En la primera entrega nos referimos a la corrupción generalizada que existe en la obra pública en todas las latitudes del planeta. Y mostramos cómo Odebrecht pasó de proveedor de infraestructura a proveedor de tecnología militar nuclear.
Mediante el espionaje electrónico, el gobierno de Estados Unidos tiene acceso a toda la información que circula entre los ciudadanos del planeta. El gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de otros cuatro países (Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) constituyen el Five Eyes (Cinco Ojos), un grupo de agencias de inteligencia que comparten casi toda la información de su espionaje electrónico.
Cuando se destapó el hecho que Dilma y Petrobras, y seguramente Odebrecht y el resto de empresas brasileñas de relevancia para la geopolítica latinoamericana estaban siendo espiados electrónicamente, no tomo mucho tiempo para que el Departamento de Justicia –la Fiscalía de EE.UU.– aplique el lawfare de forma extraterritorial. Por si alguien se cree el cuento de que el lawfare no existe, hace pocos días el Departamento de Justicia reconoció que se enfocaría en perseguir por corrupción a empresas de rivales geopolíticos de los EE.UU.
Resulta que quienes revelaron el alcance del espionaje electrónico fue un ex agente estadounidense, Edward Snowden, con apoyo de un periodista estadounidense, Glen Greenwald. Ecuador fue un actor menor, pero clave, en ese proceso, por el rol de dos ecuatorianos: Julian Assange y Fidel Narváez. David Miranda, pareja de Greenwald, fue electo diputado recientemente, pero hace pocas horas acaba de salir de Brasil ante amenazas en contra de su vida por el régimen de Bolsonaro y Sergio Moro. Assange está siendo acosado por el país que le otorgó asilo y en el protocolo abusivo piden el número IMEI de cada celular de las personas que lo visitan. ¿Será porque la república bananera tiene equipo de vigilancia electrónica de última generación? ¿O porque comparten esos datos, de forma ilegal e inconstitucional, con los Cinco Ojos?
La presión neocolonial del establishment estadounidense sobre nuestro país y los diplomáticos ecuatorianos que osaron ejercer la soberanía se hace sentir estos días en Quito y en Washington. La Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (la agencia de inteligencia financiera) están estrechamente vinculadas al gobierno de Estados Unidos. Diana Salazar cumple directamente su rol asignado en el lawfare, financiado también por el gobierno británico y por el bolsillo de Pablo Dávila, consejero transitorio y orgulloso operador de la real politik del lawfare. Dávila es a su vez financiado por transnacionales de EE.UU. y también por el gobierno británico.
El objetivo de encarcelar a Glas es primordialmente geopolítico y es claramente atribuible a la agenda de los Estados Unidos. No es por su relación con Ricardo Rivera que le encarcelan y le remueven de la vicepresidencia. Es por su relación con el Partido Comunista de China, como pilar de la diversificación geopolítica a gran escala lograda por el Ecuador. Y en menor grado, por su relación con el Partido de los Trabalhadores de Brasil, ese Brasil promotor de la UNASUR y de los BRICS.
Si ya tienen a Lula preso y a Bolsonaro instalado, ¿qué tiene el Ecuador que tanto le interesa a la potencia hegemónica? En el reciente “descubrimiento” de que existe una empresa ecuatoriana con cable submarino llamada Telconet y en la privatización de una empresa ecuatoriana llamada CNT está una parte de la respuesta.