La Corte Constitucional conformada por los transitorios nace plagada de ilegitimidad de origen y con vicios de un proceso que no cumplió ni si quiera con las reglas de juego transitorias. La omisión del dictamen constitucional para el referéndum, la dictatorial arrogación de funciones constituyentes del Consejo Transitorio, la cesación antojadiza (y con voto salvado) de la Corte Constitucional, la “innovación” ridícula de la vacancia constitucional, la conformación ad hoc de la comisión calificadora son algunas de las irregularidades que constituyen ilegitimidad de origen. La carta de renuncia de Amanda Páez, las denuncias de Ana Abril, la falta de transparencia patrimonial de la comisión calificadora, la inexistencia de (la obligatoria) veeduría al proceso y el cambio de reglas de juego a mitad de camino reflejan solo algunos de los incumplimientos.
Hace un par de semanas, miembros de varias organizaciones ciudadanas presentamos una impugnación conjunta a la candidatura de Teresa Nuques a la Corte Constitucional. Teresa Nuques es la directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Firmamos la impugnación mujeres y hombres del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Foro de los Comunes, Unión de Afectados por Texaco, Red Jubileo 2000, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Observatorio de la Dolarización, Observatorio de Economía y Trabajo, CAITISA y académicos y ciudadanos a título personal. Más allá de nuestra conciencia sobre la ilegitimidad del proceso, la impugnación correspondía a nuestra convicción de evitar que la Corte Constitucional sea capturada por el poder corporativo del capital.
El capital se expresa no solo en dinero o en maquinaria, sino fundamentalmente en relaciones sociales. El capital no puede permitirse que un espacio de esa trascendencia esté fuera de su alcance. Por eso, el capital se re-expresa como partidos políticos (propiedad privada de bananeros, de banqueros o de industriales), consejeros transitorios o secretarias de comisiones calificadoras. Su figura corporativa predilecta son las cámaras de comercio.
La hegemonía del capital por sobre el ser humano, por sobre la sociedad, por sobre la ciudadanía, requiere instituciones que sostengan y reproduzcan esa hegemonía. Incluso, el capital desarrolló la institución del arbitraje dentro de las cámaras de comercio como un medio para evitar someterse a la administración de la justicia; para privatizar la administración de justicia. El arbitraje le calza tanto al capital que logró que los mismos estados se sometan al arbitraje con los Tratados Bilaterales de Inversión y con la Ley Trole 3 (mal llamada Ley de Fomento Productivo). La institución más importante para garantizar el Estado de Derechos de la sociedad ecuatoriana es la Corte Constitucional.
Aunque haya constado en la lista de candidatos de Moreno, Teresa Nuques es la candidata del capital. No es verdad que era la candidata “de Guayaquil” o “de las mujeres” como quisieron argumentar en redes sociales el círculo de estudios jurídicos clientes y proveedores del Centro de Arbitraje, liderados por Ricardo Noboa y César Coronel. En una serie de reuniones previas entre miembros de la “mesa chica” de Moreno, ciertos socialcristianos offshore, los consejeros transitorios y las cámaras empresariales (todos hombres), se decidió que Teresa Nuques ingresaría a la Corte Constitucional a través de la lista de candidatos enviada por Moreno.
El mandato expedido por el Consejo Transitorio establecía que la probidad de los candidatos significaba que no podían tener antecedentes o conflictos de interés ni reproche alguno de un observador razonable. El mandato dictaba que las impugnaciones podían realizarse por falta de probidad o por omisión de información. En nuestra impugnación, con abundante documentación y sustento doctrinario, argumentamos que Nuques omitió información en el proceso del concurso.
Nuques ha sido denunciada penalmente por fraude procesal – información absolutamente relevante para quien aspira administrar justicia – pero omitió informarlo en el concurso.
Nuques ha firmado certificados de idoneidad a Enrique Herrería, otro árbitro del Centro de Arbitraje, también candidato del capital, repetido en las listas de Moreno y de Trujillo, también con antecedentes reprochables a ojos del observador razonable. Y ha firmado certificados de idoneidad a otros árbitros como Hernán Pérez Loose o Vladimiro Álvarez, testigos pagados por las petroleras Occidental y Chevron que tienen casos pendientes en el Ecuador y que inevitablemente pasarán por la Corte Constitucional. La existencia de estos certificados de idoneidad también había sido omitida en el proceso de selección.
La impugnación nos fue negada argumentando que no cumplíamos con la lista de los requisitos de la impugnación sin indicarnos qué requisito incumplíamos. La Comisión Calificadora nos respondió en un párrafo y nunca se pronunció sobre los asuntos planteados. ¡Sacado de un tuit, nos respondió que nuestra oposición a que el arbitraje sea parte del ordenamiento jurídico nacional no es causal de impugnación! La Comisión Calificadora violó la Constitución, el Código Administrativo y la Ley de Participación Ciudadana.
La Corte Constitucional ha sido capturada por el poder corporativo. Pero no cesaremos en nuestra lucha para evitar que el capital se imponga sobre todo un pueblo y la Corte capturada quiera reinterpretar el artículo 422 de la Constitución para permitir el arbitraje internacional en los Tratados Bilaterales de Inversión. No permitiremos que la Corte capturada quiera beneficiar a Chevron por sobre los derechos de las comunidades amazónicas.