Por Juan Proaño Salgado
En memoria de los niños de Malvinas, Guayaquil,
y de los comuneros asesinados durante el Paro Nacional.
…la delincuencia tiene una cierta utilidad
económica-política en las sociedades que conocemos.
La utilidad mencionada podemos revelarla fácilmente:
cuanto más delincuentes existan más crímenes existirán,
cuantos más crímenes haya más miedo tendrá la población
y cuanto más miedo haya en la población
más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial.
La existencia de ese pequeño peligro interno permanente
es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control,
lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión,
en todos los países del mundo sin ninguna excepción,
se concede tanto espacio a la criminalidad
como si se tratase de una novedad en cada nuevo día.
Michel Foucault[1]
Centro Andino de Estudios Estratégicos (CENAE)
El próximo 16 de noviembre la población ecuatoriana decidirá si rechaza o acepta las cuatro propuestas del gobierno de Noboa que, formuladas como preguntas, tienen por objeto radicalizar integralmente el modelo neoliberal organizado y administrado desde su asunción en 2023 hasta el presente.
Al respecto, y definidas como “Referéndum”, tres de ellas inquieren sobre: a. La eliminación de la prohibición constitucional de establecer bases militares extranjeras en el territorio nacional; b. La eliminación de la financiación estatal a partidos y movimientos políticos; y, c. La reducción del número de asambleístas que integran la Asamblea Nacional. La cuarta, referida como “Consulta Popular”, es la más relevante de todas, dado que convoca a votar en contra o a favor de la instalación de una Asamblea Constituyente que redactaría una nueva Carta Magna en reemplazo de la aprobada en 2008.[2]
En ese marco, vale recordar la Consulta Popular de 2007, donde el 81,72% del electorado aprobó reemplazar la Constitución neoliberal de 1998. Es decir, el consenso social sobre el rol que esta última cumplió, entre otros factores,[3] en la crisis bancaria de 1999 y sus nefastas consecuencias sociales, fue casi absoluto. Luego de diez años de un gobierno antineoliberal (2007-2017), con una nueva Constitución que recogió las demandas y necesidades de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, entre otras, el proyecto histórico de dominación, explotación y expoliación social de las élites económicas y sus adláteres políticos, jurídicos y mediáticos –gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa mediante (2017-2025)— retornó a Ecuador, priorizando y representando los intereses del capital concentrado, nacional y transnacional, y atentando contra los derechos fundamentales de las mayorías sociales consagrados en la vigente Carta política como Derechos del Buen Vivir.[4]
Esas élites y sus corifeos son quienes procuran volver a una Constitución neoliberal símil a la del 1998, pero recargada de militarismo, represión e intervención extranjera, para exacerbar el proceso de acumulación a través de métodos violentos –la guerra por otros medios— bajo el justificativo reduccionista y totalizante de la “amenaza del narcoterrorismo”.
A continuación, abordaremos brevemente el reciente contexto político electoral en el que transcurre el actual proceso, que nos será útil para reflexionar y analizar el desarrollo de algunas razones que sustentan el voto por el NO en todas las preguntas antes mencionadas.
De la contienda electoral al abuso de poder
El 9 de febrero de 2025, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Luisa González, en representación de la Revolución Ciudadana (RC), obtuvo el 44,0% de los votos frente al 44,17% de Daniel Noboa. La concentración del voto en ambos contendientes, en una boleta que desplegó dieciséis binomios presidenciales, no solo confirmó la polarización social en torno al clivaje correismo/anticorreismo, sino también reafirmó la fuerza electoral de la RC que, pese al asedio jurídico, político y mediático, logró romper su “techo” porcentual de alrededor del 34% en rondas iniciales en relación con anteriores elecciones (2021 y 2023).
En ese contexto, y ante un acelerado deterioro en poco más de un año de gobierno, donde los resultados y consecuencias de la declaratoria del “conflicto armado interno” y el “Plan Fénix” de seguridad eran tajantemente negativos, y la crisis económica y social no mermaba[5], Noboa anunció, el 25 de febrero, su voluntad de convocar a una Asamblea Constituyente, ya que, al decir de él: “…la Constitución del 2008 tiene muchísimos errores que descalabran totalmente la posibilidad de darle seguridad a los ecuatorianos”.[6]
De esta manera, y para desmarcarse de su deficiente gestión en la problemática de la inseguridad, así como en tantas otras, Noboa y sus colaboradores insistieron en la trillada narrativa, pero no por ello poco efectiva estrategia comunicacional, de responsabilizar a la actual Carta Magna y/o a las políticas e institucionalidad del gobierno de Correa –jamás de Moreno o Lasso, claro— sobre su limitado actuar. Incluso, ya legitimada un año atrás vía Consulta y Referendo (2024)[7] una mayor militarización y control de la sociedad, e incrementado el IVA en tres puntos porcentuales para, supuestamente, luchar contra el crimen organizado, siempre la acción táctica y estratégica ha sido atizar, inflamar el imaginario social de un “enemigo interno” –con el apoyo crucial de una serie de medios de comunicación afines a su proyecto, en conjunto con la persecución y el amarillismo jurídicos— al cual endilgarle todas sus falencias y distraer/engañar así a la población para rentabilizar política y electoralmente el miedo inoculado.
De todos modos, y contra todo pronóstico,[8] el 13 de abril Noboa fue reelecto en segunda vuelta con el 55,63% de votos, frente al 44,37% de su contrincante. Dada una serie de cuestionamientos durante todo el proceso electoral, la candidata no reconoció los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció un posible fraude y solicitó el reconteo y apertura de urnas.[9]
En este sentido, un llamativo primer elemento fue el casi nulo incremento de votos de González (0,37%,) respecto de la primera vuelta, cuando estaban en juego alrededor de diez puntos porcentuales, de los cuales más de cinco correspondían al candidato del movimiento/partido indígena Leonidas Iza, con quien la candidata había llegado a una alianza programática antes del balotaje, al igual que con otras organizaciones de la izquierda, el centro y la derecha del espectro político ecuatoriano. Un segundo, y el de mayor difusión postelectoral, fueron los hallazgos de los informes de las dos vueltas presidenciales elaborados por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA)[10], donde se destacan, entre otras cuestiones, que:
- Al momento del cierre y escrutinio [en la segunda vuelta], tanto en la votación en el exterior como en el territorio nacional la Misión observó que se registraron inconvenientes porque la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas, debido a la simetría del diseño. Esta situación generó confusión en la interpretación del voto y, en algunos casos, derivó en su anulación.
- Diversos actores manifestaron a la Misión desconfianza en la institucionalidad electoral. Entre sus preocupaciones, indicaron un posible conflicto de interés en una designación diplomática por el nombramiento de un cónsul con vínculos familiares con una autoridad del CNE [hermano de Diana Atamaint, presidenta del Consejo]. Asimismo, han destacado que 4 consejeros del CNE continúan en funciones a pesar de que el período de su nombramiento de 6 años concluyó el 20 de noviembre de 2024. (…) A lo largo del proceso electoral la Misión observó un rol extraordinariamente activo del poder ejecutivo, reflejado en repetidas solicitudes al CNE para la emisión de resoluciones específicas sobre el desarrollo de los comicios, lo que generó interrogantes sobre la autonomía y el liderazgo de las autoridades electorales.
- La Misión observó con preocupación que el proceso electoral estuvo marcado por condiciones de inequidad durante la campaña, así como por indicios sobre el uso indebido de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas. (…) Asimismo, constató que hubo incertidumbre por la falta de pronunciamientos claros y oportunos de parte del CNE y el TCE sobre aspectos normativos sensibles. (…) De acuerdo con investigaciones periodísticas en los primeros tres meses del 2025, cubriendo tanto la etapa preelectoral de la primera como de la segunda vuelta, el gobierno de la República lanzó 14 nuevos beneficios en forma de bonos, pagos en efectivo, becas y otros incentivos dirigidos a distintos sectores de la población.
- La decisión del presidente de no solicitar la licencia durante el periodo de campaña estuvo intrínsicamente ligada a los eventos políticos y jurídicos que tuvieron lugar desde que el binomio Noboa-Abad asumió el poder en el 2023, los que estuvieron marcados por las desavenencias políticas entre el presidente y la vicepresidenta de la República. (…) Una mayoría de actores y agrupaciones políticas con quienes la MOE/OEA se reunió manifestó que el artículo 93 del Código de la Democracia es claro en exigir que el presidente de la República debe solicitar una licencia sin goce de sueldo para llevar adelante sus actividades de campaña electoral. (…) Advierte que la campaña transcurrió hasta el último día sin que hubiera claridad sobre si el presidente debía o no tomar una licencia.
- Al igual que en las elecciones generales, de cara a la segunda vuelta diversos actores manifestaron su preocupación a la Misión por el rol activo que desempeñaron las Fuerzas Armadas (FFAA) durante el proceso electoral. Asimismo, en su opinión, algunos pronunciamientos emitidos por instituciones de seguridad y defensa en este periodo tuvieron, a su juicio, un carácter político. (…) El 12 de abril, a solo 24 hora de los comicios, el presidente de la República emitió el Decreto Ejecutivo No. 599 que estableció “el estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, el Distrito Metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha, y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay.
- El debate sobre la prohibición del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las juntas receptoras del voto (JRV) fue una de las mayores controversias entre las elecciones generales y la segunda vuelta. (…) Este tema marcó la segunda vuelta, siendo percibido por parte de organizaciones políticas y de la sociedad civil como una decisión arbitraria, debido a la falta de sustento suficiente y verificable para ser aplicada a nivel nacional.
- Al igual que en las elecciones anticipadas de 2023, la Misión recibió diversas preocupaciones por agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación. (…) Las agresiones más frecuentes incluyeron agresiones verbales, amenazas, ataques en el espacio digital, censura, discursos estigmatizantes, atentados y otros ataques físicos, procesos judiciales y exilio. Sobre esta última agresión, entre 2023 y 2025 un total de 16 periodistas se vieron obligados a exiliarse debido a amenazas contra su vida. A su vez, los estudios revelan que los principales agresores son actores estatales (44,8%), actores no estatales (23,2%) y el crimen organizado (14,4%).
- Tanto antes como durante la jornada electoral, el CNE hizo cambios a los recintos electorales a nivel nacional. (…) Al igual que en la primera vuelta, la MOE/OEA observó y recibió denuncias por parte de los delegados de las organizaciones políticas sobre restricciones para presenciar la apertura de las JRV y poder ejercer sus funciones de vigilancia.
Por lo tanto, de la exposición puntual y textual de los informes de la OEA, podemos determinar que el proceso electoral mostró una combinación de problemas técnicos, debilidades institucionales y arbitrariedades políticas –conducidas por el gobierno— que afectaron gravemente la percepción de integridad y equidad de la contienda, generando confusión, controversias y desconfianza en el electorado y en diversos actores políticos. Así, en el ámbito institucional, la persistente falta de claridad normativa, sumada a decisiones tardías del CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), contribuyeron a un entorno de incertidumbre generalizado. La continuidad irregular de consejeros del CNE y el señalamiento de posibles conflictos de interés, reforzaron la percepción de un organismo electoral débil y vulnerable a las presiones gubernamentales.
Paralelamente, el rol activo del Ejecutivo, evidenciado tanto en intervenciones directas al CNE, como la entrega de múltiples bonos estatales en periodo electoral, alimentó las acusaciones de uso proselitista del aparato gubernamental. La decisión presidencial de no solicitar licencia durante la campaña profundizó la tensión entre lo jurídico y lo político, evidenciando vacíos normativos y falta de consensos interpretativos.
De igual modo, la participación sobredimensionada de las Fuerzas Armadas y la declaratoria de un Estado de excepción en la víspera de los comicios, generaron un contexto inusual de militarización del proceso electoral, deteriorando un entorno adecuado para la transparencia y la vigilancia ciudadana. Asimismo, la interferencia política significativa, dada la participación del Ejecutivo y la influencia percibida sobre organismos electorales y militares, puso en cuestión la separación entre gobierno y contienda electoral: la inequidad en la competencia, el uso de recursos públicos, las decisiones técnicas controvertidas y la falta de criterios uniformes crearon condiciones de una campaña desigual que reveló un sistema electoral con problemas de autonomía, transparencia y estabilidad, incapaz de ofrecer señales claras que fortalezcan la confianza pública.
En suma, la dinámica democrática ha sido afectada drásticamente, no solo en términos procedimentales, sino, ante todo, sustantivos, creando un permanente imaginario ciudadano de ilegitimidad electoral, abuso de poder y desconfianza respecto del gobierno y las instituciones que deberían velar por el sistema democrático, cuestiones que se consolidaron con la negativa del CNE y el TCE de abrir las urnas, verificar y recontar los sufragios.[11]
¿Por qué votar NO?
Tal como se evidenció en el informe de la MOE/OEA, la máquina clientelar, es decir, el uso proselitista de los recursos estatales para traccionar voluntades políticas y sociales en favor del gobierno, está más “aceitada” que nunca.
Desde nuestra perspectiva, la Democracia S.A. que se quiere instaurar en Ecuador implica la configuración y generalización de relaciones sociopolíticas mercantilizadas, es decir, de interacciones entre el Estado, sus instituciones y la sociedad, organizadas bajo lógicas estrictamente utilitaristas de intercambio de favores, asistencia y protección a cambio de lealtad política, esto es, de clientelismo político, que determinan el funcionamiento del sistema político en su totalidad, no solamente en períodos electorales.[12]
Para el desarrollo del clientelismo político y del sistema que lo reproduce, es condición necesaria el arraigo de la vulnerabilidad, la desigualdad económica y social, ya que, a partir de la interacción patrón-cliente, se establecen relaciones de sometimiento y subordinación constitutivas de una estructura social que sostiene el sistema de clases, donde el clientelismo cumple un rol de “articulador entre la clase dominante y las clases dominadas o subalternas de modo que ellas también están en mayor o menor medida incluidas en el Estado siempre que se subordinen a la dominación de clase, o si se prefiere, al orden establecido”.[13]
En este sentido, y en conjunto con la máquina de guerra emprendida por el Estado contra la sociedad movilizada que protesta contra las políticas que afectan sus modos y medios de vida, el aparato gubernamental ha ido configurando un tipo de hegemonía, mediante la fuerza y el consenso, que articula los ámbitos cívico, militar y policial en el ejercicio del poder, la dominación y el control social, apoyados por medios de comunicación, el aparato judicial y electoral que sintonizan con prácticas racistas, clasistas y de criminalización de las “desobediencias” políticas y sociales que interpelan el orden neoliberal.
VOTAR NO significa rechazar el servilismo y domesticación que requiere el gobierno de Noboa de la sociedad para reproducir el orden de la dominación política de clase (fuente de la oligarquía y el clientelismo), e impugnar los procesos de acumulación violenta de capital sin control, regulación o límites de ningún tipo, a costa de la vida del ser humano y de la naturaleza.
VOTAR NO es oponerse a la captura del Estado en función de intereses corporativos/empresariales, nacionales y extranjeros, y disentir con el establecimiento de una democracia dirigida que restringe severamente los canales de participación ciudadana y que responde, de forma exclusiva, a los intereses de una élite en los términos de un totalitarismo invertido que busca la desmovilización y apatía política y social.[14]
VOTAR NO es despreciar el Delito Económico Organizado (DEO), en tanto forma y modo privilegiado en cómo se estructura y reproduce el orden social jerarquizado. Dicho fenómeno social, según Pegoraro,
es la organización-empresaria delictiva dedicada a negocios ilegales-legales de una cierta complejidad política-jurídica con la necesaria participación de profesionales o expertos y de manera frecuente con instituciones y/o funcionarios estatales que produce una recompensa económica importante y que sus participantes generalmente son inmunes o impunes social-penalmente, [donde se privilegia] (…) otras formas delictivas no necesariamente violentas, caracterizadas por un “lazo social” cuya finalidad es apoderarse ilegalmente de bienes y dineros tanto públicos como privados; en él participan empresarios, financistas, expertos, inversores, traders, banqueros, asesores jurídicos, profesionales diversos, ejecutivos, empleados de variados rangos y funcionarios estatales. Este lazo social delictivo consolida y reproduce múltiples relaciones económicas, muchas de ellas también legales, así como de dominación y desigualdad en la vida social y como tales forman parte del orden social.[15]
VOTAR NO, entonces, es poner un freno a los delitos de cuello blanco vinculados a la política de la estafa o la estafa como proyecto político, social y económico, que reproduce pactos de impunidad para la apropiación de bienes públicos/comunes a través de redes clientelares o para-estatales (mafiosas), que refuerzan un orden social desigual e inequitativo mediante leyes y procesos opacos de exacción de recursos en beneficio de un grupo a costa de la población empobrecida.
VOTAR NO es desenmascarar a los estafadores que actúan con la intención deliberada de lucro mediante engaños, falsas promesas, mentiras o cualquier otro tipo de artificios fraudulentos –en tanto prácticas esenciales para diseñar y concretar la estafa— con el objetivo de obtener un beneficio económico personal en detrimento del patrimonio de la víctima (individual o colectiva), convenciéndola de realizar una acción que le perjudique económicamente, sea en dinero, bienes, servicios o votando a su favor.
VOTAR NO es objetar el consenso de las emociones para la dominación y la explotación de las mayorías sociales: miedo, odio y crueldad, que se han instalado como parte de los discursos militaristas, dictatoriales, deben ser derrotados en conjunto con la industria de la mentira, organizados para mantener privilegios de sectores ya enriquecidos y en favor de un imperialismo parasitario, depredador y guerrerista que juega, desde el presente y hacia el futuro, con ocupar nuestros territorios con bases militares para saquear recursos naturales.
VOTAR NO es deslindarse de la política como negocio y de la muerte como negocio inscrito en la “guerra”, mientras se planifica la miseria con el FMI y se organizan los negociados con los especuladores de siempre, continuando con la expoliación de la población.
VOTAR NO es desear el Bien Vivir, es abrir un camino alternativo al neoliberalismo rapaz, es alejarse de la distopía genocida del mal gobierno, de su régimen de “limpieza” social, de su necro-democracia; es, en suma, sufragar para que la verdadera justicia social tarde menos en llegar, para recuperar la paz, el trabajo, la salud y la educación del Ecuador.
VOTAR NO, finalmente, es un gran paso para enraizar la disputa por la descolonialidad global del poder, y tal como Quijano señaló, “estamos, por eso, caminando en la emergencia de una id-entidad histórica nueva, histórico/estructuralmente heterogénea como todas las demás, pero cuyo desarrollo podría producir una nueva existencia social liberada de dominación/explotación/violencia…”.[16]
[1] Foucault, M. (2014). Las redes del poder. Buenos Aires: Prometeo.
[2] Redacción Primicias (05 de noviembre de 2025). Descargue aquí la papeleta que se usará en el referéndum y consulta popular 2025 en Ecuador. Primicias. https://www.primicias.ec/politica/referendum-consulta-popular-papeleta-descarga-cne-ecuador-16noviembre-108731
[3] La ley de Régimen Monetario y Banco del Estado (1992), la ley General de Instituciones Financieras (1994) y la Constitución de 1998 completaron la autonomía del Banco Central del Ecuador y la liberalización de los mercados financieros que configuraron la crisis de 1999 y la posterior dolarización de la economía ecuatoriana. Véase, https://www.bce.fin.ec/banco-central-del-ecuador/historia/
[4] En el capítulo segundo de la Constitución de la República del Ecuador se detallan los Derechos del Buen Vivir, a saber: agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social.
[5] Para el detalle de esta crisis múltiple léase el apartado “Datos sin marketing político”, desarrollado en el artículo de Proaño Salgado, J. (26 de febrero de 2025). Continuar o no continuar en guerra, esa es la cuestión (y la elección). Rebelión. https://rebelion.org/continuar-o-no-continuar-en-guerra-esa-es-la-cuestion-y-la-eleccion/
[6] Redacción Teleamazonas (25 de febrero de 2025). Daniel Noboa: ‘Va a haber una Constituyente porque vamos a ganar’. Teleamazonas. URL: https://www.teleamazonas.com/daniel-noboa-entrevista-constituyente-ecuador/
[7] Redacción Primicias (24 de abril de 2024). Consulta popular y referendo 2024: Conteo supera el 99,7% de los votos. Primicias. URL: https://www.primicias.ec/noticias/politica/resultados-consulta-popular-referendum-ecuador-daniel-noboa/
[8] Luna, B. y Pacual, S. (10 de abril de 2025). Informe electoral: segunda vuelta presidencial en Ecuador. CELAG. URL: https://www.celag.org/informe-electoral-segunda-vuelta-presidencial-en-ecuador/
[9] Revolución Ciudadana (05 de noviembre de 2025). Crónica de un fraude, así se jode un país. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=96vik1E2UX
[10] El resaltado es nuestro. Véase los informes OEA (15 de abril de 2025). Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Ecuador para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. OEA. URL: https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MOE_Ecuador_Segunda_Vuelta_Preliminar_ESP.pdf y OEA (11 de febrero de 2025). Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Ecuador para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. OEA. https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MOE_Ecuador_Generales_Preliminar_ESP.pdf
[11] Redacción Primicias (28 de abril de 2025). CNE niega objeción del correísmo a resultados de la segunda vuelta presidencial. Primicias. URL: https://www.primicias.ec/elecciones/ecuador2025/presidenciales/cne-resolucion-objecion-correismo-resultados-segunda-vuelta-95052/
[12] Sautu, R. Dalle, P. y Vega, L. (2008). Clientelismo político y reproducción de la pobreza en una comunidad indígena del norte argentino. Bogotá: CLACSO/Siglo del Hombre.
[13] Ansaldi, W. (1993), citado en Sautu, R. et. Al. (op. cit).
[14] Wolin, S. (2008). Democracia S. A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido. Buenos Aires: Katz.
[15] Pegoraro, J. (2016). “El lazo social del delito económico: un enfoque sociológico del orden social”. Delito y Sociedad, 1(31), 57-89. URL: https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/DelitoySociedad/es/article/view/5634
[16] Quijano, A. (2020). “Bien Vivir”, en Quijano, A. (2020). Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. Buenos Aires: CLACSO; Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.