Por Luis Herrera
En Ecuador, durante el período gubernamental de Lenín Moreno, el desgobierno y régimen neoliberal han producido una severa afectación de los derechos políticos y laborales, así como un incremento desmesurado del desempleo, la pobreza y la violencia social; factores presentes antes de la crisis pandémica por covid19 y que develaron el desmantelamiento de la infraestructura sanitaria, la escasez de recursos para liderar masivas campañas de prevención, la actual ineficiencia para la dotación de vacunas, cuando otros países han demostrado por lo menos algo de prolijidad en el tema, y la más evidente indolencia ante tanto fallecimiento de ciudadanos y ciudadanas de todo el ´país. Ahora, para colmo, a todo esto se suma una de las peores crisis del sistema penitenciario, con extremos niveles de saturación, hacinamiento y muerte. En fin, este catastrófico escenario se explica por priorizar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pagos anticipados de deuda externa y eliminación de impuestos a sectores pudientes, provocando una considerable reducción del presupuesto nacional para desarrollo público y, con esta, una crisis social generalizada, no vivida durante más de cinco décadas.
Ante este nefasto panorama, es improcedente ignorar experiencias de lucha en las últimas tres décadas. De ahí que es oportuno rescatar la dinámica de gobiernos locales y sus proyectos de democracia a través de presupuestos participativos. Como también es necesario destacar el ascenso de gobiernos antineoliberales, en escenarios nacionales y regionales de Ecuador y de América Latina. De este modo fue posible detener el ALCA y otros Tratados de Libre Comercio en la región. Estas trascendentales decisiones mejoraron la calidad de vida de sus pueblos en términos económicos y sociales, sin duda. Lastimosamente no se aplicaron lecturas de autocrítica y por las injusticias del sistema global, estos estilos de gobierno sufrieron una abrupta interrupción, facilitando el reposicionamiento gubernamental oligárquico y la reinstalación de viejas historias de decadencia, que ingenuamente supusimos superadas.
Urge reconocer, entonces, avances respecto a la lucha en contra de la hegemonía de la política internacional de Estados Unidos. Sabemos que dicha política significa el reposicionamiento de regímenes neoliberales, que implican marginación, pobreza, inseguridad, insalubridad y violencia, causados por intensos procesos de desinstitucionalización y funcionalidad macabra con intereses oligopólicos del capitalismo global. Las consecuencias de dichas medidas conllevan agudos individualismos, angustiosas soledades, variadas e incontenibles adicciones a la compleja y atroz sociedad contemporánea de consumo y control planetario. El fenómeno descrito además recrudece procesos muerte; por masivos suicidios de jóvenes, feminicidios en impunidad y por prácticas mafiosas de violencia de distinto orden, no solo alrededor del narcotráfico. Por consiguiente, ignorar las iniciativas de lucha social, en términos locales, nacionales y continentales es inoportuno y altamente peligroso. Por consiguiente, asumir caducas prácticas de fraccionamiento político, que reviven disputas torpes de vanguardismos de centro izquierda o izquierda es lo que menos conviene, ya que solamente producen el fortalecimiento globalizante del imperio, totalitario y oligopólico de la sociedad del control y del mercado.
El presente texto propone, en consecuencia, reflexiones sobre luchas anticapitalistas. Diversas organizaciones, movimientos y partidos han generado procesos multitudinarios de movilización social, para construir la sociedad justa, igualitaria y solidaria. Las respuestas de represión del capitalismo siempre fueron brutales y responsables directas de masacres a los pueblos organizados y sin condiciones para salir ilesos de los violentos ataques de parte de entes policiales e incluso militares. Esas masivas muertes llevaron a concebir la necesidad de la lucha armada para equiparar fuerzas. La hegemonía capitalista demonizó por igual todas las iniciativas de legítima protesta
En América Latina, la política internacional de Estados Unidos, aliada con las oligarquías nacionales, siempre calificó de igual manera al régimen liderado por Salvador Allende y al liderado por Fidel Castro. De este modo, no importaban sus supuestos de “dictadura” o “democracia”, sino el fantasma del comunismo, que resurge a pesar de un raro final de la Guerra Fría: en la actualidad, podemos afirmar que dicha Guerra simplemente ha sido resignificada. Lo interesante es que el comunismo nuevamente es retomado con iguales niveles de tergiversación. Incluso a Sanders, candidato del partido demócrata de Estados Unidos, le han acusado de comunista, por su postura de crítica sensata al fascismo de los republicanos, liderados por Trump. Entonces encubren la verdadera realidad del totalitarismo facho-neoliberal, retomando como bandera de lucha el absolutismo estatal del comunismo ¡Que desvergonzada mentira o desvergonzada ignorancia! La propuesta civilizatoria del comunismo es la superación integral de las clases sociales y, por tanto, de toda existencia estatal. Contradictoriamente, el capitalismo imperial, acusa de autoritarismo, mientras promueve a fascistas como Pinochet o a las oligarquías cubanas asentadas en Miami, con fuertes vínculos con el nefasto gobierno de Trump.
Ahora que los procesos políticos de transformación social tienen aún la deuda política de generar la adecuada sintonía entre Estados, organizaciones políticas y pueblos. Las iniciativas revolucionarias con gobiernos, partidos, movimientos y organizaciones sociales, han tendido más al fraccionamiento que a la unificación, por tanto, a que la multitudinaria representatividad de la revolución entre en serias dificultades de sostenimiento y desgaste de los niveles de representación y legitimidad. Mientras que el capitalismo se recompone y recobra su hegemonía en cuanto a las relaciones de poder con las poblaciones. Obviamente, no se trata de dejar de estructurar gobiernos, partidos, movimientos y organizaciones para la transformación civilizatoria de la realidad y superar finalmente al capitalismo; pero la tarea es compleja y la capacidad de articulación de esa diversidad orgánica está todavía pendiente y puede poner en riesgo el proyecto contrahegemónico. Consecuentemente, tenemos el deber de reproducir procesos de corresponsabilidad, aglutinación de fuerzas y concertación de propuestas.
En términos estratégicos es indispensable considerar que el dominio imperial de Estados Unidos pretende una recomposición de su poder ante los avances de China, Rusia y otras regiones, que actualmente se los conoce como conformación multipolar. Por ende, América Latina debe reestructurarse conforme proyectos de neoliberalización socioeconómica. Dentro de ese propósito los gobiernos progresistas le resultan altamente disfuncionales al neoliberalismo de Estados Unidos. Concebir que cierta tendencia dentro de un movimiento social, con mucho menos poder electoral y experiencia estatal, están mejor posicionados para la acción antineoliberal es ilusorio. En Ecuador, por ejemplo, es evidente que la suposición de fraude no es más que una ficha del plan continental, que implementaron antes en Bolivia, como justificativo para un Golpe de Estado. Esta intención imperial fracasó por la capacidad orgánica y nivel de fuerza del Movimiento hacia el Socialismo MAS, que fue notable y dio cuenta de acertados progresos en materia de interrelación entre gobierno, movimientos, organizaciones y pueblos. Ahora retoman el tema del fraude electoral, pero lo catalogan ya como “fraude sistémico” por la nueva derrota que la derecha sufrirá en las elecciones seccionales.
Para el caso ecuatoriano, el candidato Carlos Pérez promueve peligrosas directrices en la misma tónica que la derecha reaccionaria de Bolivia; ha acusado de autoritarismo a Morales y a Correa, y de forma mucho más autoritaria, propuso públicamente un acuerdo comercial con Estados Unidos. Posteriormente, una vez concluido el conteo electoral, hizo denuncias de fraude, sin sustento alguno y, de manera igualmente anti democrática, acordó el conocido recuento con el candidato de la alianza oligárquica CREO/PSC. Esta decisión, tampoco se ajustó en lo legal, conforme lo establecido en el Código de la Democracia, ni presentó las pruebas para tramitar tales solicitudes. Ante la falta de viabilidad del acuerdo, el candidato de las oligarquías terminó con el mismo.
Las acusaciones de fraude han continuado, pero el nivel de respaldo del movimiento indígena ha decaído considerablemente. Dentro del Consejo Nacional Electoral, el movimiento Pachakutik tiene a la presidenta Diana Atamaint, quien fue parte de los consejeros que ratificaron recientemente el paso a la segunda vuelta electoral de UNES y de la alianza CREO/PSC. Inmediatamente, luego del pronunciamiento de la autoridad electoral, Pérez insistió con acusaciones de fraude y motivó a sectores de la militancia del movimiento indígena no sola a movilizarse, sino también a reunir 20000 actas con supuestas inconsistencias, las que el Consejo Nacional Electoral recibió. Luego del análisis del caso, los consejeros resolvieron que tan solo 31 de esas actas entrarían en un proceso de recuento, ya que el resto no evidenciaba las inconsistencias anunciadas por Carlos Pérez. El hecho es que no logró fundamentar el fraude. Ante esta situación inexplicable, el dirigente de la Confederación de Nacionalidades del Ecuador, Jaime Vargas, anunció que el hecho electoral está consumado en su primera vuelta. Carlos Pérez en vez de asumir una postura autocrítica, reanimó a un grupo de Pachakutik, a través de un paro nacional, a oponerse al pronunciamiento oficial del Consejo Nacional Electoral. Esta necedad del candidato Pérez contagió al dirigente de la Ecuarunari, quién negó legitimidad a Jaime Vargas como dirigente fundamental del movimiento indígena. Las movilizaciones finamente tuvieron escaso apoyo e impacto
En síntesis, la postura de Pérez solo fomenta fraccionamientos, que a la postre terminan jugando en favor del reposicionamiento neoliberal. El gobierno de Lenín Moreno siempre intentó postergar las elecciones, hecho claramente ilegal, para alargar su período presidencial y otorgar más tiempo para procesos peligrosos de una sospechosa independencia del Banco Central y posteriormente una posible privatización de áreas estratégicas de la economía ecuatoriana; hoy bajo el control del Estado.
Como lo he enfatizado antes, el país requiere la conformación y consolidación de un Frente Nacional Antineoliberal o Progresista. No solo es urgente ganar la segunda vuelta, sino propiciar procesos de gobernabilidad; de lo contrario, no será viable poner un alto a la arremetida neoliberal y sus efectos altamente perjudiciales para el bienestar social de ecuatorianos y ecuatorianas. El objetivo no deberá consistir en repeticiones respecto lo realizado por el anterior gobierno progresista, sino necesariamente en la superación errores y hacia la restauración estatal e institucional del país, desde un renovado proceso progresista. La propuesta hasta el momento así se direcciona, la crisis económica, la crisis de salud, la crisis política, la crisis penitenciaria, en definitiva, la crisis social, nos obliga a un gran acuerdo integral y sistémico. Es decir, que la reconstrucción nacional se inspire en planes de coordinación multisectorial y de práctica intersectorial, para así solventar la situación de emergencia en la economía, la salud, la política, la educación, la cultura; en sí, la crítica afectación a los derechos humanos. La propuesta debe concretarse mediante proyectos estrictamente coordinados y sostenibles a corto, mediano y largo plazos. Ante necesidades y urgencias, cualquier tipo de fraccionamiento terminará haciendo juego a las oligarquías y al neoliberalismo como estrategia imperial, bajo el control y predominio de la política internacional de Estados Unidos, la histórica causa de nuestros contemporáneos males.
El Frente Antineoliberal o Progresista no debe simplificarse en la gobernabilidad o en ámbitos estatales. La lógica requiere ser principalmente societal. Uno de los errores fue no fomentar procesos organizativos articulados, como sustento del proyecto nacional progresista, mismo que no debe terminar tampoco subordinado en la lógica estatal, ya que impide superar largas costumbres paternalistas y asistencialistas. El gran propósito es impulsar la participación ciudadana, las iniciativas de veeduría social y el diálogo político, como modo de ser de la propuesta orgánica del frente en mención. De esta manera, será posible no solo superar la situación de emergencia y terapia intensiva, sino también transformar en voluntad y cotidianidad todo aquello que en la Constitución denominamos como Buen Vivir o Sumak Kawsay, con claros objetivos en materia de derechos de la naturaleza, soberanía alimentaria, agricultura familiar, ciudades ambientalmente sostenibles, culturas de paz, educación-salud-comunicación intercultural, rehabilitación social de privados de su libertad y cogestión-coparticipación-corresponsabilidad.
Lo mencionado, reitero, no puede desatender las situaciones de riesgo y alta emergencia respecto a la pandemia por covid19, a los despidos arbitrarios de empresas y Estado, a la gravedad del sistema carcelario, entre las medulares. Sin embargo, tampoco procede ignorar la utopía. En pocas palabras, se necesita saber integrar la sociedad con el Estado y saber proyectar el corto, mediano y largo plazos como prioridades del bienestar público severamente destruido. Para todo ello debe superarse la crisis y recomponer, a su vez, el Gran Frente Progresista también a nivel de América Latina. Unidos lograremos mucho. Fraccionados nos autoperjudicaremos y triunfa el imperio. El Frente Progresista es principalmente deber y responsabilidad societal de organizaciones, movimientos, partidos, comunidades, pueblos e individuos, un gran tejido de centro izquierda e izquierda coparticipando por el bien común y en oposición a las totalitarias políticas neoliberales. Para el efecto será necesario entender todo como proceso, conectando adecuadamente reforma con revolución, como lo he dicho antes y continuaré haciéndolo en mis recomendaciones.