El proyecto noventero de la Educación Superior en Ecuador: entre el retroceso y la mediocridad

Gabriela Gallardo|

La educación superior fue objeto de uno de los mayores debates en las últimas elecciones presidenciales. Muchas fueron las opiniones al respecto, pero a breves rasgos se pueden identificar con claridad dos vertientes. La primera, la de los eternos “caudillos”de las universidades públicas y “dueños” de las privadas, quienes planteaban cambiar en 180° las políticas de educación superior construidas en 10 años de la Revolución Ciudadana. Vertiente a la que se sumaron autoridades, que desmontando lo avanzado, han venido respondiendo al actual modelo noventero de desarrollo (primario exportador donde hay universidades que son “tierra de nadie”). Por otro lado, están quienes han postulado que la educación superior es un derecho y un bien público y por ello han defendido su gratuidad, el cogobierno, la autonomía responsable, la regulación, su máxima calidad y la idea de una universidad conectada a un modelo de desarrollo soberano.

Los “propietarios” y “patrocinadores” de las universidades privadas en Ecuador planteaban cambiar el enfoque del sistema de acreditación y aseguramiento de la calidad, pasando de un riguroso esquema de evaluación a mecanismos de simple y autocomplaciente autoevaluación. Si bien el entonces llamado Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) y sus regulaciones debían ajustarse más a las realidades diferenciales de las instituciones de educación superior del país, no era aceptable argumentar que el Estado no debía intervenir en la regulación de la calidad. Ecuador venía de un pasado de estafa social, no nos olvidemos de la creación indiscriminada de universidades privadas sin regulación alguna, del diagnóstico crítico y lapidario que justificó la aprobación del Mandato Constitucional N° 14 o el escandaloso caso de la Universidad Cooperativa de Colombia en Ecuador (UCCE) donde se vendían títulos de estudios superiores. La nueva política del gobierno de Lenin regresa al mito de la autorregulación, algo muy conveniente para las universidades particulares, pues en lugar de cumplir con criterios comunes y fundamentales de evaluación pueden simplemente fijarse sus alabadoras, condescendientes y muy propias metas, según lo que ellos consideren qué es calidad. También se eliminó la categorización de las universidades, entonces cada institución decide cómo y en qué mejora sin un mecanismo comparativo que transparente y certifique la calidad de la educación que imparte . La autorregulación, sin duda, también supone el debilitamiento del principio de pertinencia, es decir, la decisión de qué carreras promover y crear, queda a la elección del mercado sin pensar en las necesidades de desarrollo del país. Que no nos sorprenda la apertura de nuevas universidades “de garaje” o más profesionales desempleados.

Mientras tanto, en la universidad pública durante la administración de Moreno se marcaba el discurso de “libre ingreso”, que en realidad era solamente la eliminación del examen estandarizado de acceso a la educación superior para devolver a las universidades la discrecionalidad y arbitrariedad de aceptar y rechazar estudiantes sin parámetros. En estricto rigor, el sistema anterior no decidía cuántos cupos se ofertaban sino que eran las universidades quienes definían cuántos cupos ofertar. De hecho, las universidades podían colocar un cupo ilimitado si es así lo quisieran. Lo que se había instaurado era un sistema transparente de ingreso que evitaba el tráfico de influencias, barreras económicas de acceso y corrupción que; sin duda, debía ser evaluado con el tiempo como toda política pública.  Sin embargo, “el libre ingreso” es un discurso que a simple vista suena atractivo pero que en la práctica sin presupuesto y sin ética no llega muy lejos. Así, el examen se mantiene aunque con una que otra trampa para dar discrecionalidad a las instituciones de educación superior.

La otra vertiente del debate durante la Revolución Ciudadana se centraba en la recuperación de lo público; defensa de la educación pública y de su presupuesto para lograr la integración de la universidad ecuatoriana a los circuitos mundiales. Fue un plan ciertamente ambicioso y que, con errores y aciertos, fue consistentemente trabajado durante el gobierno de Rafael Correa. Fue un plan que se centraba en la generación de conocimiento fomentando la investigación científica y la incorporación de grupos sociales históricamente excluidos en la educación superior permitiendo, a través de la igualdad de oportunidades, reducir brechas socioeconómicas mientras se sentaban las bases de un nuevo sistema productivo, una economía social de los conocimientos. 

La finalidad última de esta segunda vertiente era emancipadora en esencia. Producir conocimientos en lugar de commodities nos permitiría abandonar poco a poco nuestra matriz productiva primario-exportadora para librarnos de lo que esta implicaba: trabajo precarizado, deterioro de los términos de intercambio comercial, resource curse, actividades extractivas de alto impacto ambiental y social. A su vez, nos permitía emanciparnos de nuestro neo-dependentismo,  pasar de ser secundario-importadores de tecnología-conocimiento a productores de conocimientos. Conocimientos que podrían cambiar la matriz productiva del país concatenando la innovación y tecnología con la producción. En fin, de lograrse esta ambiciosa meta, llegaríamos a la consolidación de una soberanía plena, desde el conocimiento hasta la producción; generando un mayor valor agregado. 

No obstante, una vez más el mercado ha logrado imponerse sobre la democracia, no olvidemos que la vertiente que ganó en las urnas fue la de defensa de la educación superior como derecho y bien público, que incluso consta en el plan de Moreno “Toda Una Vida”. Ahora, tras dos años de gobierno lo que en campaña fue un simple discurso para ganar votos ahora se contradice, defendiendo la privatización y desregulación de la educación superior.

Esto pudo verse desde mayo de 2017 cuando Augusto Barrera frente a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación reveló el retorno del discurso y la política neoliberal noventera. Empezando por atacar a universidades públicas emblemáticas y luego restaurando el “fin de lucro” de las universidades particulares cuando se liberalizó el cobro de aranceles a los estudiantes. Nótese que sus críticas nunca fueron a la gestión específica de alguna autoridad, buena o mala, por el contrario prefirió subirse al discurso del “no sirven para nada”. Una irresponsabilidad, al reproducir la vacía propaganda de “edificios mal construidos”, que destruían rápidamente uno de los proyectos más prometedores de la región. La irreflexión de este tipo de declaraciones forma parte de una agenda más amplia de lo que quien las expresa alcanza a ver. Es que atacar un proyecto de educación pública de la magnitud de las universidades emblemáticas, sobre todo Yachay, no es ser autocrítico; es decirle al país y a sus estudiantes que la educación pública no puede soñar con ser algo más que aulas abarrotadas, edificios viejos y profesores que no investigan; donde hablar de generar conocimiento en lugar de memorizar información parece imposible. Basta preguntarse cuánto ha publicado esta universidad en comparación a sus pocos años de vida para entender su importancia. Asimismo, es importante recordarnos que es muy corto tiempo para evaluaciones apresuradas con evidentes fines políticos, cuando Yachay apenas acaba de graduar a su primer estudiante hace pocos días.

Otro discurso fue la pérdida de la autonomía. No obstante, el trasfondo del discurso del ¨autoritarismo correísta¨ escondía una clara intencionalidad política: beneficiar a las universidades privadas, tal como se expresó en la reforma a la LOES impulsada en su gestión. En efecto, el lobby de las universidades particulares también se hizo presente en la reforma a la LOES mediante la creación de la figura del Consejo de Regentes, que permite a estos “inversionistas” elegir al rector, afectando el principio de cogobierno y volviendo a asumir la universidad particular como el negocio del siglo XXI, donde los estudiantes son clientes, los títulos, productos y las autoridades, hacendados. El mismo año que se conmemoraban los 100 años de la reforma de Córdoba,  Ecuador aprobaba una nueva LOES burlándose del principio esencial de las universidades: la autonomía. Nos encontramos en el retorno del corporativismo privatizador.  

Mientras se minaba el sistema de aseguramiento de la calidad y se desregulaba a las universidades particulares, también se envió y aprobó la primera proforma presupuestaria del gobierno de Moreno, donde se redujo en casi 100 millones el presupuesto de las universidades públicas (momento que coincide con el perdón de 2.2 millones a los grandes capitales que adeudaban al Estado). A diferencia, en la anterior gestión los recursos asignados para educación superior entre 2007 y 2015 llegaron alrededor de US$12 mil millones: una cifra inédita que colocó a Ecuador como uno de los países de la región que más invertía en esta área con relación a su Producto Interno Bruto. 

La reducción realizada por el gobierno fue justificada con los pretextos de siempre: “estamos endeudados, no hay plata, el gobierno anterior despilfarro todo bla… bla, bla, bla”. Esas mentiras se ponen en evidencia hoy, cuando el Estado ecuatoriano actúa en calidad de garante y gestor de un crédito de 18 millones del BID para ampliar el campus de la UDLA, es decir, el Estado garantizando las arcas privadas y olvidando priorizar lo público, lo que es de todos. Este camino a los 90, puede terminar destruyendo la gratuidad en las universidades públicas. 

El siguiente periodo de gestión dentro de la SENESCYT lo ocupó Adrián Bonilla quien consolidó el retroceso iniciado, extendiéndolo a otras áreas. Desde el 2007 al 2017 el gobierno anterior entregó 20.000 becas, superando en 82 veces el número de becas entregadas desde el 1995 al 2016 mediante varios programas. Las becas de excelencia se otorgaban a estudiantes que lograban ser aceptados en las mejores universidades del mundo; el programa Eloy Alfaro otorgaba becas nacionales a estudiantes de escasos recursos económicos, principalmente a los hijos de las familias que recibían el Bono de Desarrollo Humano; el programa GAR becaba a estudiantes con mejores resultados en sus exámenes, las becas de movilidad territorial permitían que estudiantes de lugares aislados pudieran estudiar y el derecho a la gratuidad se consagró en una ley envidiable para la región. De acuerdo al mismo plan de gobierno que Moreno presentó en su campaña, el ¨Plan Toda Una Vida¨, el 45% de las becas fueron destinadas a las personas más vulnerables del país.  Esta, junto a otras políticas públicas de la anterior gestión, permitió algo inimaginable: que 7 de cada 10 estudiantes sean la primera generación de sus familias en acceder a la educación superior.

Pero a los recortes presupuestarios y a la torpe austeridad de nuestros gobernantes no les interesa analizar la calidad de una política pública. Como resultado, Adrián Bonilla no llegó a entregar ni siquiera 300 becas, se fue sin pena ni gloria, afirmando que las becas otorgadas en el gobierno pasado fueron destinadas a las familias más acomodadas del país. Bonilla acude a la crítica funcional haciéndole el juego a los privatizadores de la educación superior para justificar sus aseveraciones y sus pocas acciones, que lejos de informar son un simple pataleo político.

La realidad es que las becas de excelencia no tenían fines redistributivos, eran un programa similar a aquellos adoptados en su momento por Japón o Corea del Sur, donde el criterio para el otorgamiento de la beca es netamente meritocrático. El objetivo de estos programas es generar una masa crítica de conocimiento donde la inserción de becarios en espacios públicos y privados permita desarrollar redes de investigación e innovación internacionales. Las barreras de acceso a este programa eran estructurales; es muy complicado que un estudiante de escasos recursos económicos logre ingresar a una de las mejores universidades del mundo, no por falta de capacidad, sino por falta de formación, particularmente en el idioma inglés. Sin embargo, este tipo de programas, acompañados de los incentivos adecuados, han demostrado una capacidad aceleradora en los procesos de generación de valor agregado y de desarrollo económico, de allí su importancia. La renovación de la planta docente también ha sido vital en la mejora de la calidad educativa. Una cifra relevante es que el 29% de becarios retornados se encontraban vinculados en el sector de Educación Superior y el 62% de los becados retornados ingresaron a instituciones públicas (salud, empresas públicas).

Las beca Eloy Alfaro por el contrario, sí tenían un fin redistributivo. Las becas al Grupo de Alto Rendimiento (GAR) se crearon dando oportunidades a los estudiantes que sacaban las mejores notas en el examen de ingreso, siendo democratizador el acceso a las Instituciones de Educación Superior (IES). La diferencia de costos entre becas de excelencia y becas GAR o Eloy Alfaro es muy alta, de allí que hay más becarios nacionales que internacionales, pero hay que considerar que ambas tenían fines y funciones diferentes pero igual de trascendentes en la transición (ahora truncada) del Ecuador hacia una economía de los conocimientos.

A fin de cuentas, los problemas se reducen a cuestiones presupuestarias. Es que no se puede pretender ampliar el acceso a la educación superior y mejorar su calidad sin recursos, de allí la ironía de afirmaciones como la de Bonilla al sugerir que un programa de becas de excelencia es elitista mientras aúpa y defiende a un gobierno que castiga a la universidad pública.

A medida que Moreno se despoja de sus máscaras, las incoherencias de quienes camaleónicamente dicen pertenecer a esa “izquierda pura” y que han formado parte de su gobierno quedan en evidencia. Hoy en día la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación fue entregada a Agustín Albán, rector de la Universidad Univer Milenium de México, nuevamente los regulados a hacer función de reguladores.
 
Mientras que las mismas disputas del pasado, como la mediocre propuesta de no exigir un PHD para ser rector(propuesta por la anterior máxima autoridad de la Asamblea que juega a la par con Moreno), contar con profesores que solo dan clases, pero no tienen tiempo para la investigación o la creación de trampas para limitar el principio del cogobierno parecen renacer, el país retrocede sin proyecto de futuro. El gobierno, en su nostálgico y fracasado proyecto noventero, ha decidido que soñar no es algo que los jóvenes ecuatorianos merecen, ha decidido que lo nuestro es la mediocridad.