Según Carlos Verá, la Ministra María Paula Romo habría afirmado en el “Primer Encierro Periodístico” de @AsiAmanecio que tanto “Rafael Correa como Paola Pabón si recibirán sentencia de los delitos que se les imputa porque ambos son culpables”.
Estas declaraciones evidencian la persecución y dejan en un lamentable papel a Fiscalía que, al parecer, se ha convertido en el brazo ejecutor de consignas políticas; por otro lado, vuelven la atención a la Función Judicial para ver si existirán jueces que actúen de acuerdo a la Constitución, los Convenios Internacionales y el COIP o cederán a presiones mediáticas y políticas, como ha sucedido en los procesos que involucran a Rafael Correa o ya aconteció en el caso Rebelión, cuando se dictó como medida cautelar la prisión preventiva de Paola Pabón, Christian González y posteriormente la mía, señalando, por parte de Fiscalía, que existían pruebas “claras y contundentes” de que habíamos organizado, apoyado o financiado rebelión armada; acusación que posteriormente fue reformulada por la propia fiscalía.
Pero además es importante analizar algunos aspectos no explicitados por la Ministra Romo, pero que se deducen de sus declaraciones:
La primera tiene que ver con la temporalidad, es decir, está anunciando que tanto Rafael Correa como Paola Pabón (en ese mismo proceso estamos también Christian y yo) será tramitado de forma “express” puesto que en el caso del ex Presidente Rafael Correa recién están evacuando recursos luego del llamamiento a Juicio que hiciera la Jueza Daniella Camacho y aún no se ha integrado Tribunal . En el caso Rebelión, peor aún, apenas está en Instrucción Fiscal, que recién concluye el 12 de febrero, ¿Cómo puede entonces decirse que antes de las elecciones ya tendrán sentencia ejecutoriada?. Cualquier abogado, que litiga en Ecuador, sabe que estos procesos pueden llevar al menos 18 meses hasta que se agoten todos los recursos; sin embargo, sin guardar las formas ni la tan mentada “independencia de funciones” la Ministra de la Política, ya anuncia sentencia de los procesados en este mismo año, puesto que el proceso electoral arranca en el ultimo trimestre de este año 2020.
El segundo tema a analizar es que, a la Ministra Romo, le traicionan sus miedos, por ende al mezclar los tiempos electorales con los procesos judiciales, está demostrando que la verdadera preocupación radica en que Rafael Correa o, como se ha dicho en estas últimas semanas, Paola Pabón puedan ser candidatos y por tanto, con su declaración está trazando una hoja de ruta, tanto para la Fiscalía como para la Función Judicial, a fin de que impidan dichas postulaciones y de esa manera intervenir en el tablero electoral para los comicios del 2021.
Un tercer elemento que evidencian estas declaraciones es la intromisión directa del Ejecutivo en procesos judiciales, basta decir que el proceso por Rebelión, por el tipo de delito que se investiga, (lamentablemente) es RESERVADO, por tanto, la primera pregunta que surge es ¿cómo obtiene la información la Ministra María Paula Romo? ¿Cómo puede la Ministra acceder al proceso que incluso, algunas de sus partes, son reservadas para los propios procesados? Adicionalmente, este tipo de declaraciones pone en entredicho el rol de instituciones como el departamento de Criminalística de la Policía Nacional, que depende del Ministerio de Gobierno y Policía. ¿Es posible creer, después de declaraciones cómo estás, en la imparcialidad de los peritos y expertos que dependen directamente del Ministerio a cargo de la Ministra María Paula Romo?
Una vez más queda claro que vivimos un proceso de judialización de la política en el que se pretende utilizar los órganos judiciales para incidir en la correlación de fuerzas políticas y de esa manera buscan “eliminar” enemigos, renunciando a las vías democráticas en las que es el pueblo, el que resuelve las disputas entre las distintas corrientes políticas.
La política debe tener límites y uno de ellos es que no se puede vulnerar el primer gran acuerdo de un país, en el que además estuvimos de acuerdo con la hoy Ministra María Paula Romo, que es su Constitución, en la que se establece la presunción de inocencia y ser tratado como tal (CR, art. 76. Numeral 2), mientras los jueces no declaren lo contrario; magistrados que, además, deben actuar con independencia y con base a normas convencionales, constitucionales y legales (CR. Art. 172)
Me parece que es hora que reconozcan que con comunicados como los de Fiscalía frente a nuestra sustitución de medidas o declaraciones de esta naturaleza se hace poco favor a la independencia judicial que pregonan, parecería ser que el odio les ha cegado, han perdido los límites y ahora proclaman sin escandalizarse lo que esperan que hagan tanto la Fiscalía como los jueces, sin darse cuenta que con ello erosionan las decisiones de esos organismos y evidencian lo que tanto niegan: la persecución política