Por Christian Palacios Tamayo

Siendo las 20H00, los Agentes de Seguridad Penitenciaria disponen la salida de las personas privadas de la libertad en adelante PPL de “La Lagartera”, hacia el patio del Pabellón de Tránsito. Adormitados, semidesnudos, sedientos, sucios y hambrientos, salen los recién llegados de aquellas oscuras e inhumanas celdas de dos por tres metros, en las que habitan aproximadamente veinte personas. Mientras caminan por los pasillos, son agredidos por los Guías Penitenciarios, por los miembros de las bandas, y por el “Comandante” de su pabellón. Les exigen, a punta de golpes e insultos que, apresuren su paso lo más rápido posible, hacia el patio en el que están ubicadas las duchas. Se escuchan las directrices: “Tienen cinco minutos para echarse agua, limpiarse aunque no tengan jabón, en grupos de veinte personas por cada lavadero”. En ese mismo tiempo deben ir a desocuparse en los inodoros por única vez en el día, y además, aprovechar para respirar el aire de la intemperie, placer que se pasa por desapercibido entre aquellos que nunca han experimentado el cautiverio.

En “La Lagartera”, llamado oficialmente pabellón Transitorio, se ubican los presos que acaban de ingresar a la Penitenciaría. Allí se espera  al rededor de 5 días, hasta ser asignado en algún pabellón de manera definitiva. Aquí  se reparte el servicio de alimentación a penas una vez al día, no hay espacio suficiente ni para estar sentado, menos para acostarse, y no se puede ver nunca la luz del sol, por lo tanto, no se tienen ni fuerzas para mantenerse en pie. El único momento que se les permite salir a tomar una ducha es en la noche.

Esta noche, los guías y los policías de guardia, “pasan la contada” una y otra vez, porque les falta uno. Gritan e insultan a los reos. Los agentes de seguridad penitenciaria amenazan con llamar “al comandante” de la prisión si no aparece el reo faltante. Tómese en cuenta que, “el comandante” es otro Privado de Libertad, a quienes acuden los funcionarios para imponer autoridad, puesto que es el delegado de una de las bandas, para gobernar la prisión.

Nuevamente se escuchan gritos, esta vez son los PPL de los calabozos de “La Lagartera”: ¡Ya apareció! Aquí hay uno. Es “el pelado” de 18 años que cayó hace una semana. No sabemos si está desmayado o muerto, pero no se mueve. Sí. Aquí hay uno. ¡Ese no salió a la contada!

(Diario de campo, 21 de Agosto de 2020)

Cuando comencé mi investigación en el Centro de Detención Provisional (CDP) de la Penitenciaría del Litoral decidí releer Vigilar y castigar, de Michel Foucault, con una interrogante como clave de lectura para superar el cliché: ¿La Penitenciaría del Litoral es una máquina de disciplinamiento del Estado? Me cuestionaba al leer las afirmaciones de Foucault entorno al Estado como soberano de los cuerpos de los prisioneros, sobre la cárcel como Institución correccional, o como dispositivo en el que sus funcionarios lo controlan todo, pues su arquitectura panóptica les permite observar todo, sin ser observados. En otras palabras, sentía que esta obra emblemática no podía ser mi brújula para describir los fenómenos sociales que se experimentan al interior de esta cárcel de Guayaquil.[1]

En esa búsqueda incesante viví más de una crisis, e incluso me cuestioné entorno a la relevancia de investigar sobre una institución estatal que a todas luces no cumple con su función social: La Penitenciaría del Litoral no es un centro de rehabilitación social, es decir, no es un dispositivo que el Estado emplea para corregir a sus ciudadanos, ni para disciplinar sus cuerpos, ni sus conductas, ni tampoco propicia espacios o tiempos para realizar actividades ejemplares como el trabajo, la lectura, o el deporte. Es decir, después de leer “el manual de las prisiones” escrito por Foucault, concluí que las cárceles de Ecuador son un completo fracaso.

Meses después me había convertido en un asiduo lector de las obras de Foucault, con la esperanza de encontrar en otro de sus libros, alguna luz que guíe mis derroteros como investigador del fenómeno carcelario en el Ecuador. Sin embargo, cada vez me sentía más perdido. Entre el Twitter y la ansiedad que me generan las lecturas sin brújula, recibí el golpe de la masacre de la Penitenciaría del Litoral del 24 de Septiembre de 2021. Esto me sacó de mi papel de investigador, y me ubicó en medio aquellos que sufrimos el dolor de los muertos de la cárcel. No pude seguir mirando como un espectador, por más académico que sea, la muerte a la distancia. Me afectó humanamente porque también habité en “el cementerio de los vivos”, e incluso conocí a algunos de los degollados. Cuando reconocí sus rostros en las imágenes cruentas que circularon en redes sociales sólo pude imaginarme en su lugar, o a mi madre desesperada en los predios del kilómetro 17 vía a Daule.

Este golpe me llevó a replantear mi hipótesis de investigación. Las cárceles sí están cumpliendo con su función. Sin embargo, su función es otra: eliminar sistemáticamente a los más pobres. Hubiera querido gritar ¡Eureka! con la caída de una manzana en mi cabeza, y no con la muerte de cien seres humanos, pero los académicos de América Latina no contamos historias color de rosa que surgen en la vita contemplativa, sino que pretendemos reflexionar a partir de la memoria de resistencia de los oprimidos, y de nuestra vita activa (Nietzsche 2003).

(Wacquant 2010, 195) cuestiona la mirada securitista de la llamada política de “tolerancia cero”, que en nuestro país Guillermo Lasso la ha denominado: “Mano de hierro contra la delincuencia”, porque su ejecución conlleva prácticas de “intolerancia selectiva” y de criminalización de las clases populares. Su objetivo no es la ampliación de oportunidades por medio de la generación del empleo pleno, ni la democratización de la educación pública, sino la construcción de muros que garanticen la desaparición de los más pobres de la escena pública a cualquier costo, incluso con su muerte. “Transforma un problema político, signado por la desigualdad económica y la inseguridad social, en un problema de criminalidad” (Wacquant 2010, 196). Para eso utiliza el sistema policial, carcelario y judicial a fin de no tener que tratar la realidad política y económica que está detrás de él, porque esto implicaría la reducción de brechas y de los privilegios de clase de las élites que hoy nos gobiernan.

Si revisamos algunas cifras con base en el archivo maestro 2020 del CDP de Guayaquil, sobre los detenidos y sus delitos en los años 2018 al 2020, podemos corroborar el argumento central de Wacquant: Las políticas securitistas solo construyen muros de exclusión para los más pobres porque no reducen la pobreza, y las cárceles no son otra cosa que dispositivos funcionales a la perpetuación de dicha exclusión y desigualdad: Por ejemplo, de los 12.730 procesados en el lapso de tiempo mencionado, el 24,6% jamás accedió a ningún nivel de educación; el 20,5% a penas alcanzó la educación básica; el 48,9% alcanzó el bachillerato; y apenas el 4,1% obtuvo un título de educación superior. 

Otro dato alarmante, se ubica en la dimensión del empleo, pues los PPL que trabajaban antes de la detención son el 51,7%, frente a uno 48,2% que jamás accedió a ninguna clase de empleo. Sin embargo, al analizar la cifra de trabajadores, antes de su detención podemos percatarnos que a penas el 8,2% de ellos accedió a un empleo pleno, frente a un 90% de trabajadores informales, emprendedores, o de quienes laboraban esporádicamente sin ningún beneficio de ley.  Wacquant, sostiene que la primera característica del régimen de pobreza neoliberal es la “desocialización del trabajo”, que es la destrucción del contrato de trabajo clásico a cambio de nuevas formas de trabajo precarizado, al cual, siguen accediendo unos pocos, y a pesar de ello, su salario no satisface sus necesidades básicas, y continúa recrudeciendo la sistemática perpetuación de la pobreza.

Ahora bien, para quienes no están convencidos que la pobreza es un factor de riesgo para ser encarcelado en este país, comparto el desagregado de infracciones y delitos de los procesados entre 2018 y 2020 en Guayaquil:

Fuente: Elaborada por el autor. Tomada de Archivo Maestro CDP Guayaquil 2018-2020.

Ahora bien, mi reencuentro con Foucault se dio en la etapa posterior a sus investigaciones sobre gobierno y disciplinamiento de los cuerpos, pues allí dedicó su estudio al vínculo entre gubernamentalidad y biopolítica.  Entendemos biopolítica como el poder sobre la vida a través de tecnologías de dominación tales como leyes y políticas públicas para la gestión de la vida humana en tanto especie, para garantizar que la población y la sociedad, mantengan su status quo (Foucault 2006a). En otras palabras, el Estado neoliberal regula la distribución y el crecimiento de la población por medio del asesinato indirecto. Sin necesidad de asesinar a poblaciones enteras, estas mueren como consecuencia de que el Estado no hace algo por ellas. El campo biológico controlado por el biopoder se fragmenta en una jerarquía de razas, y los que están en la parte inferior son los que son abandonados para morir (Foucault, 2006b).

Como si los datos anteriormente presentados fueran poco, comparto la distribución por edades. De esta manera, con corte 04 de septiembre de 2.020: 4.429 procesados, es decir: el 38,7% tenía entre 18 y 29 años. 4.175, es decir: el 36,5 % tenía entre 30 y 40 años. Así mismo, 2.656 procesados eran mayores de 40 años, es decir: el 23,2%. Pero esto no es todo, recordemos que en la última masacre de la Penitenciaría del Litoral, el 61% de los asesinados tenían entre 20 y 30 años.

Con estas cifras sí parece verídico que el Estado ecuatoriano quiere eliminar la pobreza de raíz. Los habitantes de los barrios populares, y los pobres que sobreviven en las cárceles, se encuentran en total desprotección. Habitan en los Estados de excepción, entendidos, no como momentos específicos, sino como espacios en los que el Estado incluye a los que están en sus márgenes, regularizando su exclusión y su muerte (Estévez 2018). En otras palabras, la gubernamentalidad neoliberal se ha transformado en la regulación de la muerte por medio de las condiciones extremas producidas por el capital.

 Siendo así, el concepto de biopolítica no nos es suficiente, pues en lugar de “dejar vivir, y de hacer morir”, el poder estatal tiene aquí el objetivo de “hacer vivir, y de dejar morir”, para controlar a la población y perpetuar los privilegios de las élites. De ahí, el término necropolítica: la política de la muerte, pues para Gržinić en su reinterpretación y radicalización de la biopolítica de Foucault, es la muerte, más que la vida, la que se encuentra al centro de la biopolítica neoliberal, transformándola en necropolítica (Estévez 2018).

Referencias bibliográficas

Estévez, Adriadna. 2018. Biopolítica y necropolítica: ¿constitutivos u opuestos? Teoría y debate. N 73. México.

Foucault, Michel. 2006. Defender la sociedad. México, Fondo de Cultura Económica.

Foucault, Michel. 2006. Seguridad, territorio, población. México, Fondo de Cultura Económica.

Mmembe, Achille. 2006. Necropolítica. Sobre el gobierno privado indirecto, Madrid, Melusina.

Niezstche, Friedrich. 2003. La filosofía en la época trágica de los griegos. Trad. Luis

Fernández Moreno Claros, Madrid, Valdemar.

Wacquant, Loic. 2010. Las dos caras de un gueto. Buenos Aires, Siglo Veintiuno.


* Licenciado en Ciencias de la Educación, por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Master en Investigación en Educación, por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Maestrante Sociología Política, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador.

Docente Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil.

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