Iván Orosa Paleo
Igual que sucede en las series televisivas de nuevo cuño, el ejercicio político de 2018 se cierra en España con una fuerte tensión dramática, justo en el momento -el fin de un capítulo, uno especialmente intenso- en que el cuerpo nos pide encontrar un punto de reposo.
En este año hemos asistido a una intensificación de la movilización popular como no se había visto desde el ciclo iniciado en el año 2011 (el momento del 15M). Este nuevo momento de repolitización ha demostrado tener la suficiente intensidad como para permear el ámbito de la política institucional, a través de la articulación de demandas de sectores que han demostrado una gran capacidad de organización y que, a través de ésta, han ganado presencia en la sociedad, fundamentalmente las mujeres y las personas mayores pensionistas.
Así pues, el ritmo acelerado de la política institucional, junto al mayor dinamismo de sectores sociales movilizados, han conformado durante este año un panorama político denso. Es por ello que, a modo de análisis, debemos abrir el enfoque y analizar, casi en clave de espectrometría, tres distintas capas en las que se ha desarrollado la acción política.
Clave 1: irrupción del movimiento feminista
Sin duda, la Huelga Feminista del pasado 8 de marzo fue el hecho político de mayor profundidad y calado político de 2018. Ese día, millones de personas pararon y salieron a las calles respondiendo a la llamada del movimiento feminista, organizado en torno a la Comisión del 8M, una plataforma transversal que aglutina a cientos de organizaciones del conjunto del Estado.
La impresionante respuesta de las mujeres en todo el país sirvió para constatar la inmensa legitimidad y el potencial transformador que ha construido el movimiento feminista en los últimos años. A partir de una adecuada lectura del momento histórico, las mujeres supieron plantear una acción colectiva articulada internacionalmente -movilización de las mujeres polacas en 2016, Paro Internacional de Mujeres, la Women’s March…-, y dieron a la movilización planteada una profunda diimensión social, política y cultural.
El éxito rotundo de la jornada deja enseñanzas en lo político que trascienden el ámbito de la movilización feminista. Algunas de las claves están en la organización de la acción: un trabajo sostenido a través de una red capilar de asambleas por todo el país, que integraron el trabajo de miles de mujeres en distintas áreas; la capacidad de construir colectivamente, desde un diagnóstico compartido, las definiciones tácticas, la convocatoria unitaria que, con un planteamiento radical y novedoso -huelga de cuidados, laboral, de consumo, en educación- no sólo recogió demandas históricas del feminismo de clase e incorporó a nuevas generaciones de mujeres (y sus demandas), sino que contribuyó a desbordar el debate hacia el conjunto de la socidad, contribuyendo así a la viralización de la acción.
Las mujeres no sólo ha demostrado tener un potencial inmenso para estructurar un conjunto coherente de demandas políticas, que refieren a temas estructurales en lo laboral, lo económico y lo social, sino también una capacidad para influir en la agenda y las políticas públicas. El 8M de 2018 evidenció la generación de una doble transversalidad: por un lado, al interno del movimiento feminista, produciendo una efectiva acumulación de fuerzas orientada a la acción a partir de la organización y la inclusión; y hacia afuera, por su capacidad de de analizar colectivamente, primero, y plantear demandas, depués en distintos ámbitos, tanto institucionales (por ejemplo, contra la justicia patriarcal), económicas (brecha salarial, economía de los cuidados) como sociales (contra la violencia machista).
Asistimos a un proceso de toma de conciencia colectiva sin parangón en la historia reciente de nuestro país, con el potencial de disputar de manera efectiva la batalla hegemónica en nuestro país.
Clave 2: movilización popular en clave de resistencia
Una de las primeras sorpresas que se llevó el Partido Popular a comienzos de año fue la inesperada y masiva movilización de los pensionistas en España. Inesperada, porque nadie podía suponer que uno de los sectores sociales que mayor fidelidad electoral había mostrado al Partido Popular -las personas mayores- fueran a convertirse en la punta de lanza de la protesta social.
En un marcado contraste con las impactantes imágenes de la represión en Catalunya en octubre de 2017, la estampa de los miles de jubilados rompiendo el cordón policial y llegando hasta las puertas del mismo Congreso de los Diputados para afear a Mariano Rajoy su intención de rebajar el poder adquisitivo de las pensiones reverberó en el seno de la sociedad española como un trueno. Esa misma generación de los luchadores antifranquistas era ahora la que desarrollaba una potentísima movilización, bien organizada, con un impacto extraordinario.
Los pensionistas se sumaron a los otros colectivos que comenzaron sus movilizaciones años atrás, como la de los espartanos de la planta de la Coca-Cola en Madrid, las kellys (empleadas de limpieza en el sector de la hostelería), las empleadas de la cadena de ropa Bershka, la marea blanca (empleados de la sanidad pública estatal) o los taxistas.
Son especialmente notorias las movilizaciones planteadas por trabajadores de la mal llamada «economía colaborativa», un ámbito industrial clave para entender cómo el capitalismo busca formas más eficientes de extracción de excedente a través de la explotación laboral.
Todos estos colectivos consiguieron significativas victorias que redundaron en una mejora de sus condiciones laborales, en lógicas organizativas horizontales y ajenas a las estructuras sindicales tradicionales. Está por ver hasta qué punto estas luchas pueden influir tanto en la disputa electoral como en el ámbito de las políticas públicas -tanto en el ámbito nacional como en el de la Unión Europea-, pero de lo que no cabe duda es de que hay sectores de la sociedad movilizados, en clave colectiva y de lucha de masas, frente al avance del neoliberalismo.
Clave 3: aceleración y gestualidad en la política institucional
El escenario político ha cambiado radicalmente desde inicios del año, con la exitosa moción de censura que desalojó del Gobierno al PP de Mariano Rajoy, y con la llegada del PSOE de Pedro Sánchez al poder. Con el conflicto catalán de fondo, y en un escenario de fuerte (y creciente) conflictividad social, los actores políticos en liza se han instalado en el recurso a la acción de corto plazo, a la política de gestos y declaraciones
Como ya resultaba evidente apenas posesionado el nuevo Gobierno sanchista, la estrategia del sobrevenido gabinete iba a consistir en una sucesión de declaraciones, medidas para ganarse el apoyo de ciertos sectores sociales y un esfuerzo de concertación para alcanzar acuerdos mínimos que, de un lado, garantizasen la gobernabilidad del país, y del otro, generasen condiciones para la estabilidad del propio gobierno.
La entente con Podemos, una suerte de pacto de gobernabilidad incompleto (los 71 escaños de Podemos no garantizan la mayoría absoluta del PSOE, pero sí le aportan masa crítica a la acción parlamentaria), parecía estar beneficiando al PSOE en la construcción de cierta estabilidad. Hasta las elecciones andaluzas del 2 de diciembre: el desastroso resultado del partido en el Gobierno (que perdió un feudo regional que había gobernado ininterrumpidamente durante 40 años) se sumó a la irrupción inesperada de Vox, partido de extrema derecha que obtuvo la alucinante cifra de 12 diputados en el parlamento andaluz.
El resultado de las elecciones andaluzas no sólo destruyó el mito de que España estaba vacunada contra la extrema derecha, sino que además permitió vislumbrar la posibilidad de una competencia virtuosa entre tres derechas: el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El nuevo Gobierno andaluz es la muestra de que esas derechas son capaces de entenderse y operativizar acuerdos en el ámbito institucional.
El efecto del Procès en Cataluña en la política nacional, a través de una supuesta movilización del electorado conservador y del consiguiente éxito de partidos como Ciudadanos y Vox, partidarios de la intervención total de la autonomía catalana, es aún materia de debate. En todo caso, el papel de los partidos independentistas -ERC, PDCat- en la política nacional se deriva de su concurso necesario para aprobar la ley de presupuestos. En ausencia de ese acuerdo -siempre lastrado por el proceso judicial en curso contra los líderes catalanes presos, acusados de rebelión-, la capacidad del PSOE de conducir la agenda política se dificulta enormemente.
La política institucional española parece haberse instalado definitivamente en una lógica de apariencias y espectáculo durante el convulso 2018, donde casi todo parece ser objeto de discusión -desde la monarquía, hasta la unidad de España, pasando por la legitimidad del Tribunal Supremo. En un año electoral como 2019 -elecciones europeas, autonómicas y locales-, sólo podemos esperar una profundización de esta lógica. Con la vista puesta en las elecciones generales del 2020, el resultado de los comicios del 26 de mayo será una piedra de toque para los liderazgos y las aspiraciones de poder de los actores en liza, en una coyuntura inquietante y un horizonte más incierto que nunca.