Desde hace ocho meses, el país andino empezó a vivir bajo el mando violento del gobierno dictatorial de Jeanine Áñez, cuyos actos violatorios de Derechos Humanos ya generaron serias observaciones de organismos internacionales, como el más reciente de la Universidad de Harvard.
La denominada Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard de Estados Unidos y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) denunciaron “patrones desconcertantes de violaciones de Derechos Humanos desde que el Gobierno interino asumió el poder”, en noviembre de 2019.
En un amplio informe titulado: Nos dispararon como animales, producto de una investigación independiente de seis meses, con dos mil entrevistas realizadas, Harvard exhorta a “un alto a la represión estatal y la violencia”, un vuelco hacia la “rendición de cuentas y la justicia”, y a allanar el camino hacia “unas elecciones libres y justas”.
La reacción inmediata vino del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), quien advierte que debiera preocupar la proyección de esa imagen negativa hacia el mundo. El también expresidente de la Corte Suprema de Justicia y exagente de Bolivia en La Haya, remarca que el organismo de Harvard, donde él estudió, cuenta con amplia trayectoria y respeto en el ámbito de los Derechos Humanos.
“El reporte documenta uno de los periodos más letales y represivos de las últimas décadas en Bolivia, así como el miedo creciente de comunidades indígenas y personas críticas del gobierno de que sus vidas y su seguridad están en peligro”, dicta un comunicado de la institución, conocida como la “Clínica”.
“Desde hace ocho meses, el país andino empezó a vivir bajo el mando violento del gobierno dictatorial de Jeanine Áñez, cuyos actos violatorios de Derechos Humanos ya generaron serias observaciones de organismos internacionales, como el más reciente de la Universidad de Harvard”
Por ello, el informe destaca la existencia de “ejecuciones sumarias y represión generalizada”. En la memoria se registra las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal. Innumerables casos de persecución judicial –política sistemática aplicadas en un Estado de no Derecho, como lo nombró el jurista internacional Raúl Zaffaroni–.
Bolivia, que fue un referente en el avance de los Derechos Humanos de mujeres, pueblos indígenas, afrobolivianos, discapacitados, comunidad LGBTIQ+, entre otros sectores, hoy presenta profundos retrocesos que son registrados en sendos documentos del Centro de Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research – CEPR), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
La revisión de la historia boliviana da cuenta que este periodo solo se asemeja a la “masacre del gas” (2003) en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Es precisamente su exvicepresidente, Carlos Mesa, quien desde el año pasado pugna en la contienda electoral y quien encendió la mecha del supuesto “fraude monumental” en octubre de 2019, acusando al Movimiento Al Socialismo (MAS) de su autoría. Hasta la fecha no fue demostrado en las instancias judiciales bolivianas.
Aún con toda la represión desplegada, el MAS sigue punteando en las encuestas. En el imaginario popular esta es la única opción que devolverá dignidad, estabilidad y salud al pueblo boliviano.
Tomado de Correo del Alba