Por Gonzalo J. Paredes
La deuda tiene diferentes fines, individuos, empresas, y gobiernos contratan préstamos para invertir, gastar y/o pagar antiguos empréstitos. Cada uno de estos implican diferentes posibilidades de que la deuda sea cancelada. En el pensamiento y escritos de corte heterodoxo surge la proposición de que si los préstamos contratados no están destinados para inversión productiva son considerados deuda y cuando sí lo están son catalogados créditos. De esta manera, cuando se trata de deuda se la reconoce como un arma de sometimiento, cualquiera que sea la relación: consumidor-banquero, empresarios-banqueros, gobiernos-organismos internacionales, gobiernos-mercados de capitales, etc.
Gran parte de la historia del Ecuador está caracterizada por el sometimiento mediante este instrumento. Las relaciones de poder entre la economía ecuatoriana y la del resto del mundo han guardado un profundo desbalance, donde acreedores e instituciones internacionales viabilizan sus intereses a través de la figura del sobreendeudamiento. Una persona, empresa o gobierno está bajo esta condición si su nivel de deuda muestra incapacidad de pago a futuro. Los ingresos probables no cubren el servicio a la deuda.
¿Qué dice la literatura económica? Los estudios de la relación del endeudamiento con el crecimiento económico en los países en desarrollo llegaron a ciertas conclusiones que han servido para la elaboración de las políticas económicas en los años de la dolarización en Ecuador, esencialmente dos: i) la probabilidad de crisis económica aumenta cuando el indicador deuda/PIB está por encima del 40 %, el histórico señala que los eventos de suspensión de pagos se concentran en el rango de 40-60 % (Reinhart y Rogoff, 2009); y, ii) la alta volatilidad de las exportaciones, por la elevada concentración en productos primarios, puede ser mitigada a través de ingentes saldos de ahorro preventivo (Ghosh y Ostry, 1994).
Sin embargo, estos resultados sufrieron serios cuestionamientos. Las conclusiones de Rogoff y Reinhart (2009) fueron refutadas por un estudiante de doctorado1 de University of Massachusetts Amherst cuando encontró “errores de cálculo” en la hoja de Excel de los autores (Herndon, Ash, y Pollin, 2013), mientras que las investigaciones en los últimos años sugieren que la mayor inversión pública (financiada con recursos genuinos y/o ajenos) impulsa una mayor tasa de crecimiento de la producción a futuro y, por ende, contribuye a la sostenibilidad fiscal y de la deuda (Cavallo, Powell, y Serebrisky, 2020). De esta manera, se puede descartar el sobreendeudamiento.
Con respecto a la segunda, el incremento del ahorro público preventivo puede obstaculizar una mayor expansión económica en la fase de auge del ciclo económico, necesaria para los países en desarrollo por sus altos niveles de pobreza y desigualdad. Además, estaría coadyuvando a perpetuar las ineficiencias de la economía, lo que resultaría en un “juego de suma cero”: un excesivo ahorro público podría postergar aún más el desarrollo de los países de ingresos bajos, lo que incrementaría las pérdidas por ineficiencias de la estructura productiva atrasada. Estas se cubrirían por el excedente de liquidez alcanzado, no cumpliendo con el objetivo primario que es reducir los efectos de la volatilidad de las exportaciones.
En los años de la dolarización se identifican dos tramos donde el sobreendeudamiento ha servido para implementar ajustes en beneficio de los acreedores externos y de los intereses privados internos: 2000-2007 y 2018-2020. En los primeros siete años de la dolarización se aplicaron varias políticas que se caracterizaron por la constricción de la política fiscal, reducir el endeudamiento, incrementar el ahorro público y la generación de superávits fiscales. Si bien es cierto que el coeficiente deuda/PIB se redujo sustancialmente (descendió de 88,19 % a 32,59 %, entre 2000 y 2006), más se debe al crecimiento del PIB que por reducción de la deuda2. Por otro lado, el nivel de ahorro conseguido en el momento de la eliminación de los fondos petroleros era muy bajo para contrarrestar la volatilidad de las exportaciones3.
En los primeros años de la dolarización y con el argumento del sobreendeudamiento se llevaron a cabo tales políticas a través de la normativa de los fondos petroleros: preanunciar la compra de bonos y restringir la expansión del gasto público a través de fijar un “techo” cada año al precio del barril de petróleo que serviría para elaborar el Presupuesto General del Estado (PGE). Esto ocasionó, por un lado, el pago anticipado de la deuda y, por otro, la contratación de préstamos para cubrir lo que el “techo” no permitía.
Por esta razón, la deuda en valores absolutos se mantuvo casi constante hasta 2006. Asimismo, estos fondos no alcanzaron a cumplir con su objetivo principal porque la mayor parte de ellos tenían numerosas preasignaciones. Esto demuestra las falencias de las conclusiones de Ghosh y Ostry (1994), si se toma en cuenta la profundidad del conflicto social y del desarrollo postergado. Todas estas políticas fueron exigidas e impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) (ver figura 1).
Figura 1. El 80 % del fondo será para deuda
Fuente: tomado de Diario El Universo (10 de abril de 2002)
En 2000, el sobreendeudamiento sirvió para imponer reformas que aseguraran el pago de la deuda externa de forma anticipada. En 2017 no existía, pero se lo trató de imponer a través del engaño: se formó una comisión de la deuda desde la Contraloría General del Estado (CGE), se desconoció el manual del FMI, se buscó confundir los límites que conlleva una transacción comercial y una financiera, y se sumó valores que no podían considerarse deuda4.
Sin embargo, el velo se corrió cuando el propio FMI, en su evaluación de marzo de 2019, puso al descubierto que tal sobreendeudamiento era ficticio, el indicador deuda/PIB para 2018 se encontró en 46,7 %. A pesar de esto, el FMI “recomendó” el mismo recetario que a principios de los años 2000, sin mostrar pizca alguna de entendimiento acerca de las economías de los países en vías de desarrollo. El crecimiento se estancó y la deuda publica total agregada superó los USD 60 000 millones en noviembre de 2020.
No existe régimen monetario que soporte el peso de un endeudamiento que no tenga como contraparte más y mejor inversión pública, y eso incluye a la dolarización.
Notas
- Recuperado de https://elpais.com/economia/2013/04/26/actualidad/1366984629_256082.html
- La deuda se redujo apenas en USD 560,2 millones, mientras que el PIB se multiplicó en 2,6 veces.
- Según Revista Gestión N º 165, el saldo final de los fondos petroleros, a diciembre de 2007, era de USD 1 726 millones, mientras que la caída de las exportaciones fue de USD 5 000 millones. Revisar https://revistagestion.ec/sites/default/files/import/legacy_pdfs/165_003.pdf
- El gobierno de Lenín Moreno promovió la idea de que la deuda ascendía a USD 75 000 millones. Recuperado de https://www.elcomercio.com/actualidad/moreno-deuda-regimen-correa-millones.html
Bibliografía
Cavallo, E., Powell, A., y Serebrisky, T. (2020). De estructuras a servicios El camino a una mejor infraestructura en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/De-estructuras-a-servicios-El-camino-a-una-mejor-infraestructura-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
Herndon, T., Ash, M., & Pollin, R. (2013). Does high public debt consistently stifle economic growth? A critique of Reinhart and Rogoff. Cambridge journal of economics, 38(2), 257-279.
Ghosh, A. R., & Ostry, J. D. (1994). Export instability and the external balance in developing countries. Staff Papers, 41(2), 214-235.
Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). This time is different: Eight centuries of financial folly. princeton university press.