Luis Herrera Montero
La Defensoría del Pueblo de Ecuador acaba de responder con una exigencia popular, en apego a la justicia y a los derechos políticos del pueblo ecuatoriano. Denunciar por delito de lesa humanidad al presidente Lenín Moreno y de varios de sus colaboradores, es un paso significativo. No podía quedar en impunidad la persecución a líderes de las multitudinarias movilizaciones, acontecidas en las gloriosas gestas sociales de octubre de 2019, como tampoco el enjuiciamiento y encarcelamiento arbitrario de algunos de ellos. Lo más delictivo y totalitario estuvo, sin duda, en la terrorífica represión por parte de las fuerzas policiales, que hirió de gravedad a varios conciudadanos y que devino incluso en el asesinato atroz de 11 seres humanos.
La connotada intelectual Hannah cuestionó con sobra de detalles al fascismo como ejemplo de una sociedad totalitaria. Arendt también sostuvo con mucha profundidad filosófica la necesidad de constituir la política desde el perdón. Esa valiosa contribución, sin embrago, no debe tergiversarse como sinónimo de impunidad. Entonces, la solicitud del defensor del pueblo, para que la Fiscalía prohíba la huida del presidente Moreno y las autoridades corresponsables de los crímenes mencionados, está justificada a plenitud.
La legítima memoria social nos interpela respecto al trágico golpe de Estado producido en 1973, en contra del régimen socialista y democrático de Salvador Allende. Dicho histórico suceso significó uno de los más nefastos genocidios de la historia contemporánea de América Latina, catalogado por muchos, mundialmente, como clara manifestación de totalitarismo fascista, donde ha primado sin misericordia la impunidad. Recordemos que esa oligarquía se movilizó por las calles, en evidente apoyo al golpe de Estado.
El año pasado hicieron algo muy similar en la hermana república de Bolivia; las oligarquías se movilizaron para gestar un nuevo golpe de Estado. Uno de los líderes de estas movilizaciones el es señor Camacho, a quien muchos también lo identifican como fascista. A diferencia de la dictadura pinochetista, el MAS recupero el gobierno y la administración estatal en forma inapelable. Actualmente, se acusa al gobierno de Luis Arce de propiciar la venganza y la persecución política; inclusive la señora Añez tiene la desfachatez de afirmar que se le ha torturado, sin exponer prueba alguna. Las intenciones, detrás estas acusaciones, pretenden el posicionamiento descarado de la impunidad y de que se ignore los más de 30 asesinatos. Las oligarquías, al igual que en Chile, propician movilizaciones desde la total inconsciencia sobre los derechos políticos y humanos establecidos en la norma constitucional.
En Ecuador tampoco permitiremos la impunidad respecto al terrorismo estatal, que se impusiera en octubre de 2019. En claro contraste con Bolivia, es sumamente dudoso que la fiscalía de nuestro país proceda de forma similar. No obstante, el pueblo ecuatoriano estará vigilante de lo que acontezca. Sostener regímenes de impunidad ha sido la tradición política de las oligarquías, con graves consecuencias en lo referente a la maduración política de la democracia. El filósofo griego Cornelio Castoriadis sostuvo, con mucha pertinencia argumentativa, que gobiernos capitalistas ha sido históricamente oligarquías liberales. Esta característica oligárquica se ha reforzado notablemente con el advenimiento del neoliberalismo a nivel global e impiden la gestación y desarrollo de sistemas democráticos, si entendemos estos como autogobiernos de los pueblos, conforme el concepto tanto de Arendt, como de Castoriadis.
Evidencias sobre el autoritarismo e irrespeto a los derechos políticos del pueblo, están en diversidad de vídeos de prensa popular, en testimonios expuestos a través de redes sociales y en denuncias individuales que el régimen morenista ha despreciado. Podemos entonces afirmar, que el actual gobierno se caracteriza por el autoritarismo y la impunidad, factores que han incidido notoriamente en la popularidad gubernamental, cuantificada en un mísero 4%. Procede sin duda, felicitar a la Defensoría del Pueblo por esta iniciativa. Esta institución denunció permanentemente la brutal represión a la ciudadanía en legitima rebelión, durante el memorable 0ctubre de 2019. Ahora al fin se decidió por formalizarla en lo legal.
Obviamente, esta denuncia requerirá, a su vez, del compromiso y sostenibilidad de otro tipo de gobierno y de administración estatal en su conjunto. De lo contrario, la democracia seguirá siendo destruida por regímenes oligárquicos y totalitarios. Guillermo Lasso representa el nefasto continuismo. En nosotros está sostener procesos adversos a la impunidad e irrespeto a los derechos políticos. En octubre la consigna fue: “El pueblo unido jamás será vencido”. Conforme la correlación de fuerzas y las prioridades políticas, la unión del pueblo requiere de un Frente Antineoliberal, urgentemente.