Por Rafael Quintero López
- Lo viejo en lo nuevo
La medida adoptada por el presidente Lasso (apodada “muerte cruzada”) fue decidida cuando él estaba sometido a un juicio político por la Asamblea Nacional (AN), un proceso fiscalizador debidamente respaldado por el pronunciamiento de la Corte Constitucional CC), cuyo resultado no se sabía. Pero, Lasso, que se había dedicado a cooptar votos por la no destitución, decidió evitar ser juzgado, y de modo ilegal decretó la disolución de la Asamblea Nacional, alegando que había “conmoción interna”, la cual solo existía en su casa. Fue una medida despótica, contraria a la forma liberal-democrática del Estado, que regía hasta entonces en el país, pues no hubo los requisitos constitucionales para usarla. Lo que hizo significó desconocer el derecho del Legislativo a enjuiciarlo, pues el proceso estaba en marcha. Agravó ese escenario político de arbitrariedades un pronunciamiento, totalmente insólito de las FFAA respaldando a Lasso en su decisión de disolver la AN. Arrinconada así, la Corte Constitucional reveló también que tiene su alguacil. Tenemos, pues, una dictadura, apoyada –claro está–, por el gobierno de los EEUU y por la OEA. La conducta de Lasso y sus aliados fácticos, no solo rompieron el orden legal del país, desconociendo la facultad del legislativo de enjuiciar al presidente, sino que plantean entretener a la sociedad civil ecuatoriana a ser convocada a un nuevo proceso electoral, en unos comicios “anticipados”, organizados por un Consejo Electoral no imparcial y sin legitimidad. Pero, claro está, Lasso sigue en el cargo, con más poder, pudiendo incluso postularse para terminar –él mismo– el periodo presidencial, como posiblemente lo haga si esta farsa continua. Sus actos revelan una clara intención de instaurar una situación de inestabilidad política como la habida antes del 2007.
Efectivamente, los 9 años anteriores al 2007, cuando ganó la corriente del progresismo dirigida por Rafael Correa, hubo 10 dignatarios en la Función Ejecutiva (Alfredo Palacio, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Abdalá Bucaram y un Triunvirato). Todo ese enjambre de 8 gobiernos entre 1997-2006, en su conjunto, actuó como guardianes del orden establecido –ellos y ella–, alineados con lo viejo en política internacional –dominada por EEUU y su OEA–, y no partidarios de hacer reformas socio-económicas y ni siquiera enunciarlas, salvo por un muy fugaz momento cuando Palacio acogió, por un cortísimo plazo, a un par de funcionarios progresistas en su también fugaz gabinete. Pero, en el mejor estilo de la añeja política, todos administraron “la cosa pública” de las 3 regiones continentales (Costa, Sierra, Amazonía, pues a Galápagos la gobiernan las empresas turísticas de los ricos), en las cuales el negocio de construir malas carreteras (que duran un año), o de inaugurar alguna obra de agua potable, o de un puente faltante, era su regularidad. Otra gran carencia, siempre declarada, era la de seguridad ciudadana, a la que parcharon. El resto de sus gestiones estuvo dedicado a atender a sus clientelas, y declarar que “estaban transformando el país”. Pura falsedad. Las crisis pululaban en las instituciones estatales y públicas. Así, por ejemplo, ocurrió con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); con la no alfabetización de cerca del 10% de la población ecuatoriana que la necesitaba, o con la no redistribución de la riqueza del país, o la no modernización de la educación pública primaria, secundaria y universitaria, y el abandono de la seguridad ciudadana por parte de los órganos de control, aumentando la ignorancia, la pobreza, el desamparo y la criminalidad. Los guardianes de este Estado de cosas, no de gentes, es decir las FFAA y la Policía, actuaron como guardianes del “orden” de los de arriba.
- Lo nuevo en el progresismo
Así, cuando advino el gobierno progresista de Rafael Correa, se diversificó la oferta se servicios públicos a otros campos, –incluyendo un cambio de la matriz energética, educación nacional, una nueva Constitución Política del Estado, obras en salud pública, bienestar para ciertos grupos vulnerables, etc., –, y el ser un gran constructor de carreteras, y haber adquirido 4.157 patrulleros nuevos para reforzar la seguridad ofrecida por la Policía, era una parte de su programa. Una amplia obra, creadora de expectativas crecientes, explica que sus gobiernos en realidad fuesen tres y no uno, y que durasen 10 años, con estabilidad, aunque no sin sobresaltos, en un proceso dirigido por un político que abrió un cauce al nuevo progresismo. Muchos consideran que el cambio en la matriz energética fue una obra fundamental, pues antes, buena parte de la luz eléctrica provenía de turbinas importadas. En breve, fue una década de modernización capitalista sin industrialización ni reforma agraria.
En efecto, el modelo se desarrolló, con una dependencia respecto de lo ocurrido desde la cima del Estado y un muy limitado desarrollo industrial, y sin estar precedido de una transformación que desate la transformación en el capitalismo y genere una diferenciación en el campesinado (la Reforma Agraria, enunciada como parte del programa de transformaciones, pero no realizada), e incorpore una masa de centenares de miles de nuevos propietarios a la economía y a la política. Tampoco se hizo la inclusión de la diversidad nacional del país, tal como fue expresada en tu integralidad cuando se acometió la reforma política en la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi en 2008. Por ello, de las 14 nacionalidades que reclamaban su inclusión como tales –a más de su ciudadanía a la ecuatorianidad –, solo se declaró a dos –la Quichua y a la Shuar–, como nacionalidades en la reforma política al declararse al Estado como “plurinacional”. Es decir, al lado de los mestizos que no somos una nacionalidad, sino una ciudadanía, se ampliaban los derechos de representación política a dos grupos nacionales y lingüísticos marginados tradicionalmente. Pero, se dejó sin hacerlo para con otras 12 nacionalidades existentes (Tsáchila, Chachi, Epera, Achuar, Shiwiar, Cofán, Siona, Awas, Zápara[1], Secoya, Waorani, y Andoa),dejando de enriquecer al Ecuador con todos los aportes culturales, de conocimientos ancestrales de miles de años, (en diversos campos), y de su cultura política antigua.
En gran medida, las débiles coaliciones entre el movimiento Patria Altiva y Soberana (PAIS) dirigido por Rafael Correa Delgado y Alberto Acosta, y en dos direcciones, una alianza con el PS-FA, dirigido por Guadalupe Larriva, y en otra dirección con la ID, ganó las elecciones presidenciales de 2007, aunque Rafael Correa gobernó, en esencia, solo con gentes de su propio movimiento político, y en alianza con otros partidos, a veces liberal-demócratas (particularmente la corriente de Rodrigo Borja), otras veces con la derecha y con algunos advenedizos. La corriente socialista fue, en la práctica, distanciada al no impulsarse la reforma agraria y otras reformas reclamadas, pero no rompió con el Gobierno de Correa, e incluso lo defendió frente a los intentos de derrocarlo.
- El grave error de escoger a Moreno, como sucesor de Correa sin la garantía de que estuviese comprometido con la continuidad del proceso de cambio
A los 10 años, la candidatura presidencial de Moreno Garcés (quién había sido el binomio en 2006), fue una operación de intentar sacar lo posible de lo imposible. Era la política de lo imposible: tostar granizo, como lo llamaba burlonamente el cuencano Honorato Vásquez (1855-1933). Alguien, con un profundo compromiso con el proceso y cercano a Correa y poseedor del conocimiento necesario, podría haber influido sobre él para evitar esa fatídica decisión que tanto le costaría al Ecuador en 4 años (2017-2021), con el que sería uno de los peores gobiernos en la historia del país. Pero tal persona no estaba o no había en la escena de Correa. El mismo Rafael Correa, en un video lo delata cuando dijo: “Yo, nunca conocí mucho a Moreno”. “Sabíamos que no era un tipo de muchas luces, pero no siempre el más brillante es el que tiene que ir a candidato”. Obviamente no se trataba de eso (del IQ de Moreno), sino de su carácter de oportunista, vendido al imperio. Así, después de 10 años, en general, positivos, el país no se merecía un experimento, pues no se trataba de evaluar su capacidad intelectual sino sus valores éticos y morales como político. Lo cual no se hizo.
Como sabemos, el ascenso al poder de Moreno resultó un harakiri del progresismo ecuatoriano. Su gestión significó que 160,000 empleados públicos perdieran su trabajo. Él no hizo ni una sola obra de trascendencia, y se dedicó a destruir el Estado Constitucional de Derechos y Justicia implantado por el progresismo, y a desarticular toda la política externa progresista y multilateral inaugurada con otros países en la región y a desintegrar al movimiento que lo llevó al poder. En este tenor, inició y promovió una brutal persecución política a la dirigencia progresista, especialmente a Correa y a Jorge Glas, que se ha extendido hasta hoy. Además de estas violencias, en el gobierno de Moreno, 11 ciudadanos perdieron la vida por la inmisericorde represión policial a las protestas callejeras en octubre de 2019 y decenas perdieron sus ojos. Moreno reprimió y acosó a los medios de comunicación democráticos (por ejemplo, a Ecuador Inmediato y Radio Pichincha). Él, un veleta de la política, se apersonaba él mismo de asuntos incluso de interés privativo como el de los regalos al Presidente del país en los 10 años anteriores.[2] Un latrocinio “menor” si consideramos que ya desde su vicepresidencia se había involucrado en las grandes ligas de la corrupción que recién ahora, luego de años de insistentes denuncias de la propia militancia progresista, se están develando a los ojos del país. Su traición política, luego de asumir el poder en 2017, fue incisiva: desarticuló en parte lo que quiso destruir, la estructura partidaria del progresismo exitoso (RC) y de la izquierda (PSE), al que también desarticuló, dividió o fue instrumento para la división del resto de la izquierda. A los partidarios de la RC les costó mucho políticamente, pese a la cual mantuvieron influencia y arrastre electoral, como se evidenció en las elecciones seccionales de 2019. Hubo desilusión en la militancia, aumentándose en el país la tendencia al voto nulo. En ese contexto hubo, inicialmente, 18 pre-candidaturas presidenciales en el siguiente proceso electoral de 2021. Y de estos, solo 6 tenían a mujeres para binomios, lo cual marcaba otro retroceso. Un magnate, varias veces postulado en el pasado, Álvaro Noboa, quiso, pero no pudo, inscribirse en la carrera presidencial, pero él hubiera sido uno más de 16 candidaturas con las que se dividió al electorado. Se exhibía una arena política de gran fraccionamiento, evidente señal de un subdesarrollo político-electoral inducido.
La descomposición de todo rasgo nacional del Estado ecuatoriano, auspiciada por Moreno Garcés –quién actuó como un Felipillo de Washington a todo lo ancho–, fue continuada y agravada por lo que va del gobierno de Lasso (2021-2013), apoyado por Moreno y sus sostenedores[3]. Afloró con él, aún más, la corrupción como política dentro de los aparatos y centros de poder del Estado ecuatoriano. Incluso, en los aparatos que debían precautelar el bienestar de la sociedad civil frente a la criminalidad, tales como la Policía Nacional, contaminando incluso a las FFAA. Por ello, incluso desde la embajada de EEUU en Quito se habló de la existencia de “narco-generales” en las filas castrenses. Cuando se sabe que el capo de una mafia traficante de drogas, de nacionalidad albanesa, tenía vínculos con personas cercanas a las decisiones presidenciales y era considerado un “pana duro de la policía”, se estaba sentando las bases para la destrucción de la seguridad ciudadana en el país, y ésta pasaba a convertirse en un negocio privado y había que pagar “vacuna” para estar protegido. Hoy, en el Ecuador ya no se sabe cómo combatir esa corrupción e impunidad, cuando el país se ha vuelto exportador de cocaína a Europa bajo la dirección de una mafia albanesa. Veamos, preliminarmente, como se habría dado ese proceso.
IV. Colapso de la democracia liberal, destrucción de su principal centro de poder (la AN) para hipertrofiar a los aparatos represivos en manos de clientelas
Todo emergió a inicios de 2018, cuando en la provincia de Esmeraldas, en la frontera norte con Colombia se produce un atentado con bombas, luego el secuestro de tres periodistas y de dos ciudadanos ecuatorianos que luego fueron asesinados por un grupo delincuencial armado. Buen pretexto para que el gobierno de Moreno diera carta blanca para el ingreso de los aparatos de seguridad de EEUU, firmándose una serie de “convenios” para ”dizque” garantizar la seguridad en 2018 y 2019. Pero lo que en realidad estaba sucediendo, era el debilitamiento creciente del rol del Estado en la prevención y control de la seguridad, en el marco de la protección de los derechos humanos de la población, porque efectivamente, el régimen de Moreno, desmanteló la institucionalidad encargada de ella. Se desató, así, una violencia sin tregua que se inició en las cárceles, con las denominadas “masacres carcelarias”.
El ataque se inició en Guayaquil, ciudad de 2 millones 800 mil habitantes. Ocurrió en su sistema carcelario, y fue lo primero que colapsó, siendo un sistema de gran hacinamiento, incrementado a partir de 2015 “por la entrada en vigor de un nuevo Código Penal que endurecía las penas”, (Quesada, 2021), y que con la llegada al gobierno de Lenin Moreno dejó abandonado el proyecto de modernización social del sistema penitenciario. En octubre de 2021, es decir, a los 6 meses del gobierno de Lasso, apareció el síntoma, no la causa, con un motín en una cárcel que dejó entre 118 y 135 presos muertos. Dentro de esa “institución” había bandas competidoras dedicadas al narcotráfico, que estaban bien armadas. Para 2021, el Ecuador era ya responsable de la exportación de 74% de la cocaína a Europa, mientras en las cárceles se peleaban los carteles por un ínfimo espacio. “Las autoridades controlaban las entradas, el perímetro, pero ahí dentro mandan las bandas” (Ibíd.). Pero esta era ya la tercera matanza en una cárcel, habidas en ese año (2021). La primera dejó 79 muertos, y la segunda 22. Un total aproximado de 236 muertos. En ese momento, octubre de 2021, según Perfiles de Opinión, el 63% de encuestados en Quito y Guayaquil consideraban al gobierno de Lasso responsable de la crisis carcelaria, y solo el 12% concebía a su gobierno como preparado para enfrentarla. La inseguridad se había extendido al resto del país y el sentimiento de las poblaciones más vulnerables era de abandono por parte del Estado. Se puede afirmar que en 2022 había una lucha ideológica ganada por la derecha, y con ello se desmovilizaba también a una parte significativa del movimiento indígena, que había sido influido, poco antes, para votar, en las presidenciales de 2021, por un dislate sin fundamentos, “por el voto nulo ideológico”, promovido por Leonidas Iza, dirigente de la CONAIE y Yaku Pérez, candidato de PK, en lugar de apoyar a Andrés Arauz del partido de Correa, lo cual fue extremadamente grave, pues ello no solo debilitaba al progresismo, sino también a la organización indígena y su movimiento, colocándolo en las redes clientelares de la derecha. En febrero de 2023 asesinaron a Eduardo Mendúa, de nacionalidad Cofán y perteneciente a la comunidad A’l Cofán Dureno en Sucumbíos, responsable de relaciones internacionales de la CONAIE. Este dirigente se había opuesto a la explotación petrolera en su territorio, habiendo hecho algunas críticas verbales por la falta de unidad de las comunidades indígenas de su localidad. A mediados de mayo, cuando escribo este artículo, la violencia carcelaria se ha trasladado a las calles de manera creciente y el crimen sigue impune, como muchos otros crímenes cometidos en el país, contra dirigentes sociales y ciudadanos corrientes, que son dados a conocer por la prensa, a diario, como crímenes a manos delincuenciales.
Lo que estaba ocurriendo, podemos llamarlo una política de “descomponer” el tejido social que está representado políticamente por los órganos de representación del Estado (las 1499 juntas parroquiales, –1140 rurales y 359 urbanas–, las 221 municipalidades cantonales, las 24 Prefecturas y la Asamblea Nacional). Al debilitar esa representación, los individuos recurren a “defensores” privados organizados por grupos pandilleros, autoridades corruptas, o clientelas ligadas a las mafias del crimen organizado (incluido ya el de la droga, que al parecer ha tomado singularidad con la presencia de la llamada “Mafia Albanesa”), que algunos comunicadores públicamente han ligado con familiares políticos del presidente de la República. Este fenómeno, iniciado en Guayaquil, pronto se expandiría a otras ciudades y llegaría a Quito, la capital, con la intención de cooptar a la mayoría en la Asamblea Nacional por parte de una política planificada desde la casa presidencial. Para ese entonces, con una baja de su popularidad a menos del 23%, Lasso había ya cooptado a la Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, de PK y a la 2da Vicepresidenta de la AN (Sra. Guamaní de la Izquierda Democrática, el partido supuestamente socialdemócrata, fundado por Rodrigo Borja Cevallos), llegando a controlar 85 votos, mientras la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) de Correa, quedaba debilitada.
Las actitudes de los funcionarios de los órganos de control ante la Comisión de la AN exhibían una burlona arrogancia. ¡Se había acabado la “independencia” de funciones, y se entronaba el principio de ¡Haga Negocio Conmigo!”. Ya nada parecía más alejado, en ese momento, que la unidad de la izquierda y el progresismo para impulsar las tesis del SS21, de la que se habló por una década. Sin embargo, aunque disminuida, dado lo ocurrido, hubo sí una oposición firme del partido RC5, en la Asamblea, y en lo social. Y, cabe recordar que el levantamiento popular de junio de 2022, liderado por la CONAIE tuvo un importante efecto político en la correlación de fuerzas, además de los cuestionamientos a Llori que terminaron con su salida cambiando así la correlación de fuerzas en la conducción de la Asamblea Nacional. Estos ajetreos de la política (al interior del Estado, en sus centros de poder y aparatos), así como en la arena política civil y política fueron precedidos por los escándalos de corrupción como los de los “Pandora Papers”, que involucraron al titular del Ejecutivo.
En ese escenario de un franco debilitamiento gubernamental, el jefe del Ejecutivo se atrevió a lanzar una Consulta Popular, de 8 preguntas, tendientes a debilitar aún más a los centros de poder y empoderar más a los aparatos represivos del Estado (en el marco de las elecciones seccionales de 5-02-2023). Pero, dada la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea y en la sociedad, no solo en la Consulta le fue mal, pues en las todas las preguntas perdió, a pesar del apoyo de los medios de información (TC, Televisión; Ecuavisa TV; Tele Amazonas), que, por cierto, nunca reportan, peor critican los tantos atropellos contra la democracia producidos por el gobierno en dos años, y, más bien, los encubren a diario, a cambio, eso sí, de la publicidad contratada por el gobierno, sino también en las elecciones seccionales en las que triunfaron la RC, PK y el PSC. Como en otros países con regímenes neoliberales, hay en Ecuador una insuficiencia de medios de comunicación democráticos, agravada la situación porque la izquierda carece de medios de gran difusión, y el progresismo, si bien cuenta con la influyente Radio Pichincha, Radio La Calle, y con algunas Redes Sociales, no tiene aún canales de TV, y periódicos de gran difusión. Esta realidad se agravó con el sismo del 18 de marzo de 2023, cuyo epicentro fue en Balao (provincia del Guayas) pero que afecto al Sur occidente del Ecuador, particularmente a las provincias de El Oro, Azuay y Guayas. El terremoto produjo 22 deslizamientos en vías interprovinciales, más de 400 heridos, y 14 personas fallecidas, de las cuales 11 ocurrieron en Machala, Capital de El Oro., y un total de 126 heridos, 50 viviendas afectadas, 7 destruidas, 17 unidades educativas afectadas, 14 bienes públicos afectados y 1 destruido, 31 centros de salud afectados, 1 puente afectado. Sin tener, al parecer relación con los efectos del sismo, en la noche del 26-27 de marzo una colina entera de desplomó sobre una parte de la ciudad de Alausí, cantón de la provincia de Chimborazo, limítrofe con la provincia del Guayas, causando un número aún indeterminado de fallecidos, más de 500 heridos, 60 casas sepultadas y daños graves a la infraestructura citadina. Esa tragedia ahondó el desprestigio de un gobierno percibido como indolente ante las necesidades de la población.
En esas circunstancias, cabe destacarse que se logró una mayoría para un juicio político al presidente en la Asamblea Nacional liderada por la una coalición liderada por RC5. Se evidenció además una fragmentación del consenso de la derecha política en la sociedad. Había mucho fraccionamiento de posiciones pues había quienes defendían a Lasso a capa y espada, y quienes planteaban una dictadura cívico-militar sin Lasso; mientras otros estaban a la espera de su caída para poner a su sucesor en Carondelet, lo que bien puede reflejarse en la tensión actual dentro de la Corte Constitucional. Mientras, por otra parte, la CONAIE, grupos y colectivos sociales y políticos (entre ellos Resistencia Socialista), ha activado en redes para pedir la renuncia de Lasso y/o presionan por el juicio político y por la destitución. Sin embargo, en el tema de la “Muerte Cruzada”, no había mayor consenso, mientras esa ha sido también planteada por la derecha, y al parecer el gobierno la miraba como una alternativa. En ese contexto, los que apoyaban a Lasso consideraban la tesis de su salida, una postura de los “ignorantes con poder”, y acusaban al intento de una desestabilización del sistema. La Policía y las FFAA aparecían ya como protagonistas del debate público.
Y, luego de la disolución del Legislativo, cuando se llevaba a cabo un proceso político plenamente democrático, lo que se hacía era la negación a cumplir la ley y la Constitución. El Ecuador, súbitamente se convirtió en un país, deficitario de explicaciones autorizadas sobre lo público. Un caso material lo evidenció clamorosamente: cuando un inmenso radar gestionado por militares para detectar el narcotráfico es sacado de la frontera norte (limítrofe con Colombia) desde la Serranía, y fue llevado e instalado en Montecristi, ¡cerca del Mar Pacífico y explota y se destruye!, nadie ofreció una explicación del hecho. Por su parte, un presidente como Lasso, acusado de estar vinculado a la mafia albanesa y sus intermediarios en el tráfico de droga a Europa, resolvió salvarse de un juicio político y de una destitución, disolviendo a la AN. ¿Quién controla a quién?
Quito, a 23 de mayo de 2023
Fuentes y Bibliografía
Juan Diego Quesada, “Aquí dentro baila el diablo: la historia del motín de Guayaquil”, El PAIS, 9 de octubre de 2021.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wachovia
[1] ¡Hoy, 2023, ya prácticamente en extinción! Pero, no en esa condición en 2008 cuando se redactó la nueva Constitución que los olvidó.
[2] Así, desmanteló el Museo de Carondelet, construido por Correa con los 11.500 obsequios que recibió durante sus mandatos. Tan valioso patrimonio, ¡simplemente desapareció! Moreno aún no dice a donde se los llevó.
[3] El escritor manabitaArtemidoro Zevallos ya lo afirmaba al final del periodo de Moreno, en un comentario de correo electrónico enviado. Él afirmaba que las razones por las cuales Moreno apoya a Lasso eran de esperarse, y se preguntaba sobre Montufar, los Larrea Cabrera, Jaime Nebot, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, aunque no hayan emitido un claro pronunciamiento al respecto. Y claro está, por las Cámaras de la Producción, de Comercio, la Asociación de Bancos Privados, mencionando también a los medios de comunicación y a influyentes periodistas, como Carlos Vera, Alfredo Pinoargote, Alfonso Espinoza de los Monteros, Diego Oquendo, Jorge Ortiz, G. Rosero, Patricia Estupiñán, T. Flores y Flores, además de los que tienen peso (y pesos reales) como el Dr. F. Egas, los Alvarado Roca, los Mantilla, los Pérez Barriga y su pariente, el ilustrado jurista y crítico literario doctor H. Pérez Loose. Era, dice Zevallos una “verdadera legión de caballeros y damas de la pluma y de la pantalla, no se me puede exigir el gesto cortés, ya que han sido muy enfáticos y reiterativos en su respaldo a Dn. Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza. Y hablando de apoyos abiertos y encubiertos a Lasso Mendoza, algunos son impresentables, como, por ejemplo, ciertos «candidatos» programados para presentarse en la 1ª vuelta y adherirse a la «candidatura democrática» en la 2ª y por supuesto, aparte de los enviados del Imperio, los Gorilas que han comenzado a arrastrar sus sables. El candidato los acepta a todos”. (Artemidoro Zevallos, 2021). Véase también Rafael Quintero, “El significado de las elecciones presidenciales del Ecuador”, en: correodelamba.org. enero 28, 2021.