Por Erika Sylva Charvet
La decisión
Un día después de las elecciones del 11 de abril de 2021, Leonidas Iza, dirigente de la Conaie, afirmó: “Ecuador tendrá un gobierno de derecha neoliberal con corte fascista #Lasso” (PU, 12-04-2021). Y no le faltaba razón porque Guillermo Lasso, además de ser un banquero millonario tiene ligámenes con la derecha internacional: la red Atlas Network, el Interamerican Institute for Democracy (IID), el Opus Dei y Sodalicio, grupo empresarial católico imputado en prácticas de pedofilia y abuso sexual.[i] Pese a este perfil de Lasso, el Movimiento Pachakutik (PK) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) llamaron a votar por el “voto nulo ideológico” en la segunda vuelta electoral.[ii]
Pese a que grupos cercanos a PK han proclamado el “triunfo” del voto nulo el 11-A y pronosticado su promisorio futuro de cara al 2025, un intelectual vinculado a ellos lo ha relativizado: “Mentira que hubo fuerza del voto nulo. En la primera vuelta obtuvo un millón de votos, en la segunda 1’700.000. Solo se aumentaron 700 mil ‘nulos ideológicos’. De dos millones que tuvo Yaku Pérez, 1.300.000 votaron por Lasso” (Moreano, entrevista 13-04-2021).
De hecho, antes del 11-A, Javier Rodríguez ya había predicho que el voto nulo favorecería a Lasso, cuestión que se confirmaría luego de las elecciones. Dicho autor dice: “si la premisa es que los votos de Yaku Pérez se iban a convertir mayoritariamente en votos por Arauz o votos nulos, entonces se desprende que cada voto nulo de alguien que votó en primera vuelta por … Pérez favorecía a … Lasso porque era un voto que no recibía .. Arauz y que –esto es clave— favorecía a Lasso en la conversión de votos totales a votos válidos…. (E)l voto nulo fue tan masivo y … dado que …salieron de la votación de … Pérez (…) que no recibió … Arauz … no sólo que ayudaron a subir el porcentaje de votos válidos de … Lasso, sino que, literalmente, le ayudaron a ganar…¿Quién habría ganado si ninguno de los votos de Pérez se hubieran convertido en nulos? Andrés Arauz…..Lasso tenía ‘menos caminos’ para convertirse en presidente que Andrés Arauz, pero un elevado nivel de voto nulo era definitivamente uno de ellos” (Rodríguez, 2021: 8, 10, 12).
Por consiguiente, más que un “fortalecimiento de su proyecto político”, lo que los números evidencian es que la campaña por el llamado “voto nulo ideológico” promovida por PK y la Conaie ocupó un lugar central para la victoria estratégica de la ultraderecha neoliberal nacional e internacional.
La opción por el voto nulo se justificó con varios argumentos: ninguno “representa nuestro proyecto político”, ambos son “de derecha”, hay que “superar la polarización correísmo-anticorreismo”. El objetivo, sin embargo, era derrotar al progresismo frente a la derecha neoliberal, erigida en el “mal menor”. “Lo que sea, menos Correa”, era la idea movilizadora que unía a las derechas y a las fuerzas de PK, consenso interclasista evidenciado luego del 11- A, cuando desde sus plataformas digitales se expresaba júbilo porque el progresismo “ya no es invencible, ni hegemónico”, proclamándose su “ocaso político”, cuando no su “entierro”. En el grado superlativo del subjetivismo hasta se proclamó la “muerte” de Correa: “Correa está liquidado; Correa está derrotado. Ya no hay que detenerse en Correa. Correa ya está en el pasado”.[iii] Juicios que contradecían la necia realidad de que el progresismo no solo que había vencido las pretensiones de la derecha y el imperialismo de liquidarlo, sino que se había convertido en la principal fuerza política del país con un apoyo de más de cuatro millones de votos por Arauz,
Pero, ¿qué es lo que llevó a la dirigencia de Pachakutik y de la Conaie a tomar una decisión que les compromete históricamente en la consumación del “hecho más grave de la historia del país de los últimos 50 años”, calificada por el mismo Moreano como “algo espantoso, abominable”? (Moreano, 13-04-2021). ¿Será acaso, como lo señalan algunos cientistas sociales y dirigentes indígenas, una expresión de que “hay heridas que no sanan”? (Oliva, 2021) por los “golpes” sufridos por el “correísmo”? (Editor, PU, 10-03-202). Presumo que hay aspectos más de fondo que pasaré a examinar.
Antecedentes históricos
En primer lugar, esta decisión se enmarca en la historia de las relaciones entre las modernas organizaciones indígenas y el Estado desde la etapa neoliberal, cuando en el marco de la “reducción del tamaño del Estado” se promovió el desarrollo de ONG, apoyadas por la cooperación internacional, que empezarían a intervenir en áreas de competencia antes reservadas al Estado. La creación de 500 ONG entre 1980 y 1995, evidenciaría la corporativización de la gestión pública durante este período (Arcos y Palomeque, 1997, en Rivas, 2021), fenómeno que reforzaría la tendencia histórica corporativizante de la sociedad civil ecuatoriana caracterizada por el predominio de organizaciones gremiales orientadas a representar intereses particulares privados antes que público-colectivos vía partidos y movimientos políticos.[iv] En el marco de este corporativismo vigorizado, el logro de demandas particulares sobre ese Estado debilitado por el neoliberalismo vía presiones de las organizaciones, le iría convirtiendo en funcional a esos intereses. Así, antes que conquistar derechos ciudadanos, dichos logros se convertirían en prebendas y privilegios sectoriales, lógica del juego en la que entrarían, indistintamente, cámaras, sindicatos y asociaciones de diverso signo clasista y étnico.
Precisamente en esta época emerge una institucionalidad étnica estatal impulsada por la Conaie, con apoyo de la cooperación técnica internacional y las ONG (Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe Dineib, 1988; Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos, Prodepine, 1995; Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, Codenpe, 1998; Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas, Dnspi, 1999) (Puente, 2016). “Cervone ha planteado -nos dice Puente- que ‘estas entidades públicas (Dineib, Dnspi) redefinieron la relación indígenas Estado, provocando la corporativización del movimiento indígena…’ (2009, 208) refiriéndose a los representantes indígenas en tanto ejecutores directos de las políticas pluriculturales que permitían y, a la vez, limitaban los ámbitos y las estrategias de intervención estatal” (Puente, 2016:32). Corporativización que significaba que el accionar del Estado ocupado por estas dirigencias indígenas no se orientaba a la representación de la colectividad, sino de los intereses y derechos directos y exclusivos de esos grupos en una territorialidad socialmente diversa. Un ejemplo de ello sería la Ley Orgánica de Instituciones Indígenas (2006) promovida por la Conaie y Pachakutik en la que se unificaban varias instituciones étnicas públicas “bajo la autoridad de las organizaciones indígenas” (Ospina, 2010:1, en Puente, 2016:45-46).
Esta visión corporativa comunitaria está vigente hasta el día de hoy. Leonidas Iza decía hace poco, que PK nació bajo la premisa de que su toma de decisiones descansaría en las “estructuras organizativas de la Conaie….. Se trata de una visión que se plantea no solamente de cara a una toma de decisión puntual, sino también hacia el ejercicio de gobierno en cualquiera de sus niveles, nacional o local, al que acceda un candidato del partido: allí también se debe gobernar y administrar ‘con las estructuras del movimiento y las estructuras de autoorganización de la ciudadanía, porque esto no es solo del movimiento indígena’…” (Editor, PU, 10-03-2021).
Empero, este tipo de corporativismo parecería que fue configurando ciertos rasgos de su cultura organizacional: enfoque prebendalista del Estado, ora como “botín político entregado a la cúpula de la Conaie” (Puente, 2016:32), ora como “espacio de negociación”: «Tu me reconoces, me permites tener un ámbito de representación en la institucionalidad en el Estado, pero en ese ámbito gobierno yo”; por ende autoridad de la organización por sobre la del Estado; administración directa de los recursos; “sesgo político y etnocentrista” en la educación bilingüe intercultural; y relaciones asistencialistas y clientelares de la dirigencia tecnocratizada con las comunidades,[v] además de su acomodamiento a la burocracia creada por las ONG (Rivas, 2021).
El 5 de junio de 1995 nacía Pachakutik, instrumento político de la CONAIE. Con su participación electoral de 1996 se expandía su acceso, ahora, a los espacios de representación política, insertándose como nuevo actor del viejo sistema político de pactos propio de un Estado oligárquico-neoliberal descentrado, corporativizado y en crisis (Quintero, 2005). En ese marco nacerían las primeras alianzas de PK con la derecha, como la que efectuó con el PSC y la DP para aprobar la Constitución de 1998, que, cual Cabeza de Jano, combinaba garantismo y neoliberalismo; los pactos con el gobierno de Mahuad para captar la vicepresidencia del Congreso; su participación en el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2004) con conocimiento previo de sus acuerdos con el FMI[vi]. A esto hay que añadir los vínculos que PK iría tejiendo con operadoras del imperialismo estadounidense como el Instituto Nacional Demócrata (NID) y la National Endowment for Democracy (NED) de quienes habrían recibido financiamiento y entrenamiento para sus dirigentes en 2006.[vii]
En la segunda vuelta electoral de 2006 se produjo una amplia convergencia de apoyo a la candidatura presidencial de Rafael Correa Delgado, del Movimiento Alianza País, en la que también participaron Pachakutik y la Conaie. Pero el proyecto nacional, antineoliberal y garantista de su gobierno, legitimado por la Constitución de 2008, otorgó centralidad a la recuperación del Estado y sus funciones de planificación, rectoría, regulación y control. En consecuencia, se orientó a su descorporativización, “…a sentar las condiciones para que una ‘cultura política de la generalidad’—la defensa del bien común— se sobreponga al dominio del interés particular en la gestión de los asuntos públicos” (Ramírez, 2012: 124 y 126 en Puente, 2016:59). Tan temprano como 2009, esta tendencia descorporativizante plasmada en la reforma política, entró en contradicción con el corporativismo consuetudinario de ciertas organizaciones de la sociedad civil, mediando en el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010, apoyado por alguna dirigencia indígena (Quintero y Sylva, 2011).
En el ámbito étnico, Correa definió la gestión de entidades públicas “bajo la autoridad de las organizaciones indígenas” como “práctica corporativa, apuntándola como la causa de los problemas de gestión en esos sectores” por lo que “…para garantizar su visión nacional, el gobierno entiende que debe eliminar toda participación sectorial o gremial en el Estado. En efecto, ‘si la finalidad de los sindicatos, las organizaciones indígenas o de maestros es defender sus intereses particulares, es imposible que defiendan intereses nacionales’” (Ospina, 2010: 1,3 en Puente, 2016:45-46).
Así, bajo el mandato de la Constitución (2008), en 2009 el gobierno convirtió al Codenpe en Consejo Nacional para la Igualdad Intercultural (CNII). Una nueva estructura institucional bajo la potestad de la Función Ejecutiva, con representantes nominados vía meritocrática, operaría con criterios de “universalidad y de transversalización de la interculturalidad”, como principios de construcción de un nuevo Estado plurinacional anti corporativo (Ospina, 2010 en Puente, 2016:47). Teóricamente, la “interacción cultural y no el interés particular” definiría una representación intercultural caracterizada por “…su naturaleza anticorporativa…(su) fundamento colectivo y alcance general de las políticas públicas, y (el)…carácter híbrido y post-liberal de su articulación institucional” (Puente, 2016:68). Empero, esta voluntad reformadora “desde arriba” orientada a superar “el corporativismo indígena, articulado bajo el régimen constitucional de 1998 y el Codenpe” desplazaría a las dirigencias indígenas del control de la institucionalidad étnica y de sus recursos económicos, lo que tensionaría las relaciones del gobierno con ellas (Puente, 2016: 50,56, 67).
La misma vocación universalizante orientaría la eliminación de la Dineib en el mismo año (2009) (Cevallos, 22-08-2018) y un enfoque modernizador y garantista de la política pública educativa se traduciría en la supresión de esas inadecuadas y pobremente equipadas “escuelas indígenas, unidocentes, comunitarias, interculturales bilingües y de modelos de pedagogía no directiva” a ser reemplazadas por nuevas Unidades Educativas del Milenio u otras repotenciadas, con adecuada infraestructura, tecnología y equipamiento y una planta docente calificada en el objetivo de garantizar la calidad educativa y, con ello, la igualdad de oportunidades del 44% de estudiantes indígenas y mestizos de las zonas rurales del país (Cevallos, 22-08-2018). Hacia 2017 el gobierno habría cerrado 1997 establecimientos de este tipo de 5771 evaluados en 2016 (Cevallos, 2018), y, al finalizar su gestión, dejaría 189 Unidades Educativas en funcionamiento, 78, Unidades Educativas del Milenio, además de 370 unidades educativas en construcción (Senplades, 2017: 151).
Esta política conllevó críticas de la academia evidenciando las contradicciones entre enfoques generales-universalizantes vs particulares-comunitarios en torno a la educación rural del país, llegando alguien inclusive a calificarla de “etnocida”[viii]. En ellos, sin embargo, se invisibilizaba o distorsionaba el objetivo de calidad priorizado por el gobierno como política colectiva general: inversión sin precedentes, mejora en la matrícula indígena y afrodescendiente, mejora en la formación docente, mejora en la evaluación del desempeño estudiantil con estándares internacionales, entre otros (Senplades, 2017:148-153). Más allá de estas críticas, lo cierto es que esta política también evidenció su arista anticorporativa al extender la regulación y control estatal sobre los currículos y administración de las escuelas indígenas, además de introducir la “…meritocracia para designar puestos claves en varios ámbitos de la educación indígena en donde antes prevalecía como criterio la relación que mantenía el profesor con el movimiento político y su relación con las comunidades” (Cevallos, 22-08-2018).
Una nueva tensión en 2014, esta vez en torno a la llamada Ley de Aguas que otorgaba al Estado “el manejo exclusivo de los recursos hídricos […eliminando] las juntas indígenas que administraban el agua en los territorios ancestrales” (El Comercio, 1-07-2014), volvería a evidenciar contradicciones entre el enfoque corporativo comunitario y el nacional-estatal en la política pública, que daba cuenta de la plurinacionalidad poblacional de esos territorios. Aquí, además, se apelaría al derecho consuetudinario, también presente en los reclamos en torno a la eliminación de las escuelas indígenas, de vieja data, construidas por las comunidades en ausencia del Estado (Cevallos, 22-08-2018). La articulación entre la práctica consuetudinaria y el corporativismo comunitario se evidencia en la afirmación del entonces presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez, en el marco de las protestas indígenas: «Nosotros construimos los sistemas comunitarios de agua y por eso tenemos la posibilidad de decidir las tarifas, los derechos (…). Ahora tendremos que ser controlados por el Estado. Frente a eso hemos dicho: ‘desobediencia civil'» (El Comercio, 1-07-2014).
La política del gobierno no solo afectó los intereses de exclusividad corporativa de organizaciones como la Conaie. La regulación y control le enfrentaron con las cámaras de la producción por su política tributaria, incluyendo su tentativa de gravar el patrimonio de los más ricos vía Ley de Herencias (2015); con las asociaciones de medios de comunicación; los gremios de maestros/as y de universidades públicas y los propietarios de universidades privadas por la reforma educativa; las ONG y las jerarquías policiales y militares. En su mayoría, estos grupos mejoraron su situación, pero perdieron prebendas y privilegios consuetudinarios lo que fue generando un terreno inédito de afinidad de intereses entre las élites oligárquicas y sectores del campo popular que se evidenciaría en la convergencia entre la ultraderecha -los “banderas negras”- y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la -PK en las movilizaciones en contra de la Ley de Herencias y su apoyo a la candidatura de Lasso en 2017[ix]. Durante el “gobierno de la traición” de Lenin Moreno Garcés (2017-2021) tal convergencia se consolidaría en un nuevo pacto oligárquico interclasista antiprogresista orientado a desmontar el progresismo con un “golpe suave” y modificar la relación de fuerzas en el gobierno, el Estado y la sociedad civil, solo equiparable al primer pacto oligárquico interclasista antialfarista de 1912.
El dispositivo “correísmo-anticorreismo”
La experiencia de la Revolución Ciudadana y el liderazgo de Correa, símbolo “de la ‘revancha popular’, que confronta con los poderes fácticos tradicionales” (Verduga,2019), había ido generando una identidad política progresista caracterizada por su carácter plebeyo, su empoderamiento electoral, alta autoestima nacional, lealtad y orgullo del proyecto político reformista, modernizador y soberano, aun cuando la artera traición de Moreno y un desprendimiento del Movimiento PAIS (2017-2021) pondría al descubierto su fragilidad. Como quiera que fuese, era una nueva identidad política del campo popular que rompía con lo consuetudinario, permeaba la conciencia y entusiasmaba a grandes conglomerados ciudadanos disputando la influencia ideológica de las elites.
El estilo de Correa se basaba en la socialización de “verdades de razón” (indicadores, cifras) que mostraban semanalmente los logros de su gobierno, en una suerte de pedagogía política popular. Pero, también expresaba una cultura política “costeña”, caracterizada por la frontalidad y franqueza que infringía lo consuetudinario no solo en los contenidos sino en las formas, transgrediendo los manuales de “buen comportamiento” de las élites, especialmente las serranas, caracterizadas por la simulación. En ese proceso, escenificado en el espacio público, interpelaría, usualmente de modo rudo e inesperado, a propios, que más tarde le traicionarían; a amigos/as y aliados/as que se alejarían; y a adversarios que se convertirían en feroces enemigos. La inusitada naturaleza de esta interpelación, caracterizada ora como “humillación”, o ”maltrato” o “agresión” y los términos generalizadores que inventó -v.gr, “prensa corrupta”- irían forjando vínculos imaginados entre bases y élites, sedimento de futuras identificaciones.
Cada triunfo electoral que otorgaba consenso y empoderaba al gobierno en su política nacional-anticorporativa y su “estilo confrontador” (Herranz, 2021), confirmaba su peligrosidad. Así, desde 2009 empezaría a emerger en los grandes medios de comunicación empresariales, un término orientado a suplantar la nueva identidad política popular, a desacreditarla y movilizar emociones y sentimientos negativos de las masas en contra de ella: el “correísmo”. Si “el correísmo [plebeyo]… se coló en el imaginario social…” (Hernández, 13-04-2021), había que generar un contraimaginario que lo constituyese en un “Otro” repudiado mediante un sentido común compartido entre elites y pueblo. Así, “correísmo” y “anticorreismo” surgieron, no como una autodenominación del progresivo emergente, sino como polos intelectuales y morales dominantes de identificación de unos y de exclusión de otros. Esta subjetividad dominante, expresada en un “sentido común anticorreista”, es, precisamente, la que facilitaría el pacto interclasista sobre el que se basa el dominio oligárquico-imperial actual.
Para Gramsci, el “sentido común” es la “filosofía de los no filósofos”. Es un producto histórico, pero ni único, ni idéntico en tiempo y espacio. Al contrario, constituye un “agregado desordenado” de diversas concepciones filosóficas y creencias “absorbidas acríticamente por …[el] hombre medio” Pese a su fragmentación y diversidad, el “sentido común” está cohesionado por las concepciones del mundo dominantes, que operan como elementos de subordinación y limitan su “…pensamiento original negativamente, sin influirlas positivamente, como fermento vital de transformación íntima de lo que…piensan embrionaria y caóticamente en torno al mundo y a la vida”[x]. Cabe preguntarse a este respecto, ¿cuáles podrían constituir los elementos de cohesión de ese “sentido común dominante” en torno al “correísmo” en el Ecuador?
En primer lugar, la resignificación de la identidad política progresista a través de dispositivos de inversión simbólica encaminados a deconstruirla como un referente económico moral[xi]: “robolución” por Revolución; “década robada” por Década Ganada; “corrupción”, “derroche”, “despilfarro” por gasto e inversión públicas. También como nuevo referente político: “dictadura”, “autoritarismo”, “tiranía”, “totalitarismo”, por rectoría, regulación y control del Estado; “prepotencia”, “arrogancia”, por orgullo. En perspectiva, era una suerte de proyección de la ética consuetudinaria descompuesta del tradicional manejo oligárquico del Estado, siempre reprochada por “los de abajo”, y crudamente interpelada por la masa plebeya durante el proceso constituyente (2007-2009).
Tanto para la derecha cuanto para los círculos cercanos a PK, el “autoritarismo” de Correa se vincularía a la Constitución de 2008, aun cuando con lecturas diferentes: para los primeros, ella sería el “mamotreto autoritario” (Hernández, 2018); para los segundos, en cambio, su “abandono” constituiría la fuente de la “tiranía correista” (Acosta, 2013). Un concepto integral del progresismo también les identificaría, pero con contenidos diferentes: para la derecha, “…es un todo…sin posibilidad de ser modificado” (Hernández, 2012); para los segundos, “…es un nuevo modelo de dominación burguesa” (Acosta, 2013) que produjo “horrores” y “barbaridades”[xii]. En la periodización tergiversada del progresismo también convendrían, con el discurso de “catorce años de correísmo”, incluyendo en ellos los cuatro años del “peor gobierno de la historia”[xiii], el del traidor Moreno, en el que han sido precisamente sus colaboradores.
Fue en el marco de esa disputa por los sentidos de la Revolución Ciudadana que el liderazgo de Correa, un individuo costeño de clase media, juzgado por la derecha como “común y corriente”, pero “(n)unca…un político de casta” (Dotti, en Drouet, s/f), que había obtenido un consenso, autoridad y poder jamás alcanzado por ningún gamonal u oligarca y que exhibía la voluntad de ejercerlo, fue desterrado del paraíso y precipitado a los infiernos como “encarnación de mal” (Ayala Lasso, 19-10-2019) y “ente satánico” (Palacios, 2009 en Arguello, 2018), elaborándose un iracundo repertorio satanizante compartido por el consenso interclasista, orientado a reemplazar el amor de las masas, por odio, ese “sentimiento profundo e intenso de repulsa …que provoca el deseo de producirle un daño…” (Diccionario, https://www.google.com).
“Tirano”, “dictador”, “autócrata”, “sátrapa”, “caudillo”, “prepotente”, “megalómano”, “mesiánico”, “ladrón”, “malhechor”, “saqueador”, “rufián depravado”, “cínico”, son algunos de los epítetos justificativos de su destierro de las fronteras de la “virtud” de la sociedad ecuatoriana, hecha a imagen y semejanza de la coalición reaccionaria. Por supuesto, también marcaría fronteras simbólicas con las masas plebeyas progresistas, que, ora habitarían la orilla de la maldad, como “pillos”, “delincuentes”, “miserables”, “apandillados”; ora la de la subhumanidad al ser animalizadas como “borregos” o “ratas rabiosas” al referirse a su lealtad al proyecto progresista (El Telégrafo, 23-03-2017).
El que la subjetividad dominante haya penetrado y cohesionado un consenso antiprogresista con la dirigencia de la Conaie, PK y sus adherentes, habría sido viabilizado también por otros factores: el desarrollo de una corriente etnicista (“conservadora indigenista”) desde fines de los años 90[xiv] orientada a “la anulación de la agenda económica del movimiento indígena” (Iza, 16-04-2021); la derechización de las tesis y prácticas a favor del neoliberalismo por parte de un sector de la dirigencia;[xv] los vínculos imperialistas ya mencionados de esta; y, algo fundamental y poco estudiado, la diferenciación social que generaría intereses de clase diferenciados en el mundo indígena y se expresaría también en las contradicciones entre sus organizaciones.
Con el progresismo, sin embargo, la disputa de PK y sus allegados sería también por el territorio político-simbólico históricamente identificado como “izquierda”, etiqueta igualmente apropiada por la dirigencia supuestamente derechizada, al autodenominarse “nueva izquierda” o “tercera vía” (Oviedo Rueda, 7-04-2021; Iza, 16-04-2021). Así, en lugar de alegrarse de que, en una sociedad conservadora como la ecuatoriana, el progresismo haya posibilitado la aceptación masiva de conceptos estigmatizados por la derecha como “socialismo”, “revolución” e “izquierda”, parecerían reclamarle su “usurpación”, descalificando su identificación con ellos, como si fuesen de su propiedad. Visión excluyente que, igualmente en este caso, es facilitada por dispositivos de transposición simbólica: “revolución devaluada” por Revolución Ciudadana (Acosta, 2013); “progresismo conservador” o “colonial” por progresismo[xvi]; “modernización estúpida…a lo bruto…”(Burbano de Lara, 2019), por modernización como pago de la deuda social o cierre de la inconclusa revolución alfarista;[xvii] izquierda “verdadera”, por “falsa” izquierda (Paz y Miño, 19-04-2021): “El correísmo perdió mas no la izquierda que seguimos en pie de lucha ¡que quede claro!”, diría Iza al otro día del 11-A (Espinosa, PU, 12-04-2021).
Corporativismo y subjetividad antiprogresista
El levantamiento plebeyo contra el neoliberalismo en octubre de 2019, puso en evidencia el punto de articulación entre la convergencia de intereses corporativos y el dominio de una subjetividad antiprogresista entre las oligarquías “blancas” y la dirigencia indígena de la Conaie y de PK. Siguiendo la tipología gramsciana, (Gramsci, 1999) en su punto más alto expresó un nivel económico social de conciencia colectiva, porque implicó la movilización nacional de la diversidad plebeya en demanda del cambio del modelo neoliberal. Pero le faltó autonomía para dar el salto al nivel político y modificar la correlación de fuerzas. Al contrario, la dirigencia derechista de la Conaie, que ni lideró el levantamiento, ni lo convocó, lo redujo al nivel más bajo de conciencia colectiva: el económico-corporativo: “El movimiento indígena salió a tumbar un decreto, no al Gobierno…Para nosotros el diálogo era el camino”, diría Lourdes Tibán (El Universo, 16-10-2019).
Y en ello jugaría un rol fundamental el “correísmo-anticorreismo” como dispositivo simbólico de identificación del pacto interclasista y de extrañamiento del “Otro” satanizado, por más que fuesen las fuerzas del mismísimo pacto las que masacraban al pueblo. Así, mientras Moreno acusaba “…de los disturbios … a grupos del crimen organizado …y, especialmente, al correísmo apoyado por el Gobierno venezolano de Maduro” (Vaca, 2019; Noboa, 2019), para la dirigente indígena L. Tibán: el “correísmo” era la “turba infiltrada en el movimiento indígena” que buscaba “la caída de …Moreno” (El Universo, 16-10-2021). Con ello también se justificaba el “diálogo” con el gobierno y su endoso, sin beneficio de inventario, del “espíritu de octubre”, cuyo imaginario también había sido construido con material simbólico “anticorreista”, en tanto fruto del acumulado de oposición a la Revolución Ciudadana.[xviii]
Es esa misma lógica la que orientaría la decisión de la Conaie y de PK de votar nulo y no hacerlo por Arauz, facilitando la imposición del neoliberalismo y contradiciendo, nuevamente, el “espíritu de octubre”. Así, se prefería el capitalismo salvaje de la ultraderecha como escenario para “construir un polo alternativo a la crisis” (Guachamín et al., 1-04-2021), antes que aliarse al progresismo que ofrecía un manejo concreto y alternativo de esta. Pero, el que el “anticorreismo” fuese “más fuerte que el neoliberalismo” (Moreano, 13-04-2021; Carpio, 2021), no evidenciaba sino el poder de la subjetividad dominante sobre dichas organizaciones.
Tampoco se recapacitó en los significados históricos del triunfo de Lasso. No solo era la ultraderecha más recalcitrante la que retornaba al poder luego de 37 años. Como lo ha señalado Juan J. Paz y Miño: “Definiéndolo con sentido histórico Ecuador tendrá una segunda época plutocrática [….] Se trata de un proyecto de dominación de largo plazo, porque esas …elites no estarán dispuestas a que retorne cualquier fórmula…que pretenda arrebatarles el monopolio del poder político alcanzado” (Paz y Miño, 19-04-2021).
Y, en términos regionales, el impacto no era menor, aun cuando en torno a este punto, históricamente PK no ha registrado un claro posicionamiento. Al contrario, sus prácticas más bien se han acoplado a la estrategia imperial antiprogresista, evidenciada también en esta campaña electoral por Yaku Pérez, y que culminaría con el triunfo de Lasso, “…un triunfo muy grave porque tiene repercusiones internacionales. Es el triunfo de Guaidó, Duque, Piñera, Bolsonaro. Es una cosa abominable…(E)s el triunfo de la extrema derecha internacional” (A. Moreano, entrevista, 13-04-2021).
No sorprende, entonces, que lo primero que hiciera Lasso como presidente electo fuese visitar a Duque y elogiar a Uribe, cerebro de la carnicería actual al pueblo colombiano, como “gran líder latinoamericano” (Infobae, 14-04-2021). Tampoco sorprende el voto de los actuales parlamentarios de PK a favor de la ley neoliberal de privatización del Banco Central del Ecuador (Asamblea Nacional, 21-04-2021), ni la declaración del asambleísta electo por PK, Salvador Quishpe, enmarcada en el dispositivo “correísmo-anticorreismo”, de declinar su candidatura a la Asamblea Nacional “…si esto ayuda para conformar una mayoría, sin el bloque de UNES” y “…sacarle al Ecuador de ese hoyo, donde nos ha puesto en estos últimos 14 años el correísmo” (Robalino, PU, 13-05-2021).
A modo de conclusión
Evidentemente, no son “heridas”, ni “resentimientos” los que separan a la dirigencia de estas organizaciones del progresismo. Son contradicciones en torno a intereses en la política pública: corporativa-comunitaria o nacional-estatal; a enfoques, particularistas o universalizantes y sus concreciones en excepcionalidades (privilegios) o bienes comunes (derechos); a ethos culturales tradicional-consuetudinario o moderno-tradicional; a las subjetividades compartidas: un “sentido común anticorreísta” -que el nuevo gobierno buscará reforzar a toda costa- o una identidad política progresista; al alineamiento o no frente a la estrategia imperial hacia la región; al concepto del progresismo como “nueva forma de dominación burguesa” o como estadio de tránsito hacia un tipo alternativo de sociedad en el marco del capitalismo y del Estado burgués, con las limitaciones que ello implica en una sociedad capitalista dependiente de una región tutelada por el imperialismo.
En suma, estamos frente a una singularidad histórica: dos culturas políticas en transición que chocan y desatan nuevos alineamientos de clase y étnicos, inéditas afinidades dominantes-dominados y rupturas de identidades del campo popular, facilitando la emergencia de un nuevo pacto oligárquico interclasista, con potencialidad de prolongarse en la larga duración, ensamblado a la estrategia de Estados Unidos sobre la región. Romper con esa alienación fomentada por el dispositivo “correísmo-anticorreismo”, constituye el gran desafío para la unificación de las fuerzas de izquierda y progresistas en el momento actual, de cara a continuar con la lucha por la liberación nacional del Ecuador y América Latina.
Quito, 11 de mayo de 2021, a un mes de las elecciones del 11 de abril.
FUENTES
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NOTAS
[i] Ruiz Acosta, 28-01-2021 y 17-04-2021; Kersfeld, 8-04-2021; Editor, Pichincha Universal, 29-03-2021.
[ii] Dávila, Pichincha Universal, 4-04-2021. De aquí en adelante, Pichincha Universal será referida con las siglas PU.
[iii] Véase Bedón, 2021; Carpio, 2021, Escandón, 2021; Moreano, entrevista,13-04-2021.
[iv] Quintero & Sylva, 1995; Sylva, 1990.
[v] Los textos en comillas provienen de citas que Puente hace de entrevista a Orbe, 2015: y de otras fuentes (Ospina, 2010:11; Larrea, 2010:101). Véase Puente, 2016:32, 42-43.
[vi] Chávez, 13-02-2021; Toscano, 15-02-2021.
[vii] Norton, 6-02-2021; M. Rivas C., 2021.
[viii] Torres, 3-04-2017; Cevallos, 22-08-2018; Burbano, 5-02-2019.
[ix] Chávez, 13-02-2021; Toscano, 15-02-2021..
[x] Véase estos contenidos en Gramsci, 1984: 303-304, 303, 320, Tomo III; Gramsci, 1986: 261-262, Tomo IV
[xi] Los calificativos registrados en esta sección provienen de fuentes de prensa, redes sociales, artículos entre los que se cuentan: Ayala Lasso, 2019; Herrería Bonet, 2010; Pallares, 13-04-2021 (comentarios); Hidalgo, 2020; Hernández, 2016, 2018, 2021; Viteri, 2021; Dotti en Drouet, s/f ; Palacios, 2009 en Arguello, 2018; Vera, 2021; Borja, 2019; Carpio, 2021; Colaborador, Pichincha Universal, 6-04-2021; Escandón, 2021; Sierra, 2018, 2021; Alvarez et al., 2013; Acosta, 2013; Moreano, 2021; El Universo, 2009; Ecuadorinmediato, julio 2017; El Telégrafo, 2017.
[xii] Iza, entrevista, Colaborador PU, 6-04-2021; Moreano, entrevista, 14-04-2021.
[xiii] Según una encuesta hecha por estudiantes de Mercadotecnia de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), Lenin Moreno (2017-2021), es el peor presidente de la historia. En contraste, los mejores: Eloy Alfaro, Rafael Correa y Jaime Roldós. Véase Confirmado.net, 13-05-2021.
[xiv] Véase Figueroa, 2021; Hernández en Emersberger, 2019, cit Norton, 6-02-2021, p. 6.
[xv] Iza, entrevista, Editor, PU, 10-03-2021; Iza, 16-04-2021; Chávez, 2021; Toscano, 2021; Moreano, 14-02-2021; Grijalba y Grijalba, 2021.
[xvi] Oviedo Rueda, 7-04-2021; Sierra, 16-04-2021.
[xvii] Oviedo Rueda, 7-04-2021; Paz y Miño, 13-01-2020.
[xviii] Expresados en los artículos de Iza, 16-04-2021 y de Moreano, 14-02-2021.