Francisco Herrera Aráuz

Fue cuestión de un momento de declaración pública del consejero de gobierno, Santiago Cuesta Caputti, en medio de diálogos e imposiciones del alza de las gasolinas con el poderoso gremio de taxistas, que saltó la verdadera razón por la cual Ecuador ha vivido todo este tiempo en medio de incertidumbres, acciones inexplicables, contradicciones y demás; todo este proceso del régimen del presidente Lenin Moreno Garcés apunta a la privatización total al 2019. Eso es todo, es el principio y fin de lo hasta aquí vivido y sufrido por la nación.

Desde la instalación del gobierno ecuatoriano en mayo/2017, el régimen del presidente Moreno Garcés inició un proceso político totalmente contrario a la revolución ciudadana, de la que él mismo había sido parte y, que la calificó de leyenda. Durante todo este tiempo, más de 17 meses, la sensación de estar metidos en una especie de montaña rusa en la cual se tiene un escándalo semanal provocado desde las altas esferas del gobierno o la oposición, otros movidos por la clase política en su conjunto, súmense las acciones pro-empresariales con grupos de derecha afines y, las versiones tremendistas de los opinadores en un machacar constante en la gran prensa, han generado un estado de crisis permanente de la cual pareciera no podemos salir ni un día, ni una hora siquiera.

A lo largo de este tiempo se han asumido una serie de poses incoherentes por parte del equipo de gobierno y sus socios políticos de la extrema derecha. Su discurso insistente ha sido destruir todo lo que se hizo en los años de la década de Rafael Correa, derruir su gestión que fortaleció al estado ecuatoriano, afectar la imagen de estabilidad y crecimiento que se había construido en la conciencia colectiva y, desmontar todo el aparato estatal bajo el grito de que hay que “acabar con el modelo correista”.

Hasta aquí no se podía entender por qué todas las acciones políticas, económicas y sociales que asume el régimen, iban enmarcadas en una incertidumbre absurda. La justificación inicial con la que se dio el punto de partida es declarar a la nación en crisis económica con aquello de “la mesa no está servida” con la cual justificaron crear una especie de masa crítica en la opinión pública, pese a las cifras de los organismos internacionales como la CEPAL, el BM, PNUD y otros más declararon que el 2017 Ecuador estaba en crecimiento con un 1.5% positivo. No, no sirvió de nada que la nación mantenía cifras alentadoras en el desarrollo del estado que se había fortalecido en los diez años pasados, al punto de reducir la pobreza, el desempleo, la insalubridad, el analfabetismo. Tampoco se aceptaba el crecimiento en las cifras de escolaridad, estudios superiores, atención de salud e infraestructura. Se declaró el desastre por decreto y se lanzó a la calle la versión más purulenta de caos económico.

En lo político, de forma violenta des-institucionalizaron a la nación. Aduciendo dictadura, le metieron a Ecuador en una transición que destruía todo lo que sea público, estatal, o sociedad nacional, especialmente las leyes a las que han violentado de manera indigna hasta llegar al estado de vacancia constitucional que les ha dado la justificación más infame para sus abusos. Se trata de eliminar derechos alcanzados por la población destruyendo las hornas de quienes cumplieron con esa gestión y, acusando sin pruebas, forjando procesos, enjuiciando sin defensa crean en forma impune un estado de opinión seriamente infectado por el odio político donde lo único que vale es su justicia, para perseguir al resto. Gritan contra la corrupción,  con un contralor impuesto por abuso, sin mirar a sus adentros que el proceso pestilente de lo corrupto lo tiene un régimen que entre sus propios allegados se acusan de haber comprado los cargos y con ello ejercen el poder para su transición manipulada.

Generando un marco confuso, arrebatan los derechos de las gentes. Así, presentan un manejo caótico del presupuesto del estado para justificar el alza de los combustibles, la eliminación de subsidios, reducción de los ingresos en educación, salud, vivienda, infraestructura y desarrollo social. Disminución sensible en los montos para seguridad, protección ciudadana y servicio público, optando más bien por la “donación” de dineros del estado para hospitales públicos. De paso, se genera un ataque constante a las empresas e infraestructura de la nación, a las cuales se les encuentra grandes pérdidas, malos manejos, peores administraciones y, de paso, graves fallas en la construcción de los bienes nacionales que no son explicadas sino solo supuestas o rumoradas, pero no comprobadas ya que resulta fácil  Culpar de todo a Correa . Es un cambio total de la nación donde el desprestigio del estado es asumido por sus propios gobernantes.

Todo da para pensar que no hay tal crisis, manejo confuso o caos nacional, por el contrario aquí le están conduciendo a la nación a un proceso privatizador. Si, tal como se lee, PRIVATIZACION con todas las letras y toda la fuerza que aquello implica ya que el presidente Moreno puede aducir a su favor que ya lo planteó el pasado 22 de marzo de 2016 ante su partido Alianza País, en su propuesta de gobierno cuando emitió un documento de “autocrítica” y ahí habló de un proceso de asimilación con el sector privado bajo la figura de concesiones, discurso que siguió exponiendo en la campaña, aún sin definir con precisión de que se trataba.

Pues han pasado los días y la privatización pareciera esta lista y será total el 2019, tal cual lo proclama el consejero Santiago Cuesta Caputti, en forma por demás impositiva y virulenta, tal como sus respuestas a los ciudadanos en las redes sociales, que le desmerecen como funcionario público, sobre todo porque –según sus propias palabras-  el concurre ante el presidente como un asesor de negocios que busca beneficiar al estado con tales negociaciones.

¿Qué implicaría privatizar al Ecuador? El plan, según Cuesta Caputti, consiste en “concesionar” todas las empresas y servicios del estado ecuatoriano, muy especialmente los que ha construido o manejado en la última década. Todo lo que sería energía, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, carreteras, aerolíneas, servicios básicos, agua, seguridad y protección ciudadana, salud en todos sus campos, educación en todos sus niveles, servicios públicos como registro civil, datos informáticos, legalización documental, serían las primeras joyas apetecibles para que pasen a manos privadas liberando de responsabilidad al estado.

La joya más preciada de la corona sería la seguridad social, a la cual le han descalificado y asesinado su imagen a un grado extremo, por lo cual no se hallaría mejor forma que entregar a manos privadas a convertirlo en negocio. Los fondos de los afiliados con todo y banco, más la infraestructura en salud, vivienda o servicios financieros pasarían a quien se gane la concesión, explotando todos los beneficios en usufructo propio. Es posible que esto se divida para dejar a la población mayor, jubilados y beneficiarios todo en manos del estado, mientras que se implementaría un sistema para captar solo el dinero joven, proveniente de quienes tienen menor edad y son rentables a un futuro distante.

Y la otra joya a rifarse sería la concesión en la explotación de los recursos naturales, petroleros, hidroeléctricos, mineros, cibernéticos, acuíferos y hasta los beneficios de producción de energía limpia, alimentación orgánica y espacios de aire purificado que se negocia ya en el mercado mundial.  

Como el mundo está avanzando en su desarrollo tecnológico infinito, la voracidad sin límite llegaría a buscar la privatización del conocimiento, la explotación de la economía de la sociedad de la información entraría en la danza de los millones y el Ecuador, que en algo se preparó en los años pasados, al menos en formar conocimiento en profesionales en el país y en el exterior, le vuelve como una pieza factible el que sus recursos humanos, o la propia naturaleza sean fácilmente asimilables para lo privado, eliminando lo público.

La dimensión es impresionante para hacer negocio de todo, mientras que se buscará reducir al ínfimo grado la capacidad del estado, privilegiando con leyes, estímulos tributarios, reducción de derechos laborales, apertura de mercados al grado extremo y grandes beneficios a quienes accedan a las concesiones generando así un marco apropiado para ellos y sus dineros, permitiendo de esa manera que se explote al ciudadano común por el uso de todos esos recursos, bienes y servicios, sin que tales privatizadores hayan invertido un solo centavo de riesgo.

Mirando en forma objetiva aquí está la razón de tanto odio político generado contra el régimen anterior, contra el modelo de Rafael Correa, el no haberles permitido a los sectores voraces hacer negocios del estado y contra el ciudadano. Ahí está la explicación a tanta sinrazón que muestra una incoherencia en la conducción del estado al que se lo quiere destruir para pasar a manos privadas, cumpliendo así un plan siniestro al que se ha prestado el actual régimen y, que terminará con lo poco de Patria que se había construido en este tiempo.

Al final, queda siempre la experiencia histórica que nos dejó el tiempo neoliberal anterior, donde se acusaba con ligereza premeditada que “todo lo estatal es malo”.  A ello hay que dar una respuesta con la debida frontalidad que señala duramente que “Toda privatización es corrupta y todo privatizador es corruptor, sin excepción. Pero, si hay una excepción esa solo confirma la regla: ¡TODA PRIVATIZACIÓN ES CORRUPCIÓN, TODA!

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