Por Hugo Idrovo                                                                                                                            

El nazismo no murió en 1945, vive aún en los EEUU

CONVITE CON EL COMANDO SUR, 2018

El ex ministro de Defensa Oswaldo Jarrín Román, General de División del Ejército en servicio pasivo, tuvo experiencia previa en esa misma Cartera de Estado entre 2005 y 2006, en tiempos de la forzosa y accidentada presidencia de Alfredo Palacio. Durante su carrera militar, Jarrín asistió a cursos en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington D.C. y el Instituto Internacional de Contra-Terrorismo de la Universidad Herzliya en Israel (Ministerio de Defensa, 2019). Es autor del Libro Blanco de la Defensa Nacional, un tratado que propone políticas de Defensa desde la óptica de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en total concomitancia con los objetivos estratégicos y lineamientos del militarismo estadounidense para la región (Ministerio de Defensa Nacional, 2019).

Ni bien Jarrín se sentaba en su flamante despacho cuando, el 3 de mayo de 2018, el Ecuador recibió equipamiento tecnológico por parte del Programa de Asistencia Antiterrorismo del Departamento de Estado de los EEUU (U.S. Mission Ecuador, 2018). Los insumos fueron provistos con el propósito de “intercambiar información y experiencias para la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y combatir la delincuencia organizada transnacional” (El Universo, 2018). Seguidamente, el 21 de mayo, Jarrín mantuvo reuniones con el Subsecretario Adjunto de Defensa de los EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, coronel (SP) Sergio de la Peña, funcionario  a cargo de la aplicación de las políticas estadounidenses de seguridad para la región y supervisor de la asignación de recursos económicos para programas de cooperación del Comando Sur (El Universo, 2018).

Con la alfombra roja bien lavada, el 27 de junio entró a Carondelet el vicepresidente de los EEUU Mike Pence en visita oficial. Durante su estadía formalizó un acuerdo de Cooperación en Materia de Seguridad, con carácter militar bilateral, para reforzar “la capacidad del Ecuador en su combate contra las amenazas compartidas del crimen organizado transnacional y los desastres humanitarios” (El Universo, 2018). Y como nada es gratis, se procedió la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad de la Embajada de los EEUU, que había sido clausurada en 2014 durante la administración presidencial de Rafael Correa (El Comercio, 2019). Así quedó expedito el arribo de los aviones Lockheed P-3 Orión­ para que, en teoría, sirvan de apoyo a la Armada ecuatoriana en labores de patrulla oceánica (El Universo, 2018).

El 3 de septiembre de 2018, María Paula Romo fue posesionada como Ministra del Interior. A ella correspondió, el 5 de septiembre de 2018, en compañía del embajador de los EEUU, Todd Chapman, y el ex ministro Jarrín, dar la bienvenida a los primeros Orión en la Base Aérea Simón Bolívar en Guayaquil. En rueda de prensa celebrada en dicho reparto militar, Jarrín puntualizó que estos “van a sobrevolar espacios que son restringidos y aún prohibidos, pero que están autorizados por el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Defensa y la Cancillería en particular” (Ministerio de Defensa Ecuador, 2018). Inmediatamente después de este acto Jarrín viajó a los EEUU, a fin de mantener reuniones de trabajo con el jefe del Comando Sur almirante Kurt W. Tidd y “coordinar misiones” para los Orión (El Universo, 2018).

Los Orión actualmente operativos­ en el Ecuador pertenecen a los inventarios del U.S. Customs and Border Protection (Aduanas y Protección de Fronteras) y el U.S. Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad de la Patria). Esta última institución fue creada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York para prevenir futuros ataques contra el territorio de los EEUU y reforzar la seguridad interna de la nación. La Doctrina de Seguridad emitida por los EEUU en 2001, promueve anticiparse a las intenciones de sus adversarios y justificar cualquier acto bélico que resulte de ello como “legítima defensa preventiva”.

Tras siete meses continuos de operaciones de los Orión desde Guayaquil, Salinas o Manta, el jueves 25 de abril de 2019, en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional Oswaldo Jarrín se reunió con el nuevo jefe del Comando Sur de los EEUU, almirante Craig Faller. Su antecesor, el almirante Tidd, en su discurso de cambio de mando instó a potenciar la continuidad de su misión en Latinoamérica, región que es considerada como “crítica” para la seguridad de los EEUU y a la vez proteger su “soberanía” ante la penetración china, pues, “cada vez que les das una pulgada ellos se toman una milla” (EFEUSA, 2018). Una vez terminada la reunión con Faller, Jarrín manifestó a la prensa su complacencia por estrechar la cooperación con los EEUU en la lucha contra el narcotráfico mediante “un monitoreo continuo en el país” a cargo de los Orión. (El Comercio, 2019).

El compromiso con el jefe del Comando Sur fue ratificado por Jarrín el 26 de septiembre de 2019, en un acto formal que se celebró en Puerto Baquerizo Moreno, isla San Cristóbal, Galápagos. Ese día la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), con anuencia de la Armada del Ecuador, hizo entrega oficial al Ministerio de Defensa Nacional de un terreno de 10.000 m2, en predios del Aeropuerto de San Cristóbal, para dar facilidades de hangares, mantenimiento y repostaje a los Orión, así como espacio para la potencial construcción de instalaciones aptas para alojamiento de tripulantes y personal de tierra. En su discurso, Jarrín calificó a la isla San Cristóbal como vértice de un “triángulo de seguridad” que vigilará rutas que utiliza el narcotráfico (Rosero, 2019).  Recalcó, además, que “Galápagos es para Ecuador como nuestro portaviones, es nuestro portaviones natural, porque nos asegura permanencia, reabastecimiento, facilidades de interceptación y está a mil kilómetros de nuestras costas” (Robalino, 2019).

Lo expuesto por Jarrín no fue nada original. Tampoco el mentado “triángulo de seguridad” anunciado por el alto mando de la Armada, y que estaría conformado por San Cristóbal como vértice principal y los puertos de Esmeraldas y Manta, con proyecciones a Posorja y Puerto Bolívar-. En realidad, ambos vocablos provienen de tiempos de la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación estadounidense de Salinas y las Islas Galápagos. En 1942, el teniente general Frank M. Andrews, jefe del Comando de Defensa del Caribe, declaró que “Seymour Island is our giant rocky flat top” (Idrovo, 2013). La Armada de los EEUU apoda “flat top” a sus portaviones; traducido: “la isla Seymour (Baltra) es nuestro gigantesco portaviones de roca”. El “Triángulo de Seguridad” o “Security Triangle”, así llamado desde 1942 por la 6th Air Force para la defensa del Canal de Panamá por el lado del Océano Pacífico, estaba conformado por Corinto, Nicaragua – Base Alfa, Isla Baltra – Base Beta y Salinas – Base Gamma (Idrovo, 2013). El ex ministro Jarrín, al repetir textualmente lo dicho por los yanquis hace 80 años en su afán por posesionarse del archipiélago ecuatoriano, nos regresó a una era de entreguismo y vergüenza.

EL LOCKHEED P-3 ORIÓN EN ACCIÓN

El Orión es un cuatrimotor turbohélice de fabricación estadounidense diseñado para el reconocimiento y patrullaje oceánico, guerra antisubmarina y vigilancia electrónica. Lleva una tripulación de 11 hombres, 3 de ellos al mando y 8 especialistas en armamento, sistemas de radar, aerofotografía, sensores electrónicos y anomalías magnéticas. Detectan y rastrean embarcaciones de superficie o sumergidas y aviones que se encuentren volando a cualquier nivel de altura sobre el mar o tierra firme. También interceptan comunicaciones que se realicen en cualquiera de las áreas geográficas que estén dentro de su radio de acción. Como corresponde a una aeronave militar de combate, aparte de su tripulación de vuelo dispone de personal de tierra civil y militar -exclusivamente estadounidense- para su operatividad. Se trata de un apreciable número de personas y soldados con responsabilidades diversas: contingencia y protección de incendios, seguridad de vuelo, seguridad en pista, seguridad aeroportuaria, seguridad en tierra (unidades capacitadas para acción militar y respuesta bélica en pista, plataforma y línea de vuelo), mantenimiento (planta motriz, aviónica, radares, armamento, estructura, neumáticos, etc.), repostaje y abastecimiento, alimentación y alojamiento de tripulaciones. Esta aeronave exige el concurso de no menos de 30 almas para entrar en acción.

Adicionalmente, y tal como fue en tiempos del FOL de Manta, al personal de tierra se suma un grupo de controladores de tráfico aéreo -también estadounidense- cuya tarea radica en establecer contacto, desde la torre de control del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil Torre), Manta o Galápagos-San Cristóbal, con la tripulación de cada Orión que salga o ingrese a suelo ecuatoriano. Es una condición ineludible. Los controladores o “torristas” ecuatorianos acreditados por la DGAC no están autorizados a hacerlo. La comunicación se efectúa en inglés codificado y los códigos varían en cada misión. De esta manera, EEUU mantiene sigilo y secreto en todo momento, tanto de la ruta a seguir como del resultado de datos recibidos a bordo, destino final o procedencia de cada vuelo. No hay variante con lo que sucedió en el FOL de Manta. Las tripulaciones, de acuerdo -o no- a lo que presenten a la DGAC en su plan de vuelo, únicamente se comunicarán con Guayaquil Torre al alcanzar precisos puntos de chequeo obligatorios (MIBAR) que se encuentran al límite de las 12 millas del mar territorial ecuatoriano. Sobrevolado este punto, de ahí en adelante el contacto con el Ecuador se perderá, pues el Orión cambiará su frecuencia radial al ingresar en el mar adyacente, la zona económica exclusiva y aguas internacionales. Igual a la inversa, si su ruta es hacia el Ecuador, tan solo se notificará con Guayaquil Torre desde aquel MIBAR. A lo largo de su misión se comunicará y recibirá órdenes directamente desde los EEUU o cualquiera de las bases en Centro y Sudamérica que están bajo control del Comando Sur. Los Orión no están obligados con la DGAC para dar a conocer detalles o destino final de su misión en su plan de vuelo. Tampoco a retornar a su punto de partida en el Ecuador. Obedecen tan solo a las directrices del Comando Sur. De ese modo, pueden despegar y volar directa y libremente hacia cualquiera de sus bases en Colombia, Centroamérica o Panamá. Y viceversa. Si es ese el caso, otros Orión asignados a esas bases podrán salir y aterrizar a discreción en Guayaquil en reemplazo o apoyo del avión que partió horas o días antes a patrullar.

Abramos un paréntesis histórico: antes de la entrada de los EEUU en la Segunda Guerra Mundial (1937-1941), en el Ecuador volaba la aerolínea SEDTA, filial de la Deutsche Luft Hansa, enlazando exitosamente a las principales ciudades del país. Obviamente, con tripulaciones y equipos alemanes. La Casa Blanca se alarmó, reclamó airadamente y consiguió liquidar a la aerolínea en diciembre de 1941, aludiendo que los aviadores europeos, so pretexto de dar un servicio de transporte de pasajeros, en realidad estaban realizando misiones de espionaje y reconocimiento que pondrían en riesgo la seguridad del Hemisferio (Idrovo, 2013). Todo ladrón juzga por su condición.

Continuemos. Ahora bien, si un oficial ecuatoriano aborda un Orión para alguna misión, ésta será de carácter nacional, como un vuelo de patrulla de ida y vuelta a Galápagos. La tripulación a bordo se someterá a las delimitaciones que establece la CONVEMAR, pues EEUU nunca reconoció la soberanía sobre las 200 millas marinas establecidas en el Tratado de Santiago de 1952. De ese modo, durante el vuelo el compatriota podrá participar de las operaciones únicamente sobre las 12 millas del Mar Territorial y 12 millas adicionales del Mar Adyacente; más allá de esos límites quedará sin opción a recibir información en caso de alguna eventualidad o detección sospechosa (Idrovo, 2013). Mientras el Orión vuele sobre aguas ajenas al Ecuador (como la Zona Económica Exclusiva o aguas internacionales), la sección donde trabajan los especialistas estará vedada para él. Será un pasajero sin voz ni voto y ocupará un asiento destinado al observador en misiones de búsqueda y rescate. Así hasta que el avión reingrese a mar territorial ecuatoriano, sea en la región insular o continental.

ECUADOR, EL PLAN COLOMBIA Y LA FTC-BRAVO, HONDURAS

La verdadera y oculta intención de los EEUU para estos vuelos radica en un proceso de fortalecimiento de su supremacía militar en áreas marítimas del Pacífico Sur y Centroamericano. Los Orión que operan desde la Base Aérea Simón Bolívar de Guayaquil están diseñados para efectuar vuelos directos desde dicha ciudad, Galápagos (Baltra y San Cristóbal), Salinas o Manta, hacia bases estadounidenses del Plan Colombia como Palanquero (distante a 1.796 kms.), Bahía Málaga (1.483 kms.) y Apiay (1.858 kms.) o a la Base Aérea José Enrique Soto Cano, en Honduras (1.705 kms.). La base Soto Cano está ubicada en la localidad de Palmerola, Departamento de Camayagua, a 97 kilómetros al norte de Tegucigalpa. Es sede de la Academia Militar de Aviación de la Fuerza Aérea Hondureña y centro de operaciones de la Joint Task Force-Bravo, JTF-Bravo (Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, FTC-Bravo), un enclave fundamental para el Comando Sur de los EEUU, pues desde allí coordina todas las misiones militares y ejercicios multilaterales que se llevan a cabo en Centroamérica, Panamá y Colombia (Downey, 2020).

La presencia militar estadounidense en Honduras se remonta a 1983, en pleno auge de la política exterior desplegada por la administración Reagan, con el objetivo de “apoyar el interés militar y político de los EEUU en América Central amenazada por la expansión comunista”. En enero de 1986 el vicepresidente en funciones de los EEUU, George Bush padre, visitó Honduras a fin de estimular a sus aliados y compatriotas para enfrentar la “amenaza sandinista” que se cernía en la frontera. Para esa época la CIA llevaba casi una década de señorío en la región y hacía cuentas de sus utilidades: casi el 100% de la cocaína y el 75% de la marihuana que se consumía en los EEUU provenían de América Central y Colombia (Downey, 2020). A partir de 2009, después del golpe de Estado apoyado por Washington que destituyó a Manuel Zelaya, presidente constitucional de Honduras, la FTC-Bravo fue repotenciada y amplió su influencia a Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, donde supervisa los intereses estadounidenses en la Zona del Canal (Downey, 2020). La caída de Zelaya condujo a Honduras a una vertiginosa crisis política y social que en 2014 desembocó en la discutida elección de Juan Orlando Hernández a la Presidencia de la República. Cuánta satisfacción habrá generado esta situación al ex presidente Donald Trump, que en 2019 felicitó a J. Orlando por su “excelente labor” y calificó a Honduras como “país amigo en la región” (BBC News Mundo, 2019). Sin embargo, el 30 de marzo de 2021, Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano menor del ex presidente hondureño fue capturado en Miami y sentenciado a purgar cadena perpetua en EEUU por tráfico de cocaína. El juez federal que sentenció a Tony recalcó que «Honduras es uno de los principales lugares de trasbordo de drogas en el mundo y uno de los lugares más violentos del planeta» (Agencia Reuters, 2021). Y para embellecer más al anecdotario de este edén centroamericano, en abril de 2022 Juan Orlando Hernández, imputado por narcotráfico y enriquecimiento ilícito, fue extraditado a los EEUU y arriesga purgar una condena igual a la de su ñaño Tony. Gajes de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo.

(Fin de la II Parte)

Por RK