Por Gonzalo J. Paredes
Ecuador está transitando por los cauces de la implementación de su mayor innovación constitucional puesta a conocer al mundo en 2008, la mal llamada “muerte cruzada”. Y la identifico así porque una norma constitucional que está para amortiguar o apaciguar el conflicto social y político no debe ser identificada en aquello que se quiere evitar. En todo caso, el escenario post cierre de la Asamblea Nacional, ejecutado por Guillermo Lasso para evitar el juicio político, pero con el mandato de convocar a elecciones, es una profundización de la incapacidad e indolencia que ha caracterizado su gobierno desde el 24 de mayo de 2021. Asimismo, Ecuador atraviesa la mayor ola de violencia y criminalidad de su historia en medio de una campaña electoral atípica con ocho candidatos inscriptos para la presidencia de la República.
Sin embargo, existe un candidato que no necesita inscribirse en el órgano rector electoral. Tampoco realiza primarias. No elabora, ni propone un plan de gobierno como los demás contendientes. Su presencia está revestida del poder que le confiere la riqueza al ser propietario de la imprenta con que recubren su participación política. Su intervención no está en ganar la presidencia, sino en precautelar el triunfo de la tendencia que proteja el status quo donde la información no es un derecho, es un negocio. Ese candidato no aparece en la papeleta, pero sí en cada premeditada desinformación, que la materializa a través de un titular, donde la verdad se prostituye y a la mentira se la corona.
Aunque es una anomalía extendida en América Latina, la insolente presencia de los medios de comunicación en Ecuador como otro candidato más es una realidad lacerante de nuestras democracias. En tiempos no electorales se dedican a adelantar sentencias con violación directa al principio de presunción de inocencia. Se dedican a vaciar la convivencia política apoyando la proscripción.
Desde 2017, la prensa mercantil encarceló a Jorge Glas, reelecto vicepresidente de la República en ese mismo año, con cada titular que lo juzgaba sin existir las pruebas (menos aún, la sentencia en firme). El periodista y editor Christian Zurita del portal Mil hojas de donde salió la denuncia del llamado caso sobornos afirmó que “Glas está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas por la fiscalía”. Y, si esto no es suficiente, agregó, “si usted revisa un informe, y si le encuentra una ruta del dinero a Jorge Glas, no la encuentra, y eso hay que construirlo”. Al momento de estas declaraciones, Glas ya estaba apresado y estuvo en la cárcel por cinco años.
En tiempos de campaña, la prensa mercantil se opone a cualquier candidatura que represente a las grandes mayorías. Hace el trabajo de un candidato “chimbador” (como se conoce en Ecuador), no busca ganar, su propósito es hacer perder al candidato o candidata de la izquierda, del progresismo. Y no puede ser de otra manera, los medios de comunicación son los “sabuesos” de intereses muy particulares, los alguaciles de los principios promercado. De esta manera, en Ecuador, la prensa escrita y de televisión suman esfuerzos para detener la credibilidad en aumento de la figura del ex presidente Rafael Correa. Los entrevistadores no pierden la oportunidad en fundamentar sus preguntas con aquellas “muletillas” como: “lo robado fue USD 70 000 millones”, “el tercer cuerpo del informe del caso Gabela”, “la libertad de prensa está en peligro”, “el banco central se convirtió en la caja chica del gobierno”, y un largo etcétera.
Si nos referimos a reportajes (de investigación) realizados en plena campaña, se presentan por lo menos a dos que están enfocados a menoscabar las opciones de la candidata del progresismo, Luisa González, para que no llegue al 40 % de los votos válidos (para ganar en primera vuelta, según la Constitución ecuatoriana, se necesita el 40 % de los votos válidos y diez puntos de diferencia con respecto al candidato que quede en segundo lugar): i) El portal La Historia, un medio digital que replicó lo investigado por el canal de televisión abierta Ecuavisa y la revista Vistazo (del mismo grupo empresarial), intituló el 18 de julio lo siguiente: “También hubo sobreprecios. Al abandono de muchas escuelas del Milenio contratadas en el gobierno de Rafael Correa”; y, ii) El diario La Hora colocó el 25 de julio como titular de portada “Con la salida de Estados Unidos de la Base Militar de Manta, se abrió el camino para la filtración de bandas de narcotráfico” posterior al asesinato de Alcalde de Manta Agustín Intriago.
En cada uno de estos reportajes siempre se omitió lapsos, número de años eliminados que retacean la historia, manipulan los acontecimientos y al proceso histórico como tal. Ausencia total de objetividad. En el primer caso, el abandono fue realizado por Lenin Moreno desde 2017, cuando el neoliberalismo ya se había tomado el gobierno y el recorte presupuestario formaba parte de las políticas económicas de ese régimen. Por otro lado, cuando la baja del precio de petróleo se concretó en el primer trimestre de 2015 el ajuste presupuestario por normativa fiscal se dio en el gasto de capital. Por lo tanto, muchas obras quedarían inconclusas y retomarlas implicaría ajustes en las contrataciones y, por ende, en los costos. Esto la prensa mercantil le llama sobreprecio.
En el segundo caso, las tropas estadounidenses se retiraron de la base de Manta en 2009 y no en el último año del gobierno de Rafael Correa. Asimismo, entre 2009 y 2017 se logró la disminución sustancial de la violencia y la criminalidad (por cada 100 000 habitantes, el número de homicidios pasó de 20,95 a 5,8). Sin embargo, el desmantelamiento del estado fue lo que propició que Ecuador como país (y Guayaquil como ciudad) llegara a convertirse en uno de los más violentos de la región. No obstante, el objetivo del diario La Hora era que la población culpara al correísmo del crimen perpetrado al alcalde buscando afectar su principal bastión electoral.
Por lo tanto, la prensa mercantil como un candidato más, pero no cualquiera, hace el trabajo que los otros no logran hacer por miedo a un proceso legal, denunciar sin fundamento. Se esconden detrás del tan prostituido principio “libertad de expresión”. No hay que olvidar que, en las elecciones presidenciales de 2021, los medios de comunicación tradicionales hicieron eco del reportaje de la revista colombiana SEMANA y afirmaron que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) había aportado a la campaña presidencial de Andrés Arauz (candidato de la Revolución Ciudadana). Sin contrastar la información, sin verificarla.
Simplemente, no les interesa cumplir con su rol porque son el noveno candidato de esta atípica campaña presidencial. Esta condición obliga al Ecuador y a las otras democracias de América Latina, que también sufre esta anomalía, a elaborar e implementar una ley que regule los medios de comunicación tradicionales y aquellos que se encubren en los llamados “medios digitales” para que cumplan con los principios básicos del periodismo.