En una conferencia dictada sobre el lawfare en 2003, el Brigadier General Charles J. Dunlop Jr. de la Fuerza Aérea de EEUU, aconsejaba: “Someter la moral es crítico en las democracias modernas”. Someterla por medio del lawfare o el “mal uso de la ley”, a fin de alcanzar un objetivo militar “desde “una perspectiva maquiavélica”, advirtiendo que se lausa como “técnica de decapitación” cuando se trata de “detener un liderazgo”.
Servil a esta estrategia, el gobierno de Moreno se apropiaríadel discurso anticorrupción forjado por el cartel mediático de la derecha opositora al gobierno de Correa. Este discurso,circunscrito a la descomposición moral de lo público, constituía una suerte de inversión simbólica: una transferencia de las inveteradas prácticas inmorales de las élites oligárquicas a su enemigo, un “Otro” que había impulsado una nueva ética en el ejercicio del poder. Se trataba pues, de destruir al progresismo, de aniquilar su poder moral y decapitar política y simbólicamente a sus líderes y lideresas.
Pero, mientras esto sucedía con el progresismo, el discurso anticorrupción amplificado por el cartel mediático, investía aMoreno y sus coaligados de un aura de integridad moral,aunque en verdad fuesen todo lo contrario. Así, mientras con la una mano proponía una “cirugía mayor a la corrupción”, con la otra pactaba con un político proverbialmente impúdico en sus discursos y prácticas. Poco importaba. La lógica“maquiavélica” aconsejada, imponía “entregarle” el manejo de sectores estratégicos de la economía, pactar con su clanpara neutralizar la fuerza política de la Revolución Ciudadana en la costa, de cara a la consulta popular presente ya en la agenda del traidor, y, en el colmo del sarcasmo, usarlo para desacreditarla moralmente desde los micrófonos habilitados por la derecha.
Hoy se ha transparentado que, en apenas tres años, este gobierno neocolonial ha latifundizado el Estado, entregando su manejo clientelar a grupos de presión: dirigencias corporativas y políticas, agentes de transnacionales e incluso a representantes de organizaciones indígenas. Caracterizadacomo “reparto”, esta práctica ha generado un vaciamiento de política pública y la instalación de la anti-política o no-política en el Estado. Los sucesivos escándalos en torno anegociados de insumos, medicinas, hospitales, carnets de discapacidades, etc en el área de salud, que han estallado sucesivamente en el contexto de la crisis sanitaria, no son sino un correlato lógico de estos arreglos de trastienda quecomprometerían desde a altas autoridades del ejecutivo y de la función de transparencia y control, hasta a decenas de asambleístas de diversas bancadas, a jueces y autoridades locales, en contubernio con grupos privados. Es, justamente,en el marco de esta desinstitucionalización del Estado, necesaria en la estrategia de recolonización imperial, que emerge la corrupción como una mediación del poder gubernamental para la cristalización de su política de pactos con los distintos actores, disfrazada de inocente “diálogo” y ejecutada tras bastidores.
Bucaram habría sido, tan temprano como mayo de 2017, uno de los primeros beneficiarios del reparto. Ahora sabemos que no solo en los sectores estratégicos, sino también en el área de la salud, siendo relacionado recientemente al presunto manejo doloso de un hospital de Guayaquil. Pero, a diferencia del silencio en torno a la responsabilidad de las altas autoridades en la gestión de esta presunta red parainstitucional, la estrategia se ha orientado a la espectacularización de la política constituyendo al clan Bucaram en el chivo expiatorio de las prácticas corrosivas de todos estos actores públicos y privados. Así, mientras se ha viralizado en las redes el segundo operativo de captura del jefe del clan, cubierto en exclusiva por un canal de televisión, y en torno a sus peripecias se han tejido historias de cárceles, falsos agentes de la DEA, policías de la AMT, asesinatos y sicarios, la misma red parainstitucional ha ido palideciendo y, para colmo, la gran corruptora, cuyas manos siguen manchadas de sangre, se mantiene soberbiamente en su cargo, en un claro mensaje del gobierno y los poderes fácticos que lo sustentan: están dispuestos a mantener la corrupción como mediación de su política de pactos.
Si en 2017 la lógica de la tranza con los Bucaram se enmarcaba en la “decapitación” del liderazgo de la Revolución Ciudadana, el sentido de la “ruptura” en 2020 no sería solo desviar la atención en torno a su rol como mentor deestas prácticas para salvar su imagen de “integridad moral”. A estas alturas, el consenso ciudadano sobre su descomposición es apabullante. Más bien cabe sospechar que la intención de este gobierno dictatorial, sería expulsar al clan Bucaram de la escena político-electoral para garantizar el triunfo de su candidato en la costa y que continúe la fiesta neoliberal.
Pero, también se evidenciaría una soterrada intencionalidad para seguir golpeando al progresismo. ¿Acaso el gobierno servil desconocía quién era Bucaram cuando pactó con él y le entregó áreas para su manejo? Por supuesto que no. Pero “descubrir” sus presuntas prácticas dolosas en operativos espectaculares en una coyuntura electoral, coadyuvaría a la desacreditación de lo público, pivote en la estrategia del lawfare para aniquilar al progresismo y consolidar el neoliberalismo imperial.
Más aún, la victimización del clan como “perseguido político”, buscaría proyectarse al espacio simbólico del progresismo –efectivamente judicializado, perseguido y proscrito por la dictadura en estos tres años- contaminándolo y vaciándolo de contenido. De este modo, la maquiavélica utilización de los Bucaram continuaría jugando un rol importante en el intento de los poderes fácticos de socavar el poder moral de la Revolución Ciudadana y “decapitar” su liderazgo, tal como aconsejaba Dunlop en 2003.