1 abril,2019

77 días y 500 noches

La tarde y noche del 31 de octubre de 2018 no la podré olvidar jamás. Fui arrancado de los brazos de mi pequeña de 5 años que se aferraba a sostenerme para impedir que se cumpla la voluntad del Poder ensañado en contra de quienes trabajamos para el gobierno de Rafael Correa, como parte del esquema de persecución sin límites que vive el Estado ecuatoriano.

En febrero del año anterior recibí la preocupante noticia de que el contralor Pablo Celi había enviado un informe con Indicios de Responsabilidad Penal a la Fiscalía General del Estado, en ese entonces a cargo de Carlos Baca, el mismo que metió preso a Jorge Glas. Un informe sin pies ni cabeza que me atribuía presuntos delitos que luego fueron desechados por la misma Fiscalía y decisión que fue corroborada por la Corte Nacional de Justicia.

Decía el informe que yo como Subsecretario de Medios Institucionales de SECOM, había pedido la contratación de mi hermano Carlos Bravo en un caso y en el segundo que sería el responsable de contratar una Consultoría con la empresa Satre para el mejoramiento de los Enlaces Ciudadanos que no justificó su existencia, que no se recibió y por último no se puso en práctica, según la visión de la Contraloría.

Mientras analizaba con mi familia los elementos acusatorios de Contraloría, Andrés Michelena, en ese entonces, Gerente General de los Medios Públicos, sin mayor análisis dispuso mi separación de la dirección de la Agencia de Noticias Andes, que luego de mi salida fue cerrada. Con la preocupación de quedarme sin trabajo, con la acusación de la Contraloría y la Instrucción Fiscal por parte de la Fiscalía, inició el calvario.

De allí en más todo fue oscuro, el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal involucró a 10 personas: 7 funcionarios que trabajamos en la Secretaría Nacional de Comunicación bajo el mando de Fernando Alvarado, dos empresas proveedores de servicios y una persona natural que trabajó bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales.

En el proceso inicialmente se vinculó únicamente a Fernando Alvarado, exsecretario Nacional de Comunicación y la instrucción fiscal duró 90 días. Mientras se llevaba a cabo la investigación fui citado dos veces a la Fiscalía para rendir mi versión, es decir siempre estuve presto y listo para colaborar con la justicia las veces que sean necesarias. Antes de que termine la Instrucción Fiscal, Fernando Alvarado se fue del país y con ello se acentuó la cacería de brujas.

En tiempo récord todos fuimos vinculados al proceso, acusados de peculado, a todos se nos solicitó la prisión preventiva porque según la Fiscalía representábamos “un peligro para la paz social”, y “no habíamos colaborado con la justicia”. En menos de lo que canta un gallo, el 31 de octubre de 2018 a las 14h30 la jueza nacional Sylvia Sánchez, dictó la orden de prisión preventiva con orden de captura inmediata y a las 18h00 ya estábamos detenidos en la Unidad de Flagrancia Javier Lemos, Carlos Bravo y yo.

“El que nada debe, nada teme” reza el dicho por ello nos entregamos a la justicia para demostrar nuestra absoluta inocencia, para decirles a los perseguidores que aquí estamos y no vamos a huir, que vamos a dar la cara porque estamos seguros de nuestra inocencia.

El 1 de noviembre a las 03h00 ingresamos al infierno del Centro de Rehabilitación Provisional, CDP. Fuimos al Pabellón “El Placer”, un sitio lúgubre, abandonado, sin las más mínimas medidas de seguridad e higiene. Para mala fortuna ingresamos en el feriado de difuntos y aniversario de la fundación de Cuenca por lo que nos quedamos 5 días en ese sitio.

Allí pudimos conocer a mucha gente que se debatía entre la ira y la desesperanza, gente sin bandera que se refugiaba en las drogas para matar el tiempo al no tener ninguna posibilidad de hacer algo durante su encierro. La casi totalidad de personas pertenecían a la clase media baja, confirmando el dicho de que la cárcel es para los de “poncho”.

Personas detenidas por robo a celular, por violencia intrafamiliar, por consumo o micro tráfico de drogas, por intento de asesinato, entre otros delitos, allí todos sin excepción, reunidos todos. Nosotros, torpemente acusados de peculado cuyo “código” es de 10 años mínimo y 13 años máximo de prisión, un delito que nunca prescribe y que no tiene medidas alternativas en caso de sentencia condenatoria.

Luego fuimos a otro Pabellón que reunía mejores medidas de salubridad pero en el que también estaban detenidos por diferentes delitos lo que sin duda nos exponía, al inicio fue muy difícil la convivencia, pero luego nos fuimos adaptando. El 6 de diciembre ingresó Patricio Pacheco a nuestro Pabellón, entonces ya éramos 4 en medio de un hacinamiento generalizado.

El hacinamiento carcelario obedece a que los fiscales y jueces dictan prisión preventiva como primera medida, cuando debe ser excepcional como establece el COIP.  La prisión preventiva es una condena sin sentencia que no disminuye la delincuencia, viola la presunción de inocencia y castiga la pobreza.

En mi caso, estuve preso 77 días, sin acusación por un informe mal hecho de Contraloría que me involucró a propósito para tratar de quemarme. Fue tan burdo todo que la Fiscalía no pudo sostener la acusación y no le quedó más que abstenerse de acusarme. Estuve preso 77 por el mal trabajo de Contraloría bajo la presión del poder.

Hemos sufrido persecución, escarnio público, linchamiento mediático, daño moral, psicológico, estamos quebrados económicamente, sin trabajo, aún con antecedentes penales y por si esto fuera poco, con nuevas glosas por casos que la misma justicia ha desestimado, pero que para Contraloría no significa nada.

Testimonios:

Javier Lemos, también preso 77 días: “La fachada se cae y al final se van desenmascarando los agresores de la verdad, cada uno de ellos deberá responder por las injusticias cometidas en su actuación en el caso Secom, donde ultrajaron nuestra honra y echaron al piso toda una vida de trabajo honesto”.

Juan Pablo Pozo: “El odio como expresión de la política, está generando una sociedad opresora y linchadora. La lucha por el poder está deshumanizando y enfrentando a la gente. La solidaridad no puede ser nunca selectiva, es con todos sin excepción”.

Licenia Espinel: “No solo demostraste tu INOCENCIA, sino también valentía, actuaste correctamente como el hombre de bien que eres. Que la JUSTICIA haya reconocido tu INOCENCIA es nuestra respuesta a tanto abuso”.

Estefanía Bravo: “Gracias Dios. Se hizo justicia. Has sido tan fiel. Marco Antonio Bravo está libre y con nosotros.

Patricio Pacheco: “112 días en prisión ¿quién ganó con esto? ¡Nadie! Todos perdimos: sufrimiento de mi familia, dolor a mis padres ancianos y enfermos, lágrimas en mis hijos que no entienden que es un asunto “político” #NuncaMás por favor a nadie, ¡A NADIE!!

Ante lo que nos ha sucedido, nos reservamos el derecho de tomar las acciones pertinentes para que los responsables no queden en la impunidad. Todo por la persecución de un Contralor que estuvo todo el tiempo junto a Pólit. El silencio de los auditores que saben de la persecución les traerá también responsabilidades.