8 abril,2019

¿Hasta cuándo toleramos tanto abuso contra los medios y periodistas no sumisos?

Era un secreto a voces. Todos sabían que un personaje oscuro dentro del régimen, mano derecha del presidente Lenín Moreno, estaba buscando la manera de silenciar a Radio Pichincha Universal, el medio público del Consejo Provincial de la provincia homónima que ha logrado captar una importante sintonía gracias a un trabajo esforzado de sus profesionales y colaboradores.

El disparador de la decisión fue el triunfo de Paola Pabón para la prefectura de Pichincha, superando a Juan Zapata, candidato que gozaba de la simpatía del Gobierno, y, quien –sintiéndose ganador- días antes de la elección y luego de una entrevista en ese medio ya había estado incluso haciendo un recorrido por las instalaciones de la emisora, según relató una fuente que pidió la reserva de su identidad.

El 4 de abril los ciudadanos –asombrados- recibimos la noticia y observamos luego un video en el que funcionarios de Gamavisión acudieron al lugar donde se hallan las antenas de la radio para bajar los brekers y poner en off la señal de Pichincha Universal, afectando de esa forma no solo a los trabajadores de la radio sino a los miles de oyentes que la sintonizan para entretenerse e informarse.

Sobre todo esto último. Pichincha Universal tiene una línea editorial en la que da espacio a todas las voces, las de los actores políticos, sociales, económicos deportivos, pero quizá lo más importantes es que permite que los ciudadanos de a pie (esos que no tienen voz en los medios privados) pueden expresarse a través de sus canales.

Dentro de la uniformidad –ahí sí- ovejuna en la que han caído desde mayo de 2017 los medios de comunicación privados (que se encuentran aún en plena luna de miel con el Gobierno, con quien comparten su odio a Rafael Correa y lo que llaman peyorativamente “el correísmo”), la emisora pichinchana permitía escuchar criterios y argumentos discordantes con el desgobierno que atraviesa nuestro país.

Maniobra con tintes legalistas

Washington Yépez, director de la Radio, dijo que esto se trata de una maniobra con tintes legalistas para acallarlos. Él junto a María Isabel Cevallos, una periodista de extensa trayectoria en el ámbito mediático, mantienen el espacio de entrevistas en horario matutino. La comunicadora responsabilizaría a Andrés Michelena, Secretario de Comunicación, encargado de la Superintendencia de Telecomunicaciones, amigo personal de Lenín Moreno, de querer silenciarlos.

Ambos, en una actitud de dignidad, junto a los colaboradores de la radio, decidieron enfrentar la pretensión de callarlos y emitieron una programación especial el viernes 4 de abril a través de streaming y Facebook Live, bajo el lema #SomosPichinchaUniversal.

El pretexto para desconectar a Pichincha Universal es una supuesta deuda por el arrendamiento de un pequeño espacio y por el suministro de electricidad. El liquidador de Gamavisión se adjudicó la facultad de juez de coactiva (que no la tiene) por lo que su accionar bien podría considerarse una incautación de los equipos del medio de comunicación y calificarse como un delito.

Los directivos de la radio alegan que no existe un contrato en el que se especifique las condiciones (para el arrendamiento y suministro de energía eléctrica) que sustenten la supuesta deuda, que Gamavisión sostiene es de 300 mil dólares.

Más allá de los aspectos administrativos, lo que se evidencia con esta torpe acción del Gobierno, usando como burropié a trabajadores de Gamavisión, es el doble estándar que tiene el oficialismo respecto a la tolerancia, el respeto a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y otras muletillas que no son más que las tradicionales bombas de humo con la que han tenido embobados a los incautos desde hace dos años.

Desconexión vulnera derechos a la comunicación y a la libertad de expresión

El sábado 6 de abril, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la desconexión de los equipos y la salida del aire de la Radio Pichincha Universal, y sostiene que en la forma en la que se produjo “podría configurar una restricción ilegítima” al derecho a la comunicación y la libertad de expresión.

La acción del Gobierno, a través de Gamavisión, sería “una restricción ilegítima” de varios artículos (16, 18, 66.6 y 384) señalados en la Constitución, por lo tanto se vulnerarían los derechos a la comunicación y la libertad de expresión. De igual manera, al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“La libertad de expresión es un derecho fundamental en una sociedad democrática, que solo puede ser objeto de restricciones legítimas”, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citada por la institución pública.

La falta de pago por arrendamiento del espacio es “un problema administrativo, que debe solucionarse por los canales correspondientes”, señaló la Defensoría del Pueblo, y añade que “cualquier decisión que se tome al respecto no puede ser unilateral sino fruto de una decisión administrativa o judicial”.

Silencio oficial y de los medios

Preocupa el silencio de los periodistas que, en otros tiempos, hacían alharaca por la mínima cosa. Así mismo llama la atención la falta de reacción de la Unión Nacional de Periodistas y de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, gremio que, por su naturaleza, debió ser el primero en pronunciarse rechazando este intento de silenciar a un medio.

Bueno, es ingenuo esperar algo de AER, cuando hace pocos días, varios de sus directivos estuvieron sobándole la espalda al presidente Moreno y abiertamente expresaron su apoyo al régimen.

Ataque sistemático a los medios y periodistas

Tampoco se ha visto reacción de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Hay que recordar que el 20 de febrero de este año, Lenín Moreno, junto a Michelena, firmaron la Declaración de Chapultepec en la que se comprometen al gobierno en la defensa y el respeto de la libertad de expresión. Una soberana hipocresía, característica de este régimen y sus miembros.

“Ahora vivimos en un país más libre, sin miedos. La prensa no puede llamarse así si no es libre, sino cuenta con los mecanismos para trabajar sin represiones”, dijo entonces de manera pomposa Moreno.

Paradójicamente, los ataques se han multiplicado contradiciendo las declaraciones líricas del Ejecutivo y sus acólitos.

La  pretensión de silenciar a Pichincha Universal se enmarca en una persecución sistemática a los medios y a los periodistas que son críticos al mismo, e incluso a quienes cometen “el pecado” de honrar el oficio de manera plural.

Ecuadorinmediato ha estado bajo asedio del Gobierno y de Andrés Michelena por ser un medio no alineado al discurso oficial. Su director, Francisco Herrera Arauz, señala directamente al Secretario de Comunicación de ser el cabecilla y autor material de esa persecución que tiene al medio al borde de la quiebra y del cierre definitivo.

Asimismo, el periodista Fabricio Vela fue víctima de una campaña de ataques, infamias y desprestigio tras haber entrevistado al expresidente Rafael Correa días después de las elecciones del 24 de marzo.

Yo mismo recibí amenazas e insultos el año pasado tras denunciar en redes sociales los abusos que se cometían en medios públicos que derivaron en despidos masivos.

Sumado a todo esto, está el injusto encierro en la cárcel de los periodistas Marco Antonio y Carlos Bravo alegando un dudoso peculado; el cierre de la agencia ANDES y el debilitamiento de los medios públicos.

Otro caso es el del director de un sitio de noticias por internet –al que no se lo puede tachar precisamente de “correísta”- que recibió la llamada altanera de una funcionaria del Gobierno para pedirle que baje de la web una información en la que citaba a Correa.

Todas estas acciones torpes y atropelladas del Gobierno no hacen más que develar su falsedad. La caída en la aceptación y credibilidad de Lenín Moreno acentúa una política de persecución brutal contra todo el que piense diferente. ¿Hasta cuándo toleramos tanto abuso?