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Cuando Colombia estaba en medio de crecientes manifestaciones pidiendo la renuncia de Néstor Humberto Martínez, el fiscal del uribismo atrapado en una de las más obscuras tramas de la política colombiana, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, explotó una bomba en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, matando a 20 cadetes, entre ellos a la ecuatoriana Erika Chicó. La bomba cayó muy bien para la ultra derecha en un momento en el que las manifestaciones mostraban a una sociedad indignada con un fiscal con una sombría trayectoria y ficha clave de los sectores que hoy ocupan el poder en Colombia empeñados en cumplir la consigna de “hacer trizas” el proceso de paz.
Pocas horas después, el propio fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que el responsable del atentado era José Aldemar Rodríguez, alias El Mocho, a quien se le sindicó de ser el mayor experto en explosivos del ELN y de manera casi inmediata el gobierno uribista de Iván Duque, dictaminó órdenes internacionales de captura a los negociadores de ese grupo. Con esto, el atentado produjo tres efectos inmediatos: reencauchó la imagen del fiscal y desvió la atención del proceso en el que está envuelto, sirvió para legitimar el cada vez más débil gobierno de Iván Duque y dio la estocada final a las negociaciones con el ELN.
El ELN tiene que asumir que este acto favorece más que nada a la ultra derecha colombiana si se considera que el efecto más visible del bombazo es el de haber dejado una estela de cenizas cubriendo las huellas de cianuro que persiguen al fiscal Néstor Martínez. Los líos del fiscal Martínez que estaban saliendo a la luz pública y que le han valido el mote de Doctor Cianuro son de marca mayor ya que se perfilan como una ventana que deja ver la peligrosa cercanía en Colombia entre el más alto poder político y económico con la delincuencia: como abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos e influyentes de Colombia, y de su grupo Aval, el fiscal Martínez ha recibido información comprometedora de sobornos entregados por la empresa Odebrecht a empresas asociadas al grupo de Sarmiento en la adjudicación de uno de los grandes megaproyectos de carretera en Colombia, la denominada Ruta del Sol.
Lo que había indignado a la opinión pública y tenía al fiscal contra las cuerdas hasta el punto de que justo antes del atentado una movilización social cada vez más creciente pedía su dimisión, era que además de su inacción ante los sobornos, testigos claves de la corrupción y que se habían contactado previamente con él para informarle, iban muriendo uno a uno, con una intrigante presencia de cianuro.
El pasado 8 de noviembre falleció de un infarto Jorge Enrique Pizano, quien había sido auditor de la Concesionaria Ruta del Sol y dos días después murió su hijo Alejandro, recién llegado de Barcelona para el sepelio. Alejandro cayó fulminado en el despacho de su padre después de tomar un sorbo de cianuro pensando que era un refresco. Jorge Enrique conocía todo el entramado de los sobornos que la Odebrecht había entregado a representantes del grupo Aval y en el 2015 había dado una información pormenorizada al fiscal en un encuentro que tuvo el cuidado de dejar grabado temiendo ya por su vida. En la grabación se revela cómo a pesar de lo comprometedora de la información, sorprendentemente el fiscal en vez de apoyarlo lo regaña por el trabajo que estaba haciendo. Para ensombrecer más la situación, el pasado 24 de diciembre, desapareció otro testigo clave contra Odebrecht, Rafael Merchán, ex secretario de transparencia en el gobierno de Juan Manuel Santos y su cuerpo sería encontrado en su departamento envenenado con cianuro. De acuerdo a la fiscalía, se suicidó.
En este contexto empezó a organizarse una movilización contra el Doctor Cianuro, pidiendo la dimisión de una figura que empezaba a revelar mucho más que un serio conflicto de intereses: en el campo político la mayor contribución del fiscal Néstor Martínez quizá ha sido la de servir de puente entre las elites tradicionales representadas por Sarmiento Angulo y por Juan Manuel Santos y las elites enriquecidas por la nueva guerra encabezadas por Álvaro Uribe. Durante el gobierno de Santos el fiscal pertenecía al ala de la derecha radical encabezada por Germán Vargas, llegó a ser el superministro que se sentaba al lado de Juan Manuel Santos y sirvió de vínculo entre los ministros, los políticos y el empresariado nacional e internacional. Desde esta posición fue el puente entre el presidente Santos y Uribe.
De otro lado, su actuación como abogado del mundo privado y su trayectoria política revelan que para el establecimiento colombiano no existe la noción de conflicto de intereses. Además, cuando se trata de defender el capital trasnacional, el fiscal colombiano Néstor Martínez no ha vacilado en ponerse en contra del estado que hoy dice representar: en un pleito entre la Pacific Rubiales de Canadá y la empresa colombiana de Petróleos Ecopetrol en el que se exigía que la empresa canadiense pagara el 100 % de su participación en la explotación petrolera de un campo luego de que había superado la cuota establecida, el actual fiscal de Colombia, defendió los intereses de la trasnacional canadiense y al perder llegó incluso a amenazar con demandar al propio estado colombiano ante tribunales internacionales.
El atentado del pasado jueves ocurrió justo cuando la opinión pública empezaba a dirigir su indignación contra una figura que simbólicamente sintetiza las dolorosas complejidades del poder político colombiano. Las expresiones de repudio a la trama que se esconde detrás del fiscal hablan de un proceso de empoderamiento de la opinión pública progresista en Colombia que ya se había pronunciado con fuerza apoyando a Gustavo Petro en las elecciones pasadas. Acciones como las del ELN constituyen un serio golpe a la consolidación de una oposición progresista y dan argumentos a los guerreristas encaramados en el poder.