Antonio Malo Larrea
La planificación y ordenamiento territorial son de esas cosas indispensables para para garantizar una vida digna y, por supuesto, para transitar hacia la sustentabilidad ecológica. En el fondo, sólo significa ponernos de acuerdo entre todas y todos sobre cómo queremos organizar y usar nuestro territorio, tanto en las ciudades, como en el campo y en las áreas más silvestres. Evidentemente, ponerse de acuerdo en cualquier sociedad es difícil, pero es misión casi imposible en nuestro país, donde cada quien quiere imponer su capricho sobre los caprichos del resto, y el sentido del bien común simplemente no existe (y el poco que queda es perseguido tenazmente, judicializado y silenciado, como si se buscara su extinción). Por eso, antes de preguntarnos cómo organizamos nuestro terruño, debemos preguntarnos para qué lo vamos a organizar. La respuesta está en la constitución: para garantizar los derechos del buen vivir.
Como explican Erik Swygendouw y David Harvey en la organización del territorio confluyen y se condensan de forma palpable y concreta todas las luchas sociales, las luchas de poder y los juegos de tronos, las disputas por los recursos y el espacio, los intereses económicos de los negocios y las necesidades vitales de la gente, en fin, en el territorio se materializa la sociedad y la ecología humana se hace real. De esta manera, la planificación y ordenación del territorio es una cosa invisible que enfrenta y le pone nombres y apellidos a la lucha de clases. También es extremadamente compleja y resbaladiza, porque implica meterse en el ojo del huracán y, para garantizar los derechos del buen vivir y la naturaleza, significa que hay que salir vivos de ahí.
La misma constitución define quien debe hacer qué. Tanto el gobierno central, como los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) (es decir, los gobiernos regionales, provinciales, municipales, parroquiales y distritos metropolitanos) tienen la responsabilidad y obligación de planificar su territorio. Sin embargo, sólo los gobiernos municipales tienen la competencia de regular y controlar el uso del suelo. Basta con salir a pasear por nuestros barrios, por la ciudad, o con salir al campo, para que nos topemos con un montón de cosas que violentan los derechos del buen vivir. Es decir, el gobierno central y los GADs no han cumplido con su trabajo, protegernos. ¿Quién nos protege de los que nos protegen?
Por esta razón, después de muchos años de discusión y de análisis, se definió que la mejor forma de conseguir que el gobierno central y los GADs garanticen los derechos del buen vivir, a través de la planificación y ordenación del territorio, es la creación de una Superintendencia. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial se creó el año pasado, e inició sus funciones el 1 de enero de este año. Sin embargo, el presidente del inconstitucional y, autodenominado supraconstitucional, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) dijo hace unos días en entrevista en Ecuavisa que él considera que esa institución no tiene ningún sentido y que debe desaparecer. De repente, el Ecuador se transformó en Macondo, donde las visiones de quien dice estar más allá de la constitución, se materializan y se transforman en realidad.
Para desaparecer la superintendencia deben cambiar la ley. Esperemos no se boten a la basura los años de luchas, sudor y trabajo que significó conseguir parir la SOT, una niña que nació en la porquería de este mundo con un destino y misión: garantizar nuestros derechos del buen vivir.