Ciberguerra en Ecuador

Ezequiel O. Salinas|

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ocupa casi la mitad de su informe  para hacer un relato de la ciberguerra que se vivió en el Ecuador durante las protestas de octubre. La ciberguerra es la guerra a nivel de las tecnologías de información y comunicación. La censura digital, la intervención de las comunicaciones digitales, la desinformación son todos métodos y consecuencias de la ciberguerra. A continuación, algunos fragmentos con énfasis míos:

“Durante la visita, la CIDH entrevistó a un total de 439 personas y registró 380 testimonios que reclaman ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas. En esa línea, las denuncias incluyen… hostilidad y alegados actos de agresión contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadores de distintos medios de comunicación privados, comunitarios y digitales; así como la utilización del sistema penal en contra de manifestantes, líderes sociales y de oposición.”

“Durante la visita realizada a Ecuador para establecer los hechos, los movimientos sociales involucrados reconocieron la situación de tensión, y sin embargo de que algunos periodistas reconocieron que no fueron retenidos, otros entrevistados insistieron en decir que interpretaron como detención el hecho de que les habrían solicitados a realizar transmisiones en vivo desde el lugar. Denunciaron, asimismo, cortes permanentes en el acceso a internet por parte de las plataformas telefónicas de las empresas Claro y Movistar.”

“Con referencia a la suspensión de la señal de la Radio Pichincha Universal, un juez de garantías constitucionales aceptó la acción de protección presentada por su defensa y concedió una medida cautelar a favor del medio de comunicación, que estuvo fuera del aire por 16 días… Además, el portal web de la radio habría sido denunciado por presuntas violaciones de derechos de autor de algunas de las fotografías que allí figuraban.”

“A través de un pronunciamiento público, diferentes medios de comunicación alternativos que realizaron la cobertura de las manifestaciones en Ecuador denunciaron al gobierno por censura tecnológica y digital e indicaron que habrían sido intervenidos y vulnerados en sus derechos.”

“Según información recibida por la CIDH, diferentes medios comunitarios, digitales y alternativos en Ecuador denunciaron violaciones a su derecho al ejercicio a la libertad de expresión y acceso a la información, además de los ataques físicos e impedimento de coberturas… El medio digital comunitario Wambra denuncio además que autoridades del Ministerio del Interior se habrían referido al medio como “importante para difundir noticias falsas”, después de haber afirmado que dichas noticias falsas tenían parte de la responsabilidad en la violencia durante el paro nacional.”

“Según información proporcionada a la Relatoría Especial durante la visita de trabajo a Ecuador por la misión de la CIDH, la Convergencia de Medios Alternativos, Comunitarios, Indígenas e Independientes creada por 23 medios a raíz del paro nacional que se vivió en Ecuador, denunció diferentes vulneraciones al ejercicio de la libertad de expresión, tales como censura previa a través de un ataque tecnológico con el bloqueo de señal telefónica y de internet en las inmediaciones del parque El Arbolito y la Casa de la Cultura en Quito y diversos ataques a las cuentas oficiales de radios comunitarias.

Según información proporcionada por la organización NetBlocks, desde el 9 hasta el 12 de octubre, se habrían registrado cortes severos del Internet en diferentes momentos y durante varias horas, coincidiendo con los picos más altos de represión y violencia de las protestas y manifestaciones en Ecuador.

De acuerdo a distintas organizaciones, múltiples medios de comunicación habrían reportado dificultades en sus comunicaciones y conexión a Internet durante las movilizaciones. Durante once días de movilización, se denunció que habrían utilizado inhibidores de señal, ya que en la medida que periodistas se acercaban hasta zonas de conflictos, o de enfrentamientos entre manifestantes y policías, la señal de celular decaía, de tal manera que no se podían realizar llamadas o enviar mensajes de SMS o por internet, impidiendo la cobertura. Sin embargo, al alejarse de la zona de conflicto, la señal se restablecía y volvía a la normalidad.

En esta misma línea, la Relatoría Especial recibió información sobre un ataque DDOs que habría tenido lugar contra la página web de Wambra Medio Digital Comunitario, la cual habría impedido el acceso a correos electrónicos, a publicar nueva información y transmitir el informativo diario sobre el Paro Nacional, a través de su plataforma. Según lo informado, el ataque habría ocurrido horas después de que se publicara una entrevista al hermano de Marco Otto, uno de los jóvenes que falleció tras caer del puente del barrio quiteño de San Roque, en el contexto de la dispersión de las manifestaciones por parte de policías.”

“La CIDH y su Relatoría Especial recuerdan que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de expresión, encuentran en Internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial en amplios sectores de la población. La relevancia de Internet como plataforma para el goce y ejercicio de derechos humanos está directamente vinculada con la arquitectura de la red y los principios que la rigen, entre ellos el principio de apertura, descentralización y neutralidad.

En la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet del 2011, la Relatoría Especial indica que la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación, por lo que las restricciones y el bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema—análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión—. Dichos bloqueos o restricciones no pueden justificarse, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional, y no pueden utilizarse como medidas de censura o como mecanismos para impedir el acceso a la información de la población. Además, dado el carácter habilitador de derechos que tiene la libertad de expresión, estas restricciones afectan también el ejercicio de otros derechos e impactan en la economía en forma importante.

La Relatoría Especial ha sostenido que “[l]a neutralidad de la red es una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión […]. Lo que persigue tal principio es que la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de Internet no esté condicionada, direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración, o interferenci[a]”.”

“Con base en sus observaciones y a la luz de las normas que rigen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH recomienda al Estado de Ecuador: …

c. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación. En relación con éstos últimos, el Estado debe garantizar el respeto de la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura.

d. Garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales.”

Entre enero y junio de 2019 (aún no se publican los datos de todo el año, que seguramente serán espeluznantes considerando la ciberguerra de octubre), según el colectivo de derechos humanos e internet Usuarios Digitales, el gobierno de Moreno solicitó a Twitter dar de baja más de 200 tuits, a Google pidió eliminar 45 hipervínculos y solicitó los datos personales de 251 cuentas de Facebook. Insisto, estos números seguramente se multiplicaron varias veces en la segunda mitad del año. A esto, hay que añadir la ciberguerra desplegada a raíz del caso Ola Bini.

También se dio la censura a la denuncia de una empresa offshore de Otto Sonenhozlner, publicada por una Organización de la Sociedad Civil peruana, Latindadd. Ahí también se reveló que Sonnenhozlner es dueño de TVCable, una de las más importantes proveedoras de internet en el Ecuador. La misma empresa que arbitrariamente censuró a TeleSur y que pudo haber contribuido a la ciberguerra gubernamental, como lo documenta la misma CIDH:

“Según información de público conocimiento, la señal de televisión por cable y satélite de la cadena TeleSUR, fue retirada del aire en Ecuador durante los tres días. La Presidenta de la cadena, Patricia Villegas apuntó que el corte fue realizado sin ninguna justificación, para luego ser restituida al día siguiente. El Estado indicó que TeleSUR es parte de una concesión privada de cable y por tanto no responde al espectro de control del Estado en cuanto a telecomunicaciones.”

No responde al control del Estado, pero si la concesión privada de cable es de propiedad del Vicepresidente de ese Estado, quien estuvo sentado junto a Moreno y los militares, no debe haber lugar a duda de dónde se originó la censura.

Esta situación es radicalmente diferente a la resistencia a la ciberguerra que había tenido el Ecuador durante una década. La construcción del cable de fibra óptica submarino Pacific-Caribbean, la despenalización de crímenes de propiedad intelectual, la denuncia del tratado de propiedad intelectual con EEUU, la concesión de asilo a Assange, el salvoconducto a Snowden y la no extradición a Paul Ceglia..

Les comparto un fragmento de un boletín de prensa publicado por la Embajada de Estados Unidos en Quito el 26 de julio de 2019:

“La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos, en conjunto con el gobierno ecuatoriano y la Policía Nacional de Colombia, a través del Plan de Acción Estados Unidos-Colombia (USCAP por sus siglas en inglés), organizó un curso de ciberseguridad que se llevó a cabo entre el 1 y el 26 de julio del presente año.  El objetivo del curso fue fortalecer e implementar estrategias y políticas de ciberseguridad que permitan el desarrollo de software seguro y el aseguramiento de sistemas de información.  Se abordaron temas como fundamentos de ciberseguridad, técnicas de protección de información, arquitectura de seguridad, ética y derechos humanos, entre otros.

Tres capacitadores de la Policía Nacional de Colombia dictaron el curso dirigido para 26 oficiales de la Policía Nacional del Ecuador y dos funcionarios del Comando de Defensa Cibernética del Ministerio de Defensa.”

Y concluyo con un video de las declaraciones del ex Jefe de la CIA, actual Secretario de Estado de los Estados Unidos.

“Hay muestras de cooperación en distintas áreas. En seguridad está la colaboración de la aeronave de vigilancia P-3 Orion y en lo social, el trabajo de la USAID que volvió al país. ¿Qué otras áreas se podrían explorar? En seguridad cibernética… el presidente Moreno nos habló de la necesidad que tiene Ecuador de mejorar su capacidad para defender sus sistemas y proteger su información y sus redes. Entonces estamos dispuestos a prestarle asistencia técnica en esa área.”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ocupa casi la mitad de su informe  para hacer un relato de la ciberguerra que se vivió en el Ecuador durante las protestas de octubre. La ciberguerra es la guerra a nivel de las tecnologías de información y comunicación. La censura digital, la intervención de las comunicaciones digitales, la desinformación son todos métodos y consecuencias de la ciberguerra. A continuación, algunos fragmentos con énfasis míos:

“Durante la visita, la CIDH entrevistó a un total de 439 personas y registró 380 testimonios que reclaman ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas. En esa línea, las denuncias incluyen… hostilidad y alegados actos de agresión contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadores de distintos medios de comunicación privados, comunitarios y digitales; así como la utilización del sistema penal en contra de manifestantes, líderes sociales y de oposición.”

“Durante la visita realizada a Ecuador para establecer los hechos, los movimientos sociales involucrados reconocieron la situación de tensión, y sin embargo de que algunos periodistas reconocieron que no fueron retenidos, otros entrevistados insistieron en decir que interpretaron como detención el hecho de que les habrían solicitados a realizar transmisiones en vivo desde el lugar. Denunciaron, asimismo, cortes permanentes en el acceso a internet por parte de las plataformas telefónicas de las empresas Claro y Movistar.”

“Con referencia a la suspensión de la señal de la Radio Pichincha Universal, un juez de garantías constitucionales aceptó la acción de protección presentada por su defensa y concedió una medida cautelar a favor del medio de comunicación, que estuvo fuera del aire por 16 días… Además, el portal web de la radio habría sido denunciado por presuntas violaciones de derechos de autor de algunas de las fotografías que allí figuraban.”

“A través de un pronunciamiento público, diferentes medios de comunicación alternativos que realizaron la cobertura de las manifestaciones en Ecuador denunciaron al gobierno por censura tecnológica y digital e indicaron que habrían sido intervenidos y vulnerados en sus derechos.”

“Según información recibida por la CIDH, diferentes medios comunitarios, digitales y alternativos en Ecuador denunciaron violaciones a su derecho al ejercicio a la libertad de expresión y acceso a la información, además de los ataques físicos e impedimento de coberturas… El medio digital comunitario Wambra denuncio además que autoridades del Ministerio del Interior se habrían referido al medio como “importante para difundir noticias falsas”, después de haber afirmado que dichas noticias falsas tenían parte de la responsabilidad en la violencia durante el paro nacional.”

“Según información proporcionada a la Relatoría Especial durante la visita de trabajo a Ecuador por la misión de la CIDH, la Convergencia de Medios Alternativos, Comunitarios, Indígenas e Independientes creada por 23 medios a raíz del paro nacional que se vivió en Ecuador, denunció diferentes vulneraciones al ejercicio de la libertad de expresión, tales como censura previa a través de un ataque tecnológico con el bloqueo de señal telefónica y de internet en las inmediaciones del parque El Arbolito y la Casa de la Cultura en Quito y diversos ataques a las cuentas oficiales de radios comunitarias.

Según información proporcionada por la organización NetBlocks, desde el 9 hasta el 12 de octubre, se habrían registrado cortes severos del Internet en diferentes momentos y durante varias horas, coincidiendo con los picos más altos de represión y violencia de las protestas y manifestaciones en Ecuador.

De acuerdo a distintas organizaciones, múltiples medios de comunicación habrían reportado dificultades en sus comunicaciones y conexión a Internet durante las movilizaciones. Durante once días de movilización, se denunció que habrían utilizado inhibidores de señal, ya que en la medida que periodistas se acercaban hasta zonas de conflictos, o de enfrentamientos entre manifestantes y policías, la señal de celular decaía, de tal manera que no se podían realizar llamadas o enviar mensajes de SMS o por internet, impidiendo la cobertura. Sin embargo, al alejarse de la zona de conflicto, la señal se restablecía y volvía a la normalidad.

En esta misma línea, la Relatoría Especial recibió información sobre un ataque DDOs que habría tenido lugar contra la página web de Wambra Medio Digital Comunitario, la cual habría impedido el acceso a correos electrónicos, a publicar nueva información y transmitir el informativo diario sobre el Paro Nacional, a través de su plataforma. Según lo informado, el ataque habría ocurrido horas después de que se publicara una entrevista al hermano de Marco Otto, uno de los jóvenes que falleció tras caer del puente del barrio quiteño de San Roque, en el contexto de la dispersión de las manifestaciones por parte de policías.”

“La CIDH y su Relatoría Especial recuerdan que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de expresión, encuentran en Internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial en amplios sectores de la población. La relevancia de Internet como plataforma para el goce y ejercicio de derechos humanos está directamente vinculada con la arquitectura de la red y los principios que la rigen, entre ellos el principio de apertura, descentralización y neutralidad.

En la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet del 2011, la Relatoría Especial indica que la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación, por lo que las restricciones y el bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema—análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión—. Dichos bloqueos o restricciones no pueden justificarse, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional, y no pueden utilizarse como medidas de censura o como mecanismos para impedir el acceso a la información de la población. Además, dado el carácter habilitador de derechos que tiene la libertad de expresión, estas restricciones afectan también el ejercicio de otros derechos e impactan en la economía en forma importante.

La Relatoría Especial ha sostenido que “[l]a neutralidad de la red es una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión […]. Lo que persigue tal principio es que la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de Internet no esté condicionada, direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración, o interferenci[a]”.”

“Con base en sus observaciones y a la luz de las normas que rigen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH recomienda al Estado de Ecuador: …

c. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación. En relación con éstos últimos, el Estado debe garantizar el respeto de la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura.

d. Garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales.”

Entre enero y junio de 2019 (aún no se publican los datos de todo el año, que seguramente serán espeluznantes considerando la ciberguerra de octubre), según el colectivo de derechos humanos e internet Usuarios Digitales, el gobierno de Moreno solicitó a Twitter dar de baja más de 200 tuits, a Google pidió eliminar 45 hipervínculos y solicitó los datos personales de 251 cuentas de Facebook. Insisto, estos números seguramente se multiplicaron varias veces en la segunda mitad del año. A esto, hay que añadir la ciberguerra desplegada a raíz del caso Ola Bini.

También se dio la censura a la denuncia de una empresa offshore de Otto Sonenhozlner, publicada por una Organización de la Sociedad Civil peruana, Latindadd. Ahí también se reveló que Sonnenhozlner es dueño de TVCable, una de las más importantes proveedoras de internet en el Ecuador. La misma empresa que arbitrariamente censuró a TeleSur y que pudo haber contribuido a la ciberguerra gubernamental, como lo documenta la misma CIDH:

“Según información de público conocimiento, la señal de televisión por cable y satélite de la cadena TeleSUR, fue retirada del aire en Ecuador durante los tres días. La Presidenta de la cadena, Patricia Villegas apuntó que el corte fue realizado sin ninguna justificación, para luego ser restituida al día siguiente. El Estado indicó que TeleSUR es parte de una concesión privada de cable y por tanto no responde al espectro de control del Estado en cuanto a telecomunicaciones.”

No responde al control del Estado, pero si la concesión privada de cable es de propiedad del Vicepresidente de ese Estado, quien estuvo sentado junto a Moreno y los militares, no debe haber lugar a duda de dónde se originó la censura.

Esta situación es radicalmente diferente a la resistencia a la ciberguerra que había tenido el Ecuador durante una década. La construcción del cable de fibra óptica submarino Pacific-Caribbean, la despenalización de crímenes de propiedad intelectual, la denuncia del tratado de propiedad intelectual con EEUU, la concesión de asilo a Assange, el salvoconducto a Snowden y la no extradición a Paul Ceglia..

Les comparto un fragmento de un boletín de prensa publicado por la Embajada de Estados Unidos en Quito el 26 de julio de 2019:

“La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos, en conjunto con el gobierno ecuatoriano y la Policía Nacional de Colombia, a través del Plan de Acción Estados Unidos-Colombia (USCAP por sus siglas en inglés), organizó un curso de ciberseguridad que se llevó a cabo entre el 1 y el 26 de julio del presente año.  El objetivo del curso fue fortalecer e implementar estrategias y políticas de ciberseguridad que permitan el desarrollo de software seguro y el aseguramiento de sistemas de información.  Se abordaron temas como fundamentos de ciberseguridad, técnicas de protección de información, arquitectura de seguridad, ética y derechos humanos, entre otros.

Tres capacitadores de la Policía Nacional de Colombia dictaron el curso dirigido para 26 oficiales de la Policía Nacional del Ecuador y dos funcionarios del Comando de Defensa Cibernética del Ministerio de Defensa.”

Y concluyo con un video de las declaraciones del ex Jefe de la CIA, actual Secretario de Estado de los Estados Unidos.

“Hay muestras de cooperación en distintas áreas. En seguridad está la colaboración de la aeronave de vigilancia P-3 Orion y en lo social, el trabajo de la USAID que volvió al país. ¿Qué otras áreas se podrían explorar? En seguridad cibernética… el presidente Moreno nos habló de la necesidad que tiene Ecuador de mejorar su capacidad para defender sus sistemas y proteger su información y sus redes. Entonces estamos dispuestos a prestarle asistencia técnica en esa área.”

https://players.brightcove.net/5161299204001/HkNVkpWOz_default/index.html?videoId=6062238159001