´Quien no va a ayudar, mejor que no estorbe´. Con esta frase, el presidente Lenin Moreno, hizo público el Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, con carácter de económico urgente, a ser tratado por la Asamblea Nacional, en los próximos 30 días, en medio de rumores de ´muerte cruzada´, como herramienta política de presión a la legislatura.
Su nombre, revela el objetivo, pero no a sus auténticos beneficiarios. Esto, confirma ciertas sospechas, que iniciaron en redes sociales. Actores empresariales, primero exigieron flexibilización para prescindir de sus trabajadores, en medio de la crisis por el coronavirus. Luego, vinieron los despidos, como en Confiteca y Edesa. Hoy, más de 1800 denuncias de despidos intempestivos reposan en el Ministerio del Trabajo.
En un tuit, Alberto Acosta Burneo, pidió urgentemente la creación de una Ley de Quiebras para las empresas (8 de abril de 2020, https://twitter.com/ALBERTOACOSTAB/status/1247892295082323977), lo que permitiría su ´reconversión´, en un giro de negocio. A este pedido, le siguió la respuesta, en cadena nacional, del ministro de economía, Richard Martínez, quien aseguró que ´la realidad ha superado a la legalidad´, por lo que demanda acuerdos entre trabajadores y empleadores, para fijar montos, calendarios y formas de pago de sus salarios, así como en la forma de contratación y en sus desahucios.
A esto, se suma la receta para enfrentar la crisis, expuesta por el asesor (sin nombramiento oficial) del Gobierno, Augusto de la Torre, exgerente del Banco Central en el gobierno de Mahuad, execonomista del FMI y exgerente del Banco Mundial para América Latina. Según el experto, la única “ley debe ser el acuerdo entre las partes”. Martínez y De la Torre, tienden una mirada a la resolución de la economía, en este aspecto, mediada por la ´la ley de la selva´, donde el más fuerte prevalece.
La situación, pinta un retrato, donde se contemplan los empresario. Motivados por la crisis y las deudas acumuladas por años, rupturan la norma legal del trabajo, y al no disponer de un marco legal – económico para provocar devaluaciones y competitividad regional, desvinculan a sus trabajadores. Luego, en un campo de flexibilización de normas, pueden renegociar, con ventaja, el costo de la mano de obra.
Así se construye el salvataje de las empresas, financiado con un pequeño aporte de las utilidades empresariales y con el pago obligatorio de una parte de los sueldos de los trabajadores públicos y privados, por 9 meses; y, que en el caso de los empleados públicos que ganan más de USDS. 1000 al mes, será permanente, lo que equivale a una ilegal rebaja de sueldos, según lo apunta el proyecto legal en su cuarta Disposición General: “una vez que culmine el plazo para el pago de la contribución humanitaria temporal sobre ingresos de personas naturales, se reducirá de forma permanente un diez por ciento (10%) la remuneración mensual de todos los funcionarios públicos de la Función Ejecutiva y empresas públicas, que tengan una remuneración igual o mayor a mil dólares (USD. $ 1000,00)”.
El Proyecto de Ley Orgánica de Ayuda Humanitaria, no tiene antecedentes en el país e inclusive está opuesto a la legislación pública vigente. Por ello, en la primera Disposición General, dispone que “Las ayudas al sector privado, establecidas en esta Ley, constituyen una excepción a lo dispuesto en el artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Fianzas Públicas, y para su implementación no se seguirá el procedimiento dispuesto en su artículo 89 del reglamento al referido Código”.
El procedimiento para recibir esas ´ayudas públicas´, está contenido en el artículo 16 de Proyecto. “Desde la cuenta especial se podrá entregar ayudas públicas estatales a aquellas empresas de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria, siempre que estas no despidan a sus empleados y trabajadores”. Lo que resulta ser más un principio, que un objetivo.
El financiamiento de las ayudas públicas a las empresas, descansa en el aporte de 1,3 millones de trabajadores, que juntarán un monto de 901 millones de dólares, frente a la contribución de 500 millones de dólares de 1400 empresas, tal como consta en el informe de la Subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía, que acompaña a la Ley de Ayuda Humanitaria.
Ecuador, 21 años después, del salvataje bancario, se muestra inútil para cobrar deudas que las empresas mantienen con el fisco, a través del SRI. Antes, el régimen de Moreno apostó por la remisión de intereses, multas y recargos de los empresarios ecuatorianos, quienes adeudan millones de dólares al Estado (ver capturas de pantalla). Remisión que, a propósito, fue defendida el 15 de abril en el Pleno Virtual de la Asamblea, por el ministro Martínez, por ´necesaria y útil para el país´. “El 90% de las personas que se acogieron son medianos y pequeños empresarios”, aseguró, aunque los montos de las deudas y los nombres de los deudores, lo contradicen.
De regreso al salvataje bancario, este inició con la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), el 2 de diciembre de 1998, para respaldar los depósitos de la ciudadanía, al hacerse cargo de los pasivos de la banca privada, con problemas de liquidez. El 8 de marzo de 1999, los bancos cerraron sus puertas, por 5 días, ante una galopante iliquidez. El entonces presidente Jamil Mahuad, de la Democracia Popular (democracia cristiana), decretó congelamiento de las cuentas privadas, de dos millones de sucres en adelante, por un año.
El origen de esa crisis, está en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik, quienes enfrentaron los estragos económicos del Fenómeno de El Niño. En 1994, este régimen crea la Ley de Instituciones Financieras, que bajó los tipos de interés crediticio, para inyectar liquidez en el mercado, lo que generó, con los años, una ´burbuja de inversiones´. Los ciudadanos preferían vivir de los intereses ofrecidos por la banca, en lugar de emprender y generar producción, mientras los banqueros aprovecharon el flexible marco legal para generar créditos vinculados, en los que sus ´empresas de papel´ resultaron beneficiadas.
Esta vez, en el 2020, también se habla de crisis, por los efectos económicos de la pandemia mundial del Covit-19. Se refiere iliquidez e imposibilidad de garantizar los puestos de trabajo en el sector privado. El problema demanda ingentes recursos económicos, así como flexibilidad normativa en el ámbito laboral; es decir, una ley y acuerdos ¨libres y voluntarios´ entre empleados y empleadores.
Sin embargo, la pretensión gubernamental, no es compartida ni siquiera por el PSC, una de las bases políticas móviles y coyunturales del Gobierno. Los socialcristianos, apuntan que son mejor las ´donaciones´ de grandes empresas y personas naturales del Ecuador, que amasan fortunas, aunque no tocan a esos 265 ecuatorianos que, según informe de 2015 del banco suizo USB AG, acumulan una riqueza de 30 mil millones de dólares.
