Por Romel Jurado Vargas
El enorme sufrimiento de las víctimas de las matanzas carcelarias y de sus familiares, así como el sin sentido, la desidia e incluso la crueldad del sistema penal ecuatoriano para imponer, sin suficiente fundamento, la prisión preventiva en miles de casos, son sin duda la demostración del avanzado deterioro de nuestro Estado de derecho y de la ruptura de la promesa fundacional de que el Estado dedicará todos sus recursos, autoridad y capacidades a lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos de sus ciudadanos.
En efecto, el gobierno que oprime y empobrece con medidas económicas a sus ciudadanos; que les responde con fuerza brutal a los que protestan en las calles y en los foros públicos por estas medidas; que ha refinado su estructura de persecución y castigo a través del sistema penal; y, que ha convertido a la prisión preventiva en una potencial sentencia de muerte por la falta de control de los centros penitenciarios, es un gobierno que ha traicionado sus deberes constitucionales, y que si continúa por ese camino hará fallido al Estado mismo.
Uno de los testimonios más dolorosos que le pone carne y huesos a este drama nacional es el caso de Víctor Guaillas Gutama. Se trata de un luchador social de 50 años, defensor del agua, que fue detenido en Molleturo durante las protestas sociales de octubre de 2019, a quien la Fiscalía muy diligentemente le formuló el cargo de sabotaje y solicitó su prisión preventiva; solicitud que el juez concedió sin que este humilde campesino y padre de familia represente una amenaza para nadie, ni haya riesgo de que evada la acción de la administración de justicia.
Desde que se ejecutó la orden de prisión preventiva en 2019, permaneció sin sentencia hasta ser asesinado en el pabellón de transitorios de la Penitenciaría del Litoral en la matanza del viernes 12 y 13 de noviembre de 2021. Durante esos dos años fue azotado, torturado y extorsionado todas las semanas por quienes contralaban el pabellón en el que fue abandonado por el aparato estatal de gestión carcelaria y judicial.
Él y su familia vivían en continua zozobra, con un miedo infinito a la violencia que reina en la Penitenciaría del Guayas gracias a la ausencia de controles gubernamentales. Una esperanza se abrió cuando la Defensoría del Pueblo logró que reubicaran a Víctor Guaillas en el pabellón de transitorios, pero solo unos días después fue brutalmente asesinado en ese mismo lugar.
¿Quiénes son los responsables de ese asesinato y de todos los asesinatos sucedidos en estas crueles matanzas carcelarias?
Por supuesto quien empuñó el arma, pero también quienes por razones políticas espolean continuamente a la Fiscalía del Estado a que persiga a los luchadores sociales que protestan; que se investigue a los libre pensadores y periodistas que interpelan al gobierno y a las fuerzas de seguridad del Estado cuando incumplen sus deberes constitucionales y legales; que se formule acusaciones en medios de comunicación y en tribunales de justicia contra los defensores de derechos humanos que dan a conocer las atrocidades del poder.
También son responsables de ese crimen los fiscales que, sin criterio ni respeto por la ley, obedecen las consignas de los poderosos políticos para abrir investigaciones, formular cargos absurdos y exigir la prisión preventiva de quienes se han convertido en objetivo político del gobierno de turno, incluyendo a actores institucionales como por ejemplo la Presidenta de la Asamblea Nacional o los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales que aprobaron el Informe sobre los Pandora Papers.
Son también responsables de esa sangre derramada los jueces, que con los mismos estímulos políticos cumplen la misma labor de liquidar judicialmente a los opositores al Gobierno y dictan órdenes de prisión preventiva injustificadas.
También está el drama de miles de personas que por falta de cobertura social caen en las garras de un sistema de administración de justicia que está lleno de corrupción, en el que hay fiscales y jueces que se aprovechan de su poder y su autoridad para pedir y ordenar prisión preventiva, sin haber ni necesidad social ni justificación legal para hacerlo, para luego extorsionar a quienes han privado de su libertad.
Finalmente está la responsabilidad legal del Gobierno Nacional, de las autoridades penitenciarias y de los altos mandos policiales que no cumplieron su deber de mantener el orden en las cárceles, de intervenir oportuna y decididamente para evitar las matanzas que se han producido desde principios de 2020 hasta la fecha, y las que sucederán si continúan con su horrorosa inacción.
Todos estos responsables pueden y deben ser identificados y juzgados para que exista verdad, justicia y reparación en cada caso concreto, pero, sobre todo, para que la democracia y el Estado de Derecho se reinstituyan como los parámetros de una convivencia civilizada entre los ciudadanos y el Estado. En efecto, en un Estado donde suceden las cosas descritas, no hay democracia sino tiranía; pues, por acción u omisión el poder político es el que suministra la carne humana que el sistema judicial y penitenciario se ocupa de triturar a vista y paciencia de todos nosotros.
La Asamblea Nacional es la llamada a poner orden y hacer los controles políticos que le autoriza la Constitución y la ley respecto del desempeño de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura, de los Ministros de Estado a cargo de la seguridad pública y, por supuesto, sobre las autoridades que regentan el sistema penitenciario. La Asamblea debe hacerlo, o ella misma será deglutida por el aparato de persecución judicial que ahora mismo le amenaza.