Por Luis Herrera Montero
Guillermo Lasso recientemente hizo un llamado de atención a la Corte Constitucional, a consecuencia de la última masacre de 68 personas en la Penitenciaria del Litoral, como acto disuasivo respecto del notorio desgobierno ante la trágica crisis del sistema carcelario y pretendiendo encontrar responsables donde no procede. Ahora el presidente Lasso debe tener claro que en la Corte mencionada no hay integrantes correítas. No obstante, no podía faltar afirmaciones fuera de lugar, como las de Pablo Arosemena, gobernador de Guayas, que culpa al gobierno de Rafael Correa como causal de la crisis referida. Desde febrero de 2021, a noviembre del mismo año, han sido brutalmente masacrados ya más de 300 privados de libertad, información que varios medios de comunicación nacional han hecho pública. Ante esta cruel realidad, la instauración del Estado de excepción, por parte del gobierno, no ha conllevado efecto alguno. No cabe duda que hemos entrado ya en los datos negativos del narco terrorismo, que lastimosamente han evidenciado mayor incidencia en regímenes neoliberales, aunque estos sostengan discursos que suponen combatirlo a través de infructuosas estrategias policiales, incluso militares, para colmo, con el apoyo irrestricto de la política internacional de Estados Unidos. Colombia es un claro ejemplo de lo mencionado, pues la narcoeconomía ha crecido exponencialmente a pesar de la muerte de Pablo Escobar y el final del cartel de Medellín. Que decir de la situación en México: las noticias de desapariciones y masivos asesinatos han perdido notoriedad con el gobierno de López Obrador, ya que antes se informaba constantemente multiplicidad de atentados fatales; podemos mencionar el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, entre muchos más.
En Ecuador resulta muy penoso constatar que la desinstitucionalización del rol social del Estado, en materia de rehabilitación social, ha provocado la peor crisis penitenciaria de su historia. Este hecho está difundido tambiénen diversos medios a nivel mundial y que muchos hemos caracterizado como un grave atentado a los derechos humanos. Lasso en vez de trabajar en soluciones sobre la problemática, ha provocado que el tema sea casi incontenible, además de devaluar significativamente la imagen nacional e internacional de su gobierno. La atención de la crisis debió ya considerarse como emergencia nacional, para garantizar la vida y socorro a la población carcelaria, desde esfuerzos de intersectorialidad del Estado, no reducida a funciones y competencias policiales incumplidas o cumplidas con total ineficiencia e indolencia. El sistema de justicia debió también agilitar procesos de liberación de casos sentenciados como crímenes menores, para así contrarrestar el angustiante hacinamiento. Cosa igual debió exigirse al Ministerio de Salud en cuanto a responsabilizarse eficientemente de las víctimas y las secuelas traumáticas, tanto para la población carcelaria, como para sus familiares. Además, procedía el debido asesoramiento de expertos en el tema o por lo menos investigar a profundidad sobre cómo actuar en estas emergencias, para no cometer el desatino de nombrar en la dirección del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SENAI), a personeros sin experiencia básica en la materia, como el caso del excoronel Fausto Cobo. El asunto es complejo y la comprensión gubernamental sumamente estrecha, es la única conclusión a la que se puede llegar.
Es preciso explicar que las estrategias oligárquicas de demonización anticorreista, lejos de avizorar soluciones, están agudizando el problema hasta el más alto grado de descontrol y riesgo. El inició de la crisis comenzó realmente cuando Lenín Moreno decidió traicionar, no solamente a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana, sino a la Constitución del 2008, por tanto, a la historia de luchas sociales y conquistas populares del pueblo ecuatoriano. A partir de tal acontecimiento, se produjo el retorno a la larga y triste noche neoliberal, pero en condiciones indudablemente peores para las precarias economías poblacionales y para la funcionalidad social del Estado, sobre todo en relación al sistema penitenciario.
Para comprender mejor la estrategia oligárquica del anticorreísmo oligárquico, es necesario recordar que un 30 de septiembre de 2010, este sector se manifestó con varios de sus integrantes en las instalaciones de Radio Pública, prácticamente en sintonía con la violenta sublevación policial de entonces. Cuando esa oligarquía retomó el poder político, hace cuatro años, no ha podido abordar la temática carcelaria y ahora los datos de muerte son de escándalo, por la irresponsabilidad de afectar la institucionalidad estatal en el área. El pueblo ecuatoriano ha sido testigo de que en el régimen de Revolución Ciudadana no se produjo masacre alguna. Entonces, es claro que lo que catalogan como la década perdida no tiene parangón con el cruel retorno a la triste y larga noche neoliberal. Los datos son claros: la popularidad gubernamental durante los 10 años de Revolución Ciudadana siempre estuvo por encima del 50%, llegando a superar el 70%, en ocasiones de mayor apogeo; de ahí las conocidas reelecciones. En cambio el de Moreno terminó su único período por debajo del 10%. Lasso tuvo buena aceptación a consecuencia de la vacunación por covid 19, pero dicha aceptación ha bajado a menos del 25%, luego de las noticias masivas sobre los Pandora Papers. La última masacre en la penitenciaría del Litoral, sumadas las anteriores, en pocos meses, seguro implicarán cálculos estadísticos de mayor caída en cuanto a su aceptación. Todo esto en apenas medio año de desgobierno continuista.
Si evaluamos el contexto mencionado ¿Por qué entonces el Estado de excepción? La respuesta debe contener análisis y reflexiones de contundencia. A gobiernos de corte e inspiración neoliberal poco les interesa el pueblo y sus difíciles condiciones de sobrevivencia, ya que su lógica está en acumular riquezas desaforadamente, como adictos en persecución de cantidades insospechadas de dinero. Dentro de este sesgo, lo menos importante es aquello que sectores conservadores han concebido como escoria humana, en la que amontonan a toda la población carcelaria; estén o no justamente encarcelados. Acceden las oligarquías a los gobiernos con la exclusiva intención de concretar sus objetivos de lucro desmedido. Consecuentemente, el Estado de excepción les sirve para acelerar la aprobación de leyes impopulares, conforme lo que la mayoría ciudadana de Ecuador presiente. El mantenimiento de Estados de excepción obedece además a perspectivas de represión por si la ciudadanía decide movilizarse en ejercicio de sus derechos políticos. Recordemos que reprimir manifestaciones pacíficas ha sido una constante en el ejercicio totalitario de la política neoliberal.
Nos queda, por consiguiente, reconformar la unión popular, en estricto respeto a su diversidad y a procesos de aguda concertación. De este modo, a futuro podríamos aplicar un eficiente plan de emergencia no solamente para atender el sistema penitenciario, sino toda la institucionalidad estatal, que ha sido fuertemente desmantelada. Para este propósito, las posiciones de anticorreísmo son un boicot a esa unidad, puesto que no identifican la estrategia oligárquica de demonización divisionista, mediante la cual los oligarcas de monopolios financieros recuperaron el poder político en el 2017. Reitero, nunca antes atravesamos una crisis tan aguda en el sistema penitenciario. En esta angustiante realidad, es penoso que la oligarquía fondomonetarista, representada hoy por Lasso, reduzca sus esfuerzos a cinco ejes impopulares: 1) sostener incrementos en los precios de los combustibles y sus de innegables efectos inflacionarios; 2) eliminar impuestos a los ricos y cargarlos a quienes ganen a partir de los 2000 dólares; 3) privatizar el patrimonio público que significan las empresas estatales en áreas estratégicas; 4) desmantelar el rol social del Estado, como sucede en los sistemas penitenciario, de salud y educación; 5) instaurar decretos de Estados de excepción inservibles para solucionar crisis, pero muy útiles para reprimir al pueblo en protesta.
Por lo enumerado, que sectores, supuestamente de izquierda, reproduzcan discursos anticorreistas, sin sentido alguno de prioridad política y buena lectura de contextos neoliberales, deviene en el hecho de asumir tareas de peones en el complejo tablero de ajedrez, confirmando una alta vulnerabilidad en cuanto a la manipulación del neoliberalismo y sus aliadas oligarquías. Un espíritu de crítica a lo sucedido durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, no debe llevar como consigna el anticorreismo, sino un serio replanteamiento de correctivos y autocrítica de parte de todos los sectores populares. La izquierda ha tenido dificultades de sostenibilidad en gobiernos locales y también en nacionales (Sean de Pachakutik, Revolución Ciudadana, UNES y otros), principalmente por inexperiencia y porque los procesos estatales no pueden ignorar agendas en plazos cortos, más bien dicho inmediatos. Instaurar la hegemonía popular contra la hegemonía neoliberal globalizadora es de complejidad glocal, por tanto, de bloques en el poder, como lo concibiera hace años Gramsci. Esta hegemonía popular aún es un deber ser sociopolítico y no se logrará asumiendo posturas opositoras a gobiernos progresistas, ya que hace juego al imperialismo neoliberal.