El gobierno de todos es realmente maravilloso. Es de todos, o bueno, casi todos. Todos gobiernan, todos toman decisiones, a todos nos consultan sobre lo que queremos o no cómo país. Es de todos, o bueno, casi todos. Hay que reconocer que, en su afán de inclusión, ahora tenemos la mejor gobernabilidad posible. Basta con armar una huelga, amenazar con un paro, dejar de invitarle a fiestas privadas para que, por arte de magia, recibas lo que quieras, para hacer lo que quieras. Esta generosidad permite que los empresarios hagan lo que quieran hacer con la economía, las élites indígenas recuperen los mecanismos de coerción con los que han obligado a las comunidades a salir a las calles, los transportistas reciban privilegios adicionales, los bancos reciban todavía, más privilegios, etc. No hay duda, es de todos, o bueno, casi todos.
Por otro lado, también sirve para que los personajes más oscuros del entorno del morenismo usen el Estado para acabar paulatina, silenciosa y cruelmente con todos aquellos que antes fueron sus amigos y compañeros de lucha. Existe toda una intención notoria para acabar económica, moral, social y, hasta, físicamente, con todos los que por una u otra razón tienen la etiqueta de correístas. No importa lo que estén haciendo ahora, a qué se dediquen o cuán vinculados estén con la cotidianeidad política del país. Si tienes la etiqueta, estás condenado. A lo que haya como condenarte.
He conversado en algunas ocasiones con varios ex funcionarios de alto nivel del periodo correísta y sus relatos son de terror, de asombro, de incredulidad. Los sucesos, incluyen, pero no se limitan a las evidentes acciones de la Contraloría; la cual, en circunstancias normales, está haciendo su trabajo constitucional, solo que en este caso particular, se usa para mantener preocupados a los ex funcionarios a quienes se les asigna responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales, por cualquier motivo: haber asistido a reuniones, haber puesto su sumilla en documentos, haber asesorado a otros ministros, haber contratado, en el marco de la ley, aunque con errores procedimentales; no haber hecho lo que no estaban facultados a hacer. En realidad, la razón importa muy poco, lo que debe suceder es que pierdan el tiempo semanas enteras armando contestaciones a preguntas tan ridículas como ¿Por qué NO expidió usted la autorización para el uso de determinadas instalaciones?, aun cuando no haya estado dentro de las responsabilidades del funcionario emitir dichas autorizaciones, o peor aún, cuando el que usó las instalaciones sin autorización, nunca solicitó dicha autorización.
Las presiones también vienen por el lado de la Fiscalía, la cual convoca a rendir “versión libre y voluntaria” a quien sea, por cualquier razón, convenga o no convenga. Y allí, sentados en las oficinas de la Fiscalía los ex funcionarios tienen que responder toda clase de preguntas, sobre asuntos que probablemente no tienen por qué conocer. Sin embargo, esto no es nada comparado con los relatos que continúan.
Varias fuentes han sugerido la existencia de listados de personas “vetadas”. Son listas de ex funcionarios que no volvieron a encontrar trabajo en ninguna actividad profesional desde que salieron del gobierno. Estos listados se habrían distribuido, no solo dentro del Gobierno central, sino también a todas las prefecturas, alcaldías y organizaciones de otras funciones del Estado; y, además, se habrían enviado a sectores privados, los cuales, de muy buena gana, han recibido los nombres de personas que, aun teniendo amplia capacidad profesional, no deben ser contratados, bajo ningún concepto. No me cabe la menor duda de que ahora mismo, lectores de esta nota estarán pensando: “bien hecho, se robaron todo, ¿para qué quieren trabajar?”. Sin embargo, la realidad es otra, ni se robaron nada, ni son millonarios de la noche a la mañana. Son profesionales de clase media que subsisten y mantienen sus hogares gracias a su trabajo, el que ahora mismo, por disposición de alguien en Carondelet, no pueden acceder.
Entre estos ex funcionarios que están sin trabajo, encontramos a quienes, además, han tenido que contratar abogados, que no cobran barato, para poder defenderse de acusaciones, a veces inverosímiles como la retratada en párrafos anteriores, en la Contraloría. Ex servidores que, al no tener trabajo, han tenido que vender sus propios patrimonios para hacer frente a los problemas de desempleo y de persecución. Cuando hablo de patrimonios no me refiero a las supuestas mansiones, yates, autos de lujo que, la ignorancia de sectores opositores, ha querido posicionar como cierta, para todos los ex servidores públicos del periodo 2007–2017. Me refiero a los autos que pudieron pagar con el relativamente adecuado sueldo que recibían mientras eran funcionarios, o la casa que compraron con hipoteca a 15 o 20 años plazo, y en la que pusieron también sus ahorros del ejercicio profesional previo (aunque insistan, muchos ex funcionarios tenían amplias carreras profesionales antes de iniciar la función pública, y algún patrimonio habrán podido acumular).
La cosa no termina allí. Tenemos además relatos de personas que perciben ser vigiladas permanentemente. Autos sin placas que los siguen, llamadas que de pronto se interrumpen o se hacen sin razón, ataques permanentes a sus cuentas de correo o redes sociales, a veces sin éxito, a veces con mucho éxito. Personas que han sido “asaltadas” y cuyas únicas cosas robadas han sido sus teléfonos.
Parecen relatos de libros de suspenso, malas imitaciones de la serie Millenium. Pero no parecen ser falsas. Relatos parecidos contados por personas diferentes sin conexión entre ellas no parece muy irreal. Mientras el desgobierno en el que está sumido el país, aplaudido por esos todos que lo quieren todo, pero para ellos y para nadie más, con el silencio cómplice de los medios de comunicación mercenarios vendidos a los mejores postores, se dedica a hundir económica e institucionalmente al Ecuador; ramas de ese mismo gobierno están haciendo un ejercicio silencioso de “limpieza social” que afecta los derechos fundamentales de familias enteras, pone en peligro, hasta físico, la vida de ecuatorianos y ecuatorianas que cometieron el “error” de ser leales con sus convicciones y no se vendieron a la traición más profunda a un proceso político en la historia del país; y, peor aún, busca desaparecer cualquier oposición ideológica al circo que tienen montado para llevarse el país en peso, mientras se venden sonreídos, amantes de todos, dispuestos a la reconciliación nacional y a los muy mediáticos, pero nada funcionales: “grandes acuerdos nacionales”.