La educación superior fue objeto de uno de los mayores debates en
las últimas elecciones presidenciales. Muchas fueron las opiniones
al respecto, pero a breves rasgos se pueden identificar con claridad
dos vertientes. La primera, la de los eternos “caudillos”de las
universidades públicas y “dueños” de las privadas, quienes
planteaban cambiar en 180° las políticas de educación superior
construidas en 10 años de la Revolución Ciudadana. Vertiente a la
que se sumaron autoridades, que desmontando lo avanzado, han venido
respondiendo al actual modelo noventero de desarrollo (primario
exportador donde hay universidades que son “tierra de nadie”).
Por otro lado, están quienes han postulado que la educación
superior es un derecho y un bien público y por ello han defendido su
gratuidad, el cogobierno, la autonomía responsable, la regulación,
su máxima calidad y la idea de una universidad conectada a un
modelo de desarrollo soberano.
Los “propietarios” y
“patrocinadores” de las universidades privadas en Ecuador
planteaban cambiar el enfoque del sistema de acreditación y
aseguramiento de la calidad, pasando de un riguroso esquema de
evaluación a mecanismos de simple y autocomplaciente
autoevaluación. Si bien el entonces llamado Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CEAACES) y sus regulaciones debían ajustarse más a las realidades
diferenciales de las instituciones de educación superior del país,
no era aceptable argumentar que el Estado no debía intervenir
en la regulación de la calidad. Ecuador venía de un pasado de
estafa social, no nos olvidemos de la creación indiscriminada de
universidades privadas sin regulación alguna, del diagnóstico
crítico y lapidario que justificó la aprobación del Mandato
Constitucional N° 14 o el escandaloso caso de la Universidad
Cooperativa de Colombia en Ecuador (UCCE) donde se vendían títulos
de estudios superiores. La nueva política del gobierno de Lenin
regresa al mito de la autorregulación, algo muy conveniente para las
universidades particulares, pues en lugar de cumplir con criterios
comunes y fundamentales de evaluación pueden simplemente fijarse sus
alabadoras, condescendientes y muy propias metas, según lo que ellos
consideren qué es calidad. También se eliminó la categorización
de las universidades, entonces cada institución decide cómo y en
qué mejora sin un mecanismo comparativo que transparente y
certifique la calidad de la educación que imparte . La
autorregulación, sin duda, también supone el debilitamiento del
principio de pertinencia, es decir, la decisión de qué carreras
promover y crear, queda a la elección del mercado sin pensar en las
necesidades de desarrollo del país. Que no nos sorprenda la apertura
de nuevas universidades “de garaje” o más profesionales
desempleados.
Mientras tanto, en la universidad pública durante la administración de Moreno se marcaba el discurso de “libre ingreso”, que en realidad era solamente la eliminación del examen estandarizado de acceso a la educación superior para devolver a las universidades la discrecionalidad y arbitrariedad de aceptar y rechazar estudiantes sin parámetros. En estricto rigor, el sistema anterior no decidía cuántos cupos se ofertaban sino que eran las universidades quienes definían cuántos cupos ofertar. De hecho, las universidades podían colocar un cupo ilimitado si es así lo quisieran. Lo que se había instaurado era un sistema transparente de ingreso que evitaba el tráfico de influencias, barreras económicas de acceso y corrupción que; sin duda, debía ser evaluado con el tiempo como toda política pública. Sin embargo, “el libre ingreso” es un discurso que a simple vista suena atractivo pero que en la práctica sin presupuesto y sin ética no llega muy lejos. Así, el examen se mantiene aunque con una que otra trampa para dar discrecionalidad a las instituciones de educación superior.
La
otra vertiente del debate durante la Revolución Ciudadana se
centraba en la recuperación de lo público; defensa de la educación
pública y de su presupuesto para lograr la integración de la
universidad ecuatoriana a los circuitos mundiales. Fue un plan
ciertamente ambicioso y que, con errores y aciertos, fue
consistentemente trabajado durante el gobierno de Rafael Correa. Fue
un plan que se centraba en la generación de conocimiento fomentando
la investigación científica y la incorporación de grupos sociales
históricamente excluidos en la educación superior permitiendo, a
través de la igualdad de oportunidades, reducir brechas
socioeconómicas mientras se sentaban las bases de un nuevo sistema
productivo, una economía social de los conocimientos.
La
finalidad última de esta segunda vertiente era emancipadora en
esencia. Producir conocimientos en lugar de commodities nos
permitiría abandonar poco a poco nuestra matriz productiva
primario-exportadora para librarnos de lo que esta implicaba: trabajo
precarizado, deterioro de los términos de intercambio comercial,
resource curse, actividades extractivas de alto impacto
ambiental y social. A su vez, nos permitía emanciparnos de nuestro
neo-dependentismo, pasar de ser secundario-importadores de
tecnología-conocimiento a productores de conocimientos.
Conocimientos que podrían cambiar la matriz productiva del país
concatenando la innovación y tecnología con la producción. En fin,
de lograrse esta ambiciosa meta, llegaríamos a la consolidación de
una soberanía plena, desde el conocimiento hasta la producción;
generando un mayor valor agregado.
No obstante, una
vez más el mercado ha logrado imponerse sobre la democracia, no
olvidemos que la vertiente que ganó en las urnas fue la de defensa
de la educación superior como derecho y bien público, que incluso
consta en el plan de Moreno “Toda Una Vida”. Ahora, tras dos
años de gobierno lo que en campaña fue un simple discurso para
ganar votos ahora se contradice, defendiendo la privatización y
desregulación de la educación superior.
Esto pudo verse
desde mayo de 2017 cuando Augusto Barrera frente a la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación reveló el
retorno del discurso y la política neoliberal noventera. Empezando
por atacar a universidades públicas emblemáticas y luego
restaurando el “fin de lucro” de las universidades particulares
cuando se liberalizó el cobro de aranceles a los estudiantes. Nótese
que sus críticas nunca fueron a la gestión específica de alguna
autoridad, buena o mala, por el contrario prefirió subirse al
discurso del “no sirven para nada”. Una irresponsabilidad, al
reproducir la vacía propaganda de “edificios mal construidos”,
que destruían rápidamente uno de los proyectos más prometedores de
la región. La irreflexión de este tipo de declaraciones forma parte
de una agenda más amplia de lo que quien las expresa alcanza a ver.
Es que atacar un proyecto de educación pública de la magnitud de
las universidades emblemáticas, sobre todo Yachay, no es ser
autocrítico; es decirle al país y a sus estudiantes que la
educación pública no puede soñar con ser algo más que aulas
abarrotadas, edificios viejos y profesores que no investigan; donde
hablar de generar conocimiento en lugar de memorizar información
parece imposible. Basta preguntarse cuánto ha publicado esta
universidad en comparación a sus pocos años de vida para entender
su importancia. Asimismo, es importante recordarnos que es muy corto
tiempo para evaluaciones apresuradas con evidentes fines políticos,
cuando Yachay apenas acaba de graduar a su primer estudiante hace
pocos días.
Otro discurso fue la pérdida de la
autonomía. No obstante, el trasfondo del discurso del ¨autoritarismo
correísta¨ escondía una clara intencionalidad política:
beneficiar a las universidades privadas, tal como se expresó en la
reforma a la LOES impulsada en su gestión. En efecto, el lobby de
las universidades particulares también se hizo presente en la
reforma a la LOES mediante la creación de la figura del Consejo de
Regentes, que permite a estos “inversionistas” elegir al rector,
afectando el principio de cogobierno y volviendo a asumir la
universidad particular como el negocio del siglo XXI, donde los
estudiantes son clientes, los títulos, productos y las autoridades,
hacendados. El mismo año que se conmemoraban los 100 años de la
reforma de Córdoba, Ecuador aprobaba una nueva LOES
burlándose del principio esencial de las universidades: la
autonomía. Nos encontramos en el retorno del corporativismo
privatizador.
Mientras se minaba el sistema de
aseguramiento de la calidad y se desregulaba a las universidades
particulares, también se envió y aprobó la primera proforma
presupuestaria del gobierno de Moreno, donde se redujo en casi 100
millones el presupuesto de las universidades públicas (momento que
coincide con el perdón de 2.2 millones a los grandes capitales que
adeudaban al Estado). A diferencia, en la anterior gestión los
recursos asignados para educación superior entre 2007 y 2015
llegaron alrededor de US$12 mil millones: una cifra inédita que
colocó a Ecuador como uno de los países de la región que más
invertía en esta área con relación a su Producto Interno
Bruto.
La reducción realizada por el gobierno fue
justificada con los pretextos de siempre: “estamos endeudados, no
hay plata, el gobierno anterior despilfarro todo bla… bla, bla,
bla”. Esas mentiras se ponen en evidencia hoy, cuando el Estado
ecuatoriano actúa en calidad de garante y gestor de un crédito de
18 millones del BID para ampliar el campus de la UDLA, es decir, el
Estado garantizando las arcas privadas y olvidando priorizar lo
público, lo que es de todos. Este camino a los 90, puede terminar
destruyendo la gratuidad en las universidades públicas.
El
siguiente periodo de gestión dentro de la SENESCYT lo ocupó Adrián
Bonilla quien consolidó el retroceso iniciado, extendiéndolo a
otras áreas. Desde el 2007 al 2017 el gobierno anterior entregó
20.000 becas, superando en 82 veces el número de becas entregadas
desde el 1995 al 2016 mediante varios programas. Las becas de
excelencia se otorgaban a estudiantes que lograban ser aceptados en
las mejores universidades del mundo; el programa Eloy Alfaro otorgaba
becas nacionales a estudiantes de escasos recursos económicos,
principalmente a los hijos de las familias que recibían el Bono de
Desarrollo Humano; el programa GAR becaba a estudiantes con mejores
resultados en sus exámenes, las becas de movilidad territorial
permitían que estudiantes de lugares aislados pudieran estudiar y el
derecho a la gratuidad se consagró en una ley envidiable para la
región. De acuerdo al mismo plan de gobierno que Moreno presentó en
su campaña, el ¨Plan Toda Una Vida¨, el 45% de las becas fueron
destinadas a las personas más vulnerables del país. Esta,
junto a otras políticas públicas de la anterior gestión, permitió
algo inimaginable: que 7 de cada 10 estudiantes sean la primera
generación de sus familias en acceder a la educación
superior.
Pero a los recortes presupuestarios y a la torpe
austeridad de nuestros gobernantes no les interesa analizar la
calidad de una política pública. Como resultado, Adrián Bonilla no
llegó a entregar ni siquiera 300 becas, se fue sin pena ni gloria,
afirmando que las becas otorgadas en el gobierno pasado fueron
destinadas a las familias más acomodadas del país. Bonilla acude a
la crítica funcional haciéndole el juego a los privatizadores de la
educación superior para justificar sus aseveraciones y sus pocas
acciones, que lejos de informar son un simple pataleo político.
La
realidad es que las becas de excelencia no tenían fines
redistributivos, eran un programa similar a aquellos adoptados en su
momento por Japón o Corea del Sur, donde el criterio para el
otorgamiento de la beca es netamente meritocrático. El objetivo de
estos programas es generar una masa crítica de conocimiento donde la
inserción de becarios en espacios públicos y privados permita
desarrollar redes de investigación e innovación internacionales.
Las barreras de acceso a este programa eran estructurales; es muy
complicado que un estudiante de escasos recursos económicos logre
ingresar a una de las mejores universidades del mundo, no por falta
de capacidad, sino por falta de formación, particularmente en el
idioma inglés. Sin embargo, este tipo de programas, acompañados de
los incentivos adecuados, han demostrado una capacidad aceleradora en
los procesos de generación de valor agregado y de desarrollo
económico, de allí su importancia. La renovación de la planta
docente también ha sido vital en la mejora de la calidad educativa.
Una cifra relevante es que el 29% de becarios retornados se
encontraban vinculados en el sector de Educación Superior y el 62%
de los becados retornados ingresaron a instituciones públicas
(salud, empresas públicas).
Las beca Eloy Alfaro por el
contrario, sí tenían un fin redistributivo. Las becas al Grupo de
Alto Rendimiento (GAR) se crearon dando oportunidades a los
estudiantes que sacaban las mejores notas en el examen de ingreso,
siendo democratizador el acceso a las Instituciones de Educación
Superior (IES). La diferencia de costos entre becas de excelencia y
becas GAR o Eloy Alfaro es muy alta, de allí que hay más becarios
nacionales que internacionales, pero hay que considerar que ambas
tenían fines y funciones diferentes pero igual de trascendentes en
la transición (ahora truncada) del Ecuador hacia una economía de
los conocimientos.
A fin de cuentas, los problemas se
reducen a cuestiones presupuestarias. Es que no se puede pretender
ampliar el acceso a la educación superior y mejorar su calidad sin
recursos, de allí la ironía de afirmaciones como la de Bonilla al
sugerir que un programa de becas de excelencia es elitista mientras
aúpa y defiende a un gobierno que castiga a la universidad
pública.
A medida que Moreno se despoja de sus máscaras,
las incoherencias de quienes camaleónicamente dicen pertenecer a esa
“izquierda pura” y que han formado parte de su gobierno quedan en
evidencia. Hoy en día la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación fue entregada a Agustín Albán,
rector de la Universidad Univer Milenium de México, nuevamente los
regulados a hacer función de reguladores.
Mientras
que las mismas disputas del pasado, como la mediocre propuesta de no
exigir un PHD para ser rector(propuesta por la
anterior máxima autoridad de la Asamblea que juega a la par con
Moreno), contar con profesores que solo dan clases, pero no tienen
tiempo para la investigación o la creación de trampas para
limitar el principio del cogobierno parecen renacer, el país
retrocede sin proyecto de futuro. El gobierno, en su nostálgico y
fracasado proyecto noventero, ha decidido que soñar no es algo que
los jóvenes ecuatorianos merecen, ha decidido que lo nuestro es la
mediocridad.