El espionaje ecuatoriano ha quedado revelado en toda su plenitud. Pese a que ahora todo lo que se “destapa” y denuncia, cae -de alguna manera- en el sensacionalismo, son necesarias las aclaraciones oficiales. Aunque de partida sepamos que para el gobierno todo se explica de la misma manera: “es responsabilidad del correísmo”. Probablemente, digan que Rafael Correa está detrás del espionaje y de su difusión. Ya nada sorprende.
Lo que viene a continuación servirá para entender cómo actúa el régimen de Lenín Moreno Garcés, sus ministros, sus acólitos y uno que otro periodista entregado al gobierno quien sabe a cambio de qué.
La historia va así:
Una alta autoridad del régimen me comentó vía mensaje de texto que mi teléfono estaba pinchado. Lo hizo en base al respeto que nos tenemos y le pedí que me confirmara si solo era yo. No me dijo más. Evadió cualquier explicación. Supongo que fue porque su teléfono también podría estar pinchado. Tomé contacto con un funcionario del aparato de inteligencia, con quien me une una larga amistad, y me lo confirmó. Añadió algo más: “Son muchos teléfonos pinchados. No te imaginas de quiénes más”. Evidentemente, como no tengo nada que ocultar o cuidar en mis llamadas o mensajes (salvo el uso que hacen de eso los de siempre, esos aparatos de persecución que montan casos y forjan procesos), me quedé con la duda y esperé con tiempo la oportunidad de preguntar a la máxima autoridad de este país o a quien, en la práctica, dirige la política de represión estatal.
En efecto, el 18 de mayo pasado, en la rueda de prensa sobre la pandemia (en esos días se hacían casi a diario), le pregunté a la ministra María Paula Romo sobre este asunto y en tono irónico respondió:
a) “No hay que creer lo que dicen las redes sociales”. Nunca le pregunté por lo que dicen las redes, sino lo que pasaba conmigo y otras personas, entre ellas actores políticos.
b) Que era imposible un seguimiento con escuchas telefónicas porque “eso solo se hace con orden judicial”. Y acotó: “Nosotros no hacemos eso. Se lo ratifico, lo vuelvo a decir: este gobierno no hace eso, nuestras instituciones son democráticas. Incluso he recibido críticas porque me dicen dónde está tal persona, que la identifiquen y mi respuesta ha sido: sin un una orden judicial no nos corresponde a nosotros hacer un seguimiento y menos la intervención de un teléfono”.
c) Entonces, llegó la ironía de la ministra y su conocida estrategia de desviar la atención cuando se siente increpada, que luego retoma un periodista pelagato: “Si alguien [ese alguien era yo] presume algo así me hago dos preguntas: ¿No será un problema de conciencia? Nosotros no lo hacemos, pero el gobierno anterior sí lo hacía. Es difícil de creer para quienes han estado acostumbrados durante muchos años a que suceda”. No mencionó la otra pregunta, pero evidentemente la alusión estaba dada. Sin embargo, su respuesta ahora quedó en la nada, como lo evidenciaré más adelante.
d) Casi de inmediato, el 20 de mayo, en su “columna” en el diario Expreso, el “periodista” Roberto Aguilar salió en defensa de la ministra Romo, por supuesto, atacándome en su columna sin ningún sentido, y haciendo acusaciones difamatorias desde el titular y con la clara tarea de desvirtuar un asunto que a un periodista profesional -al menos- le habría preocupado, y de ser necesario hubiera buscado la contrastación o verificación del asunto.
e) A más de defender a su ministra, Aguilar aprovechó la ocasión para injuriar porque lo de fondo (el espionaje) no es de su preocupación por la ceguera gobiernista que lo arropa. Menciona que en mi cargo de editor (en realidad fui director y la diferencia sí es grande, parece que se olvida cómo funciona un diario) “publicaba información confidencial (de Martha Roldós) extraída de correos personales”. No hay una sola evidencia de que yo haya hecho eso y menos aún el periódico. Esa falsedad la montaron, y Aguilar no ha tenido el “detalle” de revisar la publicación sobre el tema del financiamiento de agencias de seguridad estadounidense al portal Mil Hojas. Martha Roldós y Juan Carlos Calderón conocen perfectamente que son documentos públicos de EE.UU., pero es verdad que la conciencia culposa los llevó a acusar de espionaje a quienes lo descubrimos, en lugar de explicar el origen del dinero recibido para el funcionamiento de un portal que ya sabemos para qué sirve.
f) La semana pasada circularon varios links de las interceptaciones a correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas:
https://telegra.ph/Moreno-EspionajeFaustoJarrin-07-03
https://telegra.ph/El-Moreno-Espionaje-06-30
https://telegra.ph/Moreno-Espionaje-07-01
https://telegra.ph/Moreno-EspionajeRonyAleaga-07-03
https://telegra.ph/Moreno-EspionajeGuillermoLasso-07-03
https://telegra.ph/Moreno-Espionaje-JorgeGlas-07-03
Todos y cada uno de esos enlaces desdicen a Romo (y a Aguilar), les demuestra cómo ha sido el espionaje en Ecuador en estos últimos tres años. En lo fundamental, Romo dice que no es su costumbre y que se requiere de una orden judicial, entonces: ¿Rafael Correa o Jaime Nebot están incursos en una investigación judicial de la que no tenemos conocimiento o es que ella, la ministra Romo, no se ha enterado (y seguramente también está interceptada) porque no es el gobierno ni sus aparatos de inteligencia quienes ejecutan el espionaje?
g) Lo ocurrido no es una cosa menor. Todo lo contrario. Interceptan los teléfonos de sus aliados en el gobierno: Jaime Nebot, Guillermo Lasso y Gustavo Larrea. Pero, quizás lo más serio, es que no solo espían a los militantes y dirigentes de la Revolución Ciudadana, sino también a los abogados defensores de Rafael Correa y Jorge Glas. Interceptar las comunicaciones del abogado Fausto Jarrín es un delito grave y tipificado en leyes nacionales y compromisos con organismos internacionales. Querer conocer su estrategia de defensa con algún propósito claramente oscuro es vulnerar por completo el derecho a una defensa legítima y justa. Los portales que divulgan los cables señalan:
“Lenin Moreno necesitaba tener en la mira al abogado Fausto Jarrin, quien es patrocinador de Rafael Correa, ex aliado de Moreno y para esto utilizó métodos de espionaje y seguimiento para saber los pasos y acciones de Jarrin, filtraciones que les dejamos en esta primera entrega. (sic)”.
Por todo esto, aquí hay un asunto político que no puede subestimarse por ninguna organización política y, menos aún, por las entidades de la llamada sociedad civil. Esta intromisión, espionaje y filtración de comunicaciones privadas es una evidente violación a la intimidad reconocida por la Constitución de la República del Ecuador, artículo 66, numerales 20 y 21[1]; así como en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 11, numerales 2 y 3[2].
Además, se habría cometido el delito tipificado en el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal:
“Art. 178.- Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y vídeo en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley”.
Aunque la corrupción sea un tópico en Ecuador que arrastra a todos al comentario y al debate, para una democracia (tal como ya ocurre en Colombia, Brasil y Argentina, por lo realizado por Iván Duque, Jair Bolsonaro y Mauricio Macri) no es cualquier cosa dejar por fuera de la discusión pública la interceptación de comunicaciones, porque -además- quedan en evidencia los colaboradores más cercanos a Moreno. Hay acciones probadas (con altos presupuestos) de una acción ilegal y antidemocrática. Ojalá que esto no sea para que en el proceso electoral cercano ocurran supuestas revelaciones, para sembrar desconcierto con el único fin de apoyar al candidato de la derecha y a los aparatos de seguridad del continente, tal como ocurre ahora en Bolivia.
[1] “20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
[2] “2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.” (Convención Americana de Derechos Humanos, 1978).