Por Hugo Idrovo
El nazismo no murió en 1945, vive en los EEUU
Guayaquil, viernes 21 de octubre de 2022, 11h15. Voy caminando por calles del Barrio Orellana. De pronto, un avión de combate estadounidense Lockheed P-3 Orión pasa a baja altura después de despegar del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Ante la indiferencia de vecinos y transeúntes me detengo a cavilar. Esto está pasando hace ya buen rato, pero hagamos cuentas recientes: el pasado 13 de septiembre, la general Laura Richardson, Jefe del Comando Sur de los EEUU, llegó a Quito, visitó al presidente Lasso en su despacho y por los dos días siguientes, dirigió la Conferencia Sudamericana de Defensa Southdec 2022, a fin de coordinar “mecanismos para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”. Luego, el 20 de octubre, una delegación de 5 senadores estadounidenses liderada por Robert “Bob” Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara Alta del Congreso de los EEUU, se reunió en Carondelet con Lasso y sus más íntimos colaboradores. Los senadores prometieron el apoyo del Tío Sam contra “la ola de inseguridad que atraviesa el país” y enfrentar al “narcotráfico transnacional”, incidencia que, según palabras del político republicano de raíces cubanas Bob Menéndez, “es un tema que Ecuador solo no puede contrarrestar” (El Debate, 2022).
Los solícitos emisarios norteños ofrecieron también “vigorizar las relaciones comerciales” y “la conservación del medio ambiente en Galápagos”, para lo cual posteriormente se trasladaron al archipiélago. Pero las Islas Galápagos y sus aguas patrimoniales, territoriales y adyacentes desde 2018 están siendo objeto de escrutinio y uso por parte de los EEUU, tanto desde el aire como por mar. Igual que lo hicieran cuando el FOL de Manta. ¡Y no precisamente con fines ambientalistas! A más de los aviones espías Orión, numerosos buques de guerra electrónica de la clase Legend pertenecientes a la Guardia Costera de los EEUU (USCG por sus siglas en inglés) han sido vistos en Galápagos, navegando dentro de la Reserva Marina e incluso fondeando frente a Puerto Baquerizo Moreno, isla San Cristóbal, donde se encuentra la sede de la II Zona de la Armada del Ecuador. Estos aviones y buques, equipados con la más moderna gama de armamento y tecnología bélica, únicamente rinden cuentas de sus actos al Comando Sur y el Departamento de Defensa de los EEUU.
El Comando Sur de los Estados Unidos (U.S. Southern Command) es un destacamento unificado de sus fuerzas armadas (USAF, U.S. Army, U.S. Navy y U.S. Marines) destinado al control político y militar de América Latina y el Caribe. Para el efecto, proyecta recursos militares a la ejecución de acciones o estrategias contra los regímenes antiestadounidenses que se presenten en la región. Y para mantener apretada la yunta con sus aliados o subordinados. Maniobra en conjunto con la USCG, las Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU (U.S. Customs and Border Protection), el Departamento de Seguridad de la Patria (U.S. Department of Homeland Security) e instituciones federales como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
En el último lustro, en el Ecuador se ha venido repitiendo un libreto muy similar al impuesto por aquel convenio unilateral suscrito en 1999, durante la presidencia de Jamil Mahuad, que autorizaba a los EEUU la puesta en operaciones de la ingratamente recordada Base o FOL de Manta (FOL: Forward Operation Location). Así, el puerto de Manta, las Islas Galápagos, el espacio aéreo y mar territorial ecuatorianos estuvieron catalogados por Washington como “Áreas de Influencia del Comando Sur y la IV Flota Naval de los EEUU”. El vasallaje terminó en 2009, cuando Rafael Correa decidió no renovar el acuerdo.
¿Cómo ha podido volver a suceder? Y sobre todo, ¿por qué? Revisemos los hechos en retrospectiva.
INDUCIENDO UN GRAN PROBLEMA
Siendo presidente Lenin Moreno Garcés, el 6 de enero de 2020 Francisco Carrión hizo pública la renuncia a su cargo de Embajador del Ecuador en los Estados Unidos. Justificó su decisión por estar en desacuerdo con un programa de misiones de vigilancia electrónica sobre territorio ecuatoriano que estaba a cargo de aviones militares estadounidenses desde septiembre de 2018. Recalcó que los vuelos se estaban efectuandosin que exista un marco normativo bilateral indispensable para preservar la soberanía del Ecuador (Imbaquingo, 2020). Destapada la olla, el 16 de enero de 2020, el diario El Comercio publicó una entrevista al entonces Comandante General de la Armada del Ecuador, contralmirante Darwin Jarrín Cisneros, respecto a la existencia de algún convenio establecido para operaciones semejantes. Jarrín Cisneros indicó que “el apoyo evidentemente está viniendo de los EEUU. Si alguien nos ayuda de buena fe para cumplir con el control de los espacios marítimos en temas de control al narcotráfico, de contrabando de combustibles, de armas y pesca ilegal, para nosotros es bienvenido. (…) Nosotros tenemos las reglas y directrices que nos emiten del Comando Conjunto de las FF.AA., que es nuestro órgano superior, y el Ministerio de Defensa”” (Puente y Tipanluisa, 2020). Jarrín Cisneros no precisó la existencia de ningún acuerdo; tan solo reafirmó su respeto al orden jerárquico castrense y a ponderar la “ayuda de buena fe” por parte del bueno del Tío Sam. Con esa respuesta, la otrora máxima autoridad naval expuso su desconocimiento -o soslayo- respecto a que el espionaje norteamericano, como operación fundamental para la conquista, la guerra y el dominio, es una estrategia que ha provocado terribles secuelas para cualquier nación del planeta. Y no se diga al Ecuador, las sempiternas injerencias imperialistas a través de su historia republicana han provocado un profundo atraso en su desarrollo, corrosiva dependencia, deterioro de sus valores culturales e irreconciliables divisiones.
Mantener un estado de guerra perpetua es fundamental para la supervivencia de los EEUU, por ello desde principios del siglo XX no cesa en su empeño de inocular en la humanidad la existencia de un permanente “enemigo de la democracia” al que hay que combatir y destruir. Después de la caída de la Unión Soviética y el comunismo, los EEUU señalaron al narcotráfico, el terrorismo y la inmigración ilegal como los actuales enemigos de su seguridad nacional. Actualmente, EEUU mantiene alrededor de 1000 bases militares en el territorio de 130 países en los 5 continentes (Dufour, 2010). La mayor concentración de tropas y personal de inteligencia estadounidenses se ubica en el Medio Oriente y el Golfo Pérsico (Agencia AFP, 2020). Lógico, en esta región EEUU controla a las segundas mayores fuentes de petróleo del mundo (Expansión Datosmacro.com, 2021).
Y en Latinoamérica y el Caribe -sin contar a Puerto Rico-, el grueso de destacamentos militares yanquis se encuentra en la República de Colombia, vecino país donde desde 1999 está implementado el tratado bilateral llamado Plan Colombia, supuestamente diseñado para hacer frente al narcotráfico y el crimen organizado. A raíz de ese año, EEUU instaló 7 bases para uso de sus fuerzas armadas: Cartagena, Malambo, Palanquero, Apiay, Bahía Málaga, Tolemaida y Tres Esquinas. Todo resultó ser una artera estratagema político-militar de los EEUU para instaurar el control geopolítico y geoeconómico en la región. De suyo, mantiene un amenazante cerco contra la República Bolivariana de Venezuela (Cubadebate, 2016), nación poseedora de la mayor reserva de hidrocarburos del mundo, la que supera los 300 mil millones de barriles (Expansión/Datosmacro.com, 2021).
El Plan Colombia se ha manifestado como un verdadero obstáculo para la erradicación real del narcotráfico. Al cabo de 23 años consecutivos de presencia militar estadounidense en Colombia, el narcotráfico no ha sido neutralizado ni detenida la maquinaria de producción de cocaína y la distribución fuera de sus fronteras. Por el contrario, año a año aumenta la inseguridad, el crimen y la pobreza entre su población. Esta situación se explica por el poder que ejercen los millonarios narcorubros destinados a lubricar al engranaje judicial y político de una nación para garantizar su impunidad. El Tío Sam derrocha poder y experiencia para hacer uso de todas sus ventajas.
Ofrecido este corto preámbulo, entremos en materia. ¿Por qué es tanto el interés de los EEUU en efectuar operaciones supuestamente para la “lucha contra el narcotráfico” desde Galápagos y el territorio continental ecuatoriano? Veamos:
EL PODER Y LA EXPERIENCIA
A fines de los años 70 en Nicaragua, la CIA puso en práctica tácticas de “guerra sucia” que con el devenir de los tiempos fueron perfeccionándose (Guzman, 2018). Entre 1975 y 1979, durante los años de lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional para liquidar a la dictadura de Anastasio Somoza, una porción del territorio nicaragüense era zona de tráfico y producción de cocaína y sus derivados, cuestión que estaba en la mira de la Agencia entonces dirigida por George Bush padre. Los agentes secretos estadounidenses, al comprobar el enorme poder económico del narcotráfico, se apartaron de su misión de combatirlo y, por el contrario, se involucraron con él (Vásquez, 2018). Gary Webb, periodista estadounidense ganador de un Premio Pulitzer, en 1999 denunció este caso en su libro The Dark Alliance (La Alianza Oscura). Webb describió de qué manera la CIA había llegado a un acuerdo con el narco nicaragüense para proteger la producción de cocaína e inducir su transformación al crack, una droga mucho más potente y mortífera. El crack, bajo el amparo de la CIA y las fuerzas armadas estadounidenses, fue transportado secretamente hacia los EEUU e introducido en grandes cantidades en barrios afroamericanos y latinos de Los Ángeles, Oakland y San Francisco, California. El negocio llegó a generar hasta 550 mil dólares diarios y sobre los 120 millones de dólares mensuales. La recaudación era lavada en Wall Street y una vez convertida en dinero legítimo volvía a Nicaragua para financiar la contrarrevolución comúnmente llamada La Contra (Webb, 1998). El libro causó tanta fama a su autor como asombro e interés en el mundo entero. Sin embargo y como era de esperarse, el poder contraatacó: Gary Webb fue víctima de una larga campaña de difamación que acabó con su reputación y capacidades laborales. Neutralizado tras implacable acecho, Webb salió de la vista pública y en 2004 fue encontrado muerto en su casa con dos balazos en la cabeza (Jones, 2005).
La experiencia ganada por la CIA en Nicaragua fue aplicada y refinada en Colombia entre 1981 y 1989, durante las dos administraciones presidenciales de Ronald Reagan y su vicepresidente George Bush padre, director de la Agencia en el periodo 1976-1977 (Encyclopaedia Britannica, 2018). De hecho, entre 1989 y 1993, Bush padre fue presidente de los EEUU, lo que indica que este agente secreto y estadista durante 18 años ininterrumpidos fue testigo de excepción en la época de mayor poderío e influjo de los carteles de la droga en Colombia (Escobar Moreno, 2020). Según reportes estadísticos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre 2018 y 2019 Colombia tuvo un notable incremento en los cultivos de hojas de coca (ONU: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2019); en consecuencia, el año pasado 2021 cerró con evidencias que Colombia producía más cocaína que nunca en su historia, superando al monto de exportaciones que tuvo en la era de esplendor de Pablo Escobar Gaviria (G. Long, 2021). Actualmente, nuestro país vecino tiene el primer lugar en el mundo como productor de alcaloides e índices que marcan la mayor desigualdad social en América Latina (Forbes, 2020). Gajes del Plan Colombia y el ingreso de Colombia en la OTAN en calidad de socio global (France 24, 2018).
Y también está el caso de Afganistán. Apenas un mes después de los controvertibles ataques del 11S contra el Pentágono y la ciudad de Nueva York, en octubre de 2001 los EEUU lanzaron la Operación Libertad Duradera (Operation Enduring Freedom) contra Afganistán (UIB, 2021). Como resultado, lejos de haber capturado a Bin Laden u otros líderes de Al Qaeda, lo que los invasores sí consiguieron fue financiar una escalada de guerra, descomposición social, corrupción y miseria que desembocó en una gigantesca crisis que justificó y alargó la ocupación militar de esa nación. De esa manera, el Tío Sam emprendió otro millonario negociado a través de los carteles de droga locales. Antes de la invasión, hacia el año 2000, el régimen talibán en concordancia con los jefes tribales había limitado las áreas de cultivo de opio a 8000 hectáreas, pero, con la presencia yanqui, en 2016 se habían disparado a más de 216000 hectáreas que arrojaron una producción de 9000 toneladas anuales del narcótico. En 2017 Afganistán pasó a liderar la producción mundial de opio y sus derivados, morfina y heroína (Peláez, 2017). Gajes de la “libertad duradera”.
Por otro lado, hay evidencias que apuntan a que en la ciudad de Miami se encuentra el mayor mercado de drogas de occidente y que EEUU lidera el número de consumidores de clorhidrato de cocaína y víctimas por sobredosis de opiáceos que hay en el mundo, sumario que supera a las 50 000 muertes anuales (AFP, 2017). Además, en los EEUU se encuentran los bancos más importantes ligados al blanqueo de dinero producto del narcocomercio (ACFCS, 2016). La oligarquía financiera norteamericana ha desarrollado políticas muy sofisticadas para sostener el poder global de los EEUU, mediante la recepción de fondos ilícitos provenientes del extranjero -que fluctúan entre quinientos mil millones y un billón de dólares anuales- y su posterior lavado e inversión en negocios legítimos o en bonos del Estado (Estulin, 2011). Al mismo tiempo, el estado de Florida alberga a lo más granado del crimen organizado estadounidense y Miami es sempiterno refugio de mercenarios, asesinos, dictadores, conspiradores y delincuentes de cuello blanco vinculados a la política latinoamericana de filiación derechista (Bernardo, 2021). Gajes de la democracia.
Con estos antecedentes y datos armemos el silogismo: si el gobierno de los EEUU funge de protector de Colombia y benefactor de Afganistán (a pesar de la retirada de sus tropas en 2021), países líderes en producción y exportación de narcóticos y alcaloides; si a la vez el gobierno de los EEUU da curso a que en su propio suelo opere un sistema financiero corrupto e inmoral y, si este mismo gobierno genera un estado de guerra permanente a lo largo y ancho del planeta, escudado tras el sardónico eufemismo de “defensa de la libertad y la democracia”, entonces: el gobierno de los EEUU es un mega narcoestado terrorista por excelencia.
De ahí que nos preguntamos que, si so pretexto de “lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, ¿está EEUU calificado para efectuar misiones de inteligencia militar por cielo, mar y suelo ecuatorianos, en detrimento de nuestra soberanía, integridad territorial y vocación pacifista? Y, bajo la misma excusa, ¿es válido que fuerzas militares estadounidenses hayan sido autorizadas por el ex presidente Moreno para operar sin restricciones desde aeropuertos ecuatorianos y las Islas Galápagos? La Constitución de la República del Ecuador vigente desde 2008 indica textualmente en su Artículo 5: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirán los establecimientos de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera”. Letra muerta.
FELONÍA Y SUMISIÓN, 2017
A partir de junio de 2017 Lenin Moreno Garcés impulsó un proceso político que renegó de los compromisos que defendía en campaña e incumplió el Plan de Gobierno que lo llevó a la Presidencia de la República. Moreno repudió a sus millones de electores, ignoró los mandatos constitucionales, se declaró abiertamente afín a los intereses de los EEUU y pactó con el neoliberalismo defendido por las más virulentas fuerzas conservadoras y reaccionarias del Ecuador. Fue un acto de traición sin precedentes, que se sustentó en la corrupción judicial e institucional, la mentira sistemática respaldada por la prensa hegemónica y la persecución implacable a sus viejos compañeros de lucha. De esta manera, los acontecimientos se sucedieron con extraordinaria rapidez.
El 3 de enero de 2018, afectado por controvertidas acusaciones (lawfare), fue destituido y encarcelado el Vicepresidente de la República democráticamente electo, Jorge Glas Espinel; el 28 de enero se verificó un inédito “atentado terrorista” contra un cuartel de la Policía Nacional en la localidad de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas (Redacción BBC Mundo, 2018); el 31 de enero se destacó la presencia de agentes del FBI en el lugar de los hechos para, según dijeron, contribuir en “hallar rastros” de los sospechosos (Torres, 2018). Otros “ataques terroristas” atribuidos a “guerrillas transnacionales” se repetirían entre el 17 y 26 de marzo en poblaciones de la provincia de Esmeraldas cercanas a la frontera con Colombia, causando docenas de heridos y pérdidas de vidas.
El 27 de febrero de 2018, al mes de iniciada aquella sorpresiva (léase inducida) escalada de violencia en la frontera norte, el Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de los EEUU en el Hemisferio Occidental, Thomas A. Shannon Jr., arribó a Quito para reunirse con Moreno y el entonces presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Llegó con la finalidad de fortalecer “la relación bilateral y la colaboración en áreas de interés mutuo, asuntos comerciales y de inversión, la cooperación antinarcóticos y asuntos regionales e internacionales” (Redacción Elcomercio.com, 2018). ¿Quién es Shannon? Un sagaz y polémico diplomático que sirvió tanto a gobiernos republicanos como demócratas en su nación; tuvo participación en el golpe militar en Honduras que defenestró al presidente Zelaya (2009); organizó los “golpes parlamentarios” que destituyeron a los mandatarios Dilma Roussef en Brasil (2016) y Fernando Lugo en Paraguay (2012). También, en 2002, mientras se desempeñaba como Director de Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado de EEUU, estuvo implicado en la fallida asonada contra el presidente constitucional de Venezuela Hugo Chávez (Weisbrot, 2018).
Parece que los chicos del FBI y la CIA pusieron inmediatamente en acción las instrucciones dejadas por Shannon a Moreno, pues entre el 16 y 20 de marzo se desató una serie de bombazos, atribuidos a “grupos irregulares” en las localidades fronterizas de Borbón, Alto Tambo, El Pan y Mataje, este último con la muerte de tres soldados del Ejército (Agencia EFE, 2018). Acto continuo, el 26 de marzo se efectuó un encuentro oficial entre el ex ministro de Defensa Patricio Zambrano Restrepo con una delegación estadounidense conformada por el teniente general Joseph DiSalvo, subcomandante del Comando Sur y la embajadora Liliana Ayalde, Subcomandante Civil y asesora de Política Exterior del Comando Sur (PLAN V, 2018). A raíz de esta reunión, a Washington se le otorgarían facilidades para intervenir en estrategias de seguridad interna del Ecuador y realizar “actividades aéreas antinarcóticos” desde instalaciones aeroportuarias civiles y militares ecuatorianas.
Coincidentemente, aquel mismo 26 de marzo en un área fronteriza con Colombia, se cometió el secuestro y posterior asesinato de tres reporteros del diario capitalino El Comercio. La tragedia aceleró a Moreno para anunciar su retiro como garante de los procesos de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (DW, 2018). A renglón seguido, el 28 de abril, Moreno designó como nuevo Ministro de Defensa a Oswaldo Jarrín Román.
(Fin de la I Parte)