El giro del gobierno en la política migratoria regional

Jacques Ramírez|

El Presidente de Ecuador al realizar su informe de gestión de su segundo año de mandato, señaló que revisará la Ley Orgánica de Movilidad Humana para establecer una visa de entrada a ciudadanos venezolanos al tenor de lo que han realizado otros países de la región como Perú y Chile. Con este anuncio se terminó de cuajar el giro que dio el gobierno de Lenín Moreno en relación a la política migratoria regional al pasar de un enfoque de derechos y libre movilidad hacia uno más restrictivo de control y seguridad fronteriza.

Hay que recordar que en el anterior gobierno se pensó la migración intrarregional como parte nodal de la integración suramericana. Por eso Ecuador se adhirió al Acuerdo de Residencia Mercosur, incorporó en la nueva Ley Orgánica de Movilidad Humana la categoría de ciudadanía suramericana y firmó varios acuerdos bilaterales en esta materia en donde se concretaron los principios de libre movilidad y facilidades de residencia.

Uno de los acuerdos bilaterales se firmó en el 2010 con la República Bolivariana de Venezuela, el denominado Estatuto Migratorio. En el preámbulo de dicho acuerdo se observa una serie de principios con un enfoque pro migrantes: “no existen seres humanos ilegales, no a la criminalización y penalización de la migración irregular, respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes y a la libre movilidad”. Este acuerdo firmado en una época que había más ecuatorianos en Venezuela que venezolanos en Ecuador permitió a los primeros venezolanos que llegaron al país regularizarse. En efecto, entre enero de 2013 y diciembre de 2016, el estado ecuatoriano otorgó 27.224 visas a ciudadanos venezolanos. De ellas, más de 13.000 se entregaron gracias al Estatuto Migratorio conocido como la ‘visa convenio’.

Con la aprobación de la nueva Ley de Movilidad Humana, desde el 2017 los inmigrantes de la región que llegaron al país utilizaron principalmente la categoría de ciudadanía suramericana, conocida como la ‘Visa Unasur’. Hasta finales del 2018, se habían regularizado por esta vía más de 60.000 personas, el 90% migrantes venezolanos y 8% colombianos.

Sin embargo, desde agosto del año pasado, el gobierno de Moreno, alineado con el grupo de Lima, empieza a dar un giro en la política migratoria y a la par que declara situación de emergencia del sector de movilidad humana en las provincias de Carchi, El Oro y Pichincha, las de mayor tránsito migratorio, empieza a “mantener el estado de alerta y operativos para realizar acciones inmediatas que se requieran; así como afrontar cualquier situación negativa que se pudiera generar por el flujo migratorio inusual de venezolanos” y “se establezcan lineamientos, directrices e instrumentos técnicos de gestión para la ejecución del control migratorio” tal como rezan algunos de los acuerdos ministeriales en la materia. Esto desembocó, primero, en que se solicite la presentación del pasaporte como requisito para entrar al país (ya no solo con cédula de identidad), segundo, en que se solicite la presentación del certificado de antecedentes penales (debidamente apostillado) y, tercero, la implementación de una visa -que han calificado de humanitaria- para ingresar al país, anunciada por el Presidente, pero desconocida aún por los ministerios del ramo sobre cómo y cuándo se implementará.

Aunque las primeras medidas han sido bloqueadas por organizaciones vinculadas con los derechos humanos, que interpusieron una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, a nivel social se ha dado rienda suelta a odios, brotes de xenofobia e intolerancia en contra de los migrantes, convirtiendo al venezolano en el chivo expiatorio de varios problemas que enfrenta el país como la delincuencia, desempleo, criminalidad, entre otros.

Este asunto llegó a su nivel máximo de expresión cuando a finales de enero ocurrió un feminicidio en la ciudad de Ibarra, el cual fue grabado y transmitido en vivo a través de las redes sociales. Durante aproximadamente 45 minutos una persona tuvo de rehén a su pareja amenazada con un cuchillo mientras observaba la policía y la ciudadanía. Después de ocurrido este crimen, se supo que el marido de la víctima era venezolano y tras las declaraciones del Presidente Moreno de “conformar brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos”, la población de Ibarra literalmente fue a la ‘caza’ de ellos en hostales, hoteles, quemando sus pocas pertenencias, insultando, golpeando y apedreando a todo venezolano que estaba por la calle sin importar sexo ni edad.

El resultado de esta barbarie, denominada por los ibarreños como “limpieza social”, fue la salida masiva de venezolanos de aquella ciudad, que se escondieran y no salieran a las calles en otras ciudades del país por temor hacer agredidos, el reforzamiento de políticas para impedir su llegada con la declaración de nuevos acuerdos y reforzamientos de controles en la frontera, una nueva escalada de tensiones diplomáticas entre Ecuador y Venezuela y el retorno de miles de venezolanos hacia su país.

El anuncio de la entrada en vigencia de la visa a venezolanos para ingresar a Perú a partir del 15 de junio produjo un nuevo incremento de migrantes venezolanos en tránsito. A diferencia de lo ocurrido entre agosto y septiembre del año pasado cuando el  gobierno implementó un corredor humanitario para que se trasladen por todo el territorio ecuatoriano desde Rumichaca hasta Huaquillas dando movilización en buses y acompañamiento en su recorrido, esta vez el apoyo para trasladar a los miles de migrantes que entraban al país desde Colombia lo dio el Gobierno de la Provincia de Pichincha, algunas ONGs y organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos. Funcionarios de varias carteras de Estado señalaron que dada la política de austeridad implementada por el gobierno central en el área social no podían colaborar. Incluso las precarias condiciones en las que se encuentran los Centros Binacionales de Atención Fronterizos (CEBAF), sin acceso a agua, ni aire acondicionado se deben a estos recortes en el área social.

El anuncio de imposición de visa para ciudadanos venezolanos demuestra no solo el giro restrictivo en la política migratoria del actual gobierno, sino también su visión miope de querer resolver “el inusual flujo migratorio” –como lo denominan- a través de una visa. Esta medida no detendrá la migración, por el contrario, provocará que más personas crucen la frontera por pasos clandestinos para llegar a su destino final. Finalmente hay que recordar al gobierno que la propuesta de imponer visa requiere de una reforma en la Ley de Movilidad Humana y la denuncia del Estatuto Migratorio firmado por Ecuador y Venezuela. Esto claro está, si respetan el Estado de derecho… el cual ya ha sido pisoteado en varias ocasiones en los dos últimos años…