Por Andrés Chiriboga
Al Gobierno de Guillermo Lasso se le acabó el periodo de prueba cobijado por las cifras de la vacunación que, más allá del relato oficialista y para desdicha de sus adherentes ultraliberales, tuvo mucho más de esfuerzo público y cooperación intergubernamental que de éxito empresarial. La vacunación concentró naturalmente la atención de la ciudadanía y la oposición fue condescendiente, felicitó a Lasso y se abstuvo de cualquier tipo de escrutinio. En todo caso, e incluso antes de finalizado el periodo de gracia, no se hicieron esperar las primeras tensiones y conflictos en un país ahogado completamente en una crisis económica, social y sanitaria sin precedentes. A las tensiones sociales con las que ha lidiado mal el Gobierno del Lasso, se suma la mala gestión de la relación con la Asamblea, la explosión de una crisis carcelaria sin precedentes y una nueva exposición, en este caso con los reflectores internacionales de los Pandora Papers, del entramado offshore con que Lasso ha escondido su capital y elude sus obligaciones fiscales.
Los primeros problemas detonaron en el agro, cuando varios gremios exigieron al Gobierno que cumpliera sus ofertas de campañasobre la definición de precios de sustentación para varios productos como el arroz. Ya son varias semanas de protestas reprimidas por la fuerza pública, y Lasso ha nombrado ya dos ministros de Agricultura y, aún así, no se avizora ninguna solución. También tempranamente, los gremios del magisterio público se manifestaron para reclamar el aumento de sus salarios mientras que el Gobierno se aferra a que la Corte Constitucional dirima en última instancia el conflicto en contra de los maestros. Estos últimos, tras un primer fallo general que juzgan favorable, levantaron las huelgas de hambre sin que el conflicto haya llegado a su fin.
El alza de los precios de los combustibles y su innegable impacto en la capacidad adquisitiva de la gente desataron, en el mes de agosto, las primeras protestas lideradas por la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (CONAIE) que posee una histórica capacidad de movilización. La primera respuesta de Lasso fue tildarlos de anarquistas desestabilizadores como ya lo había hecho durante el emblemático levantamiento popular de octubre de 2019 en contra de las políticas del expresidente Lenín Moreno. Las organizaciones sociales no cayeron en la provocación de Lasso, insistieron en su apertura a dialogar y obligaron al presidente a entrar en esa cancha. Ante los intentos del régimen de dividirlos, el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, insistió que el diálogo debía ser con un amplio número de representantes del Parlamento de los Pueblos, en el que la CONAIE confluye con varias organizaciones sociales desde la resistencia de octubre de 2019.
El encuentro entre el Gobierno y representantes del Parlamento de los Pueblos se dio finalmente el pasado 4 de octubre. Lasso recibió a Iza y varios dirigentes sociales en un contexto muy delicado para él: agotado el periodo de gracia y con un saldo cada vez más negativo en su relación con la Asamblea Nacional que recientemente le devolvió su proyecto de ley económica urgente que buscaba aumentar la carga tributaria en la clase media.
Lasso se encontraba ante la oportunidad de ensayar el camino de la negociación política con las organizaciones del Parlamento de los Pueblos. Por su lado, éstas consideraron que era el momento de jugar duro tanto por la insostenible situación del país como por ver a un Lasso ciertamente golpeado por la coyuntura de los últimos días y por el saldo negativo de sus operaciones políticas. Aunque Leonidas Iza no tiene completamente controlado su patio interno (existen tensiones con varias organizaciones y la relación con la bancada parlamentaria de su brazo político, el Pachakutik, tiene altos y bajos), éste llegó al encuentro con una postura firme y con propuestas para la recuperación económica: derogatoria a los decretos que liberalizaron el precio de los combustibles en la época de Moreno, alivio financiero para los deudores de la banca, definición de mecanismos para que se cubran los mecanismos de producción de los campesinos afectados por la crisis y rechazo al proyecto de ley económica urgente que busca flexibilizar más la contratación laboral, agilizar las privatizaciones y profundizar la desregularización financiera.
Aunque Lasso se apresuró a destacar las bondades del diálogo y las coincidencias diagnósticas con sus contertulios, se conoció rápidamente que el presidente optó por no ceder, ni siquiera por cálculo político. Desde un punto de vista táctico, esta era una oportunidad de Lasso para liberar ciertas tensiones en un momento en que tiene muchas cosas sobre la mesa, pero optó por no hacerlo. Esto seguramente decantará en una relación más tensa con las organizaciones sociales que, de acuerdo a sus anuncios, se prestan a definir las próximas acciones a tomar.
En la reunión con Iza y el Parlamento de los Pueblos, Lasso desprecia de nuevo la gestión política y opta por el desencuentro. Quizá por ello, la estrategia comunicacional matiza el uso del “encuentro” e incluye una idea más etérea de “país de las oportunidades”. Queda claro, no obstante, que quienes acceden a las oportunidades que tiende el Gobierno son cada vez un grupo más cerrado y a quienes beneficia la agenda de profundización de un neoliberalismo diseñado para el capital financiero.
Además de las tensiones con las organizaciones sociales, la suerte que ha tenido hasta ahora la Ley Económica Urgente de Lasso permite leer otros de sus desaciertos políticos. La devolución de este proyecto normativo llamado “Ley de Oportunidades” ha dejado claro que su inaugural (y frágil) alianza parlamentaria con el Pachakutik (PK) y la Izquierda Democrática (ID) fue un amor pasajero que también le costó caro a estas dos fuerzas legislativas que atraviesan sus propias crisis y resquebrajamientos. Los votos de los miembros del PK, ID y UNES en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) fueron claves para que el proyecto de ley no sea calificado y le sea devuelto. Uno de los dos votos del PK corresponde al de la propia presidenta de la Asamblea a quien Lasso le recordó que estaba en el cargo gracias a su apoyo y le exigió públicamente que pasen el proyecto de ley. Además, la relación tensa de Lasso con el Partido Social Cristiano (PSC) se profundiza luego de la ruptura del acuerdo de gobernabilidadde mayo pasado del que formaba también parte el correísmo (UNES). La difícil amalgama que se fraguó en la campaña entre rivales de derecha (la tradicional oligarquía que representa el PSC y los intereses del capital financiero que representa Lasso) regresa poco a poco al encuadre tradicional de enfrentamiento de estas fuerzas de derecha. Estas cuatro bancadas, UNES, PSC, ID y PK suscribieron un comunicado conjunto para decirle a Lasso que debe ser respetuoso de la ley, los canales democráticos y que con gusto discutirán un proyecto que no viole la Constitución.
En la Asamblea Nacional, Lasso se queda solo con su bloque de legisladores de su partido CREO, los independientes y desertores que ha logrado reclutar. La relación comenzó mal con la ruptura temprana con el PSC y se agravó con los permanentes afanes de by-passear a la Asamblea como lo hizo con la ratificación del convenio del CIADI y con la entrega de su proforma presupuestaria sin tener plan de desarrollo y obviando las observaciones parlamentarias de las bancadas de UNES, el PSC y el PK que ni siquiera se dignó en contestar. Luego de la devolución de la “Ley de Oportunidades”, las señales que da Lasso parecen buscar generar más tensión en este frente: según los anuncios de él mismo y su ministra de Gobierno (una experta en generar tensiones), parecería que buscará presionar a la Corte Constitucional a que contradiga la decisión de la Asamblea de devolverle su proyecto por inconstitucional y por incumplir requisitos de calificación. ¿Privilegia esta (nueva) jugada a los mecanismos de democracia directa como el plebiscito o la muerte cruzada como amenaza al legislativo? Ciertamente, el escenario para una Consulta Popular se vuelve más complicado mientras más se ensimisma el presidente. Aunque conociendo a Lasso y a quienes ahora manejan las relaciones políticas de su Gobierno (la vieja Democracia Cristiana), la consulta popular es una estrategia que seguirá en sus bolsillos y no la descartarán fácilmente.
Por otro lado, es interesante señalar que incluso parte de las élites empresariales y los voceros económicos que han apoyado a Lasso tradicionalmente han mostrado su descontento con el proyecto de ley y con un rumbo al que consideran “poco liberal”. Incluso rayando en el absurdo han llegado a tildar a Lasso de socialdemócrata. Lo que les disgusta a aquellas élites es que Lasso, un millonario que elude impuestos según nos recuerdan los Pandora Papers, haya osado incluir un impuesto temporal al patrimonio y que proponga que se incremente ligeramente el impuesto a la renta a los más ricos. Seguramente esto lo hizo para cumplirle ciertos compromisos cosméticos al FMI (cuyo detalle se desconoce todavía). Poco les importa a los ultraliberales que el proyecto de ley, en su parte tributaria, se enfoque realmente en cobrarle más a la clase media. Ellos quieren que todo sea recorte presupuestario, reducción del Estado y menos impuestos para los más ricos. Quizá con ellos, Lasso pueda reconstruir relaciones si abandona la idea de incluir unos pocos y simbólicos impuestos a los más ricos. De esa manera podría reagrupar el rebaño de las élites y, por supuesto, de los medios de comunicación que le defienden y hacen eco del discurso oficial.
Para cerrar es importante mirar a la izquierda. La terrible situación en que se encuentra el país y la coyuntura política que atraviesa el Gobierno de Lasso se vuelven, respectivamente, obligación y oportunidad para construir conducción estratégica y propender a la unidad de una fuerza de oposición progresista. La Revolución Ciudadana (RC), ahora con partido propio tras 4 años de proscripción, reconcentró fuerzas en una convención nacional en su bastión electoral de la provincia de Manabí, en la costa del país. Parecería que la reconcentración de fuerzas se lee de distintas formas y con distintos intereses dentro de la dirigencia de la RC que, en lo más visible, hace una apuesta cerrada a que su caballo de batalla sea su bancada legislativa (UNES). Con respecto a su capacidad y voluntad de articular en el plano de la sociedad civil, la RC parece de momento más preocupada de la gestión de sus redes sociales. Por su lado Leonidas Iza, en el marco de la tensión con el Gobierno, insiste en la unidad y la articulación de fuerzas de las organizaciones sociales, aunque su propio patio –como se mencionó antes– no está completamente consolidado y deberá medir el timing de las calles, así como el framing de Lasso que buscará cualquier oportunidad para mostrarlos como “anarquistas desestabilizadores” y quedar él como el dialogante.
Cabe plantear algunas necesarias preguntas: ¿podrá el movimiento indígena articularse con el correísmo en este nuevo capítulo que atraviesa el país?, ¿podrán sumar sus respectivos aliados políticos y sociales, así como aglutinar otros actores del espectro progresista? En la campaña electoral y más allá de la posición formal de la CONAIE en la segunda vuelta, fueron de conocimiento público los acercamientos entre la candidatura presidencial de UNES y algunos importantes representantes del movimiento indígena. Existieron quienes aplaudieron el acercamiento y hay quienes estimaron que tuvo efecto negativo en sectores votantes citadinos y de la clase media. Lo cierto es que quienes tuvieron encontronazos en el pasado, dieron señales de acercamiento meses atrás. Lecciones aprendidas y canales de acercamiento seguramente pueden recrearse o reconstruirse. Causas compartidas como denunciar y combatir el abuso de los evasores fiscales, empezando por el propio presidente de la república, deberían ser causas conjuntas.
Las dispersas fuerzas políticas y sociales del progresismo ecuatoriano están ante la obligación y oportunidad de hacerle frente al avance de un neoliberalismo privatizador de corte financiero que, aunque insiste en discursos consensuales, en realidad desprecia la gestión política, la posibilidad de llegar a grandes acuerdos y se encierra cada vez más en sí misma. Es el momento de la conducción y articulación de una necesaria oposición democrática al Gobierno del desencuentro, sus desaciertos y sus offshores.
Tomado del Observatorio de la dolarización