El pasado viernes 22 de marzo se reunieron en el Palacio de la Moneda —el mismo que en septiembre de 1973 fue bombardeado por los golpistas encabezados por Pinochet, con complicidad de los Estados Unidos— los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Guyana. El motivo inmediato: firmar la “Declaración de Santiago”, mediante la cual se constituyó un organismo que pretende desplazar a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): el recién concebido Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina (PROSUR). A esa reunión también asistieron funcionarios de segunda línea de Bolivia, Uruguay y Surinam, quienes se abstuvieron de firmar el documento.
Ante los hechos consumados la pregunta que se impone es muy simpe ¿Era necesario un nuevo mecanismo de integración para reemplazar a UNASUR? Algunos de los argumentos de los gobiernos firmantes giraron en torno a que este último espacio había dejado de funcionar y que se encontraba “sobrepolitizado”. Lo que no dicen, es que la agonía (que no muerte) de UNASUR es resultado de los intentos deliberados de esos mismos gobiernos por asesinarla. ¿Y por qué habrían de querer deshacerse de un mecanismo de integración que en verdad sí funcionaba más allá de las normales diferencias que existen entre sus miembros? La respuesta tiene que ver con la nueva coyuntura política regional y con la renovada injerencia de los Estados Unidos en Nuestra América. Por un lado, la correlación de fuerzas electorales en la región ha ido mutando progresivamente hacia posiciones de derecha como se evidencia en la lista de quienes apoyan a PROSUR: Macri, Bolsonaro, Piñera, Moreno… Todo parece indicar que lo último que interesa a las fuerzas sociales que estos personajes representan (las fracciones oligárquicas más retrógradas de sus respectivos países) es defender una institucionalidad que apueste por la integración soberana desde el punto de vista de los pueblos latinoamericanos.
Por otro lado, al calor de la guerra híbrida que los Estados Unidos llevan a cabo contra Venezuela (no sólo contra su gobierno, sino fundamentalmente contra su pueblo, mediante la asfixia financiera), la aparición de PROSUR tiene todos los visos de ser una estrategia geopolítica de un puñado de gobiernos sumisos al Imperio del Norte cuya apuesta es una integración subordinada, muy en la tradición del viejo panamericanismo norteamericano que ha sido tan caro a los intereses de los Estados Unidos en la región. Pese a sus declaraciones, a esta nueva coalición no le interesa ni la democracia, ni los derechos humanos ni el desarrollo de nuestros pueblos; menos aún la soberanía.
Al parecer, a esas fuerzas no les bastará simplemente con la creación de un nuevo organismo complaciente con la agenda norteamericana, sino que trabajan activamente para destruir por completo a UNASUR. Para vergüenza de los ecuatorianos, el gobierno de Moreno es una pieza clave de dicha estrategia, como lo prueba el reciente anuncio de comenzar el procedimiento para el retiro del Ecuador de aquella instancia, con la pretensión de darle una estocada final. A este respecto, valdría la pena citar in extenso el “Pronunciamiento en defensa de UNASUR” que la Coordinadora Nacional por la paz, la soberanía y la no injerencia circuló en respuesta a la decisión del presidente Moreno: “Consideramos que los ‘argumentos’ esbozados por el presidente para la salida del Ecuador no son sino un pretexto que pretende encubrir un viraje radical de la política exterior del país, la cual toma mayor distancia del sueño bolivariano de integración soberana de nuestros pueblos, se pliega progresivamente a las agenda de política de integración de los Estados Unidos y sus lacayos regionales, con la finalidad de desmontar las políticas soberanas.
Al ser la sede de la UNASUR, la decisión presidencial tiene mayores implicaciones que la salida de alguno de los otros países que la conforman, pues una denuncia del Tratado Constitutivo implicaría, como no lo oculta la Presidencia, el traspaso del edificio que hoy pertenece legal y legítimamente a todos los países miembros a control exclusivamente ecuatoriano. Con esta apuesta de carácter parroquial y egoísta el gobierno ecuatoriano evidencia que, pese a la retórica sobre la ‘integración regional’ que dice defender, abandonó por completo la misión asumida en otro momento de convertirse en un país catalizador de la integración latinoamericana”.
Con el abandono de UNASUR y la firma de la Declaración de Santiago, el gobierno ecuatoriano evidencia una vez más el giro sustantivo de su política exterior en una dirección muy clara: PRONORTE.