Editorial RutaKrítica

Hace un año ganó la segunda vuelta electoral Lenín Moreno, con un estrecho margen. Y el perdedor y sus seguidores desataron la más feroz campaña aludiendo que se había cometido un fraude. La OEA y otros organismos, además de algunas personalidades expertas en temas electorales descartaron esa posibilidad. Aún así hubo un revuelo que incluyó condenas viralizadas en las redes sociales, entrevistas, manifiestos, comunicados y denuncias internacionales, incluso de algunas personas que ahora trabajan muy cerca del actual mandatario.

Paradójicamente quienes forjaron la tesis de la ilegitimidad son ahora los que legitiman al gobierno, sus acciones y políticas, en la mayoría de los casos sin atinar a explicar su conducta, más allá de lo obvio: todo lo propuesto por la oposición en la campaña presidencial lo hace ahora quien fue la principal “víctima” de esa oposición.

Entonces, esta nueva situación revela a una oposición poco coherente con sus supuestos principios y acciones. Al mismo tiempo descubre a un mandatario sin un discurso propio para esa oposición, en detrimento de su propio movimiento, el que lo llevó al poder. Y estas dos circunstancias revelan un escenario con una dosis demasiado fuerte de incredulidad, desconcierto y también desconfianza en los actores políticos.

Es cierto que se requieren opositores con principios, favorables al diálogo y la negociación; y un gobierno está en la obligación de cumplir su oferta de campaña, dejar de lado las diferencias circunstanciales y administrar el Estado para todos sus ciudadanos. Pero la crisis política que vive Ecuador -a un año de sus últimas elecciones presidenciales- tiene su origen ahí: satisfacer a la oposición en casi todo, gobernar con base en las presiones de los grupos corporativos y mediáticos, dejar de lado una agenda propia y definir su comportamiento político para no “avivar el avispero”. En consecuencia: los verdaderos ganadores de la segunda vuelta no fueron ni siquiera los dos candidatos sino un aparato ideológico y político que se impone gracias a la presión mediática y a la negociación a puerta cerrada, a espaldas de la propia militancia del movimiento PAIS, su programa gobierno y de los procesos de diálogo con los sectores sociales (prueba de ello es la decisión de la CONAIE de la semana pasada).

En realidad nos atrevemos a decir que más que un fraude electoral el año pasado ocurrió un fraude político para y con la sociedad ecuatoriana, con los electores y sus demandas de gobernabilidad, mayor bienestar y la política al servicio de los grandes intereses y no de los grupos de presión.

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