No solo la economía, la dolarización, joya preciada y venerada por el neoliberalismo criollo, aparentemente. No es el aislamiento social, ni el bajo precio del barril de petróleo, las causas de la destrucción de la economía ecuatoriana. La crisis ha sido gestada desde mayo de 2018, fecha en que el gremialista empresarial Richard Martínez asumió el Ministerio de Economía y Finanzas. El riesgo país, el indicador preferido por el establishment financiero local, se encontraba por debajo de los 700 puntos y el país creció a la tasa del 2.4 % en 2017. Los objetivos de política económica eran claros: reducir el riesgo país para cambiar deuda cara por barata y brindar las condiciones para que la economía crezca por lo menos 3 % en 2018. El que todavía hoy ostenta la cartera de hacienda en el Ecuador hizo todo lo contrario.
En este mismo espacio redacté que el neoliberalismo estaba arrinconado con las protestas de octubre, pero también señalé que, si las clases media y popular no querían terminar en las fauces de la clase dominante y arrojados a la exclusión, debían luchar por sus derechos adquiridos desde 2007. El ministro de Economía y Finanzas fracasó en todos sus intentos de reformas legales, los proyectos de ley terminan retaceados en la Asamblea Nacional, perdió el mercado de capitales cuando el riesgo país se desató y ascendió por encima de los 1000 puntos en diciembre de 2019. En ese momento, la economía ya estaba en recesión. No es la pandemia, es una crisis inducida.
La llegada del COVID-19 corrió el velo que cubría el estado de destrucción de la economía ecuatoriana, y se vislumbró en cada muerto tirado en las calles de Guayaquil. Además, la imposición de la clase rica de trasladar los estragos del aislamiento social a los más pobres y a la clase media. Pero fueron más allá, consideraron a la crisis como una oportunidad para implementar el recetario neoliberal, resistido en octubre de 2019: pauperización laboral, reducción del tamaño del Estado y apertura financiera. Falta esta última, y la hoja de ruta trazada por la bancocracia y por ex burócratas internacionales, bajo la premisa “la realidad superó a la legalidad”, estará completa. La disminución y, en otros casos, la eliminación de impuestos es el objetivo final. La clase alta se niega a pagar los tributos que por ley corresponde. Hay que destacar que la presión tributaria de Ecuador está por debajo del promedio de América Latina.
Sin embargo, este plan elaborado en el noveno piso del edificio del banco más grande del país, en la finca de los “toreros” en Peñas Blancas y corregido por un ex funcionario del Banco Mundial y del FMI, no solo amenaza con la supervivencia de la economía, sino también de la dolarización. Existe un principio fundamental en la elaboración de las políticas económicas para enfrentar una recesión: la crisis no se puede trasladar del sector real al financiero. Si esto llega a suceder, la dolarización se perderá inexorablemente. Es responsabilidad del hacedor de políticas económicas precautelar que esta transición perversa no suceda.
No obstante, Richard Martínez dirige la dolarización y la economía al despeñadero. Las medidas adoptadas, el pasado 19 de mayo, arruinaran el consumo de los hogares y las pocas posibilidades de catapultar la recuperación. Además, provocaran el aumento de la morosidad de los bancos privados y públicos. Los más chicos no resistirán. Asimismo, las pérdidas a la seguridad social serán cuantiosas. El crédito estará cortado en lo que resta del año. Si el precio del barril de petróleo no sube, la economía se secará, no tendrá liquidez suficiente, y los de mayor poder económico provocaran la fuga masiva de capitales. Un círculo vicioso de estancamiento, pobreza e inestabilidad financiera se profundizará; solo una pequeña parte de la población estará a buen recaudo.
La clase pudiente del Ecuador no les interesa la dolarización per se, lo importante es hacer negocios en un país donde no se paguen impuestos y puedan mover libremente sus capitales. En una eventual desdolarización, ellos saldrían ganando, con toda seguridad, porque ellos administran la liquidez de la economía. Solo de esta manera se entiende la aparente contradicción: la dolarización es una joya, claro que sí, hasta cuando toca resolver quién debe ganar en una crisis.