Por Gonzalo J. Paredes

En la semana que transcurrió, en un acto más por desprestigiar a Andrés Arauz, el candidato del progresismo y de la Revolución Ciudadana, se lo acusó de ser parte del gobierno de Lenin Moreno. Fernando Villavicencio, quien presentó la denuncia en redes, es conocido por dedicarse exclusivamente a esta actividad, sin conocerse aún en qué basa o cómo financia su estatus de vida. Se autodenomina “periodista de investigación”. En enero del presente año, en uno de sus tantos intentos por atacar al “binomio de la esperanza”, expresó que Arauz había participado del supuesto endeudamiento “compulsivo” del país entre 2007 y el 2016. Simplemente, no tuvo mayor notoriedad.

Villavicencio no aclara si ser funcionario del Estado es lo mismo que del gobierno. No cruza la información de los distintos cargos ocupados por Arauz (expuesto en su página web) con el pedido de las licencias. El Diario El Comercio, en su nota periodística, tampoco lo hace. Quiso llevar la denuncia bajo la figura de que no ostentaba el título de tercer grado cuando ingresó al Banco Central del Ecuador, pero la abandonó cuando se percató de que Arauz se graduó muy tempranamente. En la perversidad de Villavicencio, cualquier servidor público con nombramiento (o titular en su cargo) es parte del gobierno de turno. Además, estar con licencia, así sea sin remuneración, es “vivir” del Estado.

Denigrar al servidor público ha sido la regla en la campaña de Guillermo Lasso. No comprende lo que involucra adquirir derechos a través de un concurso de méritos, incluso en la modalidad de libre remoción. No entiende el alcance de la labor de un funcionario del Estado hacia la sociedad. Solo hay que recordar cuando a finales de 2019 se desvinculó a cientos de médicos y dejó vulnerable a la red de salud frente a la pandemia, ajuste llevado a cabo por Richard Martínez, cuota de Lasso en el gobierno de Moreno.

Por lo tanto, ante la “incomprensión” de la derecha sobre los derechos de un servidor público, Andrés Arauz debe proponer que las empresas del sector privado cooperen en la formación de más y mejor capital humano. Actualmente, si un empleado del sector privado desea realizar sus estudios de posgrado en el exterior debe renunciar (sin la liquidación, respectiva). Esto significaría una evidente desigualdad entre los funcionarios públicos y privados, y la política pública puede corregir estas anomalías.

La propuesta es la siguiente: si un empleado privado, con tiempo de trabajo en el cualquier empresa o institución financiera por un año o más, desea realizar sus estudios en el exterior, en las mejores universidades del mundo, no debe renunciar. El empleador (empresario o banquero) debe otorgarle la licencia respectiva por el tiempo necesario a su empleado para cursar el programa de posgrado. Además, una vez concluido los estudios, el primero debe garantizarle al segundo por lo menos un año de permanencia en el cargo.

El candidato del progresismo debe “voltear la página” a esta infamia con más propuestas. A finales de 2012, Rafael Correa lo hizo cuando el propio Guillermo Lasso (y los banqueros) se opuso al incremento del Bono de Desarrollo Humano (BDH). ¿Qué sucedió? Se planteó como proyecto de Ley que los banqueros lo financien a través de una mayor carga impositiva a los activos que tienen en el exterior. EL BDH subió de USD 35 a 50.

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