La dolarización es un régimen monetario con ventajas y desventajas, depende del problema a solucionar o apaciguar para explotar sus beneficios o profundizar sus inconvenientes. Cuando se la implementó en el Gobierno de Gustavo Noboa, el 13 de marzo de 2000, a través de la Ley de Transformación Económica (Trole 1), su justificación de existencia fue que, declaraciones de los representantes del establishment financiero local e internacional, los políticos habían corrompido el uso de la moneda y tenía que desaparecer, a pesar de no existir hiperinflación. Fíjese, los políticos, no los banqueros. Asimismo, el principal mecanismo de funcionamiento fue “la plena circulación de las divisas internacionales en el país y su libre transferibilidad al exterior” (artículo 1 del cuerpo legal mencionado).
En el periodo 2000-2006, lapso en que se conoce históricamente como la “recomposición neoliberal”, la dolarización no fue puesta a prueba como sí lo estuvo a partir de 2007: dos shocks externos de gran magnitud (2008-2009 y 2014-2015) y un terremoto (2016). La política económica heterodoxa no solo mantuvo vigente la dolarización, sino que, además, la fortaleció ante el cumplimiento de los eventos inciertos, como los mencionados anteriormente. Entonces, ¿por qué Andrés Arauz, candidato presidencial por el progresismo, es identificado como un enemigo de la dolarización? La respuesta solo puede ser política y no técnica. Alberto Dahik, Alberto Acosta, y León Roldos, han identificado muy torpemente a Arauz como un peligro, un desdolarizador.
Para estos analistas ser un enemigo de la dolarización es no considerarla un objetivo en sí mismo, sino un instrumento de política económica, un medio, en tal caso. Algunos de ellos la han catalogado como el “fin último” de la economía ecuatoriana, en contraste, con las posiciones más heterodoxas que ubican la superación del subdesarrollo. Asimismo, prever una salida ordenada de este régimen monetario, todo enmarcado en un responsable ejercicio académico: los economistas no solo brindamos soluciones a los problemas económicos, nos adelantamos a ellos. Por último, para Dahik, mentalizador de la liberalización financiera-económica que desembocó en la quiebra del sistema bancario, y Acosta, la constante intervención del Estado en la economía es provocar la salida de la dolarización.
Atacar el subdesarrollo mediante una mayor intervención del Estado en la economía y proponer salidas ordenadas a la dolarización no nos convierte en enemigos -me incluyo porque escribí un artículo científico para la CEPAL intitulado “¿Por qué salir de la dolarización?”, en 2017-. Sin embargo, sí son enemigos todos aquellos que promueven la liberalización de la economía con base en la idea de que “la oferta de dinero está determinada por la gente”, cuando en verdad es solo un argumento para garantizar completamente la fuga de capitales por quienes ostentan mayor poder económico en el país.
Por eso, bajo el gobierno de Rafael Correa, se bloqueó con distintos cuerpos legales -entre ellos, la Constitución de la República de 2008- la disposición de la Ley de Transformación Económica hasta que se la eliminó por completo con el Código Orgánico Monetario y Financiero en 2014. Esa es una de las razones por la que el país resistió varios shocks externos y la dolarización no sucumbió. Sin estas normativas y las políticas públicas, desde 2007, la población ecuatoriana habría sufrido los costos de cada crisis externa (aún con la existencia de los fondos petroleros).
Los enemigos de la dolarización también se encuentran en todos aquellos que no reconocen sus falsos resultados, en otorgarle atributos poco creíbles a través de la llamada “estabilidad económica”: en los 20 años de vigencia, no ha contribuido a la mayor profundidad financiera del país, ni a superar los problemas estructurales. En todo caso, han sido las políticas públicas las que permitieron mejorar estas limitaciones. Por lo tanto, el candidato del progresismo es una garantía para mantener la dolarización, pero no bajo la idea de que es el fin último de los hacedores de políticas públicas, sino en la construcción de una economía saludable y prospera para todas y todos.