Crónicas de un secuestro anunciado: La usurpación de la Función Judicial por parte de los poderes fácticos.

Mauricio Samaniego|

El 4 de junio del año pasado se realizó un acto propio del circo romano, presidido por Julio César Trujillo, quien hizo un mal uso del querido Teatro Universitario. Se organizó un show para destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura. Ese fue el primer paso para asaltar el botín que siempre persiguió este gobierno títere de sus aliados: la Función Judicial.

En un primer momento intentaron hacerlo a través de un juicio político en la Asamblea Nacional, sin lograrlo; meses después volvieron a la carga, Julio César a la cabeza, con más aliados, menos certezas y más ambiciones, lo hicieron aprovechando una coyuntura política pantanosa o, más bien, un país que buscaba asirse de algo mientras se hundía en las arenas movedizas de una posición gubernamental camaleónica.

Los miembros del CPCCS transitorio hicieron nombramientos con el método de la dedocracia y estuvieron aupados por los medios de comunicación, por los poderes fácticos representados por funcionarios del gobierno, asambleístas y el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.

Sin embargo, ese era solo parte del botín. Se nombró, una vez más y con el mismo método transitorio y de dedo, el nuevo Consejo de la Judicatura que detuvo y trató de revertir el proceso de transformación judicial que evidenciaba un camino hacia la agilidad y la transparencia.

Meses después, siguiendo un plan previsto para el mediano plazo, se nombró un nuevo Consejo de la Judicatura que no ha logrado ganarse legitimidad y que afronta, en redes sociales, denuncias de incompetencia e incluso de corrupción en relación al nombramiento de funcionarios, en especial notarios.

Así consiguieron “vía libre” para cosechar el resto. Desde su conformación, el actual Consejo de la Judicatura recibió repetidas “sugerencias” de medios, políticos y supuestos constitucionalistas y juristas, para apurar el paso en la evaluación de la Corte Nacional.

En febrero de este año, luego de haber puesto sus esfuerzos en ello, el Consejo de la Judicatura logró aprobar un reglamento para la evaluación y la posible destitución; esta última figura no existía, puesto que los jueces de Corte, según la Ley Orgánica de la Función Judicial, son nombrados para un periodo fijo de nueve años.

Recurrieron a un Comité de Evaluadores, tan transitorios y puestos a dedo como en las circunstancias anteriores, en el cual no podía faltar el inefable Ramiro García Falconí .

Esta evaluación, en pleno desarrollo, olvida la jurisprudencia nacional e internacional que incluye una sentencia de la Corte Constitucional y cuatro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en uno de estos eventos, el caso “Quintana Coello y otros vs Ecuador” se obligó al Estado ecuatoriano a pagar una millonaria indemnización a los perjudicados.

Pero esa es apenas una de las consecuencias. Sin duda, la más importante es la inseguridad jurídica que se provoca al dejar al país con una Corte Nacional ilegal e ilegítima y, por tanto, protagonista de acciones que acarrearán, en el tiempo, esos mismos vicios.

Esa no es una preocupación para los poderes fácticos pues ya rodearon con tanquetas la entonces Corte Suprema de Justicia en el gobierno de Febres Cordero o nombraron la Pichicorte en el de Lucio Gutiérrez.

Al parecer, ir tras el botín de la justicia ecuatoriana es uno de sus deportes favoritos ¿Por qué?