Fue Franklin D. Roosevelt, cuatro veces presidente de los Estados Unidos, quien inauguró la que se convertiría en una nueva tradición política en el mundo occidental: en marzo de 1933, cuando tomó posesión por primera vez anunció que su gobierno impulsaría un Nuevo Pacto (New Deal) para sacar a su país de la profunda crisis en que se encontraba, para lo cual tomaría algunas medidas de urgencia durante sus primeros 100 días de gobierno. El próximo 11 de marzo se cumplirá la primera centena de las intensas jornadas de trabajo del joven gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México. Viene a cuento lo de los 100 días de Roosevelt no sólo por el simbolismo repetido, casi un siglo después, por el Presidente mexicano, quien acaba de anunciar que hará un balance público durante la fecha anotada; más relevante aún resulta notar interesantes paralelismos entre los programas de gobierno de uno y otro, salvando las abismales diferencias existentes entre la potencia imperial norteamericana de los años treinta y el México periférico y dependiente de la segunda década del siglo XXI.
Como nos recuerda Esteban Garaiz fue el propio AMLO quien en La gran tentación. El petróleo de México (2008), uno de los 17 libros que ha publicado, comentó con admiración las primeras acciones emprendidas por Roosevelt para empujar el New Deal: “construir obras públicas para reanimar el empleo, subsidiar los precios agrícolas para frenar la ruina de los granjeros; unificar y desarrollar las políticas asistenciales para reducir la pobreza; someter las instituciones financieras a un riguroso control político y reglamentar las relaciones entre capital y trabajo, para estimular la producción industrial y mejorar, al mismo tiempo, las condiciones de vida de los trabajadores”. Para quien siga el devenir político de México no será difícil reconocer la inspiración rooseveltiana de algunas de las principales iniciativas de AMLO quien, en el mismo libro, insistió que además de frenar los efectos más nocivos de la crisis, las primeras medidas del New Deal generaron esperanza entre el pueblo norteamericano, anhelante de transformaciones futuras. Menciono lo de la esperanza porque es una dimensión subjetiva muy importante de cualquier proyecto político que se pretenda transformador, pues se puede volver un elemento clave de la movilización social que lo acompañe.
Y es tal vez eso, la regeneración de la esperanza, uno de los principales síntomas de la coyuntura actual, lo que se percibe no sólo en el ambiente cotidiano, sino que de alguna manera también se refleja en los niveles de confianza y simpatía que goza la cabeza del proceso autodenominado la Cuarta Transformación (4T), cuya popularidad oscila entre el 80 y el 85%, según las fuentes. Pero, más allá de los números, en esta ocasión me gustaría comentar cuatro aspectos que considero relevantes del arranque del gobierno.
1. Un gobierno que da la cara.
En una sociedad que se pretenda democrática el problema de la interlocución de los gobernantes con la ciudadanía y los medios de comunicación no es menor; allí se juega no sólo la transparencia, la posibilidad de fiscalización, sino también la capacidad de construcción de hegemonía, de gobernar con consenso. En este plano, AMLO tomó el toro por los cuernos, asumiendo el reto de exponerse cotidianamente al cuestionamiento mediático a través de las conferencias de prensa que diariamente ofrece al despuntar la mañana, por lo que han sido bautizadas por el ingenio popular como las mañaneras, las cuales también están funcionando como un ejercicio de pedagogía política de masas, al mantener al pueblo permanentemente informado de la gestión gubernamental y exponerse al ojo crítico de los medios, incluidos los no dominantes.
2. Defensa de la riqueza pública.
Uno de los mayores problemas de México es el saqueo sistemático por múltiples vías (corrupción, robo, desvío de recursos…) de la riqueza pública. Uno de los casos más graves es el robo sistemático de combustible operado a múltiples niveles (desde la alta gerencia de PEMEX hasta las más empobrecidas comunidades que ordeñan las tuberías), popularmente conocido como huachicoleo. Desde los primeros días de gobierno, el Ejecutivo emprendió una lucha sin cuartel contra estas prácticas que le costaron al país, durante los últimos tres años, alrededor de 7 mil quinientos millones de dólares. Por lo pronto, han comenzado combatiendo a los huachicoleros de pequeña y mediana escala, quedando aún pendiente sanear de arriba abajo a la petrolera estatal, a la cual también se le inyectarán ingentes recursos para fortalecer su capacidad de inversión, que había sido deliberadamente descuidada por los gobiernos neoliberales, en aras de recuperar la soberanía energética deteriorada.
3. Nueva regulación de la relación capital/trabajo e inversión pública
Como respuesta a los casi cuarenta años de deterioro progresivo del salario real, una de las primeras acciones tomadas fue aumentar el salario mínimo en poco más de 16%, lo que significa el mayor incremento en casi un cuarto de siglo; y, como una medida adicional para retener en el país a la mano de obra potencialmente migrante, se decretó un aumento del doble en los municipios fronterizos con los Estados Unidos. Esta disposición fue resistida por no pocas empresas, lo que desató, por primera vez en mucho tiempo, una oleada de huelgas, principalmente de las y los trabajadores de las industrias maquiladoras de la ciudad de Matamoros (65 mil huelguistas de 45 empresas). Paralelamente, AMLO ha comprometido a importantes grupos empresariales a sumar esfuerzos para que la inversión privada complemente a los ambiciosos programas de inversión pública para el desarrollo de infraestructura a lo largo del país, lo cual traería aparejada una mayor oferta de puestos de trabajo. Cabe mencionar que esta apuesta no está exenta de contradicciones, entre las que destaca la oposición de algunos grupos sociales (indígenas, campesinos) a determinados proyectos de desarrollo que se consideran potencialmente perjudiciales a los territorios que habitan, lo cual representa un desafío no menor para el nuevo gobierno.
4. Política internacional
Como es más o menos de conocimiento público, pese a los rasgos autoritarios en política interna de los diferentes gobiernos del PRI durante la seguna mitad del siglo XX, el régimen emanado de la Revolución Mexicana mantuvo una política exterior basada en el principio general de no intervención y, en el caso particular de su relación con América Latina, de solidaridad con sus pueblos. No obstante, esa tradición fue puesta en cuestión durante las últimas décadas, sobre todo bajo los gobiernos del derechisata Partido Acción Nacional (V. Fox y F. Calderón) y del “nuevo” PRI de Peña Nieto, los cuales plegaron cada vez más a los designios del Departamento de Estado norteamericano. En el marco de la coyuntura venezolana, AMLO ha demostrado que tiene una firme voluntad de retomar ese viejo principio de defensa irrestrticta de la soberanía de los pueblos, al ser no sólo uno de los pocos gobiernos de nuestra región que no se sumó a la avanzada injerencisrta de los Estados Unidos en la nación hermana, sino también a promover activamente mecanismos diplomáticos de diálogo político que eviten la guerra.
Por estas y otras vías se va esbozando lo que probablemente llegue a ser considerado como uno de los esfuerzos más serios por sentar las bases de un New Deal a la mexicana. Como siempre en la historia, dependerá del propio pueblo que tan lejos se quiera llegar.