Antonio Malo Larrea
El 7 de septiembre de este año un tribunal arbitral administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya (CPA) (Holanda) emitió un laudo a favor de la empresa Chevron-Texaco y en contra del Ecuador. Esta corte funciona bajo el reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Esto último es muy importante, porque se trata de una corte creada para resolver controversias en temas comerciales. La CPA se crea en 1899 para resolver controversias internacionales, originalmente entre estados. Esta corte no es un tribunal propiamente dicho, constituye tribunales específicos para cada caso.
Chevron-Texaco demanda al Ecuador en tribunales internacionales en 2009. Alega que, de acuerdo al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) suscrito entre Estados Unidos y Ecuador en 1997, el estado ecuatoriano debió impedir que la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) demande a la empresa por la catástrofe humana y ecológica que Texaco causó durante sus operaciones en el país, y antes de ser absorbida por Chevron. La empresa sostiene que tanto en 1995 fue liberada de sus responsabilidades de limpieza y restauración ecológica por un acuerdo firmado con el gobierno de Sixto Durán Ballén; como en 1998, por el gobierno de Jamil Mahuad, debido a la firma un Acta de Finiquito que libera a Texaco de cualquier demanda del Estado Ecuatoriano. Y el laudo del tribunal arbitral acoge su pedido.
Texaco operó en Ecuador por 26 años, entre 1964 y 1992, es decir, que dejó el país 5 años antes de la suscripción del TBI. En 1994 como parte de una materia en la universidad visitamos la zona de operación de Texaco, y realmente fue desgarrante. Fue como visitar un campo de guerra, o estar en uno de esos mundos post-apocalípticos de una película de cine. El desastre era brutal. Perforó y operó 356 pozos de petróleo y abrió 1.000 piscinas para depositar los desechos tóxicos. Se estima que derramó alrededor de de 71 millones de litros de residuos de petróleo y 64 millones de litros de petróleo bruto en más de 2 millones de hectáreas. Se calcula también que tiró cerca de 5.678 millones de litros de agua tóxica (1.500 millones de galones). No es exagerado cuando se le llama el Chernóbil amazónico. Texaco ni siquiera cumplió con la normativa vigente durante su operación, una normativa que era ya demasiado blanda. Debido a la operación de Texaco se extinguió la nacionalidad indígena Tetete.
La otra parte de la historia es la de las más de 30.000 personas afectadas por la operación de Texaco, agrupadas en la UDAPT. Perdieron todo: su tierra, su agua, su posibilidad de producir, sobrevivir y mantenerse. Pero no sólo eso, también perdieron su salud, han sufrido de serias enfermedades causadas por la contaminación: distintos tipos de cáncer, enfermedades digestivas, enfermedades respiratorias y enfermedades de la piel, entre muchas otras. Se organizaron y demandaron a la petrolera en 1993 en cortes estadounidenses. El juicio estuvo detenido por 10 años por pedido de Texaco, esperando un pronunciamiento para determinar si la justicia estadounidense es competente para conocer el caso. Finalmente, se traslada en 2003 al Ecuador, donde la UDAPT plantea una demanda colectiva. En 2011 la justicia ecuatoriana sentencia a la empresa a pagar 9.500 millones de dólares, sentencia posteriormente ratificada en todas las instancias pertinentes, incluida la Corte Constitucional en 2018. Todas las veedurías, controles y fiscal nacionales e internacionales han determinado que el juicio fue limpio, transparente y justo.
Se ve claramente aquí que hay dos historias: la una, la de la gente a la que Texaco le quitó todo, que sólo busca defender sus derechos y que Goliat pague por toda su arrogancia, prepotencia, manipulación, mentiras, y por su puesto, por todo el daño que causó. La otra, la de la empresa intentando negar lo que hizo, defendiendo su imagen, defendiendo sus bolsillos, y negándose a pagar lo que por justicia y humanidad debe, despreciando y pisoteando a la gente.
Jurídicamente la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya no debía acoger la demanda. Primero, porque por principio jurídico internacional no se puede aplicar normas de forma retroactiva (y tampoco se debe). El TBI entre Ecuador y Estados Unidos al que apela Chevron-Texaco fue firmado 5 años después de la salida de Texaco, por lo que no podía ser usado. Adicionalmente, al momento de la demanda Chevron no tenía inversiones en Ecuador, por lo que el TBI tampoco la amparaba. De la forma más descarada, el laudo le ordena al gobierno que violente su estado de derecho, que destroce su ordenamiento constitucional y jurídico, y que desconozca la sentencia en contra de la empresa por parte de la justicia ecuatoriana.
Las implicaciones de esto son gravísimas, pues una corte mercantil le ordena a un país que se vaya contra de su propio ordenamiento constitucional y jurídico, pero sobre todo, que se violenten los derechos humanos, colectivos y ambientales de quienes demandaron. El mensaje es claro: el comercio y el capital están por encima de la gente y de la vida. Como premio consuelo el laudo dice que los demandantes podrán poner demandas individuales, ya no colectivas.
El gobierno podía pararse al lado de la gente, de sus derechos, y pelear para que se declare nulo el laudo. En cambio, hizo lo que ha venido haciendo desde hace tiempo: echarle la culpa a Correa, no sólo de esto, sino de todos los males que han pasado por la tierra, los que vendrán, y hasta de la diarrea de mi vecino. Según sus argumentos, la campaña la mano sucia de Chevron fue una forma de intervenir en la justicia, y no los millones de dólares en campañas mentirosas y lobbies que ha emprendido Chevron.
No podemos entender este laudo sin entender el contexto de los TBI’s y los tratados de libre comercio como instrumento de dominación, disciplinamiento y control de la globalización neoliberal y de sus transnacionales. En todo el mundo, y en el Ecuador también, existen versiones propias del neoliberalismo. Nuestro neoliberalismo criollo evidentemente, utiliza su poder para posicionar un discurso falsamente técnico y económico, para obligar al estado a que implemente políticas que les beneficien. Nos distraen amplificando el discurso de la corrupción hasta hacerlo ensordecedor. Mientras tanto, no importa que paguen quienes más han sufrido, quienes han sido desposeídos de todo, al fin y al cabo, todo es culpa de Correa y su pandilla…