Por Fidel Narváez
La reciente alianza del presidente ecuatoriano Daniel Noboa con Eric Prince, un mercenario cuyas empresas están marcadas por crímenes y violaciones a derechos humanos, evidencia la desesperación de un mandatario que enfrenta una inminente derrota electoral este 13 de abril 2025.
Desde la presidencia de Lenín Moreno en 2017, Ecuador ha enfrentado una debacle económica y social que ha convertido a la inseguridad en su problema más crítico. El país, que alguna vez fue el segundo más seguro de Latinoamérica, ahora lidera la región en violencia y se ha transformado en el principal emisor de droga hacia Europa. Este rápido deterioro, de hecho, la gestación más veloz de un nuevo narcoestado ha sentado las bases para la implementación de lo que se conoce como la «doctrina del shock», donde el neoliberalismo aprovecha situaciones extremas para imponer políticas drásticas. En el caso ecuatoriano, esta tragedia no es consecuencia de desastres naturales ni guerras, sino del deliberado debilitamiento de las capacidades del Estado.
La declaración de «guerra interna» por parte del gobierno de Noboa no solo ha fracasado en reducir la violencia, sino que ha generado violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y policiales. Ante este fracaso, el presidente, respaldado por una parte de la población atemorizada, ha endurecido las leyes e insiste con una estrategia de represión que claramente no produce soluciones reales.
La alianza con Eric Prince, fundador de la controvertida empresa Blackwater (ahora Academi), es quizás la más denigrante de las estrategias de distracción del gobierno. No de gratis Blackwater tiene el prontuario criminal más abultado de su especie, por lo cual ha sido llevada a tribunales en numerosas ocasiones. Para muestra, un botón: la acción civil No. 1:09-cv-618, presentada en 2009 ante una corte estadounidense (disponible en los archivos de WikiLeaks https://file.wikileaks.org/file/xe-blackwater-warcrimes-and-complaint-2009.pdf ). En esta demanda, una veintena de iraquíes denunciaron una serie de crímenes, incluyendo asesinatos y actos de violencia indiscriminada.
Entre los incidentes documentados está un tiroteo en julio 2007, donde un auto civil fue baleado por los mercenarios, resultando en la muerte de un niño de nueve años, de una bebé y varios heridos “Los gatilleros dispararon a la madre por la espalda mientras intentaba proteger a su hija de tres meses, quien recibió un disparo en la cara”, se describe. En febrero 2007, a una mujer de 37 años le mataron con un disparo en la cabeza cuando “se dirigía en coche a su oficina, situada cerca del Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí…”. Ese mismo mes, tres guardias de seguridad fueron asesinados: “uno estaba en un balcón, fue disparado sin razón, otros dos acudieron a socorrerlo y también fueron abatidos sin razón…”. En julio 2005 un taxista fue abaleado con “… munición prohibida, que explota y causa el máximo daño físico…”. En agosto 2005 a un “profesor de medicina veterinaria en la Universidad de Bagdad” le hirieron “… sin ninguna otra razón que llegar al punto de control antes que él”. Etc., etc.…
La demanda acusa a la empresa de Eric Prince de estar involucrada en: “asesinatos, contrabando de armas, blanqueo de dinero, evasión de impuestos, secuestros, prostitución infantil… destrucción de pruebas…”., y de no impedir “que sus empleados lleven sus armas cuando están bebiendo alcohol o consumiendo drogas”
Una demanda así no podía haberse presentado ante la justicia iraquí, porque los empleados del nuevo amigo de Daniel Noboa gozan de inmunidad en donde delinquen. La misma inmunidad que el Ecuador actual ya ha concedido a los norteamericanos en el “Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas” vigente desde febrero 2024. Incluso en Estados Unidos, esta demanda fue desestimada en 2011, argumentando que los contratistas privados que operan bajo contratos gubernamentales en zonas de conflicto gozan de inmunidad.
Que un presidente recurra a un criminal como Prince para ofrecerle un contrato gubernamental, sin que esto sea un escándalo, significa que la debacle del país es sobre todo moral. Pero pedirle explicaciones a alguien que se jacta de invadir embajadas, que aplaude la deportación de sus propios conciudadanos y que no ha protestado cuando estos han sido tratados como esclavos, deportados encadenados, resulta inútil. Las preguntas más bien deben dirigirse a los oficiales patriotas ecuatorianos: ¿permitirán que mercenarios extranjeros dicten cómo actuar en su propio país?
Finalmente, una reflexión indignada para cada ecuatoriano que acudirá a las urnas este 13 de abril: ¿Vamos a ponerle fin a esta debacle moral que está destruyendo al Ecuador?