Por Lucrecia Maldonado
Cuando el presidente Noboa invadió la embajada de México utilizó la excusa de que lo hacía por la dignidad del país, porque la embajada del hermano país albergaba un delincuente peligroso en sus instalaciones, y ese personaje era nada menos que el exvicepresidente Jorge Glas, y de que, con tal de capturarlo, era legítima cualquier violación de cualquier norma, tratado o convenio del Derecho Internacional. De igual manera, cuando se procedió al linchamiento mediático y la subsiguiente deportación de la periodista Alondra Santiago Rodríguez, se nos vendieron dos ideas muy, pero muy patrioteras: la primera se refiere al supuesto irrespeto a un símbolo patrio, y la segunda a un misterioso documento secreto en donde supuestamente también se anunciaba un supuesto plan para atentar contra la seguridad nacional o la estructura del Estado.
Mucha gente se tragó esas dos excusas como sendas ruedas de molino, y hay que ver cómo se encrespan al ‘defender’ tales argumentos como un tema de patriotismo y dignidad nacional. Pero tales actitudes, muchas veces subidas de tono en sitios inapropiados, solamente demuestran la triste realidad del nivel intelectual de muchos habitantes del Ecuador: pocas personas nacidas en este suelo patrio distinguen un hecho de una opinión, y muchas menos son capaces de poner en tela de duda lo que el poder mediático les vende casi casi como una verdad revelada. Por lo mismo, poco les importa investigar, contrastar, comparar o inferir los hechos con una simple comparación entre la realidad y las afirmaciones bien planificadas de ciertos medios o del mismo gobierno.
Porque, si nos ponemos a ver, ambas situaciones adolecen de graves falencias lógicas e incluso carecen de la veracidad que se les atribuye.
¿El lícito tomar por asalto una embajada, aunque el mismísimo Satanás se haya refugiado en ella, disfrazado de blanca paloma? No, no lo es. Ni por nada. Se puede hacer, pero no se debe, como matar a la madre. Esa es una de las bases de la convivencia entre pueblos, y en ella se ampara el principio del asilo político. Los convenios que protegen esta institución están hechos precisamente para salvaguardar la integridad de los perseguidos políticos, entre otras cosas, porque es muy sabido que los perseguidores, casi siempre gobiernos autoritarios e incluso totalitarios nunca van a decir “lo estamos persiguiendo por defender el socialismo (o cualquier otra tendencia ideológica)” o “queremos amedrentar a todos los que piensan como él”. Todos los perseguidos políticos de la historia han sido tildados de delincuentes comunes. A eso obedece la disposición de que quien conceda el estatus de asilado político sea el país asilante. Es algo que se cae de su peso y bastante sencillo de entender… menos en Ecuador.
El ex vicepresidente Glas había cumplido ya con su condena, y en el momento de su secuestro no contaba con sentencia de ningún tipo. Un tiempo antes había empezado a gozar de su prelibertad. Pero se abrió una investigación en su contra por la construcción de un parque en la ciudad de Portoviejo, alegando que los fondos de para la reconstrucción de Manabí no debían emplearse en algo así. Eso dejó entrever incluso la fiscal general de la nación en una entrevista. Sobre el momento no pesa sobre él más que la investigación relacionada con ese tema, y tipificada como un presunto peculado. Pero tanto el gobierno como los corifeos de los medios y por supuesto ciertos sectores de la población continúan repitiendo términos tan rimbombantes y contundentes como “delincuente”, “impunidad”, “al Ecuador se le respeta” (¡!) y cosas así, retóricas, rimbombantes, pero que poca cosa tienen que ver con la situación real.