estados Unidos. (21)
Marcelo Molina junto a su esposa, la asambleísta Alexandra Arc
Klever Pérez, agente de tránsito y creador de contenido de Naranjito. Asesinado en la madrugada del 26 de enero de 2025 en la ciudadela Jaime Roldós, Naranjito, provincia del Guayas, en los exteriores de una vivienda. En el atentado también fueron heridos un hombre de 56 años, una mujer de 24 y un bebé. Los investigadores policiales encontraron 23 indicios balísticos. Además de trabajar en la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) era un comediante de 36 años que hacía contenido para las redes digitales con el seudónimo de Pillylix, llegando a tener 68,4 mil seguidores en Tik Tok. En algunos de los videos que realizaba junto con actores populares apoyaba abiertamente a la Revolución Ciudadana, a Rafael Correa y a la candidata presidencial Luisa González. (22)
Kléber Pérez, agente de tránsito de Naranjito. Foto extraída de su cuenta de Tik Tok
Kelvin Jarama, agente de tránsito e influencer de Durán. Fue asesinado por sicarios el tres de febrero de 2025, a la una y cuarto de la tarde, en el polideportivo donde funciona la Agencia de Tránsito del cantón Durán. Otro agente de tránsito resultó herido. De 31 años, se desempeñaba como supervisor de tránsito pero también era un influencer (con 278.700 seguidores en Tik Tok y 278.700 en Facebook) que difundía mensajes relativos a la educación vial y la prevención de accidentes. También colaboraba con Ecuador en Directo, un medio de comunicación guayaquileño de línea claramente progresista, y con otros medios digitales para manejar las redes y llegar a más usuarios. No ocultaba sus simpatías por la candidata a la Presidencia de la República Luisa González. Días antes de las elecciones del 9 de febrero, difundió un video en el que respondía a la pregunta ¿tú que piensas de Luisa? de esta manera: “necesitamos que el país reviva, que el país salga adelante, se mejoren las cosas, se planteen reformas de política pública, reales, que beneficie a la gente, yo creo que por ahí es el camino, la verdad. Y lo estamos corroborando todos los que estamos votando en este momento. Así de simple. Yo tengo en el servicio público 10 años, y me he dado cuenta cuando viene un inepto a hacer lo que le da la maldita gana, y también he visto personas que han llegado y han hecho lo que dice la ley, así de simple, así que queridos amigos voten a conciencia”. Hasta el momento no se ha detenido a los sicarios y menos a quienes ordenaron su asesinato, desconociéndose los motivos de este.
Kelvin Jarama
Para concluir, es válido formular una pregunta bastante lógica: ¿Estarán interesados la Fiscal Diana Salazar y el gobierno de Daniel Noboa – actores de la persecución y la estigmatización de la Revolución Ciudadana- en investigar estos y otros asesinatos políticos y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes?
P.D. Al culminar este artículo, se han producido hechos relevantes sobre el tema que nos ocupa, por lo que nos extendemos unas líneas más. Cuando las encuestas colocan a Luisa González unos puntos por arriba del candidato-presidente Daniel Noboa, con miras a las elecciones del 21 de abril del 2025, este último ha entrado en pánico y ha emprendido, junto a la Fiscalía General del Estado (FGE), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), una campaña urgente y desesperada contra la Revolución Ciudadana.
El CNE acogió de forma sumisa la propuesta de Noboa de prohibir a los electores y a los miembros de las Juntas Receptores del Voto el uso de los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante los comicios de la segunda vuelta electoral, imponiendo desorbitadas multas que oscilan entre 9870 y 32.000 dólares para aquellos que infrinjan esta disposición. El CNE, presidido por Diana Atamaint, modifica las reglas electorales a un mes de las elecciones, cuando el Código de la Democracia dispone que cualquier reforma a la ley debe hacerse con un año de anticipación.
A ello se suma la resolución del TCE de activar el proceso de remoción del alcalde de Quito Pavel Muñoz, de la Revolución Ciudadana, autorizando el inicio de la recolección de firmas por una un supuesto incumplimiento de funciones. Noboa, por su lado, continúa la persecución contra el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, afín al correísmo, interviniendo en los negocios de su familia y emitiendo un decreto que revoca la delegación del parque Los Samanes al Municipio porteño aduciendo “deficiencias en la gestión” del mismo, aspecto que ha sido rebatido ampliamente por Álvarez.
La Fiscalía ha estado muy activa en la persecución judicial contra el correísmo: reactivó el caso de la Reconstrucción de Manabí siendo que el principal acusado es Jorge Glas, y los juicios contra los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, y de la actual consejera Nicole Bonifaz, procesados por una supuesta “asociación ilícita para controlar entidades del Estado”. Estos exconsejeros, cumpliendo sus funciones, designaron a Raúl González como superintendente de Bancos, en lugar de Roberto Romero, algo que no les gustó a los banqueros y al gobierno.
Más todavía, legisladores del movimiento gobiernista Acción Democrática Nacional acudieron el 12 de marzo a la Fiscalía para denunciar a Andrés Arauz, secretario ejecutivo de la RC, Virgilio Hernández, vicepresidente del Parlamento Andino, y otras 5 personas relacionadas con el correísmo. Así mismo, continúa la persecución y la guerra sucia contra Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional y su familia. Por último, la FGE abrió un proceso contra Leonidas Iza, el excandidato presidencial de Pachakutik y presidente de la CONAIE, por una supuesta “instigación” en el caso de la defensa del campo petrolero Sacha, el más importante del país, que, como ya señalamos, pretendió ser entregado a un consorcio chino-canadiense en condiciones sumamente desventajosas para el Ecuador.
Notas
1)El 18 de septiembre de 2023, la candidata presidencial Luisa González acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia sobre un posible atentado contra su vida. El 30 de agosto se detuvieron a varias personas en posesión de drogas y armas, y una de ellas declaró que el armamento (granadas) estaba destinado a atentar contra la vida de González durante un mitin de su movimiento . El caso no ha sido esclarecido. Ver video:
El 19 de enero de 2025, día del debate presidencial de la primera vuelta, González denunció que había recibido amenazas de muerte y que por ello el Ministerio de Defensa le había otorgado protección militar. El medio digital La Posta dio a conocer que se habría evitado un atentado contra González luego de que se detuvo a 12 individuos en Manabí que poseían armas y uniformes similares a los de los grupos especiales de la policía. No se ha avanzado en las investigaciones.
2) FES-ILDIS, MEGA, “Violencia política en las elecciones anticipadas de 2023”, p. 14, febrero 2024. https://ecuador.fes.de/mediateca.html
3) Periodistas sin cadenas https://www.periodistassincadenas.org/2025-exilio-nuevo-periodista-ecua , consultado: 11/03/2025
4) Silvina M. Romano, Introducción. Lawfare, judicialización de la política y neoliberalismo en América Latina, en Lawfare, Guerra judicial y neoliberalismo en América Latina, CELAG, 2019, p. 25.
5) Abraham Verduga, “Lawfare para todos”, La Fábrica, 2025, Quito, p. 77
6) Franklin Ramírez, “Antipopulismo y radicalización de las derechas en el Ecuador”, en: Ecuador Debate 122, agosto 2024, Quito, p. 88
7) Virgilio Hernández, “Rebelión, Crónicas de un delito inexistente”, La Fábrica/CELAG, 2022, Quito, p. 46
8) Carlos Poveda, Leonidas Iza: Crónica de una privación de libertad debidamente anunciada, en: Lawfare en Ecuador: Guerra contra la democracia y el derecho, CLAJUD-Grupo de Puebla y Observatorio Lawfare, 2024, Quito, p. 107.
9) Alianza por los Derechos Humanos, Informe de situación de Derechos Humanos en el primer año de gobierno de Guillermo Lasso y del Paro Nacional 2022, Diciembre 2022.
10) Fernando Carrión, La producción social de las violencias en Ecuador y América Latina, FLACSO Ecuador, FES ILDIS, Quito, 2024, p. 9
11) Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Reporte de desapariciones forzadas en el Ecuador, 31/01/2025
https://www.cdh.org.ec/informes/653-reporte-de-desapariciones-forzadas-en-el-ecuador-31-01-2025.html
12) Uno de los casos que empaña al gobierno de Febres Cordero es la desaparición por parte de la Policía de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Restrepo Arismendy, menores de edad, el 8 de enero de 1988. Sus restos hasta la fecha no han sido encontrados, sus padres Pedro y Luz Elena fallecieron sin conocer la verdad. Comisión de la Verdad, Informe de la Comisión de la Verdad, Resumen Ejecutivo, Quito, 2010, p. 69.
13) Alexander Martínez, HRW alerta de al menos 15 ejecuciones extrajudiciales bajo «conflicto armado» en Ecuador, https://www.swissinfo.ch/spa/hrw-alerta-de-al-menos-15-ejecuciones-extrajudiciales-bajo-%22conflicto-armado%22-en-ecuador/88295395 23/11/ 2024
14) Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Reporte de desapariciones forzadas en el Ecuador, 31/01/2025
https://www.cdh.org.ec/informes/653-reporte-de-desapariciones-forzadas-en-el-ecuador-31-01-2025.html
15) Karol E. Noroña, ¿Quién fue Gerardo Delgado, periodista asesinado por sicarios en Manabí?
https://gk.city/2022/08/15/quien-fue-gerardo-delgado-periodista-asesinado-manabi/ 30/01/2023
16) Redacción Vistazo, Gerardo Delgado, el periodista que murió por una equivocación, 8/09/2024
17) Atahualpa Amerise, BBC, El político de Ecuador que fue elegido alcalde horas después de haber sido asesinado, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64563397 , 07/02/2025
(18) DW, Matan en Ecuador a dirigente local afín al correísmo, https://www.dw.com/es/matan-en-ecuador-a-dirigente-local-af%C3%ADn-al-corre%C3%ADsmo/a-66530891 15/08/2023
19) BBC Redacción, Quién era Brigitte García, la alcaldesa más joven de Ecuador que fue asesinada a tiros con uno de sus asesores https://www.bbc.com/mundo/articles/cv2yjnw7rl2o 25/03/2024
20) Primicias, Asambleísta alterno Cristhian Nieto, asesinado en Manta, tenía cuatro procesos judiciales https://www.primicias.ec/noticias/sucesos/asambleista-cristhian-nieto-asesinado-manta-procesos-judiciales/ 03/06/2024
21) José Julián Ladines, Expreso, Asesinato del esposo de Alexandra Arce: qué se sabe sobre los dos menores detenidos, https://www.expreso.ec/actualidad/asesinato-esposo-alexandra-arce-dos-menores-detenidos-226611.html 02/01/2025
22) El Comercio, Agente de tránsito y creador de contenido fue asesinado en Guayas, https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/agente-transito-influencer-kleber-perez-asesinato.html 27/01/2025
Eduardo Tamayo G.
Periodista ecuatoriano
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