Por Gonzalo J. Paredes
El recetario de Moreno, Lasso y Noboa en el país dolarizado de Ecuador
Los manuales de macroeconomía nos enseñan cómo la economía puede crecer o con qué herramientas cuenta los hacedores de política económica para promover el crecimiento. Asimismo, nos dicen qué puede estar mal para que los esfuerzos se sumen en corregir los desbalances o los desequilibrios. Por ejemplo, un tipo de cambio real desalineado. Sin embargo, jamás en esos libros se enseñan cómo dinamitar los cimientos de una economía en expansión. Ecuador es una muestra de cómo destruir las condiciones inmediatas para crecer y las estructurales en el largo plazo.
Era 21 de julio de 2017 y el presidente de la República Lenín Moreno Garcés se preparaba para una cadena nacional. Su discurso estaba enfocado en sostener que la deuda pública era difícil de manejar, que existían rubros que no estaban contabilizados y que la “mesa no estaba servida”. El monto de la deuda pública ascendía, según él, a más de USD 57 mil millones. Si bien es cierto que el ajuste fiscal exigido se implementaría con fuerza en 2018, Moreno en ese mensaje a la Nación plantó la semilla de la destrucción al sostener que el país estaba sobreendeudado. Esta afirmación fue la primera a nivel del poder ejecutivo, nunca antes se la había hecho y espantó al mercado de capitales. El nivel de deuda pública considerado para analizar su sostenibilidad y la condición de sobreendeudamiento, como dicta el manual de finanzas públicas del FMI, es aquel que se calcula a partir de la deuda consolidada y no de la agregada (como la que mostraba Moreno).
Sin embargo, mucho antes de que Moreno llegara a esa aseveración, analistas (de corte ortodoxo) ya afirmaban que la economía estaba sobreendeudada. Hoy, en 2025, con una deuda que supera los USD 85 mil millones, más del doble de lo que era en diciembre de 2016, esa acusación se ha desvanecido en la retórica de esos mismos analistas. Y, es que el “golpe de fuerza” para desarticular el Estado en 2017 era sostener reiteradamente que el país estaba inmerso en esta condición. En la actualidad, simplemente se lo asume y que se debe continuar con el recorte fiscal cada vez más, aunque eso conlleve mayor inseguridad y estancamiento económico.
Hoy, Ecuador es una economía en desinversión, muy distante de lo que fue entre 2007 y 2016, inclusive en los años donde se desaceleró el crecimiento. El crecimiento de la inversión (FBKF) se desplomó en 2024 cuando ya venía desacelerándose desde el efecto rebote pospandemia en 2021. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación tan decadente? Para recordar, desde 2013, Ecuador fue considerado el “jaguar latinoamericano”, listo para saltar hacia el desarrollo. No fueron los choques externos (2008-2009 y 2015-2016) los que truncaron las posibilidades de abandonar la dependencia externa y generar un crecimiento económico endógeno genuino. El cambio de la política económica en 2017 es la protagonista en esta debacle.
La presidencia de Moreno se encargó de justificar el ajuste fiscal a través de la denuncia del sobreendeudamiento. En julio de 2017, el coeficiente deuda PIB apenas se encontraba por encima del 40 %, en términos agregados. Posteriormente, a partir de mayo de 2018, con Richard Martínez en el ministerio de Economía y Finanzas, redujeron sustancialmente la inversión pública y con la caída del crecimiento económico en 2019, el endeudamiento público alcanzó picos que solo se habían visto cuando la economía era impactada por factores externos, como la caída del precio de barril de petróleo, la apreciación del dólar o el desplome de la demanda de los países centrales.
Mientras la economía se desaceleraba fuertemente, el gobierno tomaba más deuda que no tenía como contrapartida una mayor inversión pública. En el trienio 2018-2020, los desembolsos para el gobierno central llegaron cerca de los USD 30 mil millones. Ciertamente, la pandemia del COVID 19 implicó una mayor toma de deuda como sucedió en muchos de los países en desarrollo, pero gran parte de ese endeudamiento se debió al estancamiento inducido por Moreno y Martínez. EL FMI es corresponsable de la austeridad fiscal promovida, y fue ese organismo internacional el que le bajó el pulgar a Moreno y a Martínez a finales de 2019 cuando el gobierno no pudo llevar a cabo la reducción de los subsidios a la gasolina, las reformas legales en la Asamblea Nacional y esquivar el estancamiento.
En la pospandemia (2021-2024) y bajo el gobierno del banquero Guillermo Lasso, la caída de la inversión pública se profundizó y el crecimiento económico volvió a caer a pesar del efecto rebote en 2021. La austeridad fiscal exigida por el FMI (en los acuerdos de 2019 y 2020) y el estancamiento de los ingresos tributarios conllevaron a un proceso de desinversión pública debido a la falta de mantenimiento de la capacidad instalada hasta 2016 y por el abandono de los proyectos “en proceso” y “por terminar”. El aumento de la productividad que se esperaba para impulsar el crecimiento económico a partir de 2017 no fue posible porque lo impidió la austeridad fiscal. Es por este motivo que la tasa de crecimiento de la economía tuvo siempre tendencia a la baja, a pesar del efecto rebote de 2017 y 2021.
La austeridad provocó otras crisis. Ecuador se convirtió en el país más inseguro no solo de la región, también del mundo. El ajuste fiscal desmontó la política de seguridad y la filtración del crimen organizado en el Estado dejó a una sociedad atemorizada donde emprender e invertir es casi una sentencia de muerte. La otra crisis es la energética. Entre 2013 y 2017 había alcanzado la seguridad energética con capacidad para exportar a los países vecinos. Sin embargo, la desarticulación del Estado suprimió la inversión en el parque termoeléctrico y en otros tipos de generación de energías (limpias, renovables). En el segundo semestre de 2023, Ecuador sufrió “apagones” como en los países que sufren embargos económicos (por parte de Estados Unidos) como Cuba y Venezuela, pero en este caso fue el tipo de política económica implementada.
En noviembre de 2023, Daniel Noboa, el hijo del magnate bananero Álvaro Noboa Pontón, asumió la presidencia de la República con la crisis energética y de seguridad en sus manos. No obstante, continuó con la política de sus antecesores Moreno y Lasso, y con el FMI se llegó a un nuevo acuerdo en mayo de 2024. El resultado fue que las dos crisis se profundizaron con serias consecuencias negativas para el entorno económico. Simplemente, no hay empresario nacional o extranjero que desee invertir en una economía que se desploma en sus condiciones más básicas y la austeridad así lo procuró sin fecha de término a menos que cambie la correlación de fuerzas a través de la voluntad popular.
Ecuador irá a las urnas el domingo 13 de abril y sus ciudadanos tendrá que decidir si quieren convertir de nuevo al Ecuador en la promesa de Latinoamérica o seguimos con las mismas políticas que nos han llevado a una crisis múltiple sin precedente alguno bajo el gobierno de Noboa. El hijo del magnate bananero, es eso justamente, el heredero de una fortuna, y no el gran gestor de esta. Además, ha quedado comprobado en Ecuador que “si es rico, no robará” y “si sabe administrar su empresa, podrá manejar el Estado” son falacias. Tanto el banquero como el hijo del magnate han estado envueltos en conflictos de intereses, de los cuales no han pretendido evitar, más bien son la oportunidad para expandir sus emporios. Por lo tanto, la destrucción de una economía prospera no pasa solamente por las políticas que adoptan los elegidos en las urnas, también bajo qué premisas lo hacen los que eligen en ellas.
*Analista económico e historiador