(12 tesis para explicar los primeros meses del Gobierno de Guillermo Lasso) DE LA POMPA DE LAS VACUNAS A LA CAJA DE PANDORA PAPERS
Por Virgilio Hernández & Fernando Buendía
1.- El Gobierno del Presidente Guillermo Lasso se acerca a los primeros cinco meses de su gobierno, sin otro resultado exitoso que no sea el de la vacunación (63.2%)[1]; este logro obtenido por el gobierno del presidente Lasso, fuertemente amplificado por los medios aliados al mismo[2], le permitió alcanzar un pico de 73,4% de aprobación (según encuesta de CEDATOS). Sin embargo, inmediatamente inició una inflexión hacia abajo en su credibilidad (11% en un mes según la encuesta de Perfiles de Opinión), debido a la ausencia de respuestas emergentes para paliar el grave deterioro de la situación económica, social y de seguridad -con acciones posibles como congelar el incremento del precio de los combustibles-, recordemos que a finales de agosto, en el vecino Perú, se bajó el precio de los combustibles[3] para el mes de septiembre; además, en estos primeros meses se ha evidenciado ya el malestar de varios sectores por incumplimientos de promesas de campaña, tales como: fijar el precio de la saca de arroz en $35; elevar el salario mínimo vital a 500 dólares, control del contrabando, créditos para campesinos al 1% de interés o el libre ingreso a las universidades, que resultó en una frustración para miles de jóvenes que creyeron en las promesas de campaña del candidato Lasso.[4]
2.- Por otra parte, para enfrentar la fuerte limitación numérica de su bloque legislativo con 12 asambleístas y neutralizar la principal amenaza opositora que representaría el bloque y el movimiento UNES -hoy Revolución Ciudadana- actualmente con 47 asambleístas, con el propósito de crear condiciones propicias para imponer a raja tabla su propuesta neoliberal, el gobierno destinó precioso tiempo y oportunidad, para obtener una mayoría legislativa efímera -que duró menos de un mes- infringiéndose una costosa pérdida de su alianza con el PSC y un complicado y adverso escenario legislativo (que evidentemente significará presión por cargos públicos de los asambleístas tránsfugas y la oposición de sus supuestos aliados).
3.- Esta debilidad le ha conducido a gobernar con decretos ejecutivos, saltándose el ordenamiento jurídico (por ejemplo, la ilegal incorporación al CIADI sin pasar por la Asamblea y la pretensión de modificar de forma inconstitucional e ilegal, la estructura del sector petrolero, minero y de telecomunicaciones mediante decreto), incrementando la inseguridad jurídica y la desinstitucionalización. Así, en los cuatro meses de gestión, apenas ha enviado tres proyectos de Ley a la Asamblea Nacional, dos de ellos innecesarios para el presente momento y el tercero denominado Ley para la Creación de Oportunidades (CREO) que en la práctica significa su Plan de Gobierno, que en lo fundamental buscaba generar un código laboral paralelo, que permita la disminución de los salarios, la eliminación de derechos y la precarización del empleo; es decir, antes que la generación de nuevos empleos, como se ofreció en la campaña, implicaba la precarización de los existentes; además, con esta ley se pretendía eliminar tributos[5] para las élites, cargar impuestos a los sectores medios y reformar 31 leyes[6], sin que estas tengan conexidad o cumplan con el requisito de unidad de materia, como lo exige el artículo 136 de la Constitución de la República. Por esta razón, el Proyecto fue devuelto por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) al Ejecutivo, por presentar graves vicios inconstitucionales[7]; ante lo cual, el Presidente Guillermo Lasso, señaló que enfrentará una “batalla democrática” para lograr que el proyecto sea aprobado, aunque los combates iniciales de esta contienda han quedado suspendidos, debido a la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que el 3 de octubre publicó una serie de documentos que evidenciarían la utilización de empresas “off-shore” por parte del Presidente Guillermo Lasso.
4.- Igual suerte corrió la presentación para aprobación del Presupuesto General del Estado sin el obligatorio Plan Nacional de Desarrollo que lo sustente[8], cuyas cifras evidencian además, el continuismo en la lógica de ajuste estructural impulsada por el anterior gobierno, tales como: la reducción extrema de la inversión pública (4.199 millones en 2021 reduce a 2052 millones en 2025); disminución de la masa salarial (despidos en áreas de servicios públicos por 735 millones en 2021), reducción de presupuesto para el IESS, GAD, universidades, y fuerte contención de subsidios y programas de inclusión social para paliar la dolorosa crisis social. Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 también denominado “Plan de Creación de Oportunidades”, además de estar carente de estrategias e indicadores, está reducido a una agenda de intenciones, basada en la transferencia de la responsabilidad del desarrollo nacional a manos del mercado y de la acción individual, bajo el argumento de la “libertad”.
5.- La suscripción de las segunda y tercera revisiones del Programa Económico (SAF) de 27 meses, suscrito con el FMI en agosto del 2020, que fue negociado y firmado por el gobierno de Lenín Moreno -por dos ocasiones-, evidencia el continuismo de la política fiscal y económica del actual gobierno respecto del anterior. Es así que luego de la misión realizada en los primeros días de septiembre, el FMI emite el comunicado de prensa No. 21/257 señalando que “Acogemos con satisfacción el compromiso de la nueva administración de continuar con el programa económico…” Este Acuerdo que ha sido considerado por analistas económicos internacionales como el más duro y lesivo de los negociados con el FMI, está atado a un crédito de 6.500 millones y es el sustento sobre el cual se ha construido el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 “Creando Oportunidades”, al igual que la ley de Creación de Oportunidades, que fue devuelta por la Asamblea Nacional, el 1 de octubre pasado; hecho similar al llamado “Plan más Prosperidad” ilegalmente asumido por el anterior gobierno.
El Programa revisado con el FMI contempla: i) mayor ajuste fiscal al propuesto inicialmente, a través de incrementar la reducción del gasto estatal (con medidas como la reducción de la inversión, disminución de la masa salarial, reducción del gasto social), reforma tributaria regresiva mediante la ampliación de la base de contribuyentes y eliminación de impuestos al patrimonio (herencias), además del incremento sustancial del ahorro estatal para apalancar la liberación de la salida de capitales (Reservas de Libre Disponibilidad depositadas en el exterior); ii) reforma estructural a través de las Alianzas Público-Privadas de las empresas y servicios públicos (concesión o conversión de las empresas en sociedades de acciones); iii) mayor subordinación a la inversión internacional, mediante acciones de confianza (Acuerdo con el CIADI) y reformas legales de “trato igualitario” a las empresas extranjeras respecto de las nacionales; iv) Reforma laboral, reducción de salarios y flexibilización, mediante la creación de un código laboral paralelo.
6.- Con un escenario de mayor austeridad fiscal y de bajísima inversión estatal, el déficit fiscal estaría relativamente controlado según el ministro de Finanzas, Simón Cueva, pero sin potencia alguna para reactivar la maltrecha situación económica del país, por su radical enfoque austericida (fondomonetarista). Por su parte el motor del sector privado, ante un escenario de derrumbe de la demanda interna y de reestructuración de los mercados internacionales, tampoco tendría expectativas de realizar inyecciones importantes de inversión nacional o extranjera, más allá del gasto requerido para reactivar los negocios suspendidos durante la pandemia, por ello, las reformas pretendidas en el sector petrolero que permita la subasta del patrimonio nacional. De allí, que de acuerdo con las cifras publicadas por el Banco Central, luego de una caída del 7,8% del PIB en el año 2020, tendremos una leve recuperación del 3% en el 2021 y según la Programación Presupuestaria Plurianual 2021-2025 presentada a la Asamblea Nacional, tendremos crecimientos similares o menores en los siguientes años.
Así mismo, cabe resaltar que la tan publicitada oferta presidencial de duplicar la producción petrolera a un millón de barrilles/día, sin ninguna sustentación técnica, tampoco está considerada en la Programación Presupuestaria 2021-2025, evidenciando que se trata de otra oferta incumplida anticipadamente. En el caso de los ingresos de regalías mineras, estimados en 4000 millones para el 2025, también estarían sobrevalorados, bajo supuestos no sustentados.
7.- El planteamiento central de la política económica gubernamental de apostar por un modelo afianzado en una severa regresión en la distribución de la riqueza nacional (conquistada durante la década 2007-2017, a través de un exitoso proceso de transformación democrática, ampliamente reconocido por CEPAL y otras instituciones internacionales), y en consecuencia, de cargar el costo de la crisis sobre las espaldas de la sociedad, de los sectores medios y clases populares, mediante la disminución de los costos laborales y tributarios para las empresas y la regresión de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, conduciría al país a más intensos escenarios de crisis económica, social y política, como los experimentados en la década de los 90 y los primeros años del presente siglo, cuando por ejemplo se desplomaron los salarios en un 500% a causa de la dolarización y migraron al exterior alrededor de dos millones de ecuatorianos. Con la aprobación de la Ley Humanitaria en el 2020, el país experimentó en la práctica, un anticipo de lo que sería una propuesta de una normativa laboral paralela, con el resultado de más de 250.000 personas despedidas y con sus derechos menoscabados.
8.- Asistimos al mayor deterioro de las últimas décadas de las condiciones de subsistencia de los productores de la agricultura familiar campesina y de los trabajadores urbanos, que representan el 64% del empleo nacional, agravado por el manejo indolente de los impactos económicos y sociales del COVID19 por parte del anterior y actual gobierno, quienes empeoraron la situación de pobreza y de acceso a servicios de salud, educación y seguridad de las familias ecuatorianas, obligadas a extremar sus estrategias de autoexplotación familiar (especialmente de las mujeres, niñas y adolescentes) y a disminuir su nivel de consumo.
Las manifestaciones más crueles y dramáticas de la gravedad de la crisis social e institucional a la que se ha llevado al país, son las masacres carcelarias ocurridas en lo que va del año 2021 -y anteriores- que han provocado el asesinato de 236 personas privadas de la libertad en el presente año- como resultado de la destrucción institucional del ex ministerio de Derechos Humanos y Justicia; la eliminación del Ministerio Coordinador de la Seguridad Externa e Interna y el Ministerio del Interior; además del hacinamiento de las cárceles del Ecuador que llega a un 30%, pero en algunos centros penitenciarios, casi se duplican el número de presos, situación provocada por el abuso de la prisión preventiva y el excesivo burocratismo para la obtención de beneficios como la pre-libertad. Un tema que no se puede dejar de mencionar, es que un tercio de los varones están detenidos por temas relacionados con narcotráfico y casi el 70% de las mujeres privadas de libertad, porcentaje, que indudablemente no corresponde con la reclusión de los grandes jefes de mafias y cárteles, pero que podría aumentar con la decisión de “eliminación de la tabla de consumidores”, que llevaría a prisión a quienes son adictos y por ende deberían ser objeto de una política de recuperación integral.
El abandono de las políticas penitenciarias, se hace evidente en la incapacidad del Estado de por lo menos, clasificar a las personas privadas de libertad en función de su grado de peligrosidad; adicionalmente, está la falta de presupuesto, que impide se continúe con un reclutamiento y equipamiento adecuado a los guías penitenciarios. En síntesis, hay un abandono de las políticas de control y rehabilitación de las prisiones, que han llevado a que entre un Estado incapaz y el poder de las mafias, hayan establecido e instaurado la pena de muerte en Ecuador, aunque esta se encuentre prohibida por la Constitución de la República.
Convertidas las prisiones en escuelas del crimen, las organizaciones criminales y el clima de violencia delincuencial, se empieza a ver reflejado en las calles y ciudades país, agudizando la inseguridad a niveles extremos.
9.- Conforme el presidente Lasso ha mostrado los objetivos programáticos reales de su política gubernamental, viene incubándose una creciente reacción social de rechazo, reflejada en el incremento progresivo de tendencias contrarias a las decisiones de gobierno, en las redes sociales y principalmente en la recomposición bastante activa de los movimientos sociales, agrarios, indígenas, trabajadores de empresas públicas, maestros, estudiantes, organizaciones ciudadanas, jubilados y afiliados al SSC, transportistas, organizaciones de mujeres y etarias, entre otras. Esta acción colectiva de resistencia, se ha expresado en marchas nacionales, continuas protestas agrarias en provincias de la costa, cierre de vías por parte de los transportistas, huelga de hambre y manifestaciones de los maestros, que, en estos meses, le han costado al gobierno la salida de la ministra de Agricultura y la incertidumbre por el devenir de las políticas gubernamentales.
10.- En un escenario de recrudecimiento de la crisis económica, social, de seguridad ciudadana y política, el presidente Lasso que, aun cuenta con sus aliados de las cámaras empresariales, especialmente de sectores de exportación e importación; de la banca; la embajada de EEUU, de los organismos financieros multilaterales y de la ultraderecha internacional y principalmente con el respaldo incondicional de la artillería informativa de los medios de comunicación corporativos, se encuentra auto recluido en su laberinto neoliberal, sin apoyo mayoritario de la Asamblea Nacional, con una fuerte tendencia de caída de su aprobación y credibilidad y con una creciente amenaza de acciones masivas y generalizadas de resistencia social, luego del fracaso de los diálogos con los sectores de trabajadores y con la CONAIE.
11.- La denuncia internacional realizada el 3 de octubre, por el Consorcio de Periodistas de investigación ICIJ, denominado “Pandora Papers” sobre las cuentas off shore que habría tenido el Presidente Guillermo Lasso en paraísos fiscales y sus erráticas respuestas iniciales, desvanecen la confianza y aumentan la molestia ciudadana, crece la imagen gubernamental negativa y dilapida el capital político, logrado con el proceso de vacunación y con el cual hablaba de Consultas Populares e incluso, la Ministra de Gobierno, amenazaba con la disolución de la Asamblea Nacional, a través de la Muerte Cruzada. Sin embargo, ante la denuncia del Consorcio, el gobierno ha pasado de un discurso amenazante a otro de nerviosismo y pasos en falso, como por ejemplo, adelantarse a la decisión de la Asamblea Nacional y ofrecer “su colaboración” con la Comisión de Fiscalización, presidida por el Asambleísta Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero, co-idearios y furiosos defensores del Presidente Guillermo Lasso.
Lo cierto es que la publicación del Consorcio de Periodistas de Investigación le ha descolocado al Presidente Guillermo Lasso, puesto que ha tenido que aceptar que antes de la Consulta Popular de febrero 2017 y su posterior ley, que prohibió a candidatos a cualquier dignidad y a funcionarios públicos tener recursos en paraísos fiscales, sí tenía operaciones con empresas “off shore”, domiciliadas en paraísos fiscales, que según la propia publicación sirven para eludir impuestos u ocultar dineros de dudosa proveniencia, además resulta contradictorio, para un candidato o Presidente, cuyo plan de hace 8 años y el actual se basa en atraer la inversión extranjera, tenga los suyos domiciliados en el exterior y en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.
Además queda pendiente el conocimiento de cómo se “deshizo” de sus empresas, si las vendió, a dónde fueron esos recursos y si estuvieron declarados antes de ser candidato a la Presidencia de la República; y si los trasladó, es imprescindible saber quiénes son los beneficiarios, puesto que la ley derivada de la consulta popular del 2017, prohíbe que sea su entorno familiar, lo que se considera simulación. La decisión aprobada con 105 votos de 137 asambleístas, la noche del jueves 7 de octubre por la Asamblea Nacional, de establecer la competencia de la investigación en la Comisión de Derechos Colectivos, es un duro golpe para las pretensiones del Presidente de la República, que ahora deberá enfrentar a una Comisión que no la controla, ni la dirige desde el Palacio de Carondelet, como era el caso de la de Fiscalización y Control Político.
12.- En estas condiciones es más difícil para el gobierno desbloquear la oposición de los actores sociales y políticos y se le complican los caminos posibles que habían esbozado, dos de ellos de carácter meramente institucional:
a) Utilizar a la consulta popular sobre los temas que tienen mayor resistencia por parte de la Asamblea Nacional y que le permitan la aplicación del programa neoliberal acordado con el FMI;
b) Hacer uso del mecanismo previsto en la Constitución de revocatoria mutua de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo, también denominado de la muerte cruzada (Arts. 130 y 148 de la Constitución) y aprovechar el tiempo hasta la realización del referéndum revocatorio presidencial para aprobar leyes vía Decretos Ejecutivos, que deberán ser previamente calificados por la Corte Constitucional; sin embargo, ahora resulta más difícil lograr una elección presidencial y mayoría parlamentaria, como adelantaban algunos de sus auspiciantes y voceros en campaña sistemática desplegada por los grandes medios de comunicación y plataformas mediáticas.
Ahora, en estos dos procedimientos las posibilidades de salir a flote están en suspenso, puesto que, es más difícil contar con un respaldo ciudadano mayoritario, sea para obtener el voto de los electores en las preguntas de una posible consulta, o sea para lograr que mediante referéndum revocatorio, los votantes le ratifiquen como Presidente de la República. Cabe resaltar que en caso de perder una Consulta, el gobernante continuaría en funciones, aunque debilitado, pero en caso de no lograr obtener una mayoría en el referéndum, automáticamente quedaría fuera del cargo.
El proceso electoral que pudiera proponer el gobierno más allá de las características específicas de cada procedimiento, sería en realidad una consulta sobre la credibilidad y respaldo presidencial y también de la Asamblea Nacional, de lo cual existe una gran incertidumbre en las filas gubernamentales, dada la tendencia acelerada a la caída que experimenta.
El tercer camino que podría denominarse vía de la cooptación política, en el que sigue empeñado “operadores oficialistas” con visitas y ofertas a los asambleístas, que consistía en alcanzar “acuerdos de gobernabilidad” con los actores políticos y que le permitió incrementar la incidencia del Bloque de Gobierno de 12 legisladores a 25, también se ve debilitado, puesto que se incrementa la incertidumbre y por ende, los “especuladores políticos” se arriesgan menos o cotizan más alto sus votos.
Parecería entonces que el futuro del Gobierno, en la vía constitucional, está atado a que pueda responder de manera convincente a las denuncias presentadas por el Consorcio de Periodistas Independientes, esta será por ahora su principal reto, cuenta con el enorme aparato mediático y de desinformación de las grandes cadenas comunicacionales y plataformas digitales, que le han permitido que ni siquiera los periodistas ecuatorianos, integrantes del Diario El Universo, que participan del Consorcio, profundicen en sus investigaciones; pero, al mismo tiempo, tiene que enfrentar una denuncia avalada internacionalmente y el recelo existente en la población respecto del uso del poder, la confianza en la búsqueda del interés general es cada vez más débil, más cuando en el proyecto de Creación de Oportunidades, se establecía la posibilidad de repatriación de utilidades y se prohibía cualquier tipo de investigación de tipo penal, sobre el origen de los recursos; o, el interés de establecer impuestos a la clase media, mientras eliminaba los impuestos a las herencias que lo pagan fundamentalmente las grandes fortunas, así estas se encuentren en fideicomisos.
Hoy tiene más sentido la pregunta realizada por el entonces candidato
presidencial Andrés Arauz, en el transcurso del debate presidencial ¿Qué va a
privilegiar, los intereses del país o los de su banco, (a lo que podríamos
aumentar, su familia, los evasores o grandes grupos económicos)?
[1] La fuente de este dato corresponde a Our World in Data, al 30 de septiembre y colocan al país en el octavo lugar, con respecto a la población vacunada, aunque si se considera las dos dosis administradas es el cuarto. Desde el 24 de septiembre, según esta publicación la encabeza Cuba, con el 81,9% de su población vacunada.
[2] Cabe resaltar que fue gracias a que los países del Norte terminaron con la campaña masiva de vacunación, que fluyeron las vacunas hacia el Sur y a que aún se mantiene la infraestructura del MSP para la adquisición y distribución de medicamentos -duramente golpeada durante el gobierno de Moreno-, que se aproximó a la meta gubernamental, siendo al 4 de septiembre, el séptimo país con mayor porcentaje de vacunados en A. Latina (https://www.covidvisualizer.com).
[3] https://gestion.pe/economia/petroperu-baja-precios-de-gasoholes-pero-sube-glp-noticia/, 26 de agosto de 2021.
[4] Precio de sustentación del arroz a 35 dólares, entrega de 1000 millones de crédito al 1% a 30 años plazo, elevación del salario básico a 500 dólares, disminución de la tasa de interés, libre acceso y cupos para la universidad, becas de estudio, entre otras
[5] Con una lógica regresiva que incrementaría aportes, mediante la eliminación de deducciones a las personas con ingresos superiores a 2.000 dólares, eliminaría impuesto a las herencias, establecería una exigua contribución extraordinaria de 1 por 1.000, a los patrimonios superiores a 500.000 dólares por dos años, y cambiaría el actual impuesto del 2% a pequeños contribuyentes por una contribución especial.
[6] Para facilitar la implementación de su agenda de ajuste, desregulación, privatizaciones y aperturismo.
[7] De acuerdo con el informe elaborado por la Comisión de Técnica Legislativa aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, CAL.
[8] Además de contener errores legales respecto a la metodología presupuestaria y Plan Plurianual.