Los hechos de inseguridad se suceden, cada vez, con más frecuencia y violencia en todas las ciudades. Interesantemente, los medios de comunicación, tan dados a hacer mutis por el foro sobre casi cualquier cosa que realiza mal el gobierno de Moreno (es decir, todo) se hacen eco, desde hace un par de semanas, nada más, de la situación de inseguridad que ha venido en aumento desde que, coincidencia o no, Moreno asumió el poder para ejecutar todo el desastre en el que se halla el país.
Este fenómeno es tan nuevo para las nuevas generaciones que no tienen recuerdos de lo insoportable que era vivir en Ecuador hasta 2007, porque eran muy jóvenes como para recordar que a día seguido se daban hechos de violencia y todos conocíamos a alguien que había sufrido un asalto con violencia, y muchas personas tenían familiares o amigos asesinados por robos a mano armada. Excepto en el periodo 2011 2017, cuando se dan todos los esfuerzos por reformar el sistema de justicia y profesionalizar a la Policía Nacional, en todos los demás momentos desde el regreso a la democracia, hemos sido testigos de una sensación de inseguridad ciudadana que motivó el surgimiento de las urbanizaciones privadas, las fuerzas privadas de seguridad, la libre venta de armas, la impunidad galopante y un largo etc., de malas condiciones de vida que hacían que las ciudades sean invivibles y los costos directos e indirectos, tan grandes, que aumentaban la pobreza a raudales.
Este es uno de los fenómenos más multivariable que existen. No se puede asignar a un solo hecho la causa del incremento de la violencia y de la inseguridad. Sin embargo, puedo acotar mi reflexión a los tres elementos.
Podemos empezar por revisar las decisiones de carácter institucional que ha tomado el gobierno. Fiel a la premisa de la simetría del tiempo invertido, que con tanto ahínco utiliza Moreno para explicar su afición por la física cuántica (la que, dicho sea de paso, no entiende nada –lo que se aplica al microcosmos no es aplicable al macro o viceversa-) ha considerado que regresar todo el estado de las cosas a como estaba en diciembre de 2006 es mejor que mantener el nivel de desarrollo relativo que estaban teniendo hasta mayo de 2017. En particular, considera que tener un Ministerio de Gobierno y Policía es mejor que tener una organización dedicada a gestionar los asuntos de la política y un ministerio dedicado exclusivamente, a los asuntos del interior. Como resultado, tenemos una ministra de la política que no tiene ni tiempo ni capacidad para revisar y dar seguimiento a los asuntos del interior. Huelga decir que la gestión de la política es un desastre y la seguridad ciudadana pues, bien gracias. Está como está, que no es mejor que hace dos años sino mucho, mucho peor.
Por otro lado, podemos analizar el comportamiento de todos los actores involucrados. Como es bien sabido, la posibilidad de cometer un acto delictivo es inversamente proporcional a la percepción que pueda tener el delincuente sobre la posibilidad de ser sancionado en el sistema de justicia. Es decir, si creo que por cometer un asalto y ser capturado, es altamente posible que sea penado con años de cárcel, es probable que prefiera no cometer el delito. Para que la percepción del delincuente sea la de que el sistema de justicia funciona. ¡El sistema debe funcionar!, pero en su afán de deshacer la “metida de mano” a la justicia que supuestamente hizo el gobierno de Correa, y gracias a la cual, el sistema funcionaba, relativamente mejor; el gobierno de Moreno dejó que otros manipulen la justicia para cambiar las condiciones y convertir el sistema, otra vez, en un absoluto desastre. No solo eso, si desde la cabeza no existe preocupación constante por evaluar y corregir el desempeño del sistema, a los demás actores les empieza a importar menos. ¿Cuántas veces se ha reunido Moreno con el sector justicia? Ninguna, lo que hizo fue desarmarlo por completo al eliminar el Ministerio de Justicia (y con ello convertir al Ecuador en el único país en no tener uno en toda la región) sino que además, lo transformó en un asunto del interior, con lo que, la ministra de la política, que no es muy buena en resolver los asuntos de la política, no puede atender los asuntos del interior (porque no tiene tiempo y además es incapaz), y, peor aún, los de la justicia (en donde, derechamente, ha dejado que sea el socialcristianismo quien se haga cargo). ¿Qué decir entonces de los operadores de justicia? La Policía, devenida –otra vez– en órgano de represión, no tiene ni tiempo ni ganas de cumplir su parte. Los fiscales que podrían investigar los hechos delictivos no lo hacen porque los Fiscales Generales han estado dedicados a ser brazos ejecutores de la política persecutoria del gobierno y no han hecho nada por mantener, al menos, el nivel de gestión que hubo en el periodo 2011–2017.
Finalmente, recordemos la evolución de las condiciones económicas desde mayo 2017 hasta la actualidad.
También es sabido que no todo delincuente lo es porque quiere serlo. Es una cuestión de condiciones. Si consigo trabajo honrado, ¿por qué delinquir? Pero, obviamente, si el trabajo se acaba porque las empresas pierden mercado a consecuencia de que ha disminuido el consumo gracias a las decisiones económicas que ha asumido el gobierno y que se han dirigido a mantener satisfechas a las élites rentistas y financieras en perjuicio de las clases medias y populares, varios de los que quedan en el desempleo, optarán por delinquir.
No quiero entrar en otros detalles que seguro el lector estará apuntando, como las oleadas migratorias, porque no se puede asumir que todos los inmigrantes que ingresan al país son delincuentes, tal como sugirió en algún momento el muy locuaz, pero nada inteligente Secretario de Comunicación. Además, porque no quiero desviar la atención sobre el problema de fondo en materia de seguridad ciudadana y que es la ausencia de gobierno. Si no hay gobierno que valga, la inseguridad campea. Si el gobierno desarma las instituciones (supuestamente para desarticular la red de impunidad relativa que habría montado Correa, cuando en realidad parece ser que es para instalar una red de impunidad absoluta para todos los casos de corrupción del gobierno actual) los que sufren son los ciudadanos de a pie, no las grandes élites, las que, al contrario, se podrían beneficiar de un sistema de justicia que podría volverse un poco más “comercial”.