PRIMERO: Miedo a perder el poder. Todas sus encuestas, incluidas las de la embajada norteamericana, señalan una demoledora derrota que no le pemitiría llegar ni al 15% de la votación en cualquier escenario, en julio como en septiembre. El acumulado de errores, irregularidades, mentiras y simulacros en la gestión es fuertemente castigada por la gente consultada en encuestas vía telefónica, redes sociales, como por grupos focales que critica ásperamente los resultados de casi 6 meses de gobierno que abren un abismo de incertidumbre y pánico ante lo que podría significar 5 años de gobierno con Añez.
SEGUNDO: Rechazan elecciones porque les gustó el saqueo de los recursos públicos incluso ante el silencio cómplice de los medios de comunicación. Saquearon ENTEL, BOA, ANH, INRA, BANCO CENTRAL Y AHORA YPFB. Los escándalos de corrupción descubiertos en tan poco tiempo les hacen temer incluso el voto castigo de la misma clase media que apoyó el golpe y que ahora tiende a desaparecer frente al colapso económico. La base electoral del gobierno se está reduciendo a un núcleo racista e intolerante que cree que una salida autoritaria o una fórmula de continuidad, con la complicidad de diputados y senadores comprados del propio MAS, sería la única manera de contener a esta fuerza política que crece a pasos agigantados frente al congelamiento de Mesa en la preferencia electoral. Las encuestas ven a Mesa como un actor incapaz de liderizar una crisis económica de magnitud como lo que ocurrió con su gobierno del 2003 al 2005, incluso gran parte de la gente presume que ante el descalabro económico del país en el corto plazo lo conduciría a renunciar a su candidatura.
TERCERO: El régimen necesita más tiempo no solo para seguir robando sino para cumplir la promesa de entregar nuestras empresas estatales y nuestros recursos naturales a empresas norteamericanas y europeas. En las actuales circunstancias un anuncio de privatización sería catastrófico para Añez lo que le exige oxigenación temporal para la gran maniobra privatizadora de todas las empresas estatales.
CUARTO: Quieren impedir que se instale un nuevo gobierno porque cualquiera que llegue está obligado a revisar las cuentas del Banco Central para determinar el destino final de los recursos. La mitad del dinero que está saliendo de Banco Central se destina a bonos sociales sin ninguna fiscalización y se desconoce el paradero de la otra mitad. Es inevitable investigar el destino de las donaciones, de la plata de los bolivianos y de los préstamos que se están adquiriendo que compromete a los próximos 3 o 4 gobiernos del futuro. Nadie sabe qué está ocurriendo o qué destino tienen las donaciones internacionales o préstamos de organismos financieros internacionales. Bolivia nuevamente ha ingresado en la órbita del tutelaje y control financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidades bajo control del gobierno de los EEUU y cuya dependencia ha sido históricamente atroz para los más pobres incluso para la clase media.
QUINTO: Rechazan ir a elecciones porque tienen miedo de ser procesados por las masacres sangrientas de Senkata y Sacaba, las flagrantes violaciones de DDHH, violación de la libertad de expresión, el escandaloso movimiento del narcotráfico en Beni y Santa Cruz que toca la familia de Jeanine Añez y las compras de suntuosos bienes inmuebles de los hijos y palos blancos de la candidata presidenta. Rechazan la investigación del NARCOJET y de cientos de vuelos ilegales en la política de cielos abiertos que actualmente rige para el narcotráfico con la complicidad de exfuncionarios de AMAZSONAS y ECOJET que manejan instituciones como la DGAC y ASSANA.
SEXTO: Añez y su gabinete se oponen a las elecciones porque temen ser procesados por incumplimiento de deberes, negligencia criminal, homicidio culposo y otros delitos derivados de su objetiva incapacidad para enfrentar la pandemia del coronavirus que está empezando a causar una descomunal cantidad de contagiados y muertos. Cualquier investigación, por simple que sea, tanto de la Asamblea Legislativa como del Ministerio Público podrá demostrar que el régimen privilegió intereses político-electorales y la estrategia represiva en desmedro de la atención prioritaria de la pandemia y cuyo indicador demostrativo más claro es el cambio del Ministro de Salud en plena crisis, la intervención de los SEDES, compras con sobreprecios de insumos y la falta de equipamiento y material de bioseguridad a todos los hospitales del país. El gobierno no lograría resistir ninguna investigación que se hiciera en el corto plazo.
SÉPTIMO: Rechazan elecciones porque quieren encubrir los grandes negociados de venta de tierras a extranjeros y menonitas en la Chiquitanía y el Beni a través de empresarios cruceños en complicidad con el INRA. Los cambios ocurridos en el INRA, fundamentalmente en Santa Cruz, obedecen a un plan monstruoso de enajenación de tierras fiscales, tierras de comunidades indígenas, reservas forestales y tierras entregadas a campesinos con titulación. Esta artera estrategia de vender tierras fiscales y aquellas recuperadas de propiedad de sectores pobres con apoyo de latifundistas armados, diseñada antes y durante los incendios en la Chiquitanía el año pasado, está siendo cumplida milimétricamente. El silenciamiento de las principales redes televisivas de comunicación y de la prensa escrita (RED Uno, PAT, UNITEL, BOLIVISION, El Deber, Página 7) ante este atentado no es casual porque los grandes propietarios de medios son al mismo tiempo grandes latifundistas y banqueros que tienen hoy la posibilidad nuevamente de vender tierras y acumular otras, en el largo historial del saqueo de la riqueza de los bolivianos.
OCTAVO: Se niegan a dejar el poder porque se destaparían y se descubrirían las aberrantes humillaciones al poder judicial, a jueces y fiscales incluso policías a quienes intimidaron, amenazaron y extorsionaron para violar los derechos constitucionales, apropiarse de poderes públicos y enajenar recursos. Nuevas elecciones terminarían con el abuso de poder del Ministerio de Gobierno dirigido por el comisario de taberna, Arturo Murillo y sus policías secuaces, entrenados para montar circos judiciales intimidantes. Es el miedo a la cárcel.
NOVENO: Quieren que continúe la tapadera del multimillonario pago y de los negociados con los medios de comunicación que acompañaron el golpe y que hoy legitiman con su silencio la corrupción, el narcotráfico y el devastador efecto social y económico de la pandemia.
DÉCIMO: El rechazo a elecciones es una decisión del gobierno de EEUU para no perder Bolivia como ficha clave en el tablero geopolítico regional. Prefieren sostener una dictadura disfrazada de transición democrática al costo que sea. Bolivia es un experimento de un gobierno títere sostenido en el miedo y la represión como estrategia de continuidad para usurpar nuestros recursos naturales y ejecutar un reajuste neoliberal frente a su profunda crisis económica.
Nuestros pueblos hambrientos pretenden ser nuevamente la carne de cañón frente al descalabro económico de la potencia mundial y del sistema capitalista en general, cuyo declive es inevitable a menos que sacrifiquen a pueblos enteros como el nuestro en el altar de la miseria y el hambre. Jeanine Añez y el régimen no tienen otra salida que seguir usurpando el poder con el apoyo norteamericano, a costa de cientos y miles de muertos tanto por el hambre, por la represión o por la pandemia, tres jinetes apocalípticos que nos acercan a una guerra civil de consecuencias impredecibles. No solamente rechazan la realización de elecciones sino que no desean que se realicen éstas por las 10 razones anotadas líneas arriba.
¡Usted decide!