Por Gonzalo J. Paredes
La Carta Magna de un país manda, prohíbe y permite. Establece principios y confiere derechos. Y en esto se destaca la Constitución de Montecristi, más que en la emergente estructura institucional que busca subordinar al poder político como un domador a las bestias. Aunque surge del conflicto y la disputa, no puede ser de otra manera, busca reducirlo para encauzar los esfuerzos de la sociedad hacia la prosperidad. Sin embargo, el poder político con la calaña y la “estirpe” que lo caracteriza trata de desmontarla, inutilizarla para provocar su deslegitimización, hay varios intentos. Esta vez, indicaré uno de ellos: inobservar el régimen de desarrollo, el régimen del Sumak Kawsay.
El pasado 22 de agosto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, el ministro de Economía, Simón Cueva, y el secretario nacional de Planificación, Jairon Merchán, enviaron a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para lo que resta de 2021. Sin embargo, realizaron la entrega sin el Plan Nacional de Desarrollo, que debía ser conocido de forma previa por los asambleístas. De esta manera, incumplieron con el artículo 280 de la Constitución de la República y el artículo 38 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. En la página web institucional de la Secretaría Nacional de Planificación solo estaba publicado la “invitación a realizar aportes” para la construcción del plan. Se desconoce si esto involucraba mesas de dialogo. No existía un diagnóstico previo de la situación económica y de los territorios para tal tarea.
¿Este incumplimiento a la Constitución puede ser tomado como una demostración de incapacidad del gobierno en sus primeros 100 días o es un premeditado acto que manifiesta su oposición hacia los principios económicos del Buen Vivir? Un mes después del envío de la proforma, el gobierno pone en conocimiento de la Asamblea Nacional lo que vendría a ser el Plan Nacional de Desarrollo, 2021-2025. El Consejo Nacional de Planificación lo denominó “Plan de Creación de Oportunidades, 2021-2025”. En su portada solo consta esto último con una imagen del acto de clausura de la campaña presidencial del entonces candidato Guillermo Lasso.
Los indicios para responder a la pregunta planteada también se encuentran en la ausencia del Sumak Kawsay en el plan aprobado. En sus 120 hojas, el Buen Vivir, como expresión e idea movilizadora alternativa al sistema de explotación capitalista, solo consta dos veces: como parte del nombre de la “Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural”. Por otro lado, la supuesta planificación no asume el tipo de sistema económico establecido en la Carta Magna: social y solidario (este último término, apenas aparece). En otras palabras, los principios constitucionales de Montecristi no fueron aplicados para elaborarlo, los mismos que sirven de base para denominarlo “nacional” y “de desarrollo”.
Por lo tanto, lo que llegó a la Asamblea Nacional no puede ser considerado un “Plan Nacional de Desarrollo”, violenta la Constitución. Por esto, existen contradicciones tan profundas como incrementar la tasa de empleo adecuado de 30,41 % a 50 %, mientras que la meta de personas cubiertas por los regímenes de seguridad social pública solo aumenta un poco más del 4 %. Sin contar que los referentes teóricos para la elaboración del eje económico y del social son David Boaz, uno de los líderes del movimiento libertario en los Estados Unidos, y Milton Friedman, apologista de la dictadura militar en Chile, respectivamente. Asimismo, el Plan Plurianual de inversiones 2021-2025, instrumento para atacar los problemas estructurales de la economía, se reduce sustancialmente.
La Asamblea Nacional no solo debe avocar conocimiento del plan, también devolverlo con el fin de que se incluya el régimen de desarrollo descrito en la Constitución con sus principios basado en el Sumak Kawsay. Es una necesidad imperiosa para un país en ciernes.